José Ricardo Villanueva Cortez
Expediente 1432/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Ricardo Villanueva Cortez
Actuaciones
- Principal
II. CAUSÓ ESTADO EL AUTO DE 05/12/2018...
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta que antecede agréguese a estos autos, la copia certificada del oficio 401-T-DGAJ-DGAGPL-DAC-04690-2018 suscrito por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, con el que acusa recibo del oficio número 10295-V y del billete de depósito N-745640, e informa que conformidad con el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación, la citada Dirección de Garantías hizo efectivo el mencionado billete de depósito a favor del Erario Federal, y su importe fue concentrado en la cuenta respectiva de la Tesorería de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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CITATORIO. Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Ricardo Villanueva Cortez, contra actos del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, exhibida con nueve copias y sin anexos. Ahora bien, en el presente caso lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la falta de notificación y emplazamiento del inicio de procedimiento para la ejecución del convenio transaccional en el juicio de origen 279/2018, respecto del predio marcado con el número ciento cincuenta y tres letra "A" de la calle ochenta y uno de Progreso, Yucatán, ordenado por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Pues bien, a criterio de quien esto resuelve es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden. En efecto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." En el caso a estudio, la parte quejosa reclama la falta de notificación y emplazamiento del inicio de procedimiento para la ejecución del convenio transaccional en el juicio de origen 279/2018, respecto del predio marcado con el número ciento cincuenta y tres letra "A" de la calle ochenta y uno de Progreso, Yucatán, ordenado por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, a fin de establecer si por la naturaleza de los actos reclamados por el impetrante, se trata o no de los emitidos en el período de ejecución de sentencia, es pertinente señalar algunas precisiones en relación con la figura jurídica denominada "convenio transaccional": Así, es de señalar que el contrato de transacción tiene como características, la reciprocidad de concesiones que las partes se hagan para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del propio texto del acuerdo de voluntades de las partes. Luego, en la transacción, la reciprocidad de las concesiones es un atributo de existencia del contrato, en ausencia del cual, no es posible concebirlo o estructurarlo jurídicamente; en otros términos, el consentimiento, como elemento esencial de tales contratos, debe manifestarse para que exista transacción, en el sentido de que una parte haga determinada concesión a la otra, a cambio de la que esta última a su vez, le otorgue, estando animadas dichas manifestaciones del deseo de terminar una controversia presente o prevenir una futura. La transacción se identifica en algunos puntos con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes conceden a la transacción la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme, como se advierte de los preceptos del Código Civil del Estado y del Código de Procedimientos en Materia Civil del Estado, que a continuación se transcriben: Del Código Civil del Estado de Yucatán. "Artículo 2111. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura." "Artículo 2112. Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen los derechos que son el objeto de las diferencias sobre lo que ella recae. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace a garantizarlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de edicción (sic), ni importa un título propio en que fundar la prescripción." "Artículo 2114. La transacción que previene controversias futuras debe constar en escritura pública, ante escribano o notario públicos, según corresponda conforme a la ley del notariado, teniéndose en cuenta el interés de que se trate." "Artículo 2124. La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada." Del Código de Procedimientos Civiles del Estado. "Artículo 393. Las transacciones y los convenios celebrados en juicio, serán ejecutados por el juez que conozca del negocio (...)" "Artículo 395. Todo lo que en este título se dispone respecto de la sentencia ejecutoriada, comprende las transacciones, los convenios y el juicio de contadores de que tratan los artículo 392 y 393." "Artículo 397. Cuando la ejecución se pida en virtud de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar ya otorgada la fianza correspondiente, el juez señalará al deudor el término de tres días para que cumpla la sentencia si en esta misma no se ha fijado algún término." Las disposiciones legales recién transcritas permiten concluir que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen, están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Sirve de fundamento a dicha consideración, por identidad jurídica, la jurisprudencia número 41/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, visible en la página 55, que dice lo siguiente: "TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO. El artículo 2944 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Ahora bien, al ser esencial que este tipo de contrato sea bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones que se hacen las partes, lo que supone la existencia o incertidumbre de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, y que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes, pues precisamente su objeto es el de realizar un fin de comprobación jurídica, esto es, de establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Es por lo anterior que lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando previenen, el primero, que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia y, el segundo, que todo lo dispuesto en relación con la sentencia comprende los convenios judiciales y las transacciones, las cuales deberán ser de aquellas que ponen fin a una controversia presente o previenen una futura, controversia que forzosa y necesariamente debe existir, es aplicable al contrato de transacción, pues reúne las condiciones apuntadas, y ante ello es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio." Entonces, el acto reclamado consistente en la falta de notificación y emplazamiento del inicio de procedimiento para la ejecución del convenio transaccional en el juicio de origen 279/2018, respecto del predio marcado con el número ciento cincuenta y tres letra "A" de la calle ochenta y uno de Progreso, Yucatán, ordenado por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, es un acto que no tiene autonomía propia, y por tanto no procedería el juicio de amparo, aun considerando que el acto reclamado violaran derechos fundamentales del quejoso; en razón de que no son ajenos, sino que tienen íntima vinculación con la cosa juzgada, ya que su finalidad es ejecutar una de las bases condicionales del convenio transaccional de entrega y desocupación del inmueble antes descrito, a la que cada una de las partes se comprometió de manera voluntaria; por tanto, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio para reclamar una falta de emplazamiento al juicio de origen, pues él ya sabía de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dicho convenio transaccional desde el momento en que lo suscribió y con lo cual no se le estaría dejando en estado de indefensión, ni se coartaría su derecho de audiencia. En concordancia con lo expuesto, al haber suscrito el convenio transaccional por parte del quejoso, es evidente que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, es improcedente en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Ricardo Villanueva Cortez, contra actos del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, al actualizarse en presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de Ley de Amparo, a los que relaciona en su escrito de demanda. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición de que se le permita a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Alfonso Verduzco Hernández, quien autoriza y da fe.
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