José Ricardo Díaz Salinas

Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
74/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • José Ricardo Díaz Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de enero de dos mil veintidós. SOLICITA ABRIR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Ricardo Díaz Salinas, mediante el cual solicita la tramitación del incidente de suspensión. Sin embargo, no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que de autos se advierte que, mediante proveído de veinte de enero del año en curso se desechó la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo en que se actúa...III

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por José Ricardo Díaz Salinas contra actos del Ayuntamiento por conducto de la persona titular de la sindicatura jurídica, Presidente Municipal, Comité de Concesiones, Secretario de Servicios Públicos Municipales y Secretaria de Medio Ambiente; todos del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 74/2022-III-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. El artículo 113 de la Ley de Amparo, procede es desechar de plano la demanda. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Precisado lo anterior, se considera que se individualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que la determinación reclamada no produce un perjuicio en la esfera de derechos del interesado. A fin de explicar tal conclusión, a continuación, se reproducen las porciones normativas invocadas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. [.]." Conforme al contenido del artículo 6 de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafos primero y penúltimo, de la misma legislación, establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De los preceptos reproducidos deriva uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual consiste en que dicho proceso de control constitucional únicamente puede promoverse por quien resulte agraviado o afectado por el acto reclamado; es decir, se requiere como presupuesto de procedencia que el acto sometido a escrutinio constitucional perjudique los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Ahora, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado a favor del impetrante, cuya transgresión lo faculta para acudir a la tutela constitucional, a fin de que la violación cese. En ese sentido, el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se encuentra constituido por dos elementos básicos e imprescindibles, a saber: a) la titularidad del derecho subjetivo; y b) la afectación de ese derecho por el acto de autoridad, de manera personal y directa. De igual forma, la tutela del derecho subjetivo solo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por tanto, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Sin que pueda afirmarse que el agravio se actualiza cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Así se determinó en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 225, cuyos epígrafe y contenido son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Respecto del interés legítimo, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) que derivó de la contradicción de tesis 111/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que dicha figura jurídica se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que se requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Destacó, que se trata de una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple y, explicó, que no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Dicho criterio se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, registro digital 2007921; cuyo epígrafe es: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado de ordenación: "[.] la autorización para operar y concesionar los servicios del BASURERO (tiradero a cielo abierto) y que pretenden creer que se trata de un relleno sanitario el cual se ubica en la Comunidad del Huixmi, Pachuca de Soto, Hidalgo [.]"; sin embargo, en el capítulo de hechos manifiesta: "[.] el día 17 de enero de 2022, se publicó el concurso para concesionar el relleno sanitario que actualmente opera en la localidad del Huixmi, perteneciente al Municipio de Pachuca Hidalgo, por un periodo de 20 años [.]"; asimismo, expone como conceptos de violación, esencialmente, que permitir u otorgar la referida concesión para que se preste un servicio público a través de un basurero a cielo abierto vulnera su derecho a un medio ambiente sano. Así, del estudio integral de la demanda y de su anexo, se obtiene que el quejoso reclama el "Concurso Público Nacional para la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el diecisiete de enero de dos mil veintidós, por la Presidenta del Comité de Concesiones de Servicios Públicos Municipales de Pachuca de soto, Hidalgo. Sin embargo, el acto que se reclama no ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que únicamente se trata de un acto administrativo, a través del cual la Administración Pública municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, a través del Comité de Concesiones de Servicios Públicos, emite una convocatoria para quien desee participar en el concurso para otorgar la concesión de un servicio público. En términos generales, la concesión de un servicio público implica un acto administrativo por el que una determinada autoridad (la concedente), bajo su control, encomienda temporalmente a un particular (el concesionario) la prestación de un servicio público por cuenta y riesgo de éste, teniendo el derecho a obtener una contraprestación por medio de las tarifas percibidas de los usuarios. Sin embrago, no debe pasarse por alto, que en el caso se está, ante una convocatoria a concurso, es decir, el acto reclamado únicamente implica un aviso a la población en general (sector privado) para que presenten libremente como candidatos a fin de contender ante la Administración Pública Municipal bajo los parámetros que ésta disponga en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética y otros. Como se puede observar, ningún perjuicio ocasiona el acto reclamado al quejoso, ya que ninguna afectación implica a su esfera jurídica, además de que no se trata de una declaratoria definitiva que haya otorgado la concesión concursada, sino que hasta este momento solamente es una convocatoria que no trastoca los derechos del quejoso en materia de salud y medio ambiente sano. Tampoco posee un interés legitimo para promover un juicio de amparo, ya que no se advierte que la situación que guarda el quejoso con la emisión del concurso en mención lo coloque en una posición para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, que le permita formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente; aunado a que tampoco se advierte que de obtener una sentencia estimatoria, pudiera obtener un beneficio específico con evitar que se lleve a cabo la convocatoria al concurso Público Nacional en relación a la Concesión de Servicios Públicos municipales de Pachuca de Soto, Hidalgo. Máxime que, los servicios municipales de basureros o rellenos sanitarios, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, en sí mismos no constituyen una actividad que afecte el derecho humano a un medio ambiente sano, sino que su finalidad es precisamente la satisfacción de éste, en su faceta prestacional. En ese sentido, ante la ausencia de un perjuicio en la esfera jurídica del promovente y de un interés legítimo de éste, procede desechar la demanda de amparo promovida por José Ricardo Díaz Salinas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. DOMICILIO Y AUTORIZADO DEL QUEJOSO. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Hugo Martínez Vega y David Gómez Meléndez, toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del acuerdo referido, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...III

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