Jose Ricardo Pech Xul
Expediente 1330/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Ricardo Pech Xul
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda y que carece de relevancia documental. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese únicamente como corresponda, el oficio signado por el Comandante de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, con sede en dicha localidad, que remite en relación con la suspensión de plano concedida en estos autos. Sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que, por acuerdo de veintiocho de agosto actual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte de la constancia de notificación levantada el veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que el directo quejoso JOSÉ RICARDO PECH XUL, al momento de la notificación del proveído de esa misma fecha, no ratificó la demanda de amparo que promovió a su favor Juan Enrique López Caamal. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda en este asunto, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Asimismo, de la constancia actuarial de mérito, se desprende que el directo quejoso sí ratificó al promovente como autorizado, por lo que téngase con tal carácter, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Enrique López Caamal. Por otra parte, toda vez que de la constancia levantada por la actuaria de la adscripción, se advierte que el directo quejoso, manifestó ante dicha fedataria judicial de la adscripción, que sentía dolor por haber sido golpeado por los policías aprehensores en las costillas con patadas y bofetadas, sin que se apreciaran lesiones a simple vista. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 23 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, respecto de los posibles actos de tortura que señala el directo quejoso; lo anterior, a fin de que dicha autoridad ministerial determine lo que en derecho corresponda. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 P (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, página mil cuarenta y ocho, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Así como la tesis I.9o.P.115 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 36, noviembre de 2016, Tomo IV, página 2277, con registro 2013007, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. SI DE LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO O DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE PUDO HABER SIDO VÍCTIMA DE AQUÉLLOS DURANTE SU DETENCIÓN, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA QUE ACTÚE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, AUN CUANDO SE PRODUZCA EL FALLECIMIENTO DE AQUÉL EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, así como de las garantías para su protección; en razón de lo anterior, es obligación de sus autoridades, en el ámbito de su competencia, procurar la protección de los derechos humanos, entre los que se encuentran, la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal, previstos en los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, por lo que no se trata de un deber exclusivo de las autoridades que deban investigar o juzgar el caso de quien refiera haber sido víctima de dicha vulneración. En esa tesitura, cualquier órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia que en su marco de actuación tenga noticia o advierta, ya sea porque el inculpado lo declare ante él, o de las propias constancias de autos se desprenda, que aquél pudo haber sido víctima de posibles actos de tortura durante su detención, lo obliga a dar vista al Ministerio Público de su adscripción, para que éste actúe de acuerdo con sus facultades legales, aun cuando se produzca el fallecimiento de aquél en alguna de las etapas del procedimiento, ya que el deceso de la probable víctima de tortura, no impide ni hace impertinente ordenar la aludida vista, en razón de que además de que en su vertiente de delito, la tortura es imprescriptible debido a su gravedad, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones para ser perseguida e investigada, por lo que su vigencia no puede alterarse aun con la pérdida de la vida de la víctima; máxime que pudiera existir la posibilidad de que dicho deceso fuera consecuencia de los probables actos de tortura que se le hubieran inferido y, por ende, que se materializara una circunstancia distinta de reparación hacia los deudos del occiso, por el probable responsable del delito, o el propio Estado, en términos del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Notifíquese personalmente a la parte quejosa así como a la agente del Ministerio Público de la adscripción; y cúmplase.
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