José Ricardo Santana Villamar
Expediente 2340/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2340/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Ricardo Santana Villamar
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, del que se advierte que mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de garantías promovida Leonardo Fonseca Lopez, respecto de los actos que señaló en su demanda, por estimar que el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Hecho notorio En virtud de lo anterior, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) en donde se constató que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez aceptó la incompetencia planteada y se avoco al conocimiento del presente juicio, radicándolo bajo el número de expediente 1636/2023, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. ARCHIVO. Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de este año, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 19, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
********** En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********** y la revisión adhesiva interpuesta por Antonio Félix García en su carácter de delegado de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, partes en el presente juicio, en contra de la sentencia de dos de junio de dos mil veintitrés; radicándolo bajo el número 454/2023; de lo se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Juez del Tribunal Laboral Región 2 con sede en Cunduacán, Tabasco, México, rindiendo su informe justificado. Al efecto, agréguese a estos autos para que obre como en derecho corresponda, y sea tomado en consideración en la audiencia respectiva. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tienen por anunciadas como pruebas de la autoridad oficiante, las siguientes: ANEXO:********** Probanzas que al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Ahora, del análisis de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable, este órgano federal advierte que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el caso, el acto reclamado por la quejosa consiste en la omisión de celebrar la audiencia preliminar dentro del conflicto obrero 201/2023 de su estadística. De ahí que, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez responsable celebró la audiencia preliminar en el juicio 201/2023, de su índice, diligencia en la cual comparecieron las partes contendientes, en la que proveyó en relación a las pruebas ofertadas por éstas. Es decir, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veinticinco de agosto de dos mil veintitrés), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que las partes contendientes, el diez de los corrientes, celebraron y cumplimentaron un convenio, por lo que el juicio de origen fue archivado. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, el acto reclamado cesó en sus efectos, y por ende, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada ley; por lo que, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido que la audiencia constitucional esté señalada para las diez horas con treinta y siete minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia, así como las diligencias pendientes por desahogar en el presente asunto
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