José Reynol Neyra Gonzalez
Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/09/2022
Partes del expediente
- José Reynol Neyra Gonzalez
- Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Sin decidir sobre la legalidad de la resolución de cumplimiento emitida por la responsable (en lo que resolvió con plenitud de jurisdicción), con fundamento en los numerales 192, párrafo primero, 196 y 197 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en los autos del amparo en revisión 49/2022, relativo al juicio de amparo indirecto 783/2021 promovido por el quejoso José Reynol Neyra González, ha quedado cumplida, sin exceso o defecto. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia 2a./J.9/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 832, registro digital 2010987, materia Común, titulada: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de México, por medio del cual remite diversas constancias con las cuales aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del precepto legal 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el dos de diciembre siguiente, este Juzgado de Distrito negó a ******************** el amparo solicitado (fojas 53, 54 y 70 a 86). Inconforme con tal determinación, el peticionario de amparo interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 49/2022, quien mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a ********************, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD ********************; y en su lugar dictara otra siguiendo las consideraciones de esa ejecutoria, en la que ciñe y analice estrictamente la conducta imputada al quejoso (fojas 176 a 222). Lo anterior, porque dicho órgano jurisdiccional señaló que el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ********************se instruyó contra ********************, porque durante su gestión como presidente Municipal de ********************, Estado de México, en la Administración ********************, AUTORIZÓ con su firma, el pago del anticipo respecto de la convenida en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número ******************** PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA ********************, ESTADO DE MÉXICO: "1) Sin obtener previamente, la autorización de la Comisión Nacional del Agua respecto del trámite identificado como ********************Modificaciones Técnicas de títulos de concesión y/o permisos de descarga de aguas residuales y ******************** Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica, consistentes en la relocalización de volumen por 70,000.00 m3 anuales para ser aprovechados en el domicilio conocido como "********************" sin número, municipio de ********************, Estado de México, bajo el amparo del título de asignación emitido a su favor número ********************, tramitado bajo el número de expediente ********************. 2) Sin contar con el programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, aportado por el contratista. 3) Sin contar, ni acreditar la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación del inmueble sobre el cual se ejecutaría la obra pública. 4) Rebasando el porcentaje del 30% establecido por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, siendo del 50% sin contar con la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad." "CONDUCTA "que PUDO HABER CAUSADO un daño a la Hacienda Pública del Municipio de ******************** por la cantidad de $********************-******************** pesos ********************m.n.-, a través de la FIRMA DEL CHEQUE ******************** de la cuenta bancaria ********************, ******************** sociedad anónima, a nombre del Municipio de ********************, el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con el que fue cubierto dicha cantidad al contratista; toda vez que tales conductas tuvieron como consecuencia, que la obra no fuese llevada a cabo y erogarse recursos que no fueron recuperados, en perjuicio del interés colectivo". "CONDUCTA "con la cual presuntamente no dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31, fracción XVIII y 48 fracciones XIII y XVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: 42, fracciones I, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Públicos del Estado y Municipios; 20, 21, 21 bis, fracción I, 42 y 43 de la Ley de Aguas Nacionales; 19, párrafo segundo y 50, fracciones I, II y IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, 138, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como el párrafo segundo de la cláusula QUINTA, y SEXTA del contrato en cita". Además, el citado Tribunal Colegiado señaló que, evidentemente, la conducta consistente en "AUTORIZAR con su firma un cheque" constituyó UNA ACCIÓN que se estimó sancionable administrativamente, por las circunstancias de modo en que se llevó a cabo, a saber: sin obtener previamente la autorización de la Comisión Nacional del Agua; sin contar con el programa en el que se estableciera la forma en que se aplicara el anticipo aportado por el contratista; sin contar ni acreditar la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación del inmueble sobre el cual se ejecutaría la obra pública; y rebasando el porcentaje del 30% establecido por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, siendo del 50% sin contar con la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad. Lo anterior, no sólo porque en sí misma dicha conducta resultara sancionable; sino por el hecho de que "PUDO HABER CAUSADO un daño a la Hacienda Pública del Municipio de ******************** por la cantidad de $********************-******************** pesos ********************m.n.- , es decir, por la eventualidad de que la conducta imputada hubiera causado un daño. También señaló que en la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ********************, la CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO concluyó que LA FALTA DE LAS AUTORIZACIONES DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES PARA EFECTUAR LA OBRA ANTES CITADA, TUVIERON COMO CONSECUENCIA QUE NO FUESE LLEVADA A CABO y erogarse recursos que NO fueron recuperados, en perjuicio del interés colectivo. Lo cual consideró el órgano colegiado que, evidentemente no guarda congruencia con la imputación hecha originalmente, ya que se pretendía sancionar al quejoso recurrente por una OMISIÓN, a saber: el NO HABER tramitado ni obtenido (como se estableció en la CLÁUSULA QUINTA segundo párrafo del contrato de obra pública ********************) los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedieran para la realización de los trabajos de mérito; "autorizaciones, que no fueron concedidas, entre otras cosas, por la falta del documento que acreditara la propiedad o posesión, del predio donde se pretendía realizar la obra". Lo que el Tribunal Colegiado estimó relevante, ya que señaló que en dicha resolución se concluyó que "LA FALTA DE LAS AUTORIZACIONES DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES PARA EFECTUAR LA OBRA ANTES CITADA, TUVIERON COMO CONSECUENCIA (establece un nexo causal) QUE NO FUESE LLEVADA A CABO y erogarse recursos que no fueron recuperados, en perjuicio del interés colectivo". Por tanto, en la ejecutoria de mérito, se estableció que lo resuelto en el citado procedimiento administrativo no resultaba congruente con las constancias, pues como lo adujo el quejoso recurrente, la falta de exhibición de documentos por la que se le pretendía atribuir la infracción administrativa, no fue el motivo para que no se llevara a cabo la obra; sino que fue resultado del conflicto social desatado entre los vecinos de las comunidades de ********************y ********************. Aunado a que, dijo que tampoco guardaba congruencia con la imputación hecha originalmente, que se sostenga que "la empresa con razón social ********************, sociedad anónima de capital variable, como el municipio a su cargo, omitieron cumplir con la máxima diligencia en el servicio que les fue encomendado [porque en] la determinación de seis de noviembre de dos mil diecinueve [.] la ******************** [.] declaró improcedente la reclamación de pago por la cantidad de $********************(******************** pesos ********************moneda nacional) en razón de que no se presentó la documentación necesaria para su procedencia". En consecuencia, el Tribunal Colegiado refirió que resultaba obvio que asistía razón al quejoso recurrente cuando destacó que el trámite para la reclamación a la Afianzadora, no corrió a cargo de la Administración a su cargo, tan era así, que en documento de entrega recepción de Administración, se dejó como pendiente el escrito (al que no se le puso fecha por esa razón) por el que se realizaba tal reclamación, pero no fue él quien entregó dicho ocurso, y por ende, tampoco fue quien en todo caso entregó documentación incompleta. Máxime que de la OMISIÓN de entregar dicha documentación (omitir cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado), pretende derivar el daño causado al patrimonio de dicho municipio por declararse "improcedente la reclamación de pago por la cantidad de $********************(******************** pesos ********************moneda nacional)". Lo que tampoco permitía advertir la relación entre la conducta consistente en "AUTORIZAR con su firma un cheque", imputada al quejoso recurrente, con el hecho de que se declarara "improcedente la reclamación de pago" ni la obligación de pago para resarcir un supuesto daño patrimonial. De ahí que, ante las incongruencias advertidas, el órgano colegiado concluyó que, la resolución reclamada contravino el PRINCIPIO DE TIPICIDAD, aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Con base en lo anterior, por auto de doce de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Junta de Coordinación Política y Contraloría, ambas del Poder Legislativo del Estado de México, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, por oficios presentados el tres de agosto del año en curso, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el Controlador del Poder Legislativo del Estado de México comunicó que en auto de uno de agosto del año en curso ordenó emitir una nueva resolución en la que atendiera los lineamientos de la ejecutoria de amparo y solicitó una prórroga para tal efecto; en tanto que, el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de México, remitieron copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia de amparo. Por lo que, mediante auto dictado el tres de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables y se consideró innecesario conceder la prórroga solicitada, pues en esa propia fecha se remitió la resolución en acatamiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias que remitieron el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de México, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se emitió una nueva resolución en la que respecto a la conducta atribuida al aquí quejoso se señaló lo siguiente: -Que a la fecha de emisión de la sentencia no existía determinación alguna que demostrara haber causado un daño a la hacienda pública municipal, ya que aun cuando el peticionario de amparo haya signado de buena fe el contrato de obra pública, ante los diversos problemas, la administración pública ********************, realizó las acciones correspondientes para la terminación anticipada de la obra y, por ende, la reclamación de la póliza de fianza. -La falta de las autorizaciones de las autoridades pertinentes para efectuar la obra no fue el motivo para no llevarla a cabo y como consecuencia, el no erogarse los recursos que le fueron asignados para su realización (fianza), causando con ello un daño a la hacienda pública municipal, sino que fueron los acontecimientos sociales protagonizados por ciudadanos de las comunidades del municipio donde se pretendía construir la obra. -La tramitación para la reclamación a la afianzadora no corrió a cargo de su administración, ni la omisión de entregar la documentación relativa y que condujo a determinar improcedente la reclamación de pago. -Tampoco se puede advertir la relación entre la conducta consistente en "Autorizar con su firma un cheque", imputada al servidor público sancionado, con el hecho de que se declarara improcedente la reclamación de pago, por lo que la resolución recurrida contravino el principio de tipicidad. -Por tanto, determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa de ********************, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de ********************, México, Administración ********************. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por las responsables no se advierte que dejaran insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD ********************, como fue ordenado en la ejecutoria de amparo. REQUERIMIENTO AUTORIDAD En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintidós. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguense los oficios el primero signado por el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de México, y el segundo por el Controlador del Poder Legislativo del Estado de México, a través de los cuales informan las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sin que sea necesario conceder la prórroga solicitada por el Controlador del Poder Legislativo del Estado de México, lo anterior en virtud de que en esta fecha se le está dando vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por las responsables. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
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