José Ricardo Correa Vaca
Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Ricardo Correa Vaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, de la que se advierte que en la materia de la revisión laboral del expediente ********************, el órgano plenario, confirmó la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********************, en la que se sobresee y se niega en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, de la que se advierte que en la materia de la revisión laboral del expediente 53/2023, el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.] Primero. Queda firme el sobreseimiento en el juicio por los actos precisados en el párrafo uno (1) de esta ejecutoria, señalados por el quejoso como "1" y "2" de la autoridad señalada en el mismo párrafo. Segundo. Se confirma la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 937/2022. Tercero. Se niega el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral de origen. [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión laboral 53/2023, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 937/2022 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Capturas. En esa virtud, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de tomo de pruebas. Por lo anterior, se hace innecesario conservar el expediente y documentos anexos de origen, los cuales se identificaron como ANEXO I; en esa virtud, se ordena su devolución al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; por oficio al órgano colegiado, a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en la inteligencia que la correspondiente a la representación social de la adscripción, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, por oficio a las autoridades responsables y al tercero interesado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y siete minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede. Además, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado; mediante oficio 22231/2022, recibido por Luis Donaldo Amaya Cárdenas, el uno de septiembre de dos mil veintidós, a las once horas con cincuenta minutos. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de derechos. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las probanzas de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-III; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el trece de julio de dos mil veintidós, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, José Ricardo Correa Vaca solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En quince de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: a) La resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en la que determinó que prescribió la acción de ejecución de laudo condenatorio, dictado dentro del juicio del Servicio Civil 466/2009, por lo que resolvió en archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido; b) La ilegal notificación de seis de octubre de dos mil diecisiete, realizada por el actuario notificador adscrito al Tribunal Administrativo, con la que supuestamente se notificó el laudo condenatorio de once de noviembre de dos mil dieciséis a la parte actora dictado dentro del juicio del Servicio Civil 466/2009; y, c) La resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal responsable en la que resolvió en desechar de plano el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra de la notificación -del laudo, dictado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete dentro del juicio del servicio civil 466/2009-, practicada por el actuario notificador adscrito al Tribunal responsable, el seis de octubre de dos mil veintidós. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y al Actuario notificador adscrito a dicho tribunal, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; además, su certeza se corrobora con las documentales que anexaron al mismo, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el juicio del servicio civil 466/2009 de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2. IV. Causas de improcedencias actualizadas En la especie se actualiza la causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto a los actos precisados en los incisos a) y b) del considerando II, relativo a "Precisión de los actos reclamados", se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)" Al respecto, esta figura pretende dar seguridad jurídica a los gobernados, con el objetivo de proporcionar firmeza a las cuestiones que ya fueron materia de debate en un juicio anterior, disposición que responde a la necesidad de que los aspectos litigiosos no sigan de forma indefinida, sino que eventualmente tengan un fin, y así contribuyan a alcanzar estabilidad y seguridad jurídica, pues de lo contrario nunca se tendría certeza sobre la firmeza de las situaciones jurídicas. En el caso, como ya se dijo, los actos reclamados versan sobre la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en la que declaró que prescribió la acción de ejecución de laudo condenatorio, dictado dentro del juicio del servicio civil 466/2009; y, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido; así como, la notificación de seis de octubre de dos mil diecisiete, realizada por el actuario notificador adscrito al Tribunal Administrativo, con la que supuestamente notificó el laudo condenatorio de veinticinco de enero de dos mil diecisiete a la parte actora aquí quejosa, la cual trascendió en el dictado de la referida resolución de prescripción de la acción de ejecución del laudo. Ahora de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el quejoso José Ricardo Correa Vaca, combatió a través del diverso juicio de amparo 669/2022 L-III, del índice de este juzgado, la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en la que se determinó que prescribió la acción de ejecución de laudo condenatorio, dictado dentro del juicio del servicio civil 466/2009, por lo que ordenó archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido; así como, la ilegal notificación de seis de octubre de dos mil diecisiete, realizada por el actuario notificador adscrito al Tribunal Administrativo, con la que supuestamente se notificó el laudo condenatorio de once de noviembre de dos mil dieciséis a la parte actora dictado dentro del juicio del servicio civil 466/2009. De ahí, que si en el referido juicio de amparo 669/2022 L-III, el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la que, por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se negó la protección constitucional a José Ricardo Correa Vaca; por tanto, resulta evidente que el quejoso promovió ante este órgano jurisdiccional diverso juicio de amparo con identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho hecho valer; lo anterior se invoca como hecho notorio. En esa tesitura se colige, que existe identidad de los actos reclamados y violaciones constitucionales denunciadas, entre el referido juicio de amparo 669/2022 L-III y el presente juicio. De esa forma se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el quejoso en cuestión pretende controvertir la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio del servicio civil 466/2009, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; así como la notificación practicada el seis de octubre de dos mil diecisiete, por el actuario notificador adscrito al Tribunal, que fueron los mismos actos que cuestionó en el diverso juicio de amparo 669/2022 L-III, del índice de este juzgado federal, en el que se decretó el sobreseimiento y se negó la protección de la justicia federal; por lo que estudiar nuevamente esos actos implicaría una vulneración frontal al principio de cosa juzgada, en tanto que ya existe un pronunciamiento en los términos apuntados con anterioridad, lo que resulta inaceptable. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia señalada, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo; respecto de los actos precisados en el considerando II, incisos a) y b), relativo a "Precisión de los actos reclamados". V. Consideraciones jurídicas Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso c), del considerando II, relativo a "Precisión de los actos reclamados", consistente en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal responsable en la que determinó desechar de plano el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra de la notificación -del laudo, dictado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete dentro del juicio del servicio civil 466/2009-, practicada por el actuario notificador adscrito al Tribunal responsable, el seis de octubre de dos mil veintidós; toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice diversa a la planteada anteriormente; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Es infundado el único concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en contra de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, dentro del juicio del servicio civil 466/2009, en la que determinó desechar de plano el incidente de nulidad de notificación, promovido en contra de la notificación del laudo practicada el seis de octubre de dos mil diecisiete, por el actuario notificador adscrito al Tribunal responsable. En efecto, la parte quejosa reclama la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro del Juicio de Servicio Civil número 466/2009, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el que se desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones emitido dentro del citado procedimiento. El impetrante aduce que el tribunal responsable transgredió en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación de todo acto de autoridad, así como los principios de congruencia y exhaustividad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que desechó el incidente de nulidad de notificación del laudo emitido dentro del juicio de servicio civil de origen. Afirma que ello deviene ilegal, pues aunque la notificación del laudo dentro del procedimiento de origen se emitió indebidamente, según lo manifestado por la responsable en las consideraciones de resolución combatida, el resultado de ésta es incongruente sobre la Litis planteada por la actora en el incidente de nulidad de mérito. Ahora bien, en el caso cabe destacarse que el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, además de permitir a los gobernados acudir ante tribunales imparciales e independientes para pedir la impartición de justicia, implica la garantía de que los fallos que se emitan resuelvan la controversia planteada cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, y con todas las consecuencias jurídicas que de ahí se deriven. Efectivamente, dentro del sistema jurídico mexicano se ubica la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad jurídica. Por otra parte, el articulo artículo 16 de nuestra carta magna establece que los actos de las autoridades deben estar debidamente fundados y motivados, respecto a la legislación aplicable al caso. Luego, los artículos 841 y 842 de la Ley de la Ley Federal del Trabajo, textualmente establecen: "Artículo 841.- Las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero los Tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan". "Artículo 842.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente". De los preceptos legales trascritos, se desprende que las resoluciones dictadas por la autoridades deben estar debidamente fundadas y motivadas, además deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas del juicio. Precisado lo anterior, como se anticipó, en el caso se estiman infundados los motivos de disenso que hace valer el quejoso, pues de las constancias que integran el juicio de origen, se desprende que la resolución combatida, fue emitida conforme a derecho, fundada, motivada y sobre todo, respetando las reglas aplicables a la legislación que las regula. En efecto, en el caso, la autoridad responsable, al exponer las consideraciones de la resolución combatida, reconoció que la notificación materia de inconformidad en el incidente y elaborada a la actora, hoy quejosa, respecto del laudo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, fue practicada por el actuario notificador adscrito al Tribunal responsable, en el domicilio proporcionado mediante promoción de ocho de octubre de dos mil diez, a la cual, dijo, le recayó acuerdo autorizando dicho domicilio de trece de octubre de dos mil diez; además, sostuvo, que de las constancias que integran el juicio de origen, se advertía la promoción de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que el apoderado legal de la parte actora compareció solicitando la ejecución de la resolución cumplimentadora de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, y en la cual, dijo, hizo mención que consentía los puntos resolutivos de la determinación anteriormente referida. En ese sentido, la autoridad responsable al percatarse de tal situación, advirtió que se actualizó el supuesto previsto en el artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria por disposición del artículo 10 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora; y, determinó desechar de plano el incidente de nulidad en cuestión. En ese contexto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad expuso de manera clara los motivos que la llevaron a desechar el incidente de nulidad planteado, fundando su actuar en el numeral antes citado. Si bien es cierto que se desechó de plano dicho incidente de nulidad de notificaciones, el Tribunal responsable al proceder a resolver el mismo, analizó la solicitud de la parte quejosa y advirtió que la actora, a pesar de que la notificación que impugnaba como ilegal -mediante cédula de notificación de seis de octubre de dos mil diecisiete-, la cual le fue practicada por el actuario notificador adscrito al Tribunal responsable, en el domicilio que proporcionó legalmente en autos; se convalidó, al imponerse de las constancias que obraban en el expediente 466/2009, mediante el escrito presentado ante dicho Tribunal el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por el que solicitó la ejecución de la resolución cumplimentadora de veinticinco de enero de dos mil diecisiete. En efecto, al haberse advertido el hecho de que la parte quejosa se hubiese impuesto de los autos del juicio del servicio civil 466/2009, dicha situación generó que la notificación ilegal combatida quedara sin materia y a su vez superada por la fecha en que la parte quejosa se hizo conocedora del laudo por medio de las actuaciones que obraban dentro del expediente del servicio civil, y por tanto, dio como consecuencia que la responsable desechara la acción planteada en el incidente de nulidad, con base en el numeral 764 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y que desde luego no llevaron a la demostración de la violación de sus derechos fundamentales alegada, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Ricardo Correa Vaca, respecto de los actos reclamados identificados en los incisos a) y b) del apartado II, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Ricardo Correa Vaca, contra el acto y autoridades responsables señalados en el considerando II, inciso c), y por los motivos expuestos en el considerando V. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- José Reynaldo de la Vega García820/2021
- José Reynaldo de la Vega García334/2020
- Jose Reynaldo Fierro Murrieta95/2019
- José Reynaldo Sánchez Quintero808/2020
- Jose Reynaldo Sanchez Quintero1571/2019
- José Ricardo Correa Vaca669/2022
- Jose Ricardo Duarte de la Cruz1074/2017
- Jose Ricardo Ortiz Lopez673/2018
- Jose Ricardo Zavala Navarro1111/2019
- José Roberto Botello Quiñones211/2021
- Jose Roberto Martínez Alvarez1225/2019
- José Roberto Medrano Martínez200/2019