José Ricardo del Sol Estrada
Expediente 422/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Ricardo del Sol Estrada
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve (fojas 19 a 22), en que desechó la demanda promovida por ***, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de veintiuno de octubre del presente año (fojas 9 a 12). En principio, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo se hace consistir en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número ***, mediante el cual se ordena girar oficio a la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, para que realice descuentos del 30% de los ingresos que el quejoso obtiene como diputado federal, hasta cubrir la cantidad de $156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), como requerimiento de pago, derivado de lo resuelto en una sentencia interlocutoria emitido en un incidente promovido por los terceros interesados ***. Al respecto, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto reclamado. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo será improcedente en contra de actos procesales intermedios emitidos durante la etapa de ejecución de sentencia, pues en este caso, sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento, a menos que se trate de actos que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, caso en el cual, sí sería procedente el juicio de amparo indirecto. En ese contexto, como se dijo, el juicio de amparo es improcedente en contra del acto reclamado, pues como el propio quejoso afirma que es parte demandada en el juicio civil ***, en el que intervino como demandado en el juicio extraordinario civil por desocupación y entrega inmediata de inmueble (en etapa de ejecución de sentencia), que recayó a la petición de los terceros interesados Omar y Raúl, ambos de apellidos Guillu Mendoza, relativa al embargo del treinta por ciento (30%) del excedente del salario mínimo que percibe la parte demandada José Ricardo Delsol Estrada (aquí promovente), lo que evidencia que se trata de actos de ejecución de sentencia que sólo pueden combatirse como violación procesal hasta el dictado de la última resolución en la que se reconozca expresa o implícitamente el cumplimiento de la sentencia. Cabe destacar que el quejoso intervino en el juicio de amparo número 215/2019-IV del índice de este juzgado, en su carácter de tercero interesado, el cual se invoca como hecho notorio, del que se advierte que se combatió un acuerdo en el que les fue negado a los aquí terceros interesados ***, una solicitud de ordenar el embargo del sueldo del quejoso para cubrir el pago al que fue condenado con motivo de la sentencia dictada en el juicio civil ***. Asimismo, se observa que en el juicio de amparo en comento, se concedió el amparo para el efecto de que el juez civil señalado como responsable se pronunciara respecto de dicha solicitud, lo cual fue colmado a través del acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y precisamente con motivo de esa determinación el quejoso acude al presente juicio de amparo, lo que pone de manifiesto que el acto reclamado, contrario a lo que sostiene el peticionario de amparo, deriva de la ejecución de la sentencia de dicho juicio civil, y no así, de una supuesta pensión alimenticia, aunado a que no existe confusión ni se trata de una persona distinta al quejoso, pues éste compareció al juicio civil y se ostentó como ***, lo que evidencia que se trata de la misma persona. Por lo tanto, se insiste, el juicio de amparo es improcedente en contra del acto reclamado, pues no se trata de la última resolución que aprueba expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia civil. Además, no se observa que el acto reclamado afecte directamente derechos sustantivos del quejoso ajenos a la cosa juzgada del juicio civil, ya que como se dijo, el acto reclamado deriva de la ejecución de dicha sentencia civil. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese y personalmente al promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra el acto que reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 422/2019-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y V, y 110 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve...la aclare
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