José Ricardo Murrieta León
Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Ricardo Murrieta León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite un legajo de copias certificadas correspondientes al expediente ********************/2023, así como en el diverso oficio remite el testimonio de la resolución dictada en la queja ********************/2023, de cuyo punto resolutivo se advierte: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por José Ricardo Murrieta León por propio derecho y en representación de su menor hija, contra el auto pronunciado el diez de mayo de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en el juicio de amparo ********************/2023." En ese tenor, acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el seis de septiembre de dos mil veintiséis. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa, el dispositivo de almacenamiento electrónico tipo USB, que exhibió en el presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que la recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruida junto con las constancias que correspondan, asimismo, se le hace de su conocimiento que el presente órgano jurisdiccional tiene un horario de servicio al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de la documental devuelta, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas respectivas. Notifíquese.RASG/ARGC*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con el cual acusa recibo del oficio ********************, y anexos, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, por propio derecho y en representación de su menor, en contra del acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, el cual radicó con el número de queja ********************, de lo que esta autoridad toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por José Ricardo Murrieta León, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales F.J.M.R., mediante el cual interpuso recurso de queja contra el auto de diez de mayo del año en curso, por medio del cual se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como copia certificada del juicio de amparo 373/2023, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en auto de diez de mayo pasado, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución que modifica el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, que varía la forma de convivencia entre la menor con el progenitor no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos del menor a través de la interacción periódica con el progenitor no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica del infante. Por lo que se apreció que el régimen de convivencia es impugnable mediante el recurso de apelación, ya que dicho acto es susceptible de provocar un daño irreparable en la sentencia, pues en él se materializa o modifica la forma de convivencia entre el progenitor no custodio y su menor hija hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que las consecuencias y efectos no pueden retroceder con la sola emisión de la sentencia, porque el objetivo de las convivencias, sin duda, como ya se dijo, es fortalecer los vínculos afectivos entre la niña y el progenitor no custodio, a través de la interacción periódica. Por tanto, si existe un medio ordinario defensa en contra del acto reclamado, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna, no requiere interpretación adicional alguna, lo que evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, que exima a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.YNJR/asvv
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso José Ricardo Murrieta León, del cual se advierte que da cumplimiento a la prevención que le fue realizada el veintiocho de abril del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. El precepto faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente de amparo, señala como acto reclamado la audiencia especial de menores de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juicio ordinario civil 270/2022, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Resolución en la que el quejoso, se duele de los siguientes puntos: "1) La omisión de trascribir íntegramente el desarrollo de la 'audiencia especial de menores estipulada por el artículo 345 del código civil' (.). 2) La orden de Modificación de la convivencia provisional de los días sábado de cada semana, para ahora realizarse ' los días sábado de cada quince días de once treinta y trece treinta horas, dicha convivencia empezara a partir del día sábado quince de abril del presente año y así sucesivamente.'. 3) La negativa en 'audiencia especial de menores' realizada en catorce de abril de dos mil veintitrés; de ordenar a la madre de mi hija (tercera interesada) garantizar la comunicación diaria entre la menor y el que suscribe, vía medios electrónicos, así como de informar todo lo referente al estado de la infanta. 4) La negativa en 'audiencia especial de menores' realizada en fecha catorce de abril de dos mil veintitrés; de decretar un régimen de convivencia presencial, personal y diario entre mi menor hija y el que suscribe; 5) La negativa en auto de diez de abril de dos mil veintitrés, de solicitar a la coordinadora del centro de convivencia familiar Veracruz (CEVOFAM), los informes psicológicos y demás procedentes, así como los videos de todas y cada una de las convivencias supervisadas realizadas entre mi menor hija (.)'" Para que se lleve a cabo la convivencia entre la menor de edad de identidad reservada con las iniciales F.J.M.R., con su progenitor no custodio José Ricardo Murrieta León. Ahora, en el caso que nos ocupa previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa no observó el principio de definitividad, a pesar de que existe la posibilidad de hacer valer ante la instancia ordinaria el medio de impugnación correspondiente, toda vez que el propio ordenamiento adjetivo civil, en su artículo 509 establece que el recurso de apelación procede en contra aquellos autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia. Asimismo, se estima que la resolución que modifica el régimen de convivencia, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que varía la forma de convivencia entre la menor con el progenitor no custodio hasta el dictado de la sentencia firme, donde se decide la convivencia definitiva; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la convivencia es fortalecer los vínculos afectivos de la menor a través de la interacción periódica con el progenitor no custodio, sin existir la posibilidad de resarcir los efectos producidos en la esfera emocional y psicológica del infante. En razón de lo anterior, este resolutor estima que el régimen de convivencia es impugnable mediante el recurso de apelación, pues dicho acto es susceptible de provocar un daño irreparable en la sentencia, pues en él se materializa o modifica la forma de convivencia entre el progenitor no custodio y su menor hija hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que las consecuencias y efectos no pueden retroceder con la sola emisión de la sentencia, porque el objetivo de la convivencias, sin duda, como ya se dijo, es fortalecer los vínculos afectivos entre la niña y el progenitor no custodio, a través de la interacción periódica Por tanto, sí existe un medio ordinario defensa en contra del acto reclamado, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna; por lo que dicho remedio procesal debía interponerse previamente a la promoción del presente juicio constitucional. Cabe destacar que, tratándose de juicios en los que se afecten derechos de menores, se debe atender a la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2005039, cuyo rubro y texto se transcribe: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tal criterio establece que no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores de edad, pues la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Sin que pase inadvertido que al resolver la contradicción de tesis 139/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". Sin embargo, la excepción al principio de definitividad que deriva de la citada jurisprudencia se encuentra supeditado a que se satisfaga lo siguiente: I. Se encuentren involucrados intereses de menores de edad. II. Que cualquiera alegue un riesgo para los menores en caso de ejecutarse el acto reclamado. No obstante, de la demanda y de su desahogo de prevención no se advierten alegaciones de las que se derive que con la emisión del acto reclamado se genere un riesgo para la menor de edad; por lo que no se actualiza el supuesto de excepción que prevé la citada jurisprudencia. Además, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no lo constituyen actos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Asimismo, no se advierte que los actos reclamados se trate del auto de vinculación a proceso y que el quejoso sea persona extraña al procedimiento, pues es la parte demandada en el juicio del cual emana el acto reclamado. En esa virtud, la procedencia del recurso de apelación contra el acto reclamado no requiere interpretación adicional alguna. Lo anterior evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, que exima a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Al margen de lo anterior, y retomando el supuesto de excepción al principio de definitividad, basado en el riesgo que el acto reclamado pudiera generar al menor en comento; es importante destacar que de los anexos exhibidos por el promovente no se desprenden datos que lleven a considerar que la convivencia se llevará a cabo en detrimento de la seguridad de la menor involucrada, esto es, de las convivencias decretadas los días sábado de cada quince días en un horario de once treinta horas a trece treinta horas, ante el Centro de Convivencia Familiar Veracruz, el promovente no indica en el escrito inicial de demanda de qué manera las dos horas de cada quince días de convivencia y supervisadas por el personal adscrito a dicho Centro de convivencia, podrían ocasionar un riesgo para la menor involucrada. Sobre este particular existe precedente en el cual se estableció que debe de observarse el principio de definitividad cuando de la lectura integral de la demanda de amparo no se desprenden datos que hagan posible presumir que exista un riesgo para la menor de llevarse a cabo la convivencia con el progenitor no custodio, pues si no existen argumentos en tal sentido, no existe excepción al principio de definitividad; y por ende, es exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional. Así, en el caso no existe excepción al principio de definitividad; y se hace exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional. Al respecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Bajo ese orden de ideas, al omitir el promovente interponer el recurso de apelación contra el acuerdo reclamado, incumplió con el principio de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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