José Ricardo Gonzalez Hernández
Expediente 1428/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Ricardo Gonzalez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, en atención al proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, informa la imposibilidad que le asiste para proporcionar un perito en materia de contabilidad, por los motivos que refiere; tomando conocimiento de su contenido. Al respecto conviene destacar que los artículos 14, y 42, fracción XIII, ambos de la Ley de la Fiscalía General de la República, establecen siguiente: Artículo 14. La Agencia de Investigación Criminal, sin perjuicio de las facultades que se establezcan y desarrollen en el Estatuto orgánico, será la encargada de llevar a cabo la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos, así como de coordinar y asignar personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas y personas analistas para el desarrollo de las investigaciones que formen parte de la Fiscalía General. [.] Artículo 42. Las personas peritas además de las facultades previstas en otras disposiciones aplicables, actuarán bajo la autoridad, conducción y mando de la persona agente del Ministerio Público de la Federación, y contarán con las siguientes facultades: [.] XIII. Promover la cooperación y colaboración con los servicios periciales de las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, así como con otras instituciones;" Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 17 lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por su parte, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a le Ley de la Materia, establece: ARTICULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. En ese sentido, no obstante no se ignora que la fiscalía referida es un órgano público autónomo, lo cierto es que de las disposiciones transcritas se observa que los peritos de la Fiscalía cuentan con facultades para colaborar con otras instituciones, como lo es este juzgado. Ahora bien, por disposición constitucional, la administración de justicia es un derecho de los mexicanos, la cual debe ser pronta, completa e imparcial, y que toda autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a privilegiar la solución del conflicto sobre cualquier formalismo procedimental, a efecto de garantizar el derecho de los gobernados, previsto en el artículo17 Constitucional. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.) que indica: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. (Registro digital: 2023741, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1754) Cabe destacar que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia pericial", el cual en su artículo 9, fracción I, dispone: "Artículo 9. Procedimiento El Solicitante para designar a los peritos registrados en la Lista, deberá agotar el siguiente procedimiento: I. Formular en dos ocasiones, solicitud a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas a fin de que proporcionen el auxilio de un perito que se encuentre en aptitud de proporcionar los servicios sin costo para el Consejo. (.)" Disposiciones de las cuales, en su conjunto, evidencian que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para requerir a cualquier persona o autoridad, a efecto de resolver los asuntos que aquí se tramitan, privilegiando la solución de conflictos sobre cualquier formalismo o tecnicismo, como los que pretenden hacer valer la autoridad oficiante, toda vez que si bien ahora la Fiscalía es una institución autónoma, continúa siendo una institución de carácter público integrante del Estado Mexicano, por lo que resulta inconcuso que en los casos en que sí cuenta con perito en la especialidad solicitada, se encuentra aptitud, además de constituir una obligación de su parte, de prestar el auxilio a este Juzgado de Distrito. En tales circunstancias, no obstante la existencia de una lista de peritos de los cuales los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación pueden disponer, ello ocurre únicamente en los casos en que después de la búsqueda realizada, no se hubiese encontrado una institución pública o educativa, que proporcione el auxilio de un perito que se encontrase en aptitud de proporcionar sus servicios sin costo para el Consejo de la Judicatura Federal; lo que no acontece en la especie, en razón de que es un hecho conocido para el suscrito que la Fiscalía General de la República, sí cuenta con peritos en la materia solicitada, toda vez que incluso muchos de ellos, aún continúan auxiliando en diversos de los asuntos que se substancian antes el suscrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dispone: PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROPORCIONAR UN EXPERTO EN DETERMINADA RAMA PARA QUE RINDA EL DICTAMEN REQUERIDO, AUN CUANDO RECONOCE CONTAR CON PERSONAL QUE CUBRE EL PERFIL SOLICITADO, SIN EXPONER RAZONAMIENTOS FUNDADOS DEL IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO, NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR FEDERAL DEBA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, INCISO A), DEL ACUERDO GENERAL 37/2001 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA NOMBRAR UN PERITO. De conformidad con los artículos 4o., 52, 59, 79, 80 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2o., párrafo segundo, para el conocimiento de la verdad el juzgador está facultado para valerse de toda persona, sea parte o tercero (especialista en determinada materia), para decretar en todo tiempo la práctica de cualquier diligencia mientras esté reconocida por la ley, tenga relación inmediata con los hechos y no afecte a las partes. Así, dichos terceros están obligados a prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales en aras de alcanzar el fin citado; para tal efecto, los juzgadores están dotados de atribuciones para hacer cumplir ese deber, y en caso de oposición, oír las razones en que la funden y resolver sin ulterior recurso. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal, en términos de la fracción XXIX del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene entre sus facultades formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder de la Unión aludido. En congruencia con ello, el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General 37/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado mediante el diverso acuerdo 34/2004 del propio Pleno, que establece algunas de las formalidades que deben cumplir los titulares de los órganos jurisdiccionales para nombrar a alguno de los peritos de la lista mencionada, consistentes en recabar la cotización de honorarios del especialista requerido y solicitar la autorización respectiva a la Comisión de Carrera Judicial del indicado consejo, para lo cual deben acreditar en forma fehaciente que después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcionara en forma gratuita el perito correspondiente, no obtuvieron respuesta favorable. En ese orden de ideas, el cumplimiento de las referidas formalidades no es exigible cuando una institución pública de educación superior se niega a proporcionar un experto en determinada rama para que rinda el dictamen pericial requerido, aun cuando reconoce contar con personal que cubre el perfil solicitado, sin que exponga razonamientos fundados del impedimento legal para ello, en atención a que el juzgador federal de amparo debe agotar los medios de apremio más eficaces para que las instituciones requeridas proporcionen gratuitamente al especialista de que se trate, en apoyo a la debida impartición de justicia. (Registro digital: 169237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.7o.A.119 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1835, Tipo: Aislada) Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la Fiscalía en las que aduce que no puede prestar el auxilio solicitado conforme a lo dispuesto del artículo 47, fracción VIII, entre otros, de la Ley de la Fiscalía General de la República, no obstante, tal artículo establece lo siguiente: Artículo 47. Son obligaciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes: (.) VIII. Abstenerse de realizar cualquiera de las conductas siguientes: a) Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, poder legislativo, judicial u órgano constitucional autónomo, en alguno de los órdenes de gobierno, así como trabajos o servicios en instituciones privadas cuando resulten incompatibles o representen un conflicto de interés con sus funciones públicas. Los remunerados de carácter docente, científico u honorario en todos los casos deberán ser comunicados por escrito, a la persona superior inmediata para contar con la autorización de la persona titular de la Fiscalía General o de la persona servidora pública que se determine en el Estatuto orgánico; De la lectura del precepto transcrito, se advierte que la prohibición de desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el poder judicial, como lo es la designación de un perito en auxilio a las labores de este juzgado, se refiere únicamente a aquellos casos en que éste sea contrario a los intereses de la Fiscalía, lo cual en la especie no acontece. En tales circunstancias, y toda vez que es obligación de las instituciones públicas que integran al Estado Mexicano prestar su auxilio en la impartición de justicia, con copia del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso en que se formuló el cuestionario sobre el que versará la prueba pericial, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN a la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un perito en materia de contabilidad, para que funja como perito en auxilio de las labores de este Juzgado Federal. Lo anterior en atención al conocimiento técnico que se requiere para el desarrollo de la pericial contable, cuyo conocimiento técnico no causa perjuicio a las labores criminalísticas en que se especializa la Fiscalía General de la República, en observancia al texto de la ley citada. Aunado a que lo aquí ordenado, constituye un mandato judicial, que debe ser atendido sin excusas ni pretextos. Apercibido que de no cumplir con lo aquí requerido, en el siguiente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por incurrir en desacato a un mandato judicial, que debe ser atendido sin excusas ni pretextos. Notifíquese
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Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vistas las promoción de cuenta, se provee lo siguiente: en primer término, la parte quejosa pretende desahogar el requerimiento formulado en autos, sin que ello se acuerde favorablemente, toda vez que de su análisis se advierte que su escrito carece de su firma autógrafa, la cual es necesaria para exteriorizar la voluntad de quien lo suscribe, pues dicho signo inequívoco cumple dos funciones diferenciables: 1) individualización; y, 2) expresión de voluntad. En cuanto a la primera función -individualización-, la firma es idónea para identificar a la persona que suscribe un documento y respecto a la segunda función -expresión de voluntad-, con la misma e tiene por aceptado lo que se manifiesta en el documento. De modo que, ante la falta de alguno de estos elementos, la expresión de la voluntad no puede estimarse plena y resulta insuficiente para manifestar el consentimiento y reconocer el contenido de su petición, con lo cual no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 204, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, aunado a que no contiene algún otro signo que evidencie la exteriorización de la voluntad del que apare en el proemio del mismo. Por consiguiente, se estima que no reviste valor alguno, ya que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Al respecto, son ilustrativas las tesis de rubros siguientes: ESCRITO CARENTE DE FIRMA O HUELLA DACTILAR. LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PRESENTA NO TIENE OBLIGACIÓN DE MANDARLO RATIFICAR. (Registro digital: 175090. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: XXIII.3o.1 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1754. Tipo: Aislada). PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. (Registro digital: 219413. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Mayo de 1992, página 494. Tipo: Aislada). DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. (Registro digital: 231247. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Administrativa. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 241. Tipo: Aislada). Por otra parte, por recibido el oficio en que la Actuaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informa el contenido de la resolución, dictada en el recurso de inconformidad, INCONF. 38/2022, en que se desechó por improcedente, ese medio de impugnación interpuesto en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como correspondan tomando conocimiento de su contenido. Atento lo anterior, acúsese el recibo de estilo vía interconexión y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto por el órgano revisor. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia certificada de la planilla de liquidación actualizada al ejercicio fiscal dos mil veintidós, a favor de la quejosa Georgina Hernández Hernández, por la cantidad líquida de $59,590.92 (cincuenta y nueve mil quinientos noventa pesos 92/100 moneda nacional), por concepto de diferencia de aguinaldo de dos mil ocho, aplicados en los ejercicios dos mil once y dos mil doce y de dos mil trece a dos mil quince; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193, 196 y 211 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso con el oficio de cuenta y su anexo para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en torno a la cantidad que ahí se determinó; apercibido que de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad precisada por la autoridad oficiante, por lo que éste juzgado requerirá el cumplimiento del fallo protector sobre tal monto. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia número P.J.67/2010, de rubro y datos de localización: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2009). (Registro: 164035, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 225). Notifíquese y personalmente al quejoso Martín Torres Rodríguez, en el domicilio ubicado en ***
- Principal
Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la titular de la Unidad Jurídica de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual exhibe, en copia certificada, diversas constancias de entre las cuales destaca el oficio SPZO/DPSH/4849/2022 de doce de enero de dos mil veintidós, por medio del cual, manifiesta haber dado respuesta a la petición formulada por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que se acompañan, sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional, haciendo de su conocimiento que las mismas se encuentran a su disposición en el local de este juzgado para su consulta en días y horas hábiles. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis: I.5o.C.2 K de rubro y datos de identificación: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) En razón de lo anterior, y ante la existencia de una respuesta a la petición de la quejosa, cuya omisión fue señalada como acto reclamado en su escrito de demanda, con fundamento en los artículos 17, 108 y 111 de la Ley de Amparo, córrasele traslado con copia simple del oficio de cuenta y sus anexos, para que en el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído, manifieste si es su interés ampliar su demanda respecto del SPZO/DPSH/4849/2022 de doce de enero de dos mil veintidós, por el cual se dio respuesta a su petición, y como autoridad responsable a quien la signa, es decir, al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene Zona Oriente en la Ciudad de México de la Subdelegación de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en el entendido de que de ser así, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la ley citada; asimismo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de ampliación por el que desahogue el presente requerimiento; apercibida que de no hacerlo así, se entenderá que no es su interés tener como nuevo acto el señalado, por lo que se seguirá el procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda inicial. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, de rubro y datos de identificación siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.(Registro: 174107, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; página 334) Así como la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), en lo conducente, de rubro y datos de identificación: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. (Registro: 160116, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, página: 801). Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la promovente de amparo, no así por las personas que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de rubro y datos de identificación: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (No. de registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro y datos de identificación: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210). Ahora bien, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; téngase como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales con la autoridad oficiante el correo electrónico que señala, en el entendido que únicamente se tomará en consideración en caso de ser necesario entablar alguna comunicación de ese tipo, conforme a lo dispuesto en dicho Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en ***
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