Jose Ricardo Avila Castañeda

Expediente 1694/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1694/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Jose Ricardo Avila Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA IV.-Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión, ni obran documentos originales ofrecidos por la parte quejosa. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se tiene por recibido el oficio del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de trece de febrero de dos mil veintitrés, informa lo solicitado por este juzgado en relación a la personalidad con la que se ostenta el promovente de amparo Miguel Ángel Molina Leyva, como apoderado legal del directo quejoso. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, acorde a lo manifestado por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo anterior es así, ya que el presente juicio de amparo es promovido por Miguel Ángel Molina Leyva, quien compareció ante este Juzgado Federal, ostentándose como apoderado legal del directo quejoso José Ricardo Ávila Castañeda, actor en el juicio laboral de origen *****. No obstante lo anterior, de lo informado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, así como de las constancias remitidas por esta última, se advierte que mediante promoción presentada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en veinte de septiembre de dos mil veintidós, es decir, previo a la presentación del juicio de amparo en que se actúa, el directo quejoso ********, otorgó poder a diversos profesionistas revocando las designaciones de apoderados legales hechas con anterioridad. En efecto, si bien en cierto que el promovente del presente juicio de amparo ******, acudió a esta instancia constitucional, en su carácter de apoderado de *******, personalidad que pretendió acreditar con las constancias que adjunto a su demanda de amparo; sin embargo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como las constancias e información remitidas por la misma en el oficio de cuenta, se advierte que mediante promoción presentada el veinte de septiembre de dos mil veintidós en el juicio laboral de origen, el directo quejoso revocó el carácter de apoderado legal del promovente *****, informando además el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que este último, al día de la fecha, no cuenta con personalidad como apoderado legal de *******. Así las cosas, toda vez que de autos se desprende que el promovente del presente juicio de amparo *******, carece de personalidad como apoderado legal de *******, se concluye que este, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en su nombre. Por lo que, el promovente del amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, ya que el análisis de la legitimación en el proceso, se puede abordar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el promovente carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación en la causa, consiste en la identidad de la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el que promueve estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam, atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia la sentencia definitiva. [...] Luego entonces, al no tener reconocida la representación del directo quejoso en el juicio laboral *****, del que deriva el acto reclamado, es contundente que *******, carece de legitimación para intentar la presente vía constitucional en nombre de *******. [...] De ahí que, *******, al no estar legitimado para promover el amparo en nombre de ********, se actualiza indudablemente la causal de improcedencia contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, del citado ordenamiento legal. Asimismo, a mayor abundamiento, no obstante que en párrafos que anteceden se ha expuesto la falta de legitimación de *******, para promover el presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional también advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********; sin embargo, de las constancias que allegó la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos a su informe justificado, se aprecia que el quince de diciembre de dos mil veintidós, dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral *****, mismo que notificó a las partes actora el cinco y once de enero del año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza la citada causal de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI; así como la diversa contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día de hoy. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. JRL.

  3. Principal

    PERSONAL (CITATORIO). CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se tiene por recibido el oficio del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de trece de febrero de dos mil veintitrés, informa lo solicitado por este juzgado en relación a la personalidad con la que se ostenta el promovente de amparo **, como apoderado legal del directo quejoso. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, acorde a lo manifestado por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Lo anterior es así, ya que el presente juicio de amparo es promovido por ***, quien compareció ante este Juzgado Federal, ostentándose como apoderado legal del directo quejoso ***, actor en el juicio laboral de origen *****. No obstante lo anterior, de lo informado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, así como de las constancias remitidas por esta última, se advierte que mediante promoción presentada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en veinte de septiembre de dos mil veintidós, es decir, previo a la presentación del juicio de amparo en que se actúa, el directo quejoso ***, otorgó poder a diversos profesionistas revocando las designaciones de apoderados legales hechas con anterioridad. En efecto, si bien en cierto que el promovente del presente juicio de amparo ******, acudió a esta instancia constitucional, en su carácter de apoderado de *******, personalidad que pretendió acreditar con las constancias que adjunto a su demanda de amparo; sin embargo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como las constancias e información remitidas por la misma en el oficio de cuenta, se advierte que mediante promoción presentada el veinte de septiembre de dos mil veintidós en el juicio laboral de origen, el directo quejoso revocó el carácter de apoderado legal del promovente *****, informando además el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que este último, al día de la fecha, no cuenta con personalidad como apoderado legal de *******. Así las cosas, toda vez que de autos se desprende que el promovente del presente juicio de amparo *******, carece de personalidad como apoderado legal de *******, se concluye que este, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en su nombre. Por lo que, el promovente del amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, ya que el análisis de la legitimación en el proceso, se puede abordar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el promovente carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación en la causa, consiste en la identidad de la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el que promueve estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam, atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia la sentencia definitiva. [...] Luego entonces, al no tener reconocida la representación del directo quejoso en el juicio laboral *****, del que deriva el acto reclamado, es contundente que *******, carece de legitimación para intentar la presente vía constitucional en nombre de *******. [...] De ahí que, *******, al no estar legitimado para promover el amparo en nombre de ********, se actualiza indudablemente la causal de improcedencia contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, del citado ordenamiento legal. Asimismo, a mayor abundamiento, no obstante que en párrafos que anteceden se ha expuesto la falta de legitimación de *******, para promover el presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional también advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********; sin embargo, de las constancias que allegó la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos a su informe justificado, se aprecia que el quince de diciembre de dos mil veintidós, dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral *****, mismo que notificó a las partes actora el cinco y once de enero del año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza la citada causal de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI; así como la diversa contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día de hoy."

  4. Principal

    MESA II. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto ****-****, deducido del presente asunto, por el que se solicitó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara a al quejoso *****, y a la Licenciada ******, Defensora Pública del quejoso, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, así como notificar el contenido de los oficios **** y *****, a la autoridad SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En mérito de lo anterior, ténganse por recibidas las constancias de mérito; asimismo, dése de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, vista la razón actuarial de ocho de febrero de dos mil veintidós (sic), mediante la cual, el Actuario adscrito a la autoridad exhortada hace constar la imposibilidad que le asiste para notificar a la Licenciada *****, Defensora Pública del quejoso el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la misma se encuentra gozando de su periodo vacacional, mismo que culmina el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo, toda vez que del acuse de recibo dirigido a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se advierte que se entregó el mismo sin anexos, y dicho acuse resulta necesario para la remisión del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la especie, por disposición expresa de su artículo 2°, GÍRESE ATENTO EXHORTO ELECTRÓNICO AL JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO; ..., SE ORDENA LA APERTURA DEL TOMO II Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias existentes en el juicio en que se actúa, se ordena la apertura del tomo II, con la siguiente actuación o promoción que se presente; lo anterior, para un mejor manejo en su trámite y consulta por las partes intervinientes en el mismo. Notifíquese JRL.

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