José Ricardo Turrubiates Rubio

Expediente 1361/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1361/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • José Ricardo Turrubiates Rubio
  • José Ricardo Turrubiates Rubio y Otros.
  • Arturo Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    ... ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUÍDO... ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    ... agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa, el oficio número 399/2017 signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual informa que dicho órgano colegiado admitió el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero; radicándolo con el número de Conflicto Competencial 1/2017.

  3. Principal

    ... agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa, la copia del oficio número 4003/2016-VII-B remitido vía fax, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual informa que por acuerdo de veintidós de diciembre pasado, dictado en los autos del juicio de amparo 630/2016-VII-B de su índice, ordenó remitir los autos del referido expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Noveno Circuito, en turno, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para la substanciación y resolución del conflicto competencial surgido en ese asunto... En tal virtud, estése en espera de que el Tribunal Colegiado a quien haya tocado conocer del citado conflicto informe a este Juzgado lo conducente, para los efectos legales procedentes...

  4. Principal

    .... téngase por recibido el oficio 719/2016-VII-B signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, y anexo de cuenta, del que se advierte que por auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del juicio de amparo 630/2016-VII-B de su índice, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por Diana Morales Puga, quien se ostenta como Defensora Pública Federal de José Ricardo Turrubiates Rubio, Mario Alberto Lovaton Escamilla y Arturo Martínez Martínez, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, declinando la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, en esta ciudad, correspondiendo conocer del asunto, a este Juzgado Federal. Fórmese expediente y anótese en el Libro Uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo, con el número 1361/2016. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ". la resolución incidental de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el que declaró infundado el incidente no especificado relativo a la revisión, sustitución y cese de la prisión preventiva, por una medida cautelar establecida en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de la causa penal 076/2014, promovido por la Defensora Pública Federal adscrita a favor de los procesados José Ricardo Turrubiates Rubio, Mario Alberto Lovato Escamilla y Arturo Martínez Martínez.". Así, del contenido del proveído de seis de diciembre pasado, se advierte que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de garantías de mérito, bajo el argumento toral de que, como lo determinó la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del país, en la ejecutoria pronunciada en la contradicción de tesis 51/2013-PS, es inconcuso que el acto combatido se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentran recluidos los quejosos y, por tanto, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario; criterio que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, no comparte, atento a lo que se expone: El Juzgado declinante, basa su argumento en el hecho de que si bien la ejecutoria y jurisprudencia comentadas se refieren a la negativa de conceder alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, en nada cambia el sentido de su determinación, toda vez que el acto reclamado en este juicio de amparo deriva de la solicitud de los quejosos de que sea analizada la sustitución, modificación o cese de la medida privativa de libertad o prisión preventiva que les fue impuesta en la causa penal de origen, lo cual incide también, de alguna manera, en la permanencia de los gobernados en su situación actual de privación de libertad personal. De ahí, indica el Juzgado de Distrito declinante, que como lo determinó la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, al continuar la situación de privación de libertad personal de los impetrantes, es inconcuso que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Ahora, este Órgano Jurisdiccional estima necesario que para determinar la naturaleza del acto combatido, se deben señalar cuáles son los principales efectos jurídicos de un auto de formal prisión: a. Sujeta a proceso al inculpado, ahora procesado, y lo deja sometido a la potestad del Juez, quien determina el procedimiento, ya sea sumario u ordinario, que ha de seguirse según el caso; b. Precisa los hechos y el delito por el que se ha de seguir proceso, pues al respecto, el tercer párrafo del artículo 19 constitucional establece que: "todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión"; c. Justifica la detención cautelar del procesado -prisión preventiva- pues de no quedar justificada por el mismo en el término de ley, debe dejarse en libertad al procesado; d. No revoca la libertad provisional bajo caución, a menos que así se disponga expresa y justificadamente en el mismo; y, e. Ordena se lleve a cabo la identificación del procesado -ficha signalética o identificación administrativa-. Estos son los principales efectos del auto de formal prisión; sin embargo del mismo se derivan otros, tales como: la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano que, en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se suspenden -según si los inculpados se encuentran o no gozando de la libertad provisional bajo caución- por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha de la emisión del auto de formal prisión. Así, partiendo de las características y naturaleza del auto de formal prisión, se colige que uno de sus principales efectos es justificar la detención cautelar del procesado -prisión preventiva- de la cual los quejosos pidieron, la sustitución, por otra medida cautelar, de lo que se colige que el acto en esta vía combatido es consecuencia directa del auto de formal prisión que fue dictado en contra de los impetrantes del amparo por el Juez responsable. En tal virtud, conforme a las reglas de competencia, al permanecer los procesados a disposición del Juez de la causa en el centro de reclusión, la ejecución material por regla general se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa que, en caso de que el procesado se encuentre en reclusión, puede coincidir con la del centro de internamiento para la prisión preventiva. Lo anterior se estima así, ya que si bien la privación de la libertad de forma preventiva con motivo del auto de formal prisión, a que hace alusión el acto reclamado, surte efectos en la jurisdicción de este Juzgado, en virtud de que los solicitantes del amparo se encontraban al momento de la emisión del auto de formal prisión privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, también es verdad que dicho auto constitucional produce efectos jurídicos en la jurisdicción del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, pues acorde a la materialización del auto constitucional, el procesado queda bajo la potestad del juez que conoce de la causa penal de origen, en este caso el órgano jurisdiccional mencionado en último término. Sin embargo, tal circunstancia de que estén recluidos en el Centro Federal de readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz no es suficiente para considerar que el juez competente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, sea el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, que ejerza jurisdicción en Xalapa. Pues bien, este Juzgado de Distrito considera que el Juez de amparo competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, pues, es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. En el caso a estudio, atendiendo precisamente a la revisión detallada de la naturaleza del auto de formal prisión y a la de sus efectos -como lo es la prisión preventiva a que están sometidos los quejosos-, debe entenderse que éstos surten preponderantemente ante el Juez instructor del proceso penal. Sin que obste a lo anterior la Jurisprudencia en que sustentó su actuar el Juez declinante, toda vez que la misma se refiere a la negativa a dar trámite a la solicitud respecto de alguno de los beneficios para suspender la pena de prisión o sobre el incidente de libertad anticipada, toda vez que tal criterio es aplicable a los sujetos privados de su libertad con motivo de una sentencia emitida por autoridad judicial, quienes ante la negativa a dar trámite al mismo seguirán privados de su libertad con motivo de ésta, sin embargo, en el caso concreto, la parte quejosa no se encuentra en ese supuesto, toda vez que a los mismos les reviste el carácter de procesados y no de sentenciados; pues como quedó establecido, en el caso en concreto la medida cautelar que se pretende sustituir, deriva de un auto de formal prisión, y no de una ejecución de pena, por tanto su naturaleza es diversa. Cobra aplicación por su contenido, la jurisprudencia 118/2011, aprobada también por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en sesión de cinco de octubre de dos mil once, derivada de la contradicción de tesis 187/2011, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." De esta manera, se concluye que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de garantías; por tanto, no se acepta la competencia declinada, por lo que de inmediato, devuélvanse las constancias derivadas del juicio 630/2016-VII-B, así como las copias simples de la demanda que se remitieron para los traslados , solicitándole al Juzgado declinante se sirva acusar el recibo correspondiente a fin de archivar este asunto como concluido. Fórmese cuaderno de antecedentes con el oficio de cuenta y copia del escrito de demanda, así como autógrafa de este acuerdo. Finalmente, téngase por autorizada con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de la materia, a Alma Robertha Zavala Martínez, por así solicitarlo expresamente la parte promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano