José Ricardo Casillas Perea
Expediente 1134/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/06/2023
Partes del expediente
- José Ricardo Casillas Perea
- Magistrados Que Integran la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio y el diverso en el que se declaró sin materia el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, este expediente es CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. De igual forma, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Devolución de constancias Finalmente, de autos se aprecia que obran cuatro anexos que se formaron con las constancias que remitieron las responsables; atento a ello, toda vez que resulta innecesaria su conservación, devuélvanse a su lugar de origen sin necesidad de acusar de recibo de los mismos, toda vez que la anotación que haga la responsable de que lo recibió, hará las veces de aquél. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, formulado por el quejoso ************, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese personalmente
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable que lo signa, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de abril del año en curso, rinden informe respecto del incidente de repetición del acto reclamado, lo cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la ejecutoria dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se cumple con la ejecutoria de amparo, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional, se hizo consistir en: b) Resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal *********** que confirmó el referido auto de no vinculación a proceso.". El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 115 a 127), se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: a) En el término de tres días, contados a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia ha causado ejecutoria, deje insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ***********, que confirmó el auto de no vinculación a proceso. b) Dicte una nueva en la que deberá dar respuesta frontal y pormenorizada a todos y cada uno de los motivos de agravio propuestos por el apelante y de manera suficientemente fundada y motivada resuelva el medio de impugnación sometido a su potestad, desde luego, con libertad de jurisdicción. c) Notifique personalmente al promovente la resolución que dicte en cumplimiento a esta sentencia.". Para mayor claridad, conviene destacar los agravios que hizo valer la parte quejosa en contra del auto de no vinculación a proceso, los cuales están relacionados con el punto b), de los efectos antes señalados, a saber: (.) PRIMERO. El auto de No Vinculación a Proceso dictado por la Jueza de control GLORIA HERNÁNDEZ FRANCO, dictada el dos de junio de dos mil veinte (sic), violenta lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: (.) Los elementos que arriba se señalan, fueron cumplidos en la carpeta de investigación de mérito, ello en razón de que la misma A quo, señaló que se cumplían con los requisitos establecidos en la fracciones I, II del Código Nacional y que no existían causales de extinción de la acción penal, contemplados en la fracción IV del mencionado Código; no obstante a lo anterior, consideró que no se cumplía con los establecido en la fracción III, del artículo 316, apreciación que fue errónea y contraria a derecho, así a efecto de acreditar tal circunstancias, a continuación se señalan los datos de prueba que obran en la carpeta y que debieron de haber sido valoradas adecuadamente por parte de la Juez de Control, mismos que para su mejor comprensión a continuación se enumeran: (.) Datos de prueba que cumplieron con lo señalado en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: (.) Ahora bien, de los datos de pruebas arriba señalados se desprende que se cumplía con lo establecido en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, arriba transcritos, ello es así toda vez que, que de los hechos que se le imputaban a *************, se desprende que se actualizaba el tipo penal contemplado el artículo 310, mismo que tiene relación con el 230, facción V, dado el monto del inmueble, en cuestión, numerales del Código Penal para el Distrito Federal, mismos que a la letra dicen: (.) Del tipo penal se desprende los siguientes elementos: 1. Que quien cometa el delito, lo haga pretendiendo obtener un beneficio indebido para sí o para otro. 2. Simule un acto jurídico, acto jurídico (sic), o un acto escrito judicial, o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa. 3. Lo anterior con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Los elementos arriba señalados se dan en el caso que nos ocupa, toda vez que: 1. Por lo que respecta a que el delito sea para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, se actualiza, en el caso que nos ocupa toda vez que, ************, realizó la adjudicación del inmueble de mérito, con el fin de en un primer momento adjudicárselo como heredara universal, y posteriormente donárselo a su hija ***********, a pensar de que tenía pleno conocimiento de que el inmueble en cuestión ya no le pertenecía a la masa hereditaria de los bienes de **************, y con dolo lo donó, ello es así en razón de que como obra en los datos de prueba en la Escritura Pública número 119497, de diciembre de dos mil catorce, enviadas por parte del Notario Público Diecisiete de la Ciudad de México, se adjudica el inmueble y jamás le informa al fedatario público que el inmueble ubicado en la Villa Marcada con el número *************, en Acapulco Guerrero, ya no le pertenecía a la sucesión de ************, ya que había sido vendido en fecha de diez de abril de dos mil doce, en contrato celebrado entre el de cujus y el suscrito, con lo cual se acredita el dolo con que se condujo la imputada. 2. Por lo que respecta a que realice un acto jurídico para hacer incurrir en un error a la autoridad judicial, dicha circunstancia, aconteció ya que como obra en los datos de prueba, **********, fue quien solicitó que se llevara el juicio sucesorio testamentario a bienes de *************, ante el Notario Público Diecisiete de la Ciudad de México, a efecto de adjudicarse y posteriormente donarle el bien a su hija, para que con posterioridad regresara el expediente, sin que le informara en ningún momento al Juez Trigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México (que es ante quien se inició el juicio sucesorio de mérito y que en la actualidad lo sigue llevando), que se había adjudicado el inmueble ubicado en (.), e inclusive jamás le informa al juez que ya Concluyó el juicio sucesorio testamentario; circunstancias las cuales se acredita que actuó a efecto de hacer incurrir en un error al Juez, ello con el fin de que se adjudicara indebidamente un inmueble que además sabía que no le pertenecía a la sucesión de **************. 3. Por los que respecta a que pretenda obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, también se actualiza el tipo, en razón de que como es de explorado derecho, un inmueble que ya fue vendido, con anterioridad a la muerte del de cujus, como ocurre en el presenta caso, toda vez que, el de cujus fallece en 2013 y el contrato se celebró en 2012, dicho inmueble ya no le pertenece a la masa hereditaria, motivo por lo cual no debió inventariarse, ni menos aún adjudicarse, máxime que lo hizo ante Notario con el fin de ocultarse. Cabe destacarse que el delito de Fraude Procesal, se da cuando un sujeto realice cualquier acto tendiente a inducir en el error, circunstancias que ocurren en el presente asunto, ya que si bien no se obtuvo una resolución, también lo es que se realizó con el fin de hacer incurrir en un error al Juez de lo Familiar, ya que jamás se le ha informado ni mandado documento en el que se le informe que ***********, ya se adjudicó e inclusive donó el inmueble ubicado en (.), ya que sólo se le informó que se realizó una escritura, pero jamás se le informa al Juez de lo Familiar de que es la escritura, buscando con ello en hacerlo incurrir en un error, lo cual consta en los datos de prueba que solicito sean enviados a ustedes Magistrados. (.) Ante todas y cada uno de los datos de prueba que sustentan la simulación que la hoy imputada realizó para obtener un lucro indebido vulnerando el patrimonio del suscrito ***************. En primer lugar adujo que la sentencia del juicio pro-forma de otorgamiento y firma de escritura la A-quo determinó que no se podía tomar para vincular a proceso a la imputada en virtud de que le causaba duda que la acción civil, y no tienen término de prescripción para intentar dicha acción como fue la tramitación del juicio pro-forma. Y lo cual conculca las expectativas de justicia señaladas en los artículos 14, párrafo tercero y 16, párrafo primero de la Constitución General de la República. Aunado a que la imputada ya sabía que dicho inmueble ya no le pertenecía derivado de la venta del bien inmueble que el finado **********, realizó a mi representado **************. Que a consideración de la A-quo, no se acreditó legalmente la estructura típica de fraude procesal, pues los actos llevados a cabo por la imputada los había hecho legalmente ante autoridades; sin embargo, no se debe perder de vista que dichos actos los manejó a conveniencia propia y ocultando dichos actos ante el juez de lo familiar. Por lo que dichas conductas, en el ejercicio del arbitrio judicial sobre la apreciación jurídica, para establecer la existencia de una conducta tendiente a ocultar datos e información fueron con el fin de obtener un beneficio que perjudica el patrimonio de mi representado ******** y que dicha conducta es contraria a la ley. Sostuvo que los medios probatorios aportados a la carpeta de investigación, no pueden catalogarse como suficientes y efectivos para acreditar su intervención como autor material del hecho delictivo, lo cual es una aberración. Por otro lado, debe quedar claro que no tomó en cuenta los testimonios de los testigos presenciales en la firma del contrato testimonios que robustecen la denuncia de mi representado ya que a los testigos les constan los hechos de la presente denuncia. Testimonios tienen la calidad de la existencia el concepto jurídico de plenitud probatoria para fundar que se cometió el hecho delictivo y que la A-quo no tomó en consideración. Por otro lado la A-quo jamás dio un estudio pormenorizado, de la posible autoría material y menos el dolo con que se condujo la hoy imputada para llevar a cabo todos y cada uno de actos que conllevaron a afectar el patrimonio de mi representado. De igual forma es de hacer notar que la A-quo en ningún momento analizó que la imputada con sus actos o actuaciones y/o conducta lesionó la fe pública y la administración de justicia, ya que no fue clara ni precisa, pues tal acto se vio redituado en un beneficio económico para su persona menoscabando el patrimonio del ofendido. Haciendo ver que su conducta está vinculado a su proceder voluntario y consciente encuadrando en el tipo penal del hecho que la ley describe como delito. Por otro lado la A-quo omitió señalar en qué consistió el beneficio económico indebido, lo cual genera incertidumbre no sólo en la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, sino que deja la duda razonable de su existencia de lo que ya es referido del hecho que la ley señala como delito. La autoridad responsable conculcó la garantía de debida fundamentación y motivación. En este orden, es de reiterar que la A-quo nunca refirió o dejó claro bajo qué argumentos tomó en consideración para evidenciar que nunca existió el elemento subjetivo genérico (dolo) y al tenor de qué pruebas circunstanciales lo hizo, así como la operación lógica y la apreciación en conciencia a no encuadrar en el hecho delictivo que se le atribuye a la imputada *************. En esta razón de ideas la A-quo, sostuvo que la conducta resulta atípica pues la misma no encuadra en el tipo previsto en el artículo 310 del código penal referido, aunado a que el juzgador no es concluyente en acreditar tal elemento que es integrador del cuerpo del delito, además que dejó de analizar todos los datos de prueba que corren agregados a la carpeta de carpeta de investigación, a lo cual se encontraba obligado. No se puede perder de vista que al hacer el análisis de las condiciones en que se encontraba la imputada al momento de llevar acabo el evento delictivo, ésta lo hizo con toda la intención además de saber y el querer la determinación del hecho en la conciencia de la antijuridicidad de la conducta expuesta, lo cual no la pone en un caso que pudiera determinarse un caso de atipicidad. Haciendo necesario el estudio de la culpabilidad. En el presente asunto que nos ocupa. (.) Finalmente refiere que en conclusión, dados los datos o elementos probatorios existentes en la carpeta de investigación, no se acredita la probable participación en los hechos que la ley señala como delito previstos como (fraude procesal) consistente en simular un acto jurídico e inducir a error a la autoridad judicial, actos integrantes del delito materia de estudio, en atención a lo que se expone a continuación. La autoridad responsable no valoró a cabalidad los datos de prueba y estableció que era insuficiente para comprobar el posible delito de fraude procesal, previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, conforme a la siguiente descripción típica del delito: (.) Haciendo ver a este H. tribunal de alzada la hoy imputada encuadra en todos y cada uno de ellos con el actuar de obtener un beneficio indebido primeramente para ella, posteriormente para su hija al donarle dicho inmueble y por último al vender a terceras personas lo cual se traducen en un beneficio a favor del patrimonio de la hoy imputada. Ya que luego de hacer la descripción de los datos de prueba y de las consideraciones que se hacen valer por medio del presente recurso y que quedan demostrado los elementos del delito de fraude procesal es de determinar que sí se cuentan con elementos que resultan fundados, para llegar a dicho convencimiento de que la Aquo no analizó de manera adecuada los datos de prueba que existen dentro de la carpeta de investigación y que pasó por alto todos y cada uno de los datos de prueba. Por otro lado, es evidente que dicho auto de no vinculación que se le dictó mi representado (sic), hoy vinculado a proceso (sic) es ilegal atendiendo a lo que disponen los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados los Mexicanos, así como el artículo 68 del Código Nacional Procedimiento Penales (.). En esta tesitura es evidente que el A-quo previo a emitir su auto de no vinculación a proceso pudo en todo momento, llevar a cabo un análisis a fondo de como llevo a cabo el hecho que la ley señala como delito por parte de la imputada y que no se realizó. Lo cual contraviene la norma y que al caso es procedente el criterio antes plasmado y con el cual se sustenta que este tribunal de alzada puede llevar a cabo dicha modificación en la presente apelación de ser procedente ante la ilegalidad, por violaciones constitucionales, procesales, de debido proceso y que vulnera derechos humanos. Así mismo por cuanto a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que este auto violenta y que los mismos causan agravio al hoy imputado (sic) menciono son: Artículo 68. (.). Por lo que queda de manifiesto la ilegalidad con la que se condujo la A-quo al emitir resolución que por esta vía se combate ya que no valoró a cabalidad lo que dispone el principio de taxatividad. Lo que se traduce en una inobservancia por parte del A-quo que emitió la resolución ya que violenta totalmente artículos constitucionales como procesales. Primeramente y como ya se mencionó en líneas anteriores el artículo primero constitucional determina que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la constitución y los tratados de los que México es parte. En esa tesitura al ser un derecho humano el acceso a la justicia es clara la incongruencia en el dictado del auto de vinculación a proceso. En este sentido se debe analizar a profundidad y aludir el principio de taxatividad que rige en la formulación legislativa de las normas de carácter penal, consagrado en el 14 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.) En este orden de ideas es de manifestar que el A-quo de igual manera dejó de inobservar el artículo 68 del CNPP. Lo aquí narrado sustenta las ilegalidades existentes y violaciones formales y de fondo que desde luego atenta en contra de los derechos fundamentales de defensa de mi representado, ahora recurrente. Porque si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige una formalidad debida, en términos del 68 del ordenamiento legal invocado, si debe observar el principio de congruencia y exhaustividad, al señalar dicho precepto que los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos. (.).". El diez de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento (foja 148). El dieciséis de marzo posterior, la Sala responsable remitió el oficio registrado con el folio 4952 (foja 150), al que anexó copia certificada de la determinación dictada el quince de marzo anterior, de la que se desprende lo siguiente: i. Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca ************, punto a), de los efectos de la ejecutoria (foja 165). ii. Con libertad de jurisdicción, dictó otra resolución en la que atendió el punto b) de la sentencia de amparo; esto es, dio respuesta a los agravios expuestos por el solicitante de amparo en su recurso de apelación, en los términos siguientes: "[.] IV.- DECISIÓN DE LA SALA. Una vez efectuado por este Ad quem el análisis de los registros que integran el presente Toca, los motivos de inconformidad planteados por ************* así como el pronunciamiento que llevó a cabo el Ministerio Público respecto de sus argumentos de agravio y confrontado ello con la argumentación sostenida por la Juez de Control, Maestra GLORIA HERNANDEZ FRANCO, se advierte que la determinación recurrida se trata de un Auto de No Vinculación a Proceso, dictada dentro de la audiencia inicial en fecha 02 dos de junio de 2022 dos mil veintidós, por el delito de FRAUDE PROCESAL en contra de *************, en agravio de LA SOCIEDAD y ***************. Precisado lo anterior, tenemos que, para dar definición jurídica al medio de impugnación planteado, debe atenderse primeramente lo establecido en el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se dispone que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo; en tanto que igualmente prevé que, el recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio. Sobre esa base y en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo que por esta vía se cumplimenta, en la que nos mandata dar respuesta frontal y pormenorizada a todos y cada uno de los motivos de agravio propuestos por el apelante, es que este Tribunal de Alzada procederá a analizar detalladamente al escrito de agravios que el ahora quejoso hizo valer ante este Ad quem en tiempo y forma. En ese orden de ideas, se advierte que el citado escrito, consta de un solo agravio, sin embargo, para no ser omisos al momento de brindar contestación, el mismo será segmentado en los diversos puntos torales que contiene, para posteriormente, proceder a la contestación de los mismos. Primeramente, el recurrente refiere que la resolución dictada por la A quo, violenta lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la misma refirió al momento de determinar la No Vinculación a Proceso, que se cumplían con los requisitos establecidos en las fracciones I, II y IV del Código Adjetivo, sin embargo, no se cumplió con lo establecido en la fracción III, relativo a que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Apreciación que el recurrente considera errónea y contraria a derecho, pues a su consideración, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, debieron de haber sido valorados adecuadamente por parte de la Juez de origen, tras lo cual, se sirve de enumerarlos. Sin embargo, este Ad quem sostiene que los mismos resultan INSUFICIENTES para los fines que pretende, pues en realidad no se expone argumento conciso alguno, que sostenga en qué se aplicó incorrectamente la valoración del dato o datos apreciados y en su caso, cómo tenían que ser justipreciados, pues el ahora quejoso únicamente se limita a enunciar, groso modo, que no se llevó a cabo la debida valoración probatoria; no obstante, esta Sala Penal se servirá de dar contestación a todos y cada uno de los datos de prueba enumerados en el correspondiente escrito de agravios, ello con el fin de aportar mayor sustento a la determinación vertida. En tal sentido, en relación a los datos de prueba correspondientes a los puntos 1, 2 y 3, consistentes en las testimoniales a cargo de ************ y otros, cuyo testimonio versa sobre las reuniones del 15 quince de octubre del 2013 dos mil trece y 8 ocho de enero del 2014 dos mil catorce, en donde afirman que la imputada ***********, les manifestó darse por enterada del contrato de compra venta que ************* celebró con su finado hermano *********** y que respetaría la voluntad de su esposo, estando dispuesta a realizar lo necesario para elevar a escritura pública el contrato privado de 10 diez de abril de 2012 dos mil doce. Ahora bien, se advierte que ambas reuniones fueron posterior al día 23 veintitrés de septiembre del 2013 dos mil trece, fecha en que se inició el trámite sucesorio, respecto del testamento del de cujus, en donde instituyó como universal y única heredera a la imputada; luego entonces, se asume que, no tenía la imputada impedimento legal alguno, para no considerar dentro del acervo hereditario lo que el propio autor de la herencia estableció en su testamento; que además, se advierte que fue formulado posterior a la celebración del contrato privado, por lo que, llama poderosamente la atención de esta Sala el por qué el de cujus consideraría dentro de su masa hereditaria, al momento de la formulación de su testamento, un bien inmueble que supuestamente, tiene plena consciencia que ya no pertenece a la misma. Dando continuidad a los datos de prueba señalados por el quejoso, se desprende la Copia Certificada de la sentencia de 11 once de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Segundo de lo Civil en el Distrito Federal de Nezahualcóyotl, con número de expediente 55/2016, que en lo medular, consiste en la elevación a escritura pública del contrato privado de compraventa de 10 diez de abril de 2012 dos mil doce, celebrado entre ********* y *************; sostiene el quejoso que dicha documental acredita que ************* consintió tácitamente las prestaciones y hechos de dicha demanda. Sin embargo, es menester destacar que, la fecha de tal juicio es posterior al iniciado por la imputada en su calidad de albacea, consistente en el juicio sucesorio testamentario. Además, llama la atención de esta Sala Penal, que dicho procedimiento se llevó a cabo en rebeldía, pues el lugar de emplazamiento, fue en un domicilio que no corresponde a la imputada, lo cual resulta ser un aspecto de suma importancia, pues dicho domicilio fue señalado por el actor del juicio, siendo que, se desprende de las testimoniales antes referidas que, el mismo conoce perfectamente el domicilio de la imputada. Aseveraciones vertidas por la defensa (minuto 2:30:40) y que no fueron contra-argumentados, por tanto, son de tomarse en cuenta. En ese mismo orden de ideas, se advierte la copia cotejada de copia certificada por parte del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, del escrito inicial de la demanda de amparo, con número de expediente 1544/2016, promovido por la imputada; en el cual, el ahora quejoso refiere que la misma, únicamente atacó el juicio relativo al expediente 519/2014 y no el juicio relativo al 55/2016, por lo que, a consideración suya, consintió tácitamente el juicio de otorgamiento y firma de escrituras. Sin embargo, este dato de prueba resulta de igual forma insuficiente para los fines que pretende, por las mismas razones que el dato de prueba anterior, puesto que, resulta fuera de lugar considerar el consentimiento tácito de parte de la imputada, tras haber sido emplazada en un domicilio distinto al que como suyo, era del conocimiento del actor, por lo tanto, trajo como consecuencia que tal procedimiento se llevara a cabo en rebeldía. De igual forma, sucede con el dato de prueba consistente en la Copia Certificada del contrato de compraventa de 10 diez de abril de 2012 dos mil doce, pues se desprende de lo vertido por la defensa y que, además, no fue refutado, que el quejoso refiere haber perdido el documento original, por lo que cuenta con la copia certificada; argumento que toma mayor peso al considerar que, al ser una copia y no el documento original, el mismo no puede ser objeto de estudios periciales de documentoscopía ni grafoscopía que acrediten su autenticidad. Sin dejar atrás el argumento vertido acerca del consentimiento tácito que refiere el recurrente y que esta Revisora se ha servido de contestar en el mismo sentido en líneas anteriores. Adicionalmente, no escapa a la óptica de esta Sala, que ni el ahora quejoso, ni su Asesor Jurídico, ni el Ministerio Público, aportan elemento alguno que justifique cómo es que se concretó esa operación de compra/venta en cuanto a la forma documental que debió generarse al momento de la liquidación del precio convenido por el bien inmueble de mérito. Asimismo, se cuenta con el acta de defunción de ************, hermano del ahora quejoso y con lo cual, a consideración del mismo, se acredita que dicho contrato adquirió fecha cierta desde el 01 primero de septiembre de 2013 dos mil trece, fecha del fallecimiento de su hermano y, por lo tanto, es oponible en contra de terceros, incluso contra escrituras. Sin embargo, como se ha establecido en líneas anteriores, el testamento de ************, fue formulado con posterioridad a la celebración del pretendido contrato privado de compraventa, por lo que, se torna ilógico que el de cujus haya considerado tal inmueble dentro de su masa hereditaria, si supuestamente ya no lo era. Aunado al punto anterior, relativo a la autenticidad del contrato privado, es que dichos datos de prueba, a consideración de este Ad Quem, resultan insuficientes para acreditar la serie de actos que la imputada supuestamente llevó a cabo y que son materia del hecho típico que nos ocupa. De igual forma, se tienen las Copias Certificadas de la Escritura Pública número 119497 de diciembre de 2014 dos mil catorce, de las cuales, se desprende que ************* se adjudica el bien inmueble y, asimismo, lo dona a su hija *************, lo cual, para el recurrente constituye, que la imputada obtuvo un beneficio indebido para sí y posteriormente, para su hija, al adjudicarse y donar un bien que sabía, le había sido vendido al suscrito. Sin embrago, el recurrente omite tomar en cuenta, que dicho bien se encontraba contemplado en el testamento del finado y que, la imputada en su calidad de heredera única y universal, así como, albacea del mismo, contaba con la facultad de realizar dichas acciones, por lo que sus actos se estiman revestidos de legalidad y no se advierte simulación alguna. Por último, se cuenta como dato de prueba número 9, la Copia Autentificada del acuerdo del 22 veintidós de septiembre del 2015 dos mil quince, en el que se llevó a cabo el juicio de la sucesión testamentaria a bienes de **********, en el expediente 1854/2013, en el cual, a solicitud de **************, el Notario Diecisiete de la Ciudad de México, regresa el expediente de la sucesión, en el que dicho fedatario señala que realizó la Escritura Pública número 119497; acción con la cual, a consideración del suscrito, se configura otro de los elementos del delito de FRAUDE PROCESAL, consistente en inducir a error a la autoridad judicial. No obstante, este último dato de prueba aportado por el recurrente, de igual forma resulta insuficiente para acreditar lo establecido en el artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dichos actos fueron llevados a cabo por la imputada, en su calidad de única y universal heredera, así como de albacea de la masa hereditaria en cuestión, por lo que se encontraba facultada para llevarlos a cabo, siendo que además, tal y como lo sostiene la A Quo, el Licenciado ***********, abogado de ************ solicitó que dicha sucesión se llevara a cabo extrajudicialmente. Una vez asentado lo anterior, se desprende que, contrario a lo que sostiene el quejoso, no se cumple con lo establecido en el artículo 316 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tal y como lo sostiene la Juez de origen, dichos datos de prueba no pueden catalogarse como suficientes y efectivos para acreditar su intervención como autor material del hecho delictivo. En otro tópico, no se deja de observar que el apelante indicó en síntesis que, por cuanto hace a los elementos que integran el hecho típico de FRAUDE PROCESAL, estos se encuentran acreditados en el presente caso, a razón de que, por cuanto hace a que los actos se realicen con el fin de obtener un beneficio indebido para sí o para otro, esto se encuentra comprobado en el hecho de que la imputada solicitó que se llevara a cabo el Juicio Sucesorio testamentario, para adjudicarse primeramente el bien inmueble de mérito y posteriormente, donárselo a su hija, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que dicho inmueble ya no le pertenecía a la masa hereditaria, además de haber regresado el expediente, sin que se informara en ningún momento al Juez Trigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México acerca de la adjudicación del inmueble y de la conclusión del Juicio Sucesorio Testamentario. Sin embargo, esta Revisora no advierte que tales argumentos sean eficaces, pues de los actos llevados a cabo por la imputada, se advierte que contaba con la facultad de realizar dichas diligencias por ser albacea de la masa hereditaria, así como única y universal heredera de la misma; en la que, además, se encontraba contemplado el bien inmueble de mérito. Sobre esa base, este Tribunal de Alzada tampoco advierte el error en el que supuestamente se indujo a la autoridad judicial, toda vez que, si bien es cierto, no se informó al Juez de lo Familiar acerca de la adjudicación y donación de dicho inmueble; no constituye un acto tendiente a inducir a error al mismo, pues no se advierte que el apelante haya fundado tal obligación con mecánica para obtener los fines pretendidos. De igual forma, el ahora quejoso se duele de que, a consideración suya, la A Quo determinó que no se podía tomar para vincular a proceso a la imputada en virtud de que le causaba duda que la acción civil fuera realizada tiempo después, pues al ser actos correspondientes al orden civil, estos no tienen término de prescripción. Ahora bien, esta Sala Penal advierte, que si bien, la A Quo hace mención de la distancia de temporalidad en que se llevó a cabo la acción civil por parte del recurrente, no menos cierto es que, tal aseveración no fue vinculativa al momento de emitir su determinación, pues la Juez de origen únicamente refiere que no cuenta con datos que le permitan establecer por qué fue hasta el 2016 dos mil dieciséis que el recurrente ejerció tal acción civil. Con lo que es evidente que si bien, se tomó en cuenta ello, no fue lo único determinante. En ese mismo orden de ideas, se advierte que el quejoso señala que, la A Quo omitió señalar en qué consistió el beneficio económico indebido, generando incertidumbre; sin embargo, esta Sala Penal considera de suma importancia recordar que, quien está obligado a aportar tales datos, es el Ministerio Público, pues es quien se ostenta como autoridad investigadora y quien debe de aportar al Juez de Control, los datos que estime pertinentes para primeramente, formular una debida imputación y en base a ello, poder vincular a proceso al sujeto imputado. Recordemos que la naturaleza del sistema procesal penal mexicano actual, es la oralidad y gracias a tal circunstancia, nuestros Juzgadores únicamente conocerán de aquello que las partes les hagan saber durante las etapas procesales correspondientes, pues al no tener acceso a la carpeta de investigación físicamente, no cuentan con la posibilidad de señalar datos o circunstancias que no hayan sido trastocadas por las partes. Bajo el tenor de dichas circunstancias, es que esta Sala Penal considera que la determinación realizada por la A Quo deviene del debido estudio pormenorizado de los elementos y datos de prueba que corren agregados dentro de la carpeta de investigación, logrando con ello, llevar a cabo un adecuado análisis de fondo de la conducta de la imputada a fin de poder determinar si la misma encuadra con lo establecido en el artículo 310 del Código Penal aplicable para la Ciudad de México, relativo al delito de Fraude Procesal; dando como resultado, que los datos de prueba aportados resultan insuficientes para acreditar que se cometió el hecho típico que la ley señala como delito de FRAUDE PROCESAL y que ***********lo cometió o participó en su comisión, además de dejar establecido que la conducta de la imputada es carente de dolo, pues sus actos se encuentran revestidos de legalidad, al encontrarse facultada para realizarlos por tener el carácter de albacea y heredera única y universal de la masa hereditaria de su finado esposo ************, en la que además, se encuentra contemplado el bien inmueble de mérito. Por tanto, este Tribunal de Alzada estima que el Auto de No Vinculación a Proceso dictado por la Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Maestra GLORIA HERNANDEZ FRANCO, se encuentra debidamente fundado y motivado, y por tanto, revestido de legalidad. Por lo que, los motivos de agravio vertidos por el recurrente, se estiman INFUNDADOS e INOPERANTES para los fines que pretende. Por otra parte, no se deja de señalar que si bien, en todo momento, se debe favorecer a las personas la protección más amplia, como lo hace valer el recurrente, este supuesto no solo es aplicable para las víctimas sino para ambas partes en el proceso, pues uno de los principios fundamentales del sistema procesal penal acusatorio, es el de igualdad entre ellas mediante un control horizontal. Por ello, es menester tener en cuenta que, el hecho de hacer valer su argumento de inconformidad que considera pertinente, no implica que esta Sala Penal se encuentre obligada a emitir una resolución que favorezca a sus intereses, pues esa no es la naturaleza del sistema de administración de justicia. Finalmente, no pasa inadvertido por este Tribunal de Alzada, lo vertido por el ahora quejoso, relativo a que la A Quo dejó de aplicar lo dispuesto en el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al no referir haber hecho suplencia de la deficiencia de los agravios esgrimidos por el apelante, limitándose a declararlos infundados. Ahora bien, dando contestación a dicho concepto, se tiene que lo dispuesto por el artículo antes mencionado, en lo medular, establece: '.La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista; pero el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia de ellos, cuando el recurrente sea el procesado o se advierta que sólo por torpeza el defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida'. Ahora bien, se advierte que dicho artículo no corresponde a la etapa procesal en la que el quejoso pretendió hacerlo valer, pues es el Tribunal de Alzada, como segunda instancia, es quien podrá suplir tal deficiencia, no así, el Juez de Control.". iii. Respecto al punto c), de los efectos de la ejecutoria, la Sala responsable no remitió la constancia de notificación relativa de la resolución de quince de marzo de este año; sin embargo, la misma fue puesta a la vista y notificada de manera electrónica el veintisiete de marzo último, por este juzgado de Distrito (foja 173); por tanto, es innecesario requerir tal documento, pues la finalidad es que la parte quejosa tenga conocimiento de ésta y se imponga de su contenido, lo que ya aconteció. Por el tema que aborda, merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello.". Por otra parte, el treinta y uno de marzo último (foja 169), el quejoso señaló que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en virtud de que no se dio respuesta frontal y pormenorizada a sus agravios de manera fundada y motivada, toda vez que reiteró el acto que se impugnó en esta vía. Tales argumentos son ineficaces, pues los efectos de la ejecutoria de amparo se constriñen en establecer que la responsable debía dar contestación puntual a sus agravios, lo que así llevó a cabo al tenor de lo antes transcrito. Sin que se hubiera determinado que la responsable debía resolver en un sentido en específico, pues tal situación quedó a libertad de jurisdicción de la responsable. Así, a través de las constancias que obran, las que al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ".
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