José Ricardo Mendoza

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • José Ricardo Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    III.- VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUSO EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DENTRO DEL TÉRMINO A QUE ALUDE EL DIVERSO 98, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACUERDO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 288, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ORDINAL 2°, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) Y, EN EL LIBRO DE GOBIERNO; ASIMISMO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. AHORA BIEN, TODA VEZ QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA HIPÓTESIS DEL INCISO D), ARTÍCULO 21, CONTENIDO EN EL CAPÍTULO OCTAVO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL EN LO QUE INTERESA DICE: "ARTICULO 21. EXPEDIENTES DESTRUIBLES EN UN PLAZO DE TRES AÑOS. CUMPLIDO EL PLAZO DE CONSERVACIÓN, LAS SIGUIENTES SERIES DOCUMENTALES DEBERÁN SER DESTRUIDAS, UNA VEZ CUMPLIDOS TRES AÑOS DE HABERSE DICTADO EL ACUERDO COMO ASUNTO CONCLUIDO, POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: (.) D) AQUELLOS QUE DESECHEN, DECLAREN IMPROCEDENTES, O DECLAREN SIN MATERIA O INFUNDADO; (.)" EN TAL VIRTUD, ESTE JUICIO DE AMPARO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE TRES AÑOS QUE ESTABLECE EL CITADO ACUERDO, DESE CUMPLIMIENTO Y PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN; LO ANTERIOR, POR NO UBICARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE REGULA EL ARTÍCULO 15, CAPÍTULO QUINTO, DEL REFERIDO ACUERDO.

  2. Principal

    III.- VISTA LA DEMANDA ELECTRÓNICA EN LA QUE APARECE QUE PROMUEVE . . . POR PROPIO DERECHO, CONTRA UN ACTO DE . . . FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO CON EL NÚMERO 94/2021-III. AHORA, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, SE ADVIERTE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA DESECHAR DE PLANO UNA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO AL EXAMINARLA ENCONTRARE MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. EN RELACIÓN CON ELLO, DIVERSOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN SE HAN PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE QUE LO MANIFIESTO SE DA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE A ÉSTA SE ANEXEN; EN TANTO QUE LO INDUDABLE RESULTA DE QUE SE TENGA LA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE TAL MODO, QUE AÚN EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS QUE EVENTUALMENTE PUDIERAN ALEGAR LAS PARTES. EN OTRAS PALABRAS, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDA, EVIDENTE POR SÍ MISMO Y QUE SURJA SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y QUE NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO. RESULTA APLICABLE POR LOS MOTIVOS QUE CONTIENE, LA JURISPRUDENCIA VI.2O. J/290, SUSTENTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PÁGINA SESENTA Y CUATRO DEL NÚMERO OCHENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, OCTAVA ÉPOCA, CUYO RUBRO Y TEXTO ESTABLECEN: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, AUTORIZA AL JUEZ DE DISTRITO A DESECHAR DE PLANO UNA DEMANDA DE GARANTÍAS, CUANDO EXISTA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA; SIENDO LO MANIFIESTO CUANDO SE DA UN MOTIVO QUE SE ADVIERTA EN FORMA CLARA, PATENTE, EVIDENTE DE LA LECTURA DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN, Y LO INDUDABLE, RESULTA QUE SE TENGA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE SEA OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, ES DECIR, INOBJETABLE, DE TAL SUERTE QUE AUN CUANDO SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARA FACTIBLE FORMARSE UN CRITERIO DIVERSO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES; DE AHÍ QUE, SI INVOCAN RAZONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE DEBATE, YA NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DEL CASO PREVISTO POR EL REFERIDO PRECEPTO Y NO PUEDE DESECHARSE POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO." [REGISTRO: 210751] EN ESE CONTEXTO, DE LA LECTURA ÍNTEGRA DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, SE ADVIERTE QUE SE RECLAMA DE . . . LA ORDEN DE MATAR AL QUEJOSO. EN ESE TENOR, EL SUSCRITO ESTIMA QUE SE ACTUALIZA DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 1º, FRACCIÓN I Y 5º, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECEN: "ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: (.) XXIII. EN LOS DEMÁS CASOS EN QUE LA IMPROCEDENCIA RESULTE DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O DE ESTA LEY." "ARTÍCULO 1º. EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR OBJETO RESOLVER TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE: I. POR NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDAD QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE;" "ARTÍCULO 5º. SON PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO: (.) II. LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TENIENDO TAL CARÁCTER, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA FORMAL, LA QUE DICTA, ORDENA, EJECUTA O TRATA DE EJECUTAR EL ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA; U OMITA EL ACTO QUE DE REALIZARSE CREARÍA, MODIFICARÍA O EXTINGUIRÍA DICHAS SITUACIONES JURÍDICAS. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS PARTICULARES TENDRÁN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD, QUE AFECTEN DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA FRACCIÓN, Y CUYAS FUNCIONES ESTÉN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL." DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS TRANSCRITOS, SE ADVIERTE QUE EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR OBJETO RESOLVER TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE POR ACTOS DE AUTORIDAD QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. POR TANTO, AL ACCIONAR EL JUICIO CONSTITUCIONAL, LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADQUIERE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO, PUES DE ELLA EMANAN LOS ACTOS QUE, A CONSIDERACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA, VULNERAN SU ESFERA JURÍDICA; ADEMÁS, LOS PARTICULARES ADQUIEREN LA CONDICIÓN DE RESPONSABLES, CUANDO REALICEN FUNCIONES EQUIVALENTES A LAS DE LAS AUTORIDADES, Y QUE CON ELLO AFECTEN LOS DERECHOS A LOS QUE HACE MENCIÓN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. EN ESE CONTEXTO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CONTENER LOS ACTOS REALIZADOS POR PARTICULARES PARA QUE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD, SON LOS SIGUIENTES: 1. QUE REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD, ESTO ES, QUE DICTEN, ORDENEN, EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTAR ALGÚN ACTO EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, O BIEN, QUE OMITAN ACTUAR EN DETERMINADO SENTIDO; 2. QUE AFECTEN DERECHOS AL CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS; Y, 3. QUE SUS FUNCIONES ESTÉN DETERMINADAS EN UNA NORMA GENERAL QUE LE CONFIERA LAS ATRIBUCIONES PARA ACTUAR COMO UNA AUTORIDAD DEL ESTADO, CUYO EJERCICIO, POR LO GENERAL, TENGA UN MARGEN DE DISCRECIONALIDAD. AHORA, RESULTA CONVENIENTE ACUDIR AL CONCEPTO DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL CUAL HA IDO EVOLUCIONANDO A LO LARGO DE LA HISTORIA DE ÉSTE PROCEDIMIENTO Y SE HA ABANDONADO LA FIGURA TRADICIONAL DEL "USO DE LA FUERZA PÚBLICA". PARA ENTENDER MEJOR LA ACTUAL ACEPCIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE, RESULTA ILUSTRATIVO EL CRITERIO SOSTENIDO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN, EN LA TESIS P. XXVII/97, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, EN LA PÁGINA CIENTO DIECIOCHO DEL TOMO V, DE FEBRERO DE 1997, QUE DISPONE LO SIGUIENTE: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ESTE TRIBUNAL PLENO CONSIDERA QUE DEBE INTERRUMPIRSE EL CRITERIO QUE CON EL NÚMERO 300 APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA 519 DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1988, SEGUNDA PARTE, QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL TÉRMINO 'AUTORIDADES' PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, COMPRENDE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DISPONEN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VIRTUD DE CIRCUNSTANCIAS, YA LEGALES, YA DE HECHO, Y QUE, POR LO MISMO, ESTÉN EN POSIBILIDAD MATERIAL DE OBRAR COMO INDIVIDUOS QUE EJERZAN ACTOS PÚBLICOS, POR EL HECHO DE SER PÚBLICA LA FUERZA DE QUE DISPONEN.", CUYO PRIMER PRECEDENTE DATA DE 1919, DADO QUE LA REALIDAD EN QUE SE APLICA HA SUFRIDO CAMBIOS, LO QUE OBLIGA A ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, MÁXIMO INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MODIFICAR SUS CRITERIOS AJUSTÁNDOLOS AL MOMENTO ACTUAL. EN EFECTO, LAS ATRIBUCIONES DEL ESTADO MEXICANO SE HAN INCREMENTADO CON EL CURSO DEL TIEMPO, Y DE UN ESTADO DE DERECHO PASAMOS A UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO CON UNA CRECIENTE INTERVENCIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES, LO QUE HA MOTIVADO CAMBIOS CONSTITUCIONALES QUE DAN PASO A LA LLAMADA RECTORÍA DEL ESTADO EN MATERIA ECONÓMICA, QUE A SU VEZ MODIFICÓ LA ESTRUCTURA ESTADUAL, Y GESTÓ LA LLAMADA ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL FORMADA POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, QUE INDUDABLEMENTE ESCAPAN AL CONCEPTO TRADICIONAL DE AUTORIDAD ESTABLECIDO EN EL CRITERIO YA CITADO. POR ELLO, LA APLICACIÓN GENERALIZADA DE ÉSTE EN LA ACTUALIDAD CONDUCE A LA INDEFENSIÓN DE LOS GOBERNADOS, PUES ESTOS ORGANISMOS EN SU ACTUACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA DISPOSICIÓN DIRECTA QUE LLEGAREN A TENER O NO DE LA FUERZA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN UNA NORMA LEGAL PUEDEN EMITIR ACTOS UNILATERALES A TRAVÉS DE LOS CUALES CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN POR SÍ O ANTE SÍ, SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTEN LA ESFERA LEGAL DE LOS GOBERNADOS, SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A LOS ÓRGANOS JUDICIALES NI DEL CONSENSO DE LA VOLUNTAD DEL AFECTADO. ESTO ES, EJERCEN FACULTADES DECISORIAS QUE LES ESTÁN ATRIBUIDAS EN LA LEY Y QUE POR ENDE CONSTITUYEN UNA POTESTAD ADMINISTRATIVA, CUYO EJERCICIO ES IRRENUNCIABLE Y QUE POR TANTO SE TRADUCEN EN VERDADEROS ACTOS DE AUTORIDAD AL SER DE NATURALEZA PÚBLICA LA FUENTE DE TAL POTESTAD. POR ELLO, ESTE TRIBUNAL PLENO CONSIDERA QUE EL CRITERIO SUPRACITADO NO PUEDE SER APLICADO ACTUALMENTE EN FORMA INDISCRIMINADA SINO QUE DEBE ATENDERSE A LAS PARTICULARIDADES DE LA ESPECIE O DEL ACTO MISMO; POR ELLO, EL JUZGADOR DE AMPARO, A FIN DE ESTABLECER SI A QUIEN SE ATRIBUYE EL ACTO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, DEBE ATENDER A LA NORMA LEGAL Y EXAMINAR SI LO FACULTA O NO PARA TOMAR DECISIONES O RESOLUCIONES QUE AFECTEN UNILATERALMENTE LA ESFERA JURÍDICA DEL INTERESADO, Y QUE DEBEN EXIGIRSE MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA O BIEN A TRAVÉS DE OTRAS AUTORIDADES." DE LO ANTERIOR SE APRECIA QUE AUTORIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, ES TODO ENTE QUE EJERCE FACULTADES DECISORIAS QUE LE ESTÁN ATRIBUIDAS EN LA LEY Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN UNA POTESTAD ADMINISTRATIVA, CUYO EJERCICIO ES IRRENUNCIABLE, AL SER DE NATURALEZA PÚBLICA LA FUENTE DE TAL POTESTAD. POR LO TANTO, LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEBEN CONCEBIRSE, FUNDAMENTALMENTE, EXCLUIDOS DE LOS DIVERSOS QUE EMANAN DE PARTICULARES, POR LO QUE RESULTA INDISPENSABLE ESTABLECER LAS BASES PARA DISTINGUIR UN ACTO DE OTRO Y PARA ELLO ES IDEAL ATENDER A LA CLASIFICACIÓN QUE LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO HACE DE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE COORDINACIÓN, SUPRA A SUBORDINACIÓN Y SUPRAORDINACIÓN. DE ACUERDO CON ESA TEORÍA, LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN SON LAS ENTABLADAS ENTRE PARTICULARES, EN LAS CUALES ÉSTOS ACTÚAN EN UN MISMO PLANO, POR LO QUE, PARA DIRIMIR SUS DIFERENCIAS E IMPEDIR QUE SE HAGAN JUSTICIA POR ELLOS MISMOS, SE CREAN EN LA LEY LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS NECESARIOS PARA VENTILARLAS. DENTRO DE ESTE TIPO DE RELACIONES SE ENCUENTRAN LAS QUE SE REGULAN POR EL DERECHO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y LABORAL. LA NOTA DISTINTIVA DE ESTE TIPO DE RELACIONES ES QUE LAS PARTES INVOLUCRADAS DEBEN ACUDIR A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PARA QUE, COACTIVAMENTE, SE IMPONGAN LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS ESTABLECIDAS POR ELLAS O CONTEMPLADAS POR LA LEY, ESTANDO AMBAS EN EL MISMO NIVEL, EXISTIENDO UNA BILATERALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN. EN CAMBIO, LAS RELACIONES DE SUPRA A SUBORDINACIÓN SON LAS QUE SE ENTABLAN ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS, POR ACTUAR LOS PRIMEROS EN UN PLANO SUPERIOR A LOS SEGUNDOS, EN BENEFICIO DEL ORDEN PÚBLICO Y DEL INTERÉS SOCIAL. ESTE TIPO DE RELACIONES SE CARACTERIZAN POR LA UNILATERALIDAD Y, POR ELLO, LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE UNA SERIE DE GARANTÍAS COMO LIMITACIONES AL ACTUAR DEL GOBERNANTE, YA QUE EL ÓRGANO DEL ESTADO IMPONE SU VOLUNTAD SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES. POR SU PARTE, LAS RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN SON AQUELLAS QUE SE EFECTÚAN ENTRE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES. POR LO ANTERIOR, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ES IMPERATIVO QUE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LA PARTE QUEJOSA Y LA ENTIDAD A LA QUE SE LE ATRIBUYAN CIERTAS ACTUACIONES Y/O OMISIONES, SE UBIQUE DENTRO DE LA DENOMINADA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, QUE TIENE COMO PRESUPUESTO QUE EL PROMOVENTE TENGA EL CARÁCTER DE GOBERNADO Y EL ENTE SEÑALADO CUENTE CON ATRIBUCIONES PARA ACTUAR COMO UNA AUTORIDAD DEL ESTADO EN UN PLANO DE SUPERIORIORIDAD, Y LO HAGA EN CUMPLIMIENTO A UN CUERPO NORMATIVO. ASÍ, LA ACTIVIDAD QUE SE GENERE ENTRE PARTICULARES DEBE SER REGULADA POR EL DERECHO COMÚN QUE SEA APLICABLE AL CASO EN CONCRETO Y LA AUTORIDAD O AUTORIDADES QUE RESULTEN COMPETENTES DEBERÁN ACTUAR CONFORME LOS PROCEDIMIENTOS QUE DISPONGA LA LEY CORRESPONDIENTE. UNA VEZ QUE SE PRECISARON LAS BASES PARA QUE A UNA AUTORIDAD O PARTICULAR SE LE OTORGUE EL CARÁCTER DE RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO, ES DE REITERARSE QUE EN EL CASO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 1º, FRACCIÓN I Y 5º, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. ESTO ES, QUE EL ACTO QUE SE COMBATE EN LA DEMANDA DE CUENTA, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE PRIVAR DE LA VIDA AL QUEJOSO, ATRIBUIDA A . . . NO ES DE AQUELLOS QUE SE EMITEN EN UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN COMO LAS QUE SE SUSCITAN ENTRE UN ENTE PÚBLICO DOTADO DE IMPERIO E INVESTIDURA PÚBLICA Y UN PARTICULAR, SINO EN UN PLANO DE IGUALDAD, EL CUAL DIFIERE SUSTANCIALMENTE, DE LA RELACIÓN QUE LLEGARÍA A ENTABLARSE ENTRE AUTORIDAD Y GOBERNADO. LO ANTERIOR, PUES A LA PERSONA FÍSICA QUE SEÑALA COMO RESPONSABLE NO CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA ACTUAR COMO UNA AUTORIDAD DEL ESTADO EN UN PLANO DE SUPERIORIDAD, NI LO HACE EN CUMPLIMIENTO A UN CUERPO NORMATIVO. EN CUYO CASO, EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN APTITUD DE ACUDIR ANTE LA POTESTAD COMÚN A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. EN CONSECUENCIA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 1º, FRACCIÓN I Y 5°, FRACCIÓN LL, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR . . . POR DERECHO PROPIO, CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 113, DEL PROPIO ORDENAMIENTO. APOYA ESTA DETERMINACIÓN LA JURISPRUDENCIA PC.III.L. J/5 L (10A). DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PÁGINA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DEL LIBRO ONCE, TOMO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, DÉCIMA ÉPOCA, QUE CONTIENE EL SIGUIENTE CRITERIO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 54/2012 (10A.)]. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECIÓ EN LA JURISPRUDENCIA CITADA, LA REGLA GENERAL CONSISTENTE EN QUE EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO PUEDEN REALIZARSE ANÁLISIS EXHAUSTIVOS, PORQUE SÓLO SE CUENTA CON LO MANIFESTADO EN LA DEMANDA Y CON LAS PRUEBAS QUE SE ANEXAN, POR LO QUE NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL; AHORA BIEN, TAL DETERMINACIÓN NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTAN CASOS DE EXCEPCIÓN A DICHA REGLA GENERAL, COMO PODRÍAN SER AQUELLOS EN LOS QUE YA ESTÉ EXPRESAMENTE DEFINIDO POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO TIENE ESE CARÁCTER PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ELLO NO SE OPONGA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ACORDE CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN VIRTUD DE QUE SERÍA SUFICIENTE APLICAR EL CRITERIO DEFINIDO RESPECTO DE ALGÚN ACTO DETERMINADO, SIN QUE SE REQUIERA MAYOR PRONUNCIAMIENTO PARA QUE EN EL AUTO INICIAL DEL JUICIO CONSTITUCIONAL PUEDA DESECHARSE LA DEMANDA POR UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY CITADA, LO QUE DEBE SER INCUESTIONABLE Y DE OBVIA CONSTATACIÓN, PARA LOGRAR CERTIDUMBRE DE QUE EL CASO DE IMPROCEDENCIA NO PODRÍA LLEGAR A MODIFICARSE CON LOS ELEMENTOS QUE APORTARAN LAS PARTES AL PROCEDIMIENTO." CONVIENE PRECISAR QUE EL CRITERIO ADOPTADO EN ESTE PROVEÍDO NO PRIVA A LA PARTE QUEJOSA DE UN RECURSO EFECTIVO PARA RESTABLECER LOS DERECHOS QUE CONSIDERA TRANSGREDIDOS CON LA CONDUCTA QUE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE NO SE PUEDEN SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS VÍAS JURISDICCIONALES QUE LOS GOBERNADOS TENGAN A SU ALCANCE, YA QUE ACTUAR DE FORMA CONTRARIA EQUIVALDRÍA A QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEJARAN DE OBSERVAR LOS DEMÁS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL, PROVOCANDO CON ELLO UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE EN LOS DESTINATARIOS DE ESA FUNCIÓN, PUES SE DESCONOCERÍA LA FORMA DE PROCEDER DE ÉSTOS, ADEMÁS DE TRASTOCARSE LAS CONDICIONES PROCESALES DE LAS PARTES EN EL JUICIO. SIRVE DE APOYO LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 10/2014 (10A.), EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PÁGINA CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL LIBRO TRES, TOMO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, DÉCIMA ÉPOCA, QUE DISPONE LO SIGUIENTE: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. SI BIEN LA REFORMA AL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 10 DE JUNIO DE 2011, IMPLICÓ LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO PARA INCORPORAR EL DENOMINADO PRINCIPIO PRO PERSONA, EL CUAL CONSISTE EN BRINDAR LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA AL GOBERNADO, ASÍ COMO LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ELLO NO SIGNIFICA QUE EN CUALQUIER CASO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBA RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO, SIN QUE IMPORTE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES NACIONALES PARA LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, YA QUE LAS FORMALIDADES PROCESALES SON LA VÍA QUE HACE POSIBLE ARRIBAR A UNA ADECUADA RESOLUCIÓN, POR LO QUE TALES ASPECTOS, POR SÍ MISMOS, SON INSUFICIENTES PARA DECLARAR PROCEDENTE LO IMPROCEDENTE." ASIMISMO, APOYA LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 98/2014 (10A.), SUSTENTADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PÁGINA NOVECIENTOS NUEVE DEL LIBRO ONCE, TOMO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, DÉCIMA ÉPOCA, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. SI BIEN LOS ARTÍCULOS 1O. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, RECONOCEN EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - ACCESO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-, LO CIERTO ES QUE TAL CIRCUNSTANCIA NO TIENE EL ALCANCE DE SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS VÍAS JURISDICCIONALES QUE LOS GOBERNADOS TENGAN A SU ALCANCE, PUES TAL PROCEDER EQUIVALDRÍA A QUE LOS TRIBUNALES DEJARAN DE OBSERVAR LOS DEMÁS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL, PROVOCANDO CON ELLO UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE EN LOS DESTINATARIOS DE ESA FUNCIÓN, PUES SE DESCONOCERÍA LA FORMA DE PROCEDER DE ESOS ÓRGANOS, ADEMÁS DE TRASTOCARSE LAS CONDICIONES PROCESALES DE LAS PARTES EN EL JUICIO." CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III, INCISO A), DEL PROPIO ORDENAMIENTO LEGAL, SE TIENEN POR SEÑALADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LAS LISTAS QUE SE PUBLICAN EN EL PORTAL DE INTERNET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO EXPRESAMENTE. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 278 Y 279 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU NUMERAL 2°, EXPÍDASE A COSTA DE LA PARTE QUEJOSA UN JUEGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESTE PROVEÍDO. POR TANTO, EN CUANTO SE REANUDEN LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRÉGUENSE PREVIA IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE RAZÓN QUE POR SU RECIBO SE ASIENTE EN AUTOS PARA CONSTANCIA LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 DE LA LEY DE AMPARO Y, 21 A 26 DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS Y DEMÁS PERSONAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA FORMAR EL CUADERNO IMPRESO Y ELECTRÓNICO DEL PRESENTE ASUNTO. POR TANTO, DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN DIGITALIZAR LAS CONSTANCIAS DE ESTE JUICIO QUE SE PRESENTEN DE MANERA IMPRESA, LAS CUALES DEBEN SER LEGIBLES PARA SU CONSULTA POR LAS PARTES EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO; ADEMÁS, QUEDAN INSTRUIDOS PARA IMPRIMIR LAS CONSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DE FORMA ELECTRÓNICA, PARA INCORPORARLAS AL EXPEDIENTE IMPRESO. POR OTRA PARTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 106 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS DEL JUZGADO A EFECTO DE QUE ELABOREN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA Y/O RESOLUCIÓN QUE AL EFECTO SE DICTE EN ESTE JUICIO DE AMPARO, CON ESTRICTO APEGO A DICHOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. FINALMENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8º DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EN RELACIÓN CON LO QUE ESTABLECE EL DIVERSO SEGUNDO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INDÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA EL DERECHO QUE LE ASISTE, HASTA ANTES DE DICTARSE SENTENCIA, PARA OPONERSE DE MANERA EXPRESA, EN RELACIÓN CON TERCEROS, A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA FALTA DE OPOSICIÓN CONLLEVA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LA SENTENCIA RESPECTIVA SE PUBLIQUE SIN SUPRESIÓN DE DATOS.

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