José Ricardo Hernández Gayosso
Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Ricardo Hernández Gayosso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que la Justicia de la unión no amparo ni protegió a ---------------- y ----------------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo, y glósese únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a) y b); 20, fracción II, inciso a) y 21 inciso c)que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y, CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;." En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en tanto el incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, el original y duplicado son susceptibles de destrucción. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En otro orden de ideas, dado que ya no es necesaria la retención de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como complemento a su informe justificado, constante en un tomo. En consecuencia, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable, para que, dentro del término de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a la autoridad requerida, que, de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable, el correo institucional oscar.duran.valdes@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Óscar Durán Valdés, a saber 5553870500, extensión 1391, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Finalmente, por lo que hace a las documentales originales que exhibió la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 20 del acuerdo general, se dejan a su disposición, en el entendido de que cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, para debida constancia legal; apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederán a su destrucción. Se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 31 y 42 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos el escrito signado por la tercero interesada *****************, por medio del cual se apersona al presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados, formula alegatos y ofrece pruebas. En mérito de lo anterior, con fundamento en el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo, téngase por apersonada a la tercero interesada en comento. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que menciona por así haberlo indicado expresamente. Finalmente, en relación con las probanzas y alegatos ofertados agréguense únicamente, sin que sea necesario emitir mayor pronunciamiento sobre el particular, toda vez que mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se resolvió el asunto en que se actúa, determinación que a la presente data se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Notifíquese en términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 597/2020-III, promovido por ------------- y -------------, contra actos del Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables. "a) Como responsable ordenadora, el C. Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán Izcalli del Poder Judicial del Estado de México. b) Como responsable ejecutora, el C. Notificador adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán Izcalli del Poder Judicial del Estado de México." Actos reclamados. "IV. El acto reclamado: la ilegal, inconstitucional e inconvencional orden de lanzamiento y/o desalojo y/o desposesión (auto de fecha diez de marzo del año en curso) que respecto del bien inmueble en el que habitamos, dictó la autoridad señalada como responsable ordenadora dentro de los autos del expediente 225/2020, así como la ejecución que las responsables ejecutoras pretenden dar." SEGUNDO. Este juzgado admitió a trámite la demanda el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Seguida la secuela procesal, se emplazó a la tercera interesada Antonia Ruth Rosales Rayón. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que el acto reclamado fue emitido y ejecutado emitido dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio es: ? El auto de de diez de marzo de dos mil veinte, emitido por la Jueza Séptima Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli del Poder Judicial del Estado de México, en la controversia familiar 225/2020, por medio de la cual admitió la demanda y emitió las medidas de protección: a) expulsar del domicilio a ------------- y -------------; b) prohibirles su reingreso; c) acercarse a la persona de -------------; las cuales fueron ejecutadas el trece de agosto de dos mil veinte, por la notificadora adscrita a dicho órgano. TERCERO. La Jueza y la Notificadora del Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia del acto a ellas reclamado, consistentes en la orden de diez de marzo y su ejecución el trece de agosto de dos mil veinte, donde se expulsó a los quejosos del domicilio donde habitaban. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin causales de improcedencia invocadas que analizar, ni advertida alguna por este juzgado, lo que se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. Los quejosos plantearon que con las medidas de protección se les perjudica los derechos de debido proceso y de audiencia, porque la jueza responsable en ningún momento los llamó a juicio, en el que se les haya oído y vencido. Para dar respuesta a lo antes planteado, conviene tener en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6141/2014, resolvió que los artículos 2.354 y 2.355 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México10, prevén las medidas de precaución sean 10 "Controversia de Violencia familiar Traslado de la demanda Artículo 2.354.- Admitida la demanda se correrá traslado al presunto generador de violencia y se le emplazará para que en el plazo de cinco días conteste y determinadas en el auto de admisión con efectos de emplazamiento. - Que en los juicios de violencia familiar, una vez que el tribunal reciba la demanda, dictará un auto en el cuál ordenara su emplazamiento a juicio, para que en un plazo de cinco días, se dé contestación a los hechos y se ofrezcan pruebas. No obstante, el juzgador podrá determinar, en el propio acto de notificación de la parte demandada, que el notificador o ejecutor del juzgado solicite al presunto generador de violencia que abandone el domicilio familiar, e inclusive en caso de resistencia, tendrá todas las facultades para apoyarse de la fuerza pública; también podrá prohibir a dicho presunto generador de violencia el acceso al domicilio, aun cuando este fuera el propietario del inmueble. Lo anterior hace evidente que aun cuando las medidas de protección pueden ser dictadas durante el trámite del asunto, ello no impide que puedan ser determinadas en el auto de admisión con efectos de emplazamiento. Ahora bien, si se pueden emitir medidas de protección desde el emplazamiento, sin posibilidad de dar intervención a los perjudicados ¿ello está justificado constitucional y convencionalmente? El artículo 1° de la Constitución General señala que los deberes de protección del Estado mexicano consisten en prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos tanto de fuente nacional como internacional. El deber de los Estados Parte no se reduce a respetar o a no transgredir los derechos humanos,11 sino que implica deberes más amplios de protección. En ese sentido, del derecho humano a vivir en un entorno libre de violencia derivan una serie de obligaciones positivas al Estado, consistentes en prevenir, atender y erradicar la violencia familiar. Así, el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los incisos b, c y d, señala que los Estados Partes deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la ofrezca pruebas. Medidas de protección Artículo 2.355. Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser: I. De emergencia. II. De protección preventiva. III. De naturaleza civil." 11 Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Por su parte, la Corte Interamericana ha destacado que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia12. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo y políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias13. De la misma manera se exige que se dicten medidas urgentes en aquellos casos en que esté en riesgo la integridad y salud de las víctimas. En el Amparo en Revisión 495/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que las medidas de protección son actos de urgente aplicación, las cuales se dictan en función del interés superior de la víctima de violencia, cuando se encuentre en riesgo la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la mujer víctima y de las víctimas indirectas, y bajo una vigencia limitada. Así, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México definió en su artículo 2814 a las órdenes de protección como actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Éstas deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos constitutivos de Infracciones o delitos que impliquen violencia de género. Dispuso que las órdenes de protección pueden ser de emergencia o preventivas15 y entre éstas se encuentra la posibilidad de ordenar que la persona agresora 12 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 258. 13 Cfr. Ídem, párr. 258. 14 Artículo 28.- Las Órdenes de Protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia de género. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere este artículo. 15 Artículo 29.- desocupe el domicilio en el que habite la víctima.16 La diligencia con que pueden dictarse las medidas urgentes se justifica para prevenir o bien, establecer mecanismos de protección a la integridad de las víctimas que han denunciado algún tipo de violencia, permite darles la seguridad en el sentido de que no se pondrán en riesgo los valores primordiales de salud, dignidad e integridad física y mental. Constituye un deber de primer orden el garantizar el respeto a la salud, integridad física y mental de las personas que son objeto de violencia, máxime cuando las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta frente a sus agresores, como niños o personas con discapacidad. Como se observa, las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas estatales, a través de las cuales se garantice la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia, y la consecuente reparación de los daños. La garantía de protección del derecho a una vida libre de violencia supone que el Estado posibilite su verdadera realización. Por ello deben establecerse procedimientos justos y eficaces para las víctimas de violencia en los que obtengan medidas de protección, un juicio oportuno y un acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación. Tal y como se señaló en el Amparo en Revisión 495/2013, las medidas de urgencia no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo que tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas dichas medidas, en principios de debida diligencia y estado de necesidad. Además, durante el juicio de violencia familiar se recibirán, admitirán y desahogarán las pruebas que procedan y se recibirán los alegatos del agresor, tal y como lo establece el Título Décimo Segundo del Código Civil del Estado de México y la Sección Segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México "De la Controversia de Violencia familiar". En ese sentido, el derecho de audiencia al agresor está garantizado para que haga 16 Artículo 30.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: l. Desocupación por la persona agresora, del domicilio o lugar donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; II. Prohibición a la persona probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; y V. las demás establecidas en otras disposiciones legales. valer lo que a su derecho convenga; de ahí que, de manera alguna, las medidas de emergencia invocadas resulten violatorias de la Constitución General. En estas condiciones, es infundado el concepto de violación planteado en estudio, pues la celeridad de las medidas se justifica - en forma de excepción-, al emitirse cuando se encuentra en riesgo la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de las víctimas. En otro orden de ideas, si se encuentra justificado constitucional y convencionalmente que las medidas de protección sean emitidas desde el emplazamiento, sin posibilidad de dar intervención a los perjudicados, lo siguiente es averiguar los elementos que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación como válidos para para dictar una medida de prevención. Situación que permitirá dar contestación los conceptos de violación de la parte quejosa relacionados con ese aspecto, donde adujo lo siguiente: -Que para la imposición de la medida extrema de expulsión de su domicilio, la autoridad judicial debe atender a la necesidad de la cautela solicitada y realizar un estudio preliminar de la demanda (escrito inicial) en el que se solicita la medida y en todos y cada uno de los medios probatorios que permitan establecer de manera razonable o indiciaria la necesidad o procedencia de la cautela solicitada; pues de no realizarse de esa manera, bastaría como en el caso concreto que cualquier persona acudiera ante la autoridad jurisdiccional y afirmara sin pruebas (indiciarías o presuntivas) ser objeto de violencia dentro del núcleo familiar, para que dicha autoridad judicial ordenara la desocupación del domicilio por parte del o los presuntos responsables de violencia, trastocando la seguridad jurídica a la que todos los gobernados tenemos derecho. Agrega que, en el auto de diez de marzo de dos mil veinte, la responsable ordenadora emitió dicha resolución, atendiendo única y exclusivamente a lo manifestado por la actora (solicitante) en su escrito introductorio de instancia, sin que la promovente haya acompañado a dicha solicitud Inicial algún elemento probatorio que al menos de manera indiciaria permitiera establecer la necesidad de la cautela peticionada y autorizada por la responsable ordenadora. Que la autoridad judicial emisora no valoró ningún medio probatorio que permitiera establecer al menos con un grado de probabilidad la necesidad de la misma. Para dar respuesta a esos argumentos, debe tomarse en consideración que los elementos que deben actualizarse para que pueda dictarse la orden de emergencia, la Primera Sala consideró en el amparo directo en revisión 6141/2014, que basta que exista una situación de riesgo -i- que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se actualice un daño. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Este debe entenderse como la posibilidad de que un daño "probable" ocurra en el futuro. Para demostrar tal probabilidad basta con que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que la alega la agresión-ii-, la existencia de indicios leves sobre dicha situación -iii-. Tal estándar se desprende de la normatividad del Estado de México conforme a la cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas deberá considerarse el riesgo o peligro existente, y la seguridad de la víctima.17 Esto es, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México no alude al concepto de daño, sino que señala que basta con que la víctima se encuentre en una situación de riesgo, requerimiento que es congruente con la protección que merecen los derechos y valores que se afectan en las situaciones de violencia familiar. En esa tesitura, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, persigue erradicar la violencia generada a la mujer, a los menores e incluso a todo aquel miembro que integre el núcleo familiar; así como prevenir dicha violencia mediante las políticas o acciones que se estimen conducentes. Lo anterior con el objetivo de salvaguardar el derecho humano a la salud de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Lo anterior, también se ve reflejado en el artículo 4.396 del Código Civil para el Estado de México, en donde se estableció que toda persona que sufre violencia, por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá plantear una demanda sobre estos hechos. Así, la fracción I, del artículo 4.397 de la citada legislación define la violencia familiar como, toda acción, omisión o abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y/o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar aun cuando se configure un delito, definiendo cada uno se esos conceptos. Por su parte, el Código Civil del Estado de México, se encuentra previsto el capítulo de la Protección contra la Violencia Familiar, en el cual se definió el concepto de violencia familiar como "toda acción, omisión o abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar aun cuando se configure un delito".18 Hecho concreto. Una vez establecido los elementos que se deben tomar en consideración para que pueda dictarse la orden de emergencia (exista una situación de riesgo, dicho de la persona que la alega la agresión, y la existencia de indicios leves sobre dicha situación), lo 17 Artículo 32.- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 18 Artículo 4.397.- Para los efectos del presente título se entiende por: I. Violencia familiar: Toda acción, omisión o abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar aun cuando se configure un delito: siguiente es verificar si fueron actualizadas al momento de emitir la resolución recurrida. En el asunto de origen, la actora en su demanda esquematizó el ambiente de violencia física y verbal de la que fue objeto, junto con su hijo ----------, y que existía previo a la ejecución de las medidas de protección: - Que convivía en su domicilio con dos núcleos familiares, uno de ellos encabezado por su hija ------------, y el otro, por su hijo ------------(refiere la quejosa es una persona con invalidez y discapacidad). Que desde hace diez años, su difunto esposo "traspasó" una parte del inmueble a su yerno --------, esposo de su hija, quienes nunca la apoyaron para pagar los servicios de la casa, no obstante, ocuparon más espacio de la casa de lo que les corresponde, como dos cuartos de la parte de arriba de la casa de la actora, un baño y una sala. - Que su nieto Enrique (hijo de los quejosos) es una persona muy grosera, pues le ha referido "eres una piche vieja bruja, estás loca" "chingas a tu madre", "espero que ya te mueras para quedarme con la casa", "no sirves para nada, ya mejor muérete", "apestas, eres una tonta e idiota", "cállese pinche vieja". - Que en el mes de febrero de dos mil veinte, empezó a rezar con su hijo (----------) y una vecina, pero su nieto Enrique (mayor de edad) los empezó a insultar, y después de decirle que se calmara, éste le contestó "cállate pinche vieja loca", después de avisarle a sus papás (quejosos) de la discusión, llegó su hija (quejosa), quien en lugar de solucionar el problema, junto con su hijo Enrique empezaron a golpear a -----------, quien es una persona con discapacidad e invalidez. Con tal declaración, se acreditan dos de los elementos antes desarrollados para emitir una medida de protección, esto es, la situación de riesgo que comprometa la integridad física y psicológica de la demandante, así como el dicho de la persona que alegó su agresión. Por otra parte, respecto de los indicios leves, la autoridad responsable no infringió el principio de legalidad y de seguridad jurídica, ya que la demandante acompañó diversas documentales a su escrito aclaratorio, que de forma indiciaria, fueron considerados suficientes para emitir las medidas protectoras. En efecto, exhibió en su escrito aclaratorio el "Documento de oferta de Seguro de invalidez y vida", donde se corrobora lo dicho por la demandante, en el sentido que a Rodrigo Rosales Rosas, quien cuenta con treinta y cuatro años, es una persona con discapacidad pues se le otorgó una pensión por invalidez, quien en el mes de febrero de dos mil veinte, fue agredido por su nieto (Enrique) e hija (---------), después de que también fuera agredida verbalmente -------------. Probanza que junto con el acta de nacimiento también exhibida, se advierte que ----------, es hijo de -----------, y quien refirió vive en su domicilio y también recibe agresiones físicas por parte de los demandados (-------de ------e hija ---------). Por lo anterior, la autoridad responsable no infringió el principio de legalidad y de seguridad jurídica, ya que la demandante acompañó diversas documentales a su escrito aclaratorio, por lo que, de forma indiciaria fueron considerados suficientes para emitir las medidas protectoras. Entonces, la emisión de la medida urgente fue justificada para prevenir la integridad de la víctima que denunció la violencia, lo que le permitió darle seguridad en el sentido de que no se pondría en riesgo los valores primordiales de su integridad física y mental. Máxime cuando las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta frente a sus agresores, como la demandante quien cuenta con sesenta y seis años, y fue agredida por su hija y nieto quien cuenta con mayoría de edad. Documentales que aun cuando tienen el carácter de indiciario, no ha sido desvirtuado, incluso ese temor se ha incrementado, pues los quejosos al momento de la ejecución del acto reclamado - expulsión del domicilio- en la diligencia de trece de agosto de dos mil veinte, amenazaron a ------------: "que ella tiene una denuncia en contra de su madre, asimismo, de forma amenazante le dice a la promovente que se va arrepentir de todo esto, que se maneja con puras mentiras y que esto no se va a quedar así", ---------, refirió que "él va a poner una denuncia por intento de homicidio en contra de su hijo (--------), asimismo en forma amenazante le dice a la promovente que se va arrepentir de todo esto, que se maneja con puras mentiras, y que también a ella la van a sacar de este domicilio, que esto no se va a quedar así." Diligencia que junto con la contestación de la demanda, se corrobora que efectivamente vivián en el domicilio, en dos cuartos construidos arriba de donde habitaba la demandante y en dos cuartos más ocupados por el hijo de los quejosos, por lo que contrario a lo señalado por los quejosos en su demanda de amparo, se advierte que sí fueron ofrecidas pruebas por parte de la demandante en su escrito aclaratorio. En estas condiciones, es infundado el concepto de violación en estudio, pues las medidas protectoras fueron justificadas, porque existía una situación de riesgo que comprometía la integridad psicológica de la quejosa, por sus manifestaciones y documentales exhibidas, que de forma indiciaria fueron considerados suficientes para emitir las medidas protectoras. Y que en la ejecución del acto reclamado, se corroboró que el ambiente de violencia familiar persistía, pues la autoridad ejecutora advirtió amenazas por parte de los agresores hacía víctima, probablemente provocado por la mala relación que tienen, avivado por la cercanía donde habitaban, y a dicho de la demandante, por la apropiación de espacios y no ayuda para el pago de servicios de la casa. En estas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ----------- y ----------, por las consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se advierte de las constancias que remitió la Juez y Notificadora, ambas del Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli,Estado de México, que le recae el carácter de tercera interesada en términos de lo señalado por el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo a ----------. Por tanto, se ordena emplazar a la tercera interesada de referencia, tomando en consideración que tiene su domicilio ubicado en Calle ------------, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se comisiona al Actuario Judicial de esta adscripción, para que se constituya en el citado domicilio, a efecto de que le notifique de manera personal, con copia simple de la demanda, auto admisorio y el presente auto. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la tercera interesada, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Aunado a que, se hace del conocimiento de la tercera interesada el número telefónico del Secretario encargado del asunto Óscar Durán Valdés, siendo el número telefónico 5553870500, extensión 1391, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Asimismo, se pone a disposición de la tercera interesada, el correo electrónico institucional oscar.duran.valdes@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la autoridad, o bien, se remitan de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. Notifíquese personalmente al tercero interesado y a las demás partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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