José Ricardo Villada González y Otros.

Expediente 191/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
191/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • José Ricardo Villada González y Otros.
  • Juzgado Tercero de lo Civil con residencia Judicial en Tenango del Valle, Estado de México
  • José Ricardo Villada González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b) de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 21, inciso c) y 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, respectivamente. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán destruidos, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra como anexo al informe justificado rendido por la autoridad responsable copias certificadas del expediente 192/2017; por tanto, mediante oficio devuélvanse los mismos para que sean glosados al juicio natural, solicitándose el acuse respectivo.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que fenecieron los plazos de tres días concedidos a la parte quejosa en proveídos de ocho y diez de marzo del año dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: El auto de trece de enero del año en curso, decretado en el expediente 192/2017 del índice del Juez responsable, a través del cual ordenó la entrega de las menores con iniciales A.R.V.M. y L.M.V.M., a su madre, y su ejecución realizada el veintitrés de enero siguiente. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de octubre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por las menores ahora quejosas, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez responsable, de manera inmediata: 1. Ordene las gestiones necesarias, dentro del ámbito de sus facultades, para investigar los hechos de violencia familiar que le fueron denunciados, y de los cuales presuntamente fueron víctimas las menores de iniciales A.R.V.M. y L.M.V.M., para lo cual deberá hacerse de los medios de prueba que estime necesarios para, en su caso, ponderar tales hechos, y proveer de acuerdo con el interés superior de las referidas menores, aun por encima de los intereses de sus progenitores; y, 2. Deberá dictar las medidas necesarias para, por una parte, cerciorarse del bienestar físico, emocional y psicológico de las quejosas; así como, para brindar la protección que requieran, y por otra, brindar los medios de protección que sean suficientes para garantizar el referido bienestar de las mismas, debiendo agotar todos los medios legales que estén a su alcance para velar por el interés superior de las menores aquí quejosas." Posterior a ello, el tres de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, el ocho y diez de marzo pasado, se tuvieron por recibidos los oficios 207 y 240, remitidos por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, registrados en el libro de correspondencia interna bajo los números 2285 y 2503, respectivamente, al que anexó copias certificada del auto de fecha tres de marzo del año en curso dictado en los autos del juicio JOF 192/2017 de su índice, del que se desprende que dicha autoridad fijó fecha y hora para llevar a cabo la escucha de los menores de identidad resguardada, ordenando citar personalmente a las partes y al Representante Social competente, de igual manera, se aprecia que determinó las actuaciones pertinentes a efecto de cerciorarse y brindar los medios de protección del bienestar biopsicosocial de las menores afectas al presente juicio de amparo; asimismo, con el segundo de éstos, remitió copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios ordenados en el auto antes citado. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, ordenó las gestiones necesarias, dentro del ámbito de sus facultades, para investigar los hechos de violencia familiar que le fueron denunciados, y de los cuales presuntamente fueron víctimas las menores de iniciales A.R.V.M. y L.M.V.M., decretó el desahogo de las pruebas periciales en materia de Psicología y Medicina en su favor, y estableció las medidas necesarias y medios de protección para vigilar por el bienestar físico, emocional y psicológico de las menores, dentro de las cuales determino dar intervención al Ministerio Público adscrito a su Juzgado, a efecto de que remitiera oficio al Departamento de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México, para que dicha dependencia emita una opinión para proteger a las multicitadas niñas de identidad resguardada. A la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, remite copia certificada de los acuses de recibo de los oficios ordenados en el auto de fecha tres de marzo del año en curso, como complemento al cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo en fecha ocho de los actuales. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa en alcance al cumplimiento dado por la responsable en la data mencionada en el párrafo anterior, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito en proveído de fecha tres de diciembre del año pasado; asimismo, remite las constancias que acreditan lo informado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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