José Reynaldo Vasquez Millan
Expediente 447/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Reynaldo Vasquez Millan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la tercera interesada Wendy Marisol Aza..., mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de octubre del presente año. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva, la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la superioridad el escrito de agravios de manera digitalizada. Finalmente, se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación de mérito, que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que, en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1259. Notifíquese; por medio de lista a la quejosa, personalmente a la Agente del Ministerio Público y por oficio a las responsables.
- Principal
V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 447/2023-VI; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el doce de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el catorce de abril siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, por el acto que se indicará en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 447/2023-VI, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se inició en términos del acta de diez de julio de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso impugna actos de autoridad penal jurisdiccional residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en autos del toca ********************, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, a través de la cual se revocó el acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que concedía al aquí quejoso la suspensión condicional del proceso en la carpeta administrativa 817/2021, instruida en contra de ******************** por el delito de sustracción de hijo, en agravio del menor de edad de iniciales J.R.V.A. TERCERO. Existencia. El Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por dicha responsable en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. En ese sentido, la autoridad responsable, estimó que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; circunstancia que resulta infundada a partir de los siguientes razonamientos: El referido numeral y fracción refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la fracción legal transcrita, se advierte que la acción constitucional no es procedente cuando se reclaman determinaciones dictadas dentro de un juicio de amparo, o bien, contra actos derivados de la ejecución de éstas. Ahora bien, la responsable sustenta su dicho en el hecho de que la resolución aquí reclamada fue dictada en acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 548/2022-IV, del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, debe decirse que los efectos de la citada sentencia fueron para lo siguiente: "1) Deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ******************** de su índice, a través de la cual revocó el acuerdo de fecha once de febrero del año en curso, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la carpeta administrativa 817/2021, que se instruye en contra de ******************** por el delito de sustracción de hijo, cometido en agravio de la víctima menor de edad de iniciales J.R.V.A., que concedió al aquí justiciable la suspensión condicional del proceso. 2) Reponga el procedimiento a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima menor de edad de iniciales J.R.V.A., contra el acuerdo de fecha once de febrero del año en curso, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la carpeta administrativa 817/2021, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia. Audiencia en la que, deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquella; resolución que deberá ser nuevamente notificada a las partes, en particular, al imputado aquí justiciable a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente." De ahí que, en la citada determinación, se ordenó dejar sin efectos el acto reclamado y reponer el procedimiento a efecto de celebrar la audiencia para resolver recurso de apelación, sin que se vinculara de forma total a la responsable, es decir, no se le ordenó resolver en determinado sentido o reiterar lo resuelto en el acto entonces combatido, sino únicamente llevar a cabo la audiencia referida y emitir la resolución de segunda instancia que correspondiera, de forma verbal y posteriormente escrita. En tal virtud, si bien se concedió la protección constitucional, lo cierto es que la responsable contaba con libertad de jurisdicción para resolver conforme a sus atribuciones, circunstancia que autoriza al quejoso para instar nuevamente en contra del nuevo acto reclamado, en caso de que así lo considere. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/10 K (11a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 2025645, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2610, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA EN EL PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUEDÓ VINCULADA PARCIALMENTE A DEJAR INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y A EMITIR OTRO CON BASE EN SUS PROPIAS ATRIBUCIONES, SIN ESTAR OBLIGADA A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA). Hechos: Mediante escrito presentado ante un juzgado de lo familiar, la actora promovió incidente de pensión alimenticia definitiva y compensación económica; el Juez de origen lo declaró procedente, pero determinó que no acreditó su acción y el demandado sí lo hizo con sus defensas, por lo que lo absolvió de otorgar alimentos; contra dicha resolución la actora interpuso recurso de apelación, en el que la Sala confirmó la resolución apelada, contra la cual promovió juicio de amparo directo en el que se le concedió la protección constitucional y, en cumplimiento a dicho fallo, la Sala dictó nueva sentencia en la que modificó la resolución apelada; contra ésta el demandado promovió amparo directo, en el que la tercero interesada adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, si el juicio se promueve contra una resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, cuando la autoridad responsable quedó vinculada parcialmente a dejar insubsistente el acto reclamado y a emitir otro con base en sus propias atribuciones, sin estar obligada a resolver en determinado sentido. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, la acción constitucional es improcedente en dos supuestos distintos, cuando: a) se reclamen resoluciones emitidas en un juicio de amparo y b) se trate de resoluciones emitidas en ejecución de una sentencia que concedió la protección constitucional; de acuerdo con el supuesto descrito en el inciso a) debe entenderse que la acción constitucional será improcedente contra todas las resoluciones definitivas, incidentales o de simple trámite dictadas en la sustanciación de un juicio de amparo. Lo anterior, con la finalidad de evitar la promoción infinita de juicios de amparo, aunado a que al tratarse de un medio de defensa extraordinario que deriva de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones relativas -aun aquellas dictadas por las autoridades responsables o del orden común en auxilio de la Justicia Federal o tratándose de la jurisdicción auxiliar-, sólo pueden ser impugnadas a través de los recursos expresamente previstos en dichos preceptos constitucionales y su ley reglamentaria. En tanto que el supuesto descrito en el inciso b) sólo opera cuando la autoridad responsable, al dar cumplimiento al fallo protector, lo hace sin reasumir -aun de manera limitada o parcial- su jurisdicción originaria; esto es, cuando sólo se concreta a resolver en el sentido que le fue indicado en la ejecutoria de amparo. Ahora bien, es necesario precisar que existen diversas consecuencias que produce una sentencia que concede el amparo, una de ellas se presenta cuando la protección constitucional se concede en forma plena o total; esto es, analizado el fondo del asunto se evidencia la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa y, por virtud de ello, se constriñe a la autoridad responsable a emitir una nueva resolución en un sentido específico y determinado, pues de esa forma se logrará restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado; en el anterior supuesto, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable no podrá asumir la jurisdicción que le corresponde, sino que simplemente estará vinculada a obrar en los términos exactos que se le indicaron en el fallo protector. Una segunda hipótesis se actualiza cuando en la sentencia de amparo se evidencia la violación a los derechos de la parte quejosa y se ordena a la autoridad responsable dejar insubsistente el acto reclamado y emitir una nueva resolución en la que podrá resolver lo que en derecho proceda en ejercicio de su propia jurisdicción; esto es, a diferencia del primer caso planteado, en éste la responsable queda vinculada sólo en forma parcial, pues es evidente que está constreñida a dejar insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado y a emitir otra, pero al hacer esto último, podrá resolver con base en sus propias atribuciones, sin estar obligada a resolver en determinado sentido. La anterior distinción es de suma importancia, pues la literalidad del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, sólo se actualiza en la primera de las hipótesis descritas. Ello, pues para efectos del supuesto planteado en el inciso b), la citada porción normativa no puede interpretarse en sentido literal, pues entonces bastaría que una resolución jurisdiccional o acto de autoridad sea emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo para estimar que, en cualquiera de esos supuestos, es improcedente un nuevo juicio de amparo, lo cual vedaría al particular su derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, la posibilidad de impugnar a través de la acción constitucional una resolución o acto de autoridad que pudiera sustentarse total o parcialmente en consideraciones o aspectos novedosos, distintos de aquellos que ya hubieren sido motivo de examen en una anterior ejecutoria de amparo." Así, toda vez que resulta infundada la causa de inejercitabilidad hecha valer por la responsable, y atendiendo a que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter procesal. Previo al estudio de los conceptos de violación y para dar mayor claridad a esta sentencia, es menester tener en cuenta diversos antecedentes obtenidos de las constancias allegadas el presente juicio de amparo, consistentes en el expediente electrónico correspondiente a la carpeta administrativa 817/2021, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, así como del toca penal ********************, de la estadística del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, a saber: El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de formulación de imputación sin detenido por parte del agente del Ministerio Público, en contra de ******************** por el delito de sustracción de hijo, previsto y sancionado en los artículos 263, en relación con los numerales 6,7,8 fracciones I y IV, y 11, fracción I, inciso c), todos del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de la víctima menor de edad de iniciales J.R.V.A. El cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se resolvió la situación jurídica del imputado ******************** decretándose auto de vinculación a proceso por el hecho delictuoso señalado. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, dio inicio la audiencia intermedia, no obstante, ante la ausencia del imputado y de su defensa, así como de la representación social, se señalaron las diecisiete horas del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para su continuación. Una vez llegada la data programada para la continuación de audiencia intermedia, la juez hizo del conocimiento a las partes que dicho momento procesal era el último que la ley señalaba a efecto de acceder a algún mecanismo alterno de solución de conflictos, o bien, a la terminación anticipada del proceso, esto es, del procedimiento abreviado, por lo que dio el uso de la voz a la fiscalía, quien manifestó que atendiendo a que el menor ya había sido restituido a su madre, no tenía oposición para que se arribara a una salida anticipada del proceso, por lo que solicitó la suspensión de la audiencia a efecto de que las partes tuvieran comunicación en dicho aspecto, circunstancia con la que coincidió la defensa sin oposición de la representación jurídica de las víctimas; en consecuencia, a efecto de que las partes fueran debidamente asesoradas al respecto, se fijaron las catorce horas del trece de enero de dos mil veintidós. El trece de enero de dos mil veintidós, en continuación de audiencia intermedia, la fiscalía manifestó que no tenía oposición alguna para que se iniciara alguna salida anticipada del proceso, por su parte, el asesor jurídico de la víctima manifestó que no se encontraba de acuerdo con un medio alterno y solicitó continuar con el procedimiento. Acto seguido, la juez informó la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento abreviado, por lo que la representación social expuso el quantum de la pena en dicho supuesto, no obstante, se suspendió nuevamente la audiencia a efecto de que el imputado fuera debidamente informado de las consecuencias de dicha decisión, y por tanto, se fijaron las catorce horas del veintisiete de enero de dos mil veintidós. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, en continuación de audiencia intermedia, la defensa del quejoso insistió en la suspensión condicional del proceso, dándose uso de la voz a las partes, manifestando la fiscalía su no oposición y el asesor las razones de su oposición; sin embargo, a efecto de tener claridad sobre ésta última, se ordenó citar directamente a la ofendida a efecto de que expusiera las razones de su negativa ante el juez; señalándose las dieciocho horas del once de febrero de dos mil veintidós. Llegada la fecha de continuación de intermedia, la Juez de Control, previo debate, concedió al aquí quejoso la suspensión condicional del proceso. En desacuerdo con esa resolución, el asesor jurídico de la víctima interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en autos del toca ********************; luego, por resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, revocó el acuerdo que concedió al aquí justiciable la suspensión condicional del proceso. Inconforme con tal determinación, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, mismo que, por cuestión de turno, correspondió conocer a este Juzgado de Distrito bajo el número de expediente 548/2022-IV; Así, mediante sentencia engrosada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ******************** de su índice, a través de la cual revocó el acuerdo de fecha once de febrero del año en curso, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la carpeta administrativa 817/2021, que se instruye en contra de ******************** por el delito de sustracción de hijo, cometido en agravio de la víctima menor de edad de iniciales J.R.V.A., que concedió al aquí justiciable la suspensión condicional del proceso. 2) Reponga el procedimiento a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima menor de edad de iniciales J.R.V.A., contra el acuerdo de fecha once de febrero del año en curso, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la carpeta administrativa 817/2021, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia. Audiencia en la que, deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquella; resolución que deberá ser nuevamente notificada a las partes, en particular, al imputado aquí justiciable a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente." El nueve de marzo de dos mil veintitrés, al haberse declarado improcedente el recurso de revisión intentado contra la referida sentencia, este órgano jurisdiccional requirió el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a los efectos de la concesión de amparo, la autoridad responsable fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia a efecto de resolver el recurso de apelación correspondiente, misma que tuvo lugar el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se resolvió el recurso de forma oral y, posteriormente escrita, determinando nuevamente revocar el acuerdo que concedió al aquí justiciable la suspensión condicional del proceso. Esta última determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Ahora bien, con apoyo en el numeral 76 de la Ley de Amparo, debe establecerse que, sustancialmente, la parte disconforme aduce que se violan en su perjuicio los numerales 1, 14, 16, 17 y 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que: La responsable realiza una inexacta aplicación del artículo 27 de la Ley General de Víctimas, en cuanto a la reparación del daño, pues el concepto de "reparación integral" a que hace referencia dicho dispositivo no es aplicable al estado actual del procedimiento, en virtud que se trata de un mecanismo alternativo de solución de controversias y no de una condena, por lo que solo debían observarse los requisitos del numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atendiendo al principio de voluntariedad que rige los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, el acto reclamado se encuentra incorrectamente fundado y motivado, pues el apercibimiento impuesto por la representación social para el caso de incomparecencia, consistente en una medida de apremio, es una forma de coaccionarlo para participar en dicho mecanismo. La oposición por parte de la víctima para que se decretara la suspensión condicional del proceso en favor del quejoso, no fue examinada adecuadamente, pues en el caso, la oposición es con motivo de querer obtener una sentencia favorable en un juicio civil. La "oposición fundada" de la víctima tiene que estar sustentada en razones lógico jurídicas que evidencien las circunstancias especiales, razones particulares o causas justificadas que le orillen a negarse a la salida alterna, aunado a que debe encontrarse dirigida primordialmente al pago de la reparación del daño; lo que en el caso no aconteció. La responsable determinó que no se hizo una reparación del daño moral y psicológico, sin embargo, ni el asesor, ni el ministerio público ni la víctima lo solicitaron, pues incluso la cantidad de ********************, no fue exhibida por el quejoso discrecionalmente, sino que ésta fue solicitada por el ministerio público. No resulta aplicable el argumento del Tribunal responsable en el sentido de declarar fundado el argumento relativo a que el quejoso es hombre y que ha abusado de su género para privar a una mujer de sus derechos como madre. No se informó al quejoso, previo a emitir su declaración, el derecho contenido en el párrafo segundo del artículo 58 del Código Penal vigente al momento de los hechos, consistente en la oportunidad de reducir la pena de prisión que deberán compurgar los sentenciados. Ahora bien, es pertinente destacar que opera a favor de la parte quejosa la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de imputado. SÉPTIMO. Estudio. Establecido lo anterior, quien resuelve considera que son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), por lo que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo con el siguiente orden de ideas. De conformidad con los artículos 14 y 16 Constitucionales, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que es necesario que se sustente en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta que permita realizar el acto de autoridad, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse como las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; dicho de otro modo, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general y el caso específico en el que ésta va a operar o surtir efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado; por lo que, un acto es legal, cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador; atento a que el principio de legalidad, es la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. Así, el derecho de legalidad consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en el mismo; ésta como una de las exigencias previstas en el artículo 16, Constitucional. Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad penal dado que ejerce actos jurisdiccionales, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Adicionalmente, debe señalarse que el artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, se refiere a la garantía de acceso a la justicia conforme la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, dicho precepto constitucional contempla la existencia y principios de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. Soluciones alternas al procedimiento penal. A raíz de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporaron en el quinto párrafo del artículo 17, los medios alternos de solución de controversias, en general y específicamente en materia penal. Dicha circunstancia, de acuerdo con la exposición de motivos que dio origen a la citada reforma, lo fue con la finalidad de que se permitiera resolver los conflictos generados por la comisión de delitos sin correr el riesgo de colapsar a las instituciones ante las exigencias legales y administrativas que implica el modelo del juicio oral que se proponía. Así, en la exposición de motivos que dio origen a la citada reforma se consideró que los modernos aparatos de impartición de justicia se ven sometidos a una enorme presión por el alto número de casos que deben resolver, asimismo, que abrir un proceso en contra de una persona conlleva importantes gastos públicos, en términos de dedicación de recursos humanos y materiales. Por lo anterior, se estableció que el proceso no debía ser la única solución para los problemas jurídicos que se pueden presentar en un país (en general) ni para aquellos problemas que tienen una proyección penal, por lo que se consideró necesario permitir e incentivar el uso de medidas alternativas al proceso. Asimismo, se señaló que dichas medidas no podían darse al margen del criterio de la víctima o sin determinar en todo caso la reparación del daño, si es que el tipo de conducta presuntamente delictiva lo permitía. Por otra parte, el precepto constitucional de que se trata (17), ha sido analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2021, en sesión de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, en esencia, detalló que dicha norma incorpora al sistema penal acusatorio las formas alternas de solución de las controversias, asegurando la reparación del daño y señalando los casos en que se requerirá supervisión judicial. La Primera Sala de la Corte agregó que en el proceso legislativo de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que entre los objetivos y beneficios de estas medidas alternativas a las sentencias judiciales, están: Aportar mayor rapidez a la solución de conflictos sociales. Disminuir los costos tanto del sistema de justicia como para las partes involucradas. Representan una posibilidad muy cercana de descongestionar a los tribunales y al sistema penitenciario. Permiten cambiar al paradigma de la justicia restaurativa. Consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 56/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, Diciembre de dos mil veintiuno, Tomo II, página 1354, registro digital 2023963, que dice: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. FORMA DE VERIFICAR EL REQUISITO QUE PARA SU PROCEDENCIA ESTABLECE EL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CUANDO SE VINCULA A PROCESO POR MÁS DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios respecto a la forma de calcularse el límite de la pena que se establece como requisito para la procedencia de la suspensión condicional del proceso en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el supuesto en que el auto de vinculación a proceso se dicte por más de un hecho que la ley señale como delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el cumplimiento del requisito que para la procedencia de la suspensión condicional del proceso establece la fracción I del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los casos en que el auto de vinculación a proceso se dicta por más de un hecho que la ley señala como delito, debe verificarse comprobando que, en lo individual, el término medio aritmético de la pena de prisión contemplada para cada uno de ellos no exceda de cinco años. Justificación: La fracción I del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales no representa mayor problema para entender la procedencia de la suspensión condicional del proceso en el supuesto en que el auto de vinculación a proceso se dicte respecto de un hecho que la ley señale como delito. Sin embargo, la duda surge cuando se vincula por más de un hecho que la ley señala como delito, dado que no hace mención alguna al respecto. Así, se considera que en ese supuesto debe aplicarse la norma de la misma manera que cuando se trata de un solo hecho que la ley señale como delito, esto es, verificando que las penas que señalen los delitos en su media aritmética no rebasen cinco años. Lo anterior, porque la falta de una previsión específica para el supuesto apuntado debe entenderse en el sentido de que no se estimó necesaria, sobre todo si se considera que la norma se refiere a un requisito de procedencia de la suspensión condicional del proceso, por lo que cualquier interpretación que aumente algún aspecto no expresamente señalado, tiende a restringir su aplicación, circunstancia que resultaría contraria a la intención que tuvo el Constituyente al incorporar al sistema penal acusatorio las formas alternas de solución de controversias, como es la suspensión condicional del proceso, consistente en que se traduzca en una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita; así como que éstas sean preferentes a la instancia penal, la cual deberá ser la última a la que se recurra, por considerarse que resultan más apropiadas para los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión. Además de que se harían nugatorias todas las finalidades que se persiguen con las formas alternas de solución de controversias en beneficio para el sistema penal acusatorio, consistentes en evitar el riesgo del colapso a las instituciones ante las exigencias legales y administrativas que implica, así como su despresurización para que se centren sus capacidades institucionales en la investigación y persecución de los delitos que realmente lo ameriten, con la consecuente disminución de los costos, tanto para el sistema de justicia como para las partes involucradas." En ese tenor, con el objetivo de contribuir a garantizar una respuesta justa y efectiva ante la comisión de un delito y entendiendo que no necesariamente un juicio o una sentencia puede lograr de forma integral ser la solución a la pluralidad de circunstancias que se presentan en el ámbito penal, se incorporaron al Código Nacional de Procedimientos Penales diversas soluciones alternas al proceso, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 184, que más adelante se analizará. Consideraciones de la resolución tildada de inconstitucional. Como se estableció, la sentencia que constituye el acto reclamado es la que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, misma que fue emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, y que se sostuvo esencialmente sobre las siguientes tres líneas argumentativas torales, a saber: Que la suspensión condicional del proceso se sustenta en el consenso de voluntades entre la víctima y el imputado a efecto de que ambas partes se sientan satisfechas, y al no haber existido dicho consenso, se dejó en estado de indefensión a la víctima. Además, que la defensa del imputado ofreció un plan de reparación en efectivo de ******************** (********************), en una sola exhibición, cantidad que, de acuerdo con el ministerio público, fue fijada en su escrito de acusación como indemnización por reparación del daño moral, en atención a todo el tiempo que la ofendida no tuvo convivencia con su hijo menor de edad y el tiempo en que no pudo ser restituido, asimismo, que dicha cantidad lo es para uso de terapia psicológica de la ofendida y del propio menor de edad; sin embargo, la responsable consideró que tal cantidad se fijó de forma unilateral; asimismo, que era obligación del Ministerio Público recabar los datos de prueba que le permitieran establecer la procedencia y cuantificación del daño causado a la víctima y a la ofendida, con el objeto de que, a partir de esas bases sólidas se pueda, por ambas partes (imputado y ofendida), arribar a un acuerdo y proceda la salida alterna, por lo que declaró fundada la oposición de la ofendida. Llevó a cabo el estudio de los requisitos para decretar la suspensión condicional del proceso, teniendo por cumplidos en el caso concreto todos, a excepción del previsto en la fracción II del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues advirtió una oposición fundada de la víctima, quien señaló que quería justicia, así como que se garantizara la seguridad de su hijo; oposición que la Jueza debió considerar y analizar; de igual forma, no debió tomar en consideración que el niño agraviado ya hubiese sido restituido a su madre, atendiendo a que ello no fue de forma espontánea sino con motivo de un diverso juicio de amparo. En ese sentido, consideró que el clamor de justicia de la ofendida, es el derecho de las víctimas a conocer la verdad, así como el derecho de acceso a la justicia y la obligación del estado de investigar, mismos que son derechos fundamentales en sí mismos que constituyen una garantía esencial para el ejercicio de otros derechos humanos, pues el más alto tribunal del país ha sostenido que el derecho de acceso a la justicia no se agota en la mera existencia de un recurso, sino que implica la posibilidad de ser parte de un proceso en el que se resuelva sobre las pretensiones planteadas. Que el acusado es hombre y ha abusado de su género para privar a una mujer en una sociedad machista de sus derechos como madre, pues se debió analizar que la privación de la guarda y custodia a la ofendida de su menor hijo constituye violencia hacia su persona como mujer. En tal virtud, -sostuvo- la Juez natural inobservó lo establecido en el artículo 109, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables."; siendo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 52 fracción IX, en concordancia con el diverso artículo 56 fracción III de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, expresan, que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, tendrán entre otros derechos, el "no ser sometidas a procedimientos de conciliación, de mediación y/o cualquier otro alternativo con la persona agresora, que atente contra sus derechos humanos". Luego entonces, sin consentimiento de la ofendida, de manera impositiva se le sometió a un mecanismo alternativo con su agresor, no obstante su oposición expresa, dado que se trata de un delito que implica violencia hacia una mujer. Análisis de la actuación que fue materia de revisión en el recurso de apelación que da origen al acto reclamado. A efecto de verificar si se actualizan o no las violaciones constitucionales hechas valer por la parte quejosa, debe llevarse a cabo el análisis de la diligencia de once de febrero de dos mil veintidós, llevada a cabo en la causa de juicio 255/2021. En tal sentido, de la revisión de las videograbaciones allegadas por la autoridad responsable, se advierte que en la audiencia de once de febrero de dos mil veintidós, la Juez otorgó el uso de la voz a la víctima a efecto de que manifestara su oposición a la concesión de la suspensión condicional del proceso, acto procesal que se desarrolló esencialmente en los siguientes términos: ".VÍCTIMA (REPRESENTANTE DEL MENOR): No estoy de acuerdo con la suspensión condicional. JUEZA: ¿Podría justificar por qué? REPRESENTANTE DEL MENOR: Pues porque quiero justicia, y quiero la seguridad de mi hijo. JUEZA: Tiene por hechas sus manifestaciones. ASESOR JURÍDICO: Bueno hablando ya en repetidas ocasiones con mi representada (.), el principal fundamento por el cual no se tiene el interés en acceder a esta solicitud de la suspensión condicional es por qué el artículo 4225 del Código Civil del Estado México, establece como requisito para acceder a otro tipo de juicio, el que se tenga una sustracción de menor por quién no tenga la custodia; entonces debe de acreditarse este elemento en materia de este juicio, para este procedimiento, para poder acceder a otros derechos civiles y familiares que les otorga el mismo estado mexicano, solamente que en diverso ordenamiento y tutelados por una diversa autoridad, es igualmente necesario mencionar la tesis de jurisprudencia, de este distrito, de la décima época, que nos habla que LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, ES FUNDADA LA OPOSICIÓN DE LA VICTIMA, A SU PROCEDENCIA, CUANDO EL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO NO INVOLUCRE EL RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS, es una tesis, pero menciona que la reparación del daño no tiene que ver únicamente con cuestiones materiales, sino también con una cuestión moral (.) también se tiene que tener en cuenta que está inmerso el derecho de las victimas a conocer la verdad, mismo que se vincula con el acceso a la justicia y con la obligación del estado de investigar, la cual está relacionada con los artículos 2 y 5 de la Ley de Víctimas, en la cual la reparación del daño a la víctima, no únicamente puede consistir en cuestiones monetarias, sino también en una cuestión moral y psicológica, como es en este caso el acceso a la justicia y todos los demás derechos que puedan devengar de lo mismo, no coincido con lo manifestado por el juez anterior, en cuanto a que la justificación, incluso, por parte de la víctima tenga que ver únicamente en cuanto a reparación del daño en virtud de que eso sería, únicamente en lo tocante a un procedimiento abreviado, que es en lo que sí se podría quejar, únicamente por reparación del daño; sin embargo, en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que su oposición tiene que estar únicamente justificada, ni siquiera le pone un requisito, con que esté fundada y motivada pues la misma debería de ser procedente dicha oposición, en este caso, pues ella se está justificando, que tiene la intención o la necesidad de acceder a esto para llegar a otra etapa procesal o a otras circunstancias, a otras intenciones, y por tanto, nos oponemos fundadamente a que se otorgue la suspensión condicional, fundado por que hay un precedente, bueno hay un artículo que así lo estipula lo que se debe haber establecido, y motivadamente por que se tiene la intención de realizarlo, por lo cual se considera que está justificada y que no se puede pedir una justificación con requisitos que la misma ley no establece, desde el momento en que ella justifica su oposición, creo que se tiene por sustentada aún y cuando no se estuviera válida en algún artículo en alguna otra pretensión jurídica, con el simple hecho del acceso a la justicia que nos establece la Ley de Víctimas, creo que se tiene justificada esa oposición; puesto que el Código Nacional no interpone ningún requisito de dicha justificación. JUEZA: Tengo por hechas sus manifestaciones, quiero entender que para la víctima y para el asesor jurídico, tener acceso a la justicia es única y exclusivamente a través de un juicio. ASESOR: No necesariamente su señoría por ejemplo con un abreviado se podría obtener el reconocimiento de. en este caso de que se hizo una sustracción y con eso acceder posteriormente al juicio en materia civil, si se requeriría de una sentencia, porque es una comprobación jurídica con la cual se llega a esto, pero no necesariamente mediante un audiencia de juicio, con un procedimiento abreviado, se podría obtener el mismo resultado. JUEZA: Bien, su justificación sería que necesitan una sentencia de condena para poder acceder a otro tipo de juicio. ASESOR: Sí, exactamente Señoría; independientemente del deseo de como ya lo hemos mencionado de proteger a su hijo a un juicio y de acceso a la justicia como tal; y de la obligación del estado de investigar como lo establece la misma tesis con número de registro 2022701, correspondiente a la décima época, del Segundo Circuito. JUEZA: Tiene por hechas sus manifestaciones, alguna manifestación en control horizontal defensa. DEFENSA: Señoría a todas luces, se ve. bueno lo refirió en audiencia próxima pasada y ahorita ante su señoría lo acaba de manifestar nuevamente el asesor jurídico, lo que pretenden es pasar por alto sus garantías individuales con independencia de que sea imputado o no, se tiene que atender la presunción de inocencia y quieren utilizar el derecho penal para tener una sentencia en materia civil, como bien lo acaba de recalcar, entonces a juicio de esta defensa señoría, solicitamos se continúe esta con la finalidad de establecer las condiciones a cumplir dentro del periodo de la suspensión." Concluido el debate, la Juez de Control decretó un receso a efecto de verificar sus notas y una vez reanudada la audiencia, resolvió en los siguientes términos: ".Estimo que no le asiste la razón a la víctima ni al asesor jurídico, que están presentes, es cierto que una de las garantías que tiene la víctima es el acceso a la justicia y el derecho a conocer la verdad; sin embargo considero que el poder privilegiar el que puedan concluir este asunto a través de un mecanismo alterno como lo es la suspensión del procedimiento, no es una restricción o limitante a estos derechos a que tiene la víctima, considero que el acceso a la justicia lo tuvo desde el momento en que se judicializó este asunto y se sujetó al ahora imputado a un proceso. Incluso iría yo más allá a verificar cuáles son los fines del proceso, entre ellos está proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se garantice la reparación del daño, se cumpla con la reparación del daño, advierto que en el caso particular una de las condiciones a las que estaría el imputado de acuerdo con cumplir, sería el pago de la reparación del daño por concepto de indemnización, a pesar de que en la carpeta de investigación no hay sustento jurídico para poder fijar esa cantidad, y sin embargo, me parece correcto y con ello estaría cumpliendo con uno de los fines del proceso, que se le garantice la reparación del daño, que se cumpla con la reparación del daño. Los argumentos que vierte la víctima o el asesor jurídico, pues la víctima me dijo de manera expresa que quiere justicia y quiere velar por la seguridad de su hijo, y por eso le cuestionaba ¿Qué es para usted recibir justicia?, si únicamente tendría que recibir justicia acudiendo a juicio, porque además su pretensión o la del asesor jurídico en cuanto a que necesitan una sentencia condenatoria para poder llegar a otras intenciones y otros límites, no me parece una oposición fundada, me parece con todo respeto, de una cerrazón de la víctima, ya lo hemos sometido a consideración en diversas ocasiones y pues su postura es la misma, o sea, quiere justicia y quiere una sentencia de condena para poderla utilizar en otro proceso, me parece que no es el fin de este órgano jurisdiccional este proceso o el aplicar la ley, no se hace para cumplir con las pretensiones personales de las partes, estamos para aplicar la ley y hacerla cumplir en los términos que ésta establece y sin duda alguna el que utilicen la materia penal para otro interés personal no constituye una oposición fundada para esta unitaria; el que tengan acceso a la justicia, pues como se lo dije, no es la única manera, estaríamos también sobre la base de una cuestión meramente subjetiva, el hecho de ir a juicio tampoco nos garantiza que va a culminar en una sentencia condenatoria hacia el ahora imputado, tiene todo el derecho también al igual que la víctima de ir a juicio, hacer valer otros derechos, como es ofrecer pruebas, y tratar de defenderse y buscar una sentencia absolutoria y puede obtenerla; entonces, tampoco es una garantía y nadie se lo va a poder garantizar, el que pasar a la etapa de juicio, es equivalente a obtener una sentencia de condena. Pero sobre todo es que, de verdad esta unitaria sí considera que no estamos aquí para cumplir con las pretensiones personales de las partes, estamos aquí para hacer valer la ley, cumplirla y la procedencia de la suspensión condicional a proceso, pues es clara en señalar cuáles son los requisitos, uno de ellos es que no exista una oposición fundada por parte de la víctima, y para mí sus manifestaciones y las de su asesor no son fundadas; me hacen valer una tesis que es aislada, si bien pertenece al circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, que es el segundo, es una tesis aislada que en el particular esta unitaria no comulga con su contenido, considero que se extralimita y va mucho más allá de lo que la propia ley establece, para poder determinar el reconocimiento y aceptación de los hechos delictivos, tenemos otros procesos como lo es el juicio o un procedimiento abreviado, pero no una suspensión condicional, considero que esta tesis, que además no es vinculante para esta unitaria toda vez que es aislada, pues sí está yendo más allá de lo que la propia ley señala, la ley no obliga que para poder acceder a la suspensión condicional del proceso, el imputado tuviera que hacer un reconocimiento y aceptación de los hechos que le atribuye el agente del ministerio público, pues para eso está el procedimiento abreviado que acepte su responsabilidad, o bien, que vaya a juicio, sin embargo, en el caso en particular considero que sí debo de privilegiar el derecho que tiene, no nada más el imputado, también la victima para poder acceder a mecanismos alternos; entre ellos la suspensión condicional de este proceso, pues incluso está aceptando el cubrir una reparación del daño por concepto de indemnización que ni si quiera tiene sustento en la carpeta de investigación, pero bueno es un acuerdo entre las partes, es una pretensión que realiza el agente del ministerio público, el imputado lo acepta, esta unitaria no tiene ninguna oposición a ello. Pero pues, reitero que la oposición de la víctima no está fundada, por cuanto hace a la seguridad de su hijo, tampoco advierto una relación directa entre continuar con la siguiente etapa procesal que es ir a juicio y la garantía de seguridad de su hijo, pues incluso considero que se estaría salvaguardando mucho mejor esa integridad del menor con la suspensión condicional del proceso, en donde se estaría sometiendo el imputado a no acercarse, sería una de las condiciones de la suspensión dejar de frecuentar determinados lugares o personas, como lo serían ambas víctimas, el menor y la señora presente, entonces considero aún mejor y precisamente velando por ese interés superior del menor, estas condiciones que estaría sujeto o sometido, el ahora imputado en una suspensión condicional, que el acudir a la siguiente etapa, que además le reitero, nadie le puedo garantizar que va a concluir en una sentencia condenatoria, como son sus pretensiones, no deben hacer a un lado que pues el imputado tiene todo el derecho de ofrecer pruebas y defenderse y buscar y quizás obtenga una sentencia absolutoria, entonces también eso es algo muy subjetivo, por ende es que considero que no es fundada la oposición por parte de la víctima ni del asesor jurídico a fin de privilegiar el acceso que tiene pues ambas partes a un mecanismo alterno, pues sí continuaríamos con la celebración de esta audiencia, y si quieren le voy a conceder el uso de la voz a la defensa, para que precise de manera ya formal el plan de reparación del daño que estaría proponiendo, para acceder a la suspensión condicional del proceso, el plazo y las condiciones a las que estaría dispuesto a someterse su defendido. DEFENSA: En cuanto a la reparación del daño, el imputado se compromete a entregar en este acto los $89,620 pesos, que determinó la representación social por daño moral, de la misma manera las condiciones para cumplir durante el periodo de la suspensión condicional en el proceso seria: Residir en un lugar determinado es la calle Otumba número treinta y cuatro, colonia Cumbria, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Abstenerse de acercarse a la víctima, por un periodo mínimo de 6 meses las anteriores. Hecho lo anterior, solicitamos se gire oficio al Centro de Medidas Cautelares, para los efectos legales a que haya lugar, así como a relaciones exteriores, para que se hagan las anotaciones correspondientes (en relación con la medida cautelar de no salir al extranjero). JUEZA: El plazo que proponen son 6 meses DEFENSA: Sí JUEZA: En control horizontal. MINISTERIO PUBLICO: Esta fiscalía solicitó que se ocupe la fracción XIII, que cumpla con los deberes de deudor alimentario, aunque no tenga al menor a la vista o convivencias con él, pues es un derecho que no puede ser tampoco renunciable o a capricho de las partes, entonces que también cumpla con los deberes de deudor alimentario, ya también quedó en la audiencia anterior establecido el monto que tiene que pagar por un juez de lo familiar, que siga cumpliendo con esa condición, por lo que respecta al pago de la reparación del daño que sería en una sola exhibición (.). JUEZA: (.) Yo más que eso, yo les propondría atendiendo la oposición de la señora MARISOL para recibir esta cantidad hasta en tanto no haga valer los recursos correspondientes y esta determinación quede firme, que quede a disposición de la víctima o bien en un momento dado de que la sala revoque del propio imputado, pero en el juzgado; que en ese momento voy a través de la licenciada auxiliar de sala, bueno continuando con el desarrollo de la audiencia, a recibir el dinero, ordenar que se deposite a la cuenta del Poder Judicial del Estado de México, y pues ya en un momento determinar de acuerdo a lo que resuelvan otras instancias, si se le entrega a la víctima o bien se le regresa al imputado. (.) DEFENSA: Solicita acceso a los videos para apelar la resolución. JUEZA: Cuestiona al imputado si está dispuesto a cumplir también con la condición contenida en la fracción XIII. IMPUTADO: Sí, Señoría. DEFENSA: Esta bien, también quería hacer la precisión si se pudiera cerrar la cantidad de 89,700 pesos como reparación del daño, si no hay oposición de la representación . MINISTERIO PÚBLICO: No hay oposición JUEZA: Tengo por hechas sus manifestaciones, en ese tenor bueno tomando en consideración las mismas, atento a lo que establece el artículo 184 y 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debo hacer valer que la suspensión condicional del proceso constituye una forma de solución alterna a este procedimiento, atendiendo al contenido del segundo dispositivo mencionado, esta suspensión condicional es el planteamiento formulado, ya sea por parte del ministerio público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado, sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado de una o varias de las condiciones de las que se refiere el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido, y en caso de cumplirse den lugar, a la extinción de la acción penal. Existen algunos requisitos que esta unitaria debe verificar para continuar con el mismo u autorizarlo, el primero de ellos señala el artículo 192 del código adjetivo de la materia, que: A) Se haya dictado auto de vinculación a proceso por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años. En el caso que nos ocupa se dictó auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado, por el hecho delictuoso de SUSTRACCIÓN DE HIJO en fecha 4 de septiembre del dos mil veintidós, que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 263 del Código Penal vigente para el Estado de México; este artículo establece como pena la siguiente: Dice que se impondrá de 1 a 5 años de prisión; esto es, si hacemos las operaciones aritméticas correspondientes, la pena media aritmética seria 3 años, por ende estimo que se encuentra satisfecho este requisito. B) El segundo requisito, señala que: NO exista oposición fundada de la víctima; Y pues lo reitero, si bien es cierto la víctima se opone a que se lleve a cabo esta suspensión condicional al proceso, aduciendo que en realidad necesitan una sentencia condenatoria para llegar a otras intenciones y limites, frente a una autoridad diversa a este órgano jurisdiccional, reitero lo argumentado en momentos previos para esta Unitaria ello no es una oposición fundada por parte de la víctima, por lo tanto no es vinculante para esta Unitaria. C) El tercer requisito, señala que hayan transcurrido dos años, del cumplimiento de una suspensión del proceso, o cinco años desde el incumplimiento de alguna de estas. Bajo el principio de lealtad y buena fe, le pregunto a las partes si tienen conocimiento que el ahora imputado haya intervenido en una suspensión condicional de un hecho diverso. MINISTERIO PUBLICO, ASESOR JURÍDICO, DEFENSA Y ACUSADO: Señalan que no hay ninguno. JUEZA: Bajo el principio de buena fe, tengo por hechas sus manifestaciones en cuanto que el ahora imputado no ha participado en ningún mecanismo alterno de esta naturaleza. Requiere a la auxiliar que a través del área administrativa se solicite el registro de no antecedentes del acusado, para únicamente exista constancia y certeza en el expediente virtual en la causa de control que nos ocupa. D) También debo hacer valer, que hay una prohibición expresa en el Código Adjetivo a la materia, en cuanto a que no procede la suspensión en los delitos que trate de HOMICIDIO DOLOSO, GENOCIDIO Y VIOLACIÓN. Ya lo dije, no es el caso que nos ocupa, el auto de vinculación a proceso que se dictó en contra del ahora imputado lo es de SUSTRACCIÓN DE HIJO, el cual además es un delito que se persigue a petición de parte ofendida y que también esta unitaria, está tomando en consideración que el menor ya fue restituido a la señora Marisol, y pues también considero que debe de tomarse en consideración como otro punto más para poder estimar que procede este mecanismo alterno. E) También debo señalar que el contenido del artículo 193 del Código adjetivo a la materia, la oportunidad para aperturar esta suspensión condicional, es después de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y antes de que se dicte un auto de apertura a juicio oral. En el caso que nos ocupa, estamos en la etapa intermedia, no hemos iniciado con la etapa intermedia en su fase oral, entonces es evidente que esta unitaria no ha hecho pronunciamiento alguno, entorno a la auto de apertura a juicio oral, y por ende este está satisfecho. F) Por cuanto hace al plazo y a las condiciones o al plan de la reparación del daño. Tengo por hechas las manifestaciones de la defensa ahora imputado, en cuanto que el plan de la reparación del daño es entregar en este momento la cantidad $89,700 pesos a favor de la víctima los cuales, como ya los había comentado entiendo que la víctima, no desea recibirlos por la oposición que tiene al respecto, ¿es así? VÍCTIMA: Es correcto JUEZA: Bien, entonces únicamente a fin de que esta unitaria pueda salvaguardar el derecho que le asiste a la víctima que es menor de edad y también verificar que se esté dando cabal cumplimiento a todas y cada una de estas condiciones y el plan que la propia defensa está precisando, voy a instruir que esta cantidad quede a disposición de este órgano jurisdiccional instruyendo al área administrativa el día lunes a primera hora, se realice el depósito correspondiente a la cuenta del Poder Judicial del Estado de México y esta cantidad quede a disposición de la víctima en caso de que así lo determine las instancias correspondientes o bien del imputado, si así es que se determina. Esto sería todo, por cuanto hace al plan de reparación del daño, las condiciones a las que se estaría sometiendo el imputado, sería: Residir en un lugar determinado, que sería el ubicado en calle Otumba número 34, colonia Cumbria, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que es su domicilio particular. Abstenerse de frecuentar los lugares, en donde sepa que se encuentran las víctimas que es la señora MARISOL AZA PLASCENCIA o el menor de identidad resguardada; y por consiguiente a estos, no se podría acercar ni a lugares que sepa que esté, ni a la persona de las victimas. Y la otra condición seria, es cumplir con los deberes de deudor alimentario que tiene hacia el menor de identidad resguardada. Por último señala, que ya se cuenta con la constancia de no antecedentes emitida por el Registro Nacional de Sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde efectivamente el imputado de mérito, no tiene ningún antecedente de haber celebrado algún mecanismo alterno, de esta naturaleza, en ese tenor esta Unitaria considera que es PROCEDENTE LA SOLICITUD REALIZADA EN ESTE ACTO POR PARTE DE LA DEFENSA PRIVADA DEL AHORA IMPUTADO, advierte de su exposición se advierte el plan de la reparación del daño, las condiciones a las cuales se va a sujetar el ahora acusado y el plazo. Por ende AUTORIZA EL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PRECISADOS POR LA DEFENSA; en este tenor pregunto al imputado, ¿usted se obliga a cumplir con estas condiciones? ACUSADO: Sí su señoría. JUEZA: Tengo por hechas sus manifestaciones, le prevengo en este acto en el artículo 198 del código adjetivo de la materia, que si usted deja de cumplir de manera injustificadamente con las condiciones impuestas se podría revocar la suspensión condicional del proceso, y pues se continuaría en el estado que nos encontramos en la etapa intermedia; y pues evidentemente no podría de nueva cuenta poder acceder a un mecanismo en los plazos que establece la ley. También les hago saber que la suspensión condicional del proceso, interrumpe los plazos para la prescripción de la acción penal de este delito, una vez autorizada la misma y como consecuencia directa de ello, en este acto voy a suspender las medidas cautelares que se le impusieron al ahora imputado; bueno primero voy a instruir al área administrativa que se remita el oficio correspondiente al CEMECA, para que tenga conocimiento, primero para la celebración de esta suspensión condicional del proceso, y dos de que están suspendidas las medidas cautelares, también voy a instruir que se gire el oficio a la SRE, como lo solicito la defensa, toda vez que una de estas medidas cautelares es precisamente la prohibición de salir del país, entonces, están suspendidas por el lapso de 6 meses, hasta en tanto no se acuerde lo procedente pues ya se hará la determinación definitiva, pero para que tenga conocimiento la autoridad correspondiente." Estudio de la resolución reclamada. Tal como se señaló, en la resolución reclamada se determinó revocar la determinación que autoriza la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso. Ahora bien, a efecto de llevar a cabo el estudio del asunto en particular, debe decirse que la solución alterna que nos ocupa se encuentra prevista en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo siguiente: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso." Ahora bien, la suspensión condicional del proceso tuvo por objeto otorgar la posibilidad de que en ciertos casos se pueda poner a prueba al imputado a fin de que cumpla con ciertas condiciones y genere un plan de reparación del daño, con el incentivo de que en caso de cumplirlas se terminará el proceso, lo que, como ya se dijo, resulta una forma no solo de racionalizar los recursos del Estado sino de contribuir a una solución de calidad tanto para la víctima como para el imputado. Así, el citado mecanismo encuentra su desarrollo en los numerales 191 a 200, de la norma adjetiva nacional penal, que a la letra establecen: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos." De lo anteriormente transcrito, se desprende que esta forma alterna de solución de la controversia, podrá ser planteada por el Ministerio Público o por el imputado; siendo que cuando la formula el órgano ministerial es por tratarse de una "atribución discrecional"; pero si la plantea el imputado, lo hace en ejercicio del derecho previsto en el párrafo quinto del artículo 17 de la Constitución Federal, asimismo, cuando se haga valer por el imputado, se debe plantear oportunamente, esto es, una vez dictado el auto de vinculación a proceso y antes de acordarse la apertura de juicio, luego, en la audiencia en la que se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito, así como manifestar su sometimiento a una o varias de las condiciones previstas en el artículo 195 del propio código nacional, por un plazo que irá desde los seis meses (mínimo) y hasta los tres años (máximo). Así, de ser cumplida en sus términos, provocará que el Juez de Control decrete la extinción de la acción penal, circunstancia que tendrá efectos de una sentencia absolutoria, en términos del artículo 327, fracción VI, del Código Nacional en estudio, por lo que se llegará a la solución del asunto sin tomar una decisión punitiva, en mutuo beneficio para la víctima y para el imputado. En tal virtud, para que pueda optarse por la suspensión condicional del proceso, deberán cubrirse los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido; y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Como se señaló, dicha solución protege en todos sentidos el derecho de acceso a la justicia de la víctima, ya que tiene derecho a ser citada a la audiencia relativa y ser escuchada. Ahora bien, las condiciones que deberán ser cumplidas por el imputado consisten -de forma enunciativa y no limitativa-, las siguientes: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. En la inteligencia que podrá obligarse al cumplimiento de una o varias de ellas, de acuerdo con la naturaleza del delito de que se trate y de las circunstancias específicas del caso. Además, estas condiciones podrán ser impuestas, previa evaluación del imputado, a propuesta de la víctima u ofendido, o bien, del propio imputado, de igual forma, el Juez podrá modificar el plan propuesto, en caso de advertir que no es razonable en alguna de sus partes, garantizando con ello la tutela efectiva de la víctima u ofendido. De lo expuesto, se aprecia que la suspensión condicional del proceso atiende a las bases de la justicia restaurativa durante el procedimiento penal, ya que se enfoca a garantizar la reparación del daño a la víctima y ofendido, imponer al imputado condiciones para responder por su conducta y a que se realice una tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido; todo ello, sin que el imputado tenga que estar privado de su libertad personal en un centro de reclusión con motivo del dictado de una sentencia. Lo cual es acorde con el artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Federal, en tanto que lo que se pretende con la forma de solución alterna del procedimiento, como lo es la suspensión condicional del proceso, es resolver el conflicto surgido con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, sin necesidad de llegar a la etapa de juicio y al dictado de una sentencia. Debe señalarse que, al margen del plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo, formulado por el imputado, el Juez de Control es quien lo debe aprobar y está facultado para modificarlo, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y para tal efecto, se considera que, incluso, la responsable se encuentra posibilitada para ponderar el contenido del Código Penal del Estado de México, que en su artículo 26 determina lo siguiente: "Artículo 26.- La reparación del daño deberá ser plena, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del desarrollo integral de la víctima u ofendido y, según la naturaleza del delito de que se trate, comprenderá: I. En términos generales: a) El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito; b) La restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago en su caso del deterioro y menoscabo, o de los derechos afectados. La restitución se hará aún en el caso de que el bien hubiere pasado a ser propiedad de terceros; a menos que sea irreivindicable o se haya extinguido el derecho de propiedad, los terceros serán escuchados en audiencia en la forma que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial; c) La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a las personas con derecho a la reparación del daño, incluyendo el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica; El monto de la indemnización será el suficiente para cubrir los gastos a que se refiere el párrafo anterior. d) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; II. Tratándose de los delitos de violencia familiar, violencia de género y lesiones que se deriven de éstos, así como del feminicidio, la reparación del daño a la víctima u ofendido incluirá: a) Las hipótesis a que se refiere la fracción anterior; b) El restablecimiento de su honor, mediante disculpa pública, a través de los mecanismos que señale la autoridad judicial; c) La reparación por la afectación en su entorno laboral, educativo y psicológico, a fin de lograr su restablecimiento, ante la imposibilidad de este, la indemnización correspondiente, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. La indemnización a que se refiere el párrafo anterior se cuantificará en base a diversos factores como la pérdida del empleo, la inasistencia a las jornadas laborales, la necesidad de cambio de plantel educativo o inasistencia a éste, y demás datos relevantes que permitan realizar la cuantificación correspondiente; y d) El pago de los gastos indispensables para su subsistencia y, si los hubiere, de los hijos menores de edad o discapacitados, cuando como consecuencia del delito sufrido, se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito laboral; lo anterior, por el tiempo que determine la autoridad judicial, atendiendo a su grado de estudios, edad y estado de salud. III. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud del ofendido. El monto de la indemnización por el daño moral no podrá ser inferior a treinta ni superior a mil días multa y será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito sobre la víctima u ofendido." Finalmente, es importante destacar que la suspensión condicional del proceso no se contrapone con el "derecho a la verdad", de que gozan la víctima y el ofendido; ya que el imputado, al solicitarla y sujetarse a cumplir con el plan detallado de la reparación del daño, como con las condiciones a que alude el artículo 195 del Código Nacional, tácitamente está aceptando los hechos por los que se dictó el auto de vinculación a proceso, pues es evidente que el sometimiento a las condiciones del numeral 195, así como el pago de la reparación del daño, no es gratuito, sino que conlleva el reconocimiento de su conducta y su responsabilidad por la comisión de ese hecho. En ese sentido, la víctima y la sociedad en general satisfacen su derecho de conocer el hecho constitutivo de delito y de la violación al derecho humano de que fue objeto, como la identidad del responsable, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Víctimas, que dice: "Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que se fueron objetos, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad". Todo lo antes expuesto es importante destacarlo, ya que sirve de base para comprender el requisito de procedencia de la suspensión condicional del proceso, previsto en la fracción II del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido [.]". Requisito de procedencia que efectivamente nos hace preguntarnos ¿Qué tipo de argumento de oposición podrá formular la víctima y ofendido con relación a la procedencia de la suspensión condicional del proceso? Se estima que la respuesta a dicha interrogante se encuentra en la propia normatividad contenida en el Libro Segundo, Título I, Capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige la suspensión condicional del proceso; en cuanto que las oposiciones que podrá formular la víctima deben recaer en los aspectos substanciales de dicha forma de solución alterna del procedimiento, como son las siguientes: - Respecto al plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. - Sobre el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. - A que no estén cubiertos los requisitos previstos en las fracciones I y III del artículo 192 del código nacional. Es decir, que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión sí exceda de cinco años; o que no hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. - Porque se esté pidiendo la suspensión condicional del proceso, para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del propio Código Nacional; es decir, respecto de delitos de homicidio doloso, genocidio y violación. - Porque la solicitud de suspensión condicional del proceso no sea oportuna, de conformidad con el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, el Juez de Control, para analizar si existe una oposición fundada de la víctima y ofendido respecto la suspensión condicional del proceso, como requisito de procedencia previsto en la fracción II del artículo 192 del citado Código Nacional, sólo podrá tomar en consideración las argumentaciones de la víctima y el ofendido que guarden relación con dichos aspectos substanciales de esta forma de solución alterna del procedimiento, sus requisitos o presupuestos normativos previstos en el Libro Segundo, Título I, Capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que si la víctima o el ofendido al oponerse a la solicitud de suspensión condicional del proceso, sustentan su argumentación en aspectos diversos a los antes mencionados (a guisa de ejemplo: argumentando la gravedad del hecho o del delito, la necesidad de sancionar al culpable, el dictado de una sentencia ejemplificativa para la sociedad, etc.), la oposición será ineficaz, puesto que no guarda pertinencia con el objeto de estudio a que debe someterse el Juez de Control al aprobar o desaprobar esta forma de solución alterna del procedimiento. Respecto a los anteriores razonamientos, se invoca por compartirse la tesis I.6o.P.3 P (11a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2025474, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, página 3811, de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. AL ANALIZAR LA OPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y DETERMINAR SI SE SATISFACE O NO EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA SU PROCEDENCIA, EL JUEZ SÓLO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA ARGUMENTACIÓN QUE GUARDE RELACIÓN CON LOS ASPECTOS SUSTANCIALES DE ESA FORMA DE SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCEDIMIENTO, SUS REQUISITOS O PRESUPUESTOS NORMATIVOS. Hechos: En un proceso penal acusatorio y oral la víctima se opuso a la solicitud de suspensión condicional del proceso, con sustento en la gravedad del delito, que se trataba de un acto de corrupción y en la necesidad de sancionar al culpable; argumentos que el Juez de Control consideró adecuados para declarar fundada la oposición y negar esta solución alterna del procedimiento. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, de una interpretación sistemática del artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el libro segundo, título I, capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determina que al analizar la oposición de la víctima u ofendido a la suspensión condicional del proceso y determinar si se satisface o no el requisito establecido en el artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales para su procedencia, el Juez de Control sólo debe tomar en consideración la argumentación que guarde relación con los aspectos sustanciales de esta forma de solución alterna del procedimiento, sus requisitos o presupuestos normativos. Justificación: De la interpretación del artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el libro segundo, denominado "Del procedimiento", título I, "Soluciones alternas y formas de terminación anticipada", capítulo III, "Suspensión condicional del proceso", del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que la suspensión condicional del proceso atiende a las bases de la justicia restaurativa durante el procedimiento penal, al enfocarse en garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido, imponer al imputado condiciones para responder por su conducta y que se vele por una efectiva tutela de los derechos de aquél; todo ello sin que el imputado tenga que estar privado de su libertad personal en un centro de reclusión con motivo del dictado de una sentencia. Lo cual es acorde con el precepto constitucional indicado, en tanto que lo que se pretende con la suspensión condicional del proceso es resolver el conflicto surgido con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, sin necesidad de llegar a la etapa de juicio y al dictado de una sentencia. Lo expuesto sirve de base para comprender el requisito de procedencia de la suspensión condicional del proceso, previsto en la fracción II del artículo 192 del referido código, que dice: "II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido", lo cual lleva al siguiente cuestionamiento: ¿Qué tipo de argumento de oposición podrá formular la víctima u ofendido en relación con la procedencia de la suspensión condicional del proceso? La respuesta se encuentra en el aludido capítulo III, que rige la suspensión condicional del proceso en cuanto a que las oposiciones que podrá formular la víctima deben recaer en los aspectos sustanciales de dicha forma de solución alterna del procedimiento, a saber: el plan detallado sobre el pago de la reparación del daño; b) el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el artículo 195; c) que no estén cubiertos los requisitos previstos en las fracciones I y III del artículo 192, es decir, que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión sí exceda de cinco años y no hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior, en su caso; d) se pida la suspensión condicional del proceso para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167, es decir, respecto de delitos de homicidio doloso, genocidio y violación sexual; y, e) la solicitud de suspensión condicional del proceso no sea oportuna de conformidad con el artículo 193. Por tanto, al analizar si existe una oposición fundada de la víctima u ofendido a la suspensión condicional del proceso y determinar si se colma o no el requisito de procedencia previsto en la fracción II del artículo 192 citado, el Juez de Control sólo debe tomar en consideración las argumentaciones que guarden relación con dichos aspectos sustanciales de esta forma de solución alterna del procedimiento, sus requisitos o presupuestos normativos. De ahí que si la víctima u ofendido, al oponerse a la solicitud relativa, lo sustenta en aspectos diversos a los mencionados (a guisa de ejemplo: la gravedad del hecho o del delito, la necesidad de sancionar al culpable, el dictado de una sentencia ejemplificativa para la sociedad, etcétera), dichas oposiciones serán ineficaces, al no guardar pertinencia con el objeto de estudio a que debe someterse el Juez de Control al aprobar o no esa suspensión condicional." Establecido lo anterior, resultan fundados los conceptos de violación c y d, suplidos en su deficiencia, ello atendiendo a que el suscrito no comparte la apreciación del Tribunal responsable en el sentido de declarar fundado el agravio de la víctima, consistente en que la ofendida basó su oposición clamando justicia y con la necesidad de que se garantice la seguridad de su hijo (argumento identificado con el número 2 en el acto reclamado); y, en considerar que el clamor de justicia de la ofendida, es el derecho de las víctimas a conocer la verdad, el cual se vincula con el acceso a la justicia y con la obligación del estado de investigar, mismos que son derechos fundamentales en sí mismos que constituyen una garantía esencial para el ejercicio de otros derechos humanos. En primer lugar, porque el hecho de acceder a un medio alterno no implica negarle el acceso a la justicia a la víctima, pues el objetivo es que la reparación del daño sea garantizada y que el infractor responda por su conducta, sin que dicha sanción necesariamente se traduzca en una pena de prisión o en una sentencia condenatoria para que se considere que la víctima obtuvo justicia, pues atendiendo a la gravedad del delito de que se trata (dado que la figura en estudio no opera en todos los delitos, sino solo en aquellos en que el legislador consideró posible la corrección de su conducta sin una pena de prisión), la ley contempla salidas alternas en beneficio de ambas partes, otorgando un papel central al derecho humano a la reinserción social. En segundo lugar, como ya se indicó, el argumento del derecho a conocer la verdad o el deseo de que se tenga una sentencia ejemplificativa, cualquiera que sea el fin con el que se busque, no resulta ser un argumento fundado para que la víctima se oponga a la autorización de la suspensión condicional del proceso, que como ya se señaló, constituye un derecho constitucional en favor del imputado, el cual puede hacerse efectivo a solicitud de éste, habiéndose reunido los requisitos del artículo 192. En efecto, la víctima goza del derecho humano a conocer la verdad y a acceder a la justicia, asimismo, las autoridades tienen el deber de investigar las violaciones a derechos humanos; sin embargo, como se indicó, el medio alterno en estudio sí implica un reconocimiento tácito del imputado respecto a la realización de la conducta, sin que el hecho de que la víctima del delito pretenda promover diversa acción sea suficiente para anular el derecho del imputado y los mecanismos constitucionales para lograr su reinserción. Lo anterior, se obtiene de la propia lógica de la suspensión condicional, pues el artículo 196 del código nacional adjetivo de la materia, establece que "La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal."; lo que no significa otra cosa que, el reconocimiento que se dé respecto de la comisión del hecho delictivo al momento de solicitar la suspensión condicional, en caso de no autorizarse ésta, o bien, de revocarse en determinado momento, no podrá utilizarse en la continuación del juicio, sino que éste habrá de reanudarse en todas sus etapas, sin la posibilidad de utilizar el reconocimiento de la conducta para obtener una sentencia condenatoria. Ahora bien, respecto al argumento de la víctima en el sentido de que solo quiere la seguridad de su hijo, el suscrito advierte que incluso la alegada seguridad del menor se encuentra garantizada a través de las condiciones que fueron propuestas ante la juez de control, pues en caso de incumplimiento a las condiciones impuestas (entre las que se encuentra la prohibición de acercarse a la víctima y a la ofendida), podría revocarse el medio alterno y reanudarse el proceso penal, sin que el quejoso pueda acceder nuevamente a tal prerrogativa hasta pasados cinco años del incumplimiento (artículo 192). Aunado a ello, los alimentos del menor se encuentran asegurados atendiendo no solo a que, tal como lo señalaron las partes, están decretados en el procedimiento familiar que tramitan el quejoso y la víctima, sino también porque otra de las condiciones a que se obligó el quejoso, lo fue la contenida en la fracción XIII, del artículo 195, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en cumplir con los deberes de deudor alimentario; misma que de ser incumplida, podría dar lugar a la revocación de la suspensión condicional y, por ende, a la continuación del proceso penal. Cabe señalar que la suspensión condicional del proceso, es justamente eso, una suspensión del proceso a prueba, lo que implica que hasta en tanto se cumpla con las condiciones autorizadas y se encuentre garantizada la reparación del daño, no podrá extinguirse la acción penal. Por otra parte, el suscrito tampoco comparte el criterio de la responsable en el sentido de que la suspensión condicional del proceso se sustenta en el consenso de voluntades entre la víctima y el imputado a efecto de que ambas partes se sientan satisfechas, y al no haber existido dicho consenso, se dejó en estado de indefensión a la víctima. Además, que la defensa del imputado ofreció un plan de reparación en efectivo de ******************** (********************), en una sola exhibición, cantidad que, de acuerdo con el ministerio público, fue fijada en su escrito de acusación como indemnización por reparación del daño moral, en atención a todo el tiempo que la ofendida no tuvo convivencia con su hijo menor de edad y el tiempo en que no pudo ser restituido, asimismo, que dicha cantidad lo es para uso de terapia psicológica de la ofendida y del propio menor de edad; sin embargo, que tal cantidad se fijó de forma unilateral; pues era obligación del Ministerio Público recabar los datos de prueba que le permitieran establecer la procedencia y cuantificación del daño causado a la víctima y a la ofendida, con el objeto de que, a partir de esas bases sólidas se pudiera por ambas partes (imputado y ofendida) arribar a un acuerdo y proceda la salida alterna, por lo que declaró fundada la oposición de la ofendida dado que al no haberse garantizado la reparación del daño, se trasgredieron sus derechos. En dicho aspecto, como se apuntó previamente, el nuevo sistema de justicia penal busca asegurar el acceso a la justicia tanto para la víctima u ofendido como para el presunto responsable; y, para ello, no sólo se limita al dictado de una sentencia definitiva, sino que otorga la oportunidad de que, previo a esto, las partes puedan optar por llegar a un acuerdo conciliatorio en la medida que el tipo penal lo permita; o bien, buscar soluciones alternas o, formas de terminación anticipadas. Así, es dable distinguir cuáles son las diferencias entre una y otra de esas formas de acceso a la justicia penal. Por medios alternativos de solución de controversias debe entenderse: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Para definir a cada uno de estos conceptos, es necesario acudir a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que en sus artículos 21, 25 y 27 los define de la siguiente manera: "DE LA MEDIACIÓN Artículo 21. Concepto Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes. DE LA CONCILIACIÓN Artículo 25. Concepto Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas. DE LA JUNTA RESTAURATIVA Artículo 27. Concepto La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Artículo 28. Desarrollo de la sesión Es posible iniciar una junta restaurativa por la naturaleza del caso o por el número de involucrados en el conflicto. Para tal efecto, el Facilitador realizará sesiones preparatorias con cada uno de los Intervinientes a quienes les invitará y explicará la junta restaurativa, sus alcances, reglas, metodología e intentará despejar cualquier duda que éstos planteen. Asimismo, deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, así como las necesidades de los Intervinientes y sus perspectivas individuales, evaluar su disposición para participar en el mecanismo, la posibilidad de realizar la reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo. En la sesión conjunta de la junta restaurativa el Facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas previamente establecidas. Las preguntas se dirigirán en primer término al imputado, posteriormente a la víctima u ofendido, en su caso a otros Intervinientes afectados por parte de la víctima u ofendido y del imputado respectivamente, y por último, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión. Una vez que los Intervinientes hubieren contestado las preguntas del Facilitador, éste procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que el daño causado pueda quedar satisfactoriamente reparado. Enseguida, el Facilitador concederá la palabra al imputado para que manifieste las acciones que estaría dispuesto a realizar para reparar el daño causado, así como los compromisos que adoptará con los Intervinientes. El Facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los Intervinientes, concretará el Acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de la junta restaurativa. Finalmente, el Facilitador realizará el cierre de la sesión . En el caso de que los Intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver la controversia, el Facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo previsto en esta Ley" Mecanismos que tienen como común denominador la voluntad de los intervinientes; con la diferencia de que la actuación del facilitador variará en la medida que se requiera de su intervención para lograr el acuerdo de esas voluntades, individuales o colectivas; pues, mientras que en la mediación propicia la comunicación entre las partes y el entendimiento mutuo; en la conciliación no sólo se le permite lo anterior sino el presentar alternativas de solución con base en criterios objetivos; lo que no acontece en la junta restaurativa, ya que en este caso su intervención es más amplia, va desde realizar sesiones preparatorias con cada uno de los Intervinientes, despejar dudas, hacer una presentación general y explicar brevemente el propósito de la sesión hasta la obtención de un Acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de la junta restaurativa; esto es, una participación totalmente activa. Además, todos esos mecanismos alternos de solución de controversias se sustentan en los siguientes principios: voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Por otra parte, la suspensión condicional del proceso se encuentra definida en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penal; como a continuación se transcribe: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal." De ahí que dicha figura únicamente puede ser planteada por la representación social y por el imputado, es decir, únicamente esas partes cuentan con legitimación para solicitarla, para lo cual, la petición relativa deberá contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, a efecto de resarcir a la víctima el daño causado y restaurar el estado de cosas a como se encontraba previo a la comisión del delito; sin embargo, como ya se mencionó, la víctima solo podría oponerse en caso de que alguno de los aspectos substanciales de dicha forma de solución alterna del procedimiento, no se encuentra cumplido, por lo que dicho mecanismo no depende de la voluntad o no de la víctima, sino únicamente de que se cumpla debidamente con lo que el propio mecanismo exige. Para mayor ilustración, Elías Polanco Braga, en el libro "Procedimientos Especiales y Recursos en el Sistema Penal Nacional Acusatorio", lo conceptúa como: ".una forma especial de resolver una causa penal, procede en cualquier momento, esto es, después de la vinculación a proceso y antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. Permite que el proceso quede suspendido en un periodo determinado de conformidad con lo que establezca la legislación procesal penal, siempre y cuando haya una propuesta de: a) Un plan de reparación del daño causado por el delito, y b) Se indiquen ciertas condiciones a las que debe someterse el imputado. Debemos entender este medio de solución alterno basándonos en el sentido de sus términos: La suspensión cosiste en diferir la posible declaración de lo que dable de imponer. Condicional, significa lo que se incluye o lleva a cabo consigo requisitos y, la condición es el estado, situación especial, en que se haya una persona. El proceso es la acción de ir hacia adelante, hasta resolverse lo tramitado. De lo asentado, concluimos que, la suspensión condicional del proceso la entendemos como una interrupción de la declaración de un acto procesal que es posible imponer al imputado sujeto a proceso, pero que, con base en los requisitos que satisface se difiere por cierto plazo el continuar con el trámite procedimental, quedando condicionado al resultado de las obligaciones decretada por el jugador. Concluimos describiendo objetivamente que es la: Resolución decretada a solicitud del imputado o del Ministerio Público con el consentimiento de aquél, siempre que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito que tenga una pena de prisión, cuyo término medio aritmético sea hasta de cinco años, que el imputado sea primodelincuente, además, que proponga un plan para reparar el daño causado a la víctima, sin soslayar el hecho que deberá realizar actividades tendientes a conseguir su reinserción a la sociedad. (.) En la doctrina se establecen varios objetivos que se contiene en la estructura de la suspensión condicional del proceso, con base en ella, se señalan las siguientes: 1. Que el imputado lleva la iniciativa en proponer el plan de reparación del daño y los perjuicios causados por el delito, lo que facilita, concomitantemente, que se susciten y faciliten los mecanismos alternativos de solución de controversias. 2. Que el imputado pueda proponer al juez una serie de condiciones a cumplir durante la suspensión del proceso. 3. Que la misma legislación determina algunas condiciones sobre las cuales el imputado puede "negociar" la suspensión y el admitir dicha suspensión. 4. Que se trata de un procedimiento que debe realizarse, en audiencia, ante el juez de control, en presencia del ministerio público y el imputado, en que se exige, en la mayoría de los casos, la presencia y consulta, a la víctima u ofendido, quien a la vez, puede oponerse. 5. Que el plan de reparación, las condiciones a cumplir y el plazo de suspensión está condicionado por el hecho delictivo que se determina en la audiencia de vinculación a proceso y, 6. Finalmente, que se trata de un proyecto de "solución del conflicto" sometido a plazo y, consecuentemente, a la necesaria vigilancia jurisdiccional (.)" Sergio García Ramírez, en su obra "El procedimiento penal", indica que es "un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos del a víctima u ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal" El teórico Jorge Segismundo Rotter Díaz, en su Manual de las etapas del Sistema Acusatorio, indica lo siguiente: ".la suspensión condicional del proceso, que ha sido confundida con un proceso de mediación, empero la suspensión no está compuesta por un acuerdo conciliatorio, sino por una determinación judicial, por más que previamente se escuche el parecer de la víctima. El objetivo es claro en la suspensión condicional de proceso, se busca el cambio de conducta en el inculpado, la erradicación de los factores internos o externos que lo han llevado a realizar el comportamiento reprochado. (.) Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales civiles. Plan de reparación. El imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. (.) Cuando las condiciones establecidas por el juez de Control para la suspensión condicional el proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas, se extinguirá la acción penal, para lo cual el juez de Control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento mismo que tiene efectos de cosa juzgada e impide el posterior procesamiento por los mismos hechos." Así, a diferencia de los medios alternativos de solución de controversias, en la suspensión condicional del proceso intervienen el imputado, la víctima, el Ministerio Público y el Juez, sin embargo, no es un procedimiento conciliatorio, ni un concierto de voluntades propiamente dicho ni se trata de una negociación o deliberación en estricto sentido, como lo refiere la responsable, pues no obstante que la víctima es escuchada e incluso puede proponer diversas condiciones a las propuestas por el imputado o argumentar que los aspectos substanciales de dicha forma de solución alterna del procedimiento no se encuentran cumplidos, lo cierto es que la autorización del mecanismo no depende de la voluntad o no de ésta, sino de que se cumplan a cabalidad los requisitos legales para ello. En tal virtud, es fundado el concepto de violación e), suplido en su deficiencia, en razón que, si en el caso concreto el imputado propuso un plan de reparación consistente en la entrega de numerario a la víctima en una sola exhibición con la finalidad de reparar los daños y para que tanto la víctima como la ofendida acudieran a terapia psicológica (cantidad que, dicho sea de paso, fue tomada a partir del escrito de acusación de la fiscalía, esto es, que el imputado basó su propuesta en lo que la representación social consideraba que era procedente por dicho concepto), no quiere decir que el imputado hubiese actuado de forma unilateral dejando en indefensión a la víctima, pues justamente a éste le compete proponer el plan de reparación conforme al artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que es un requisito que la propia ley le exige para la procedencia de su solicitud, el cual debe ser analizado a efecto de determinar si efectivamente con dicha cantidad se cubre la reparación del daño de forma razonable. Sin embargo, la víctima no realizó manifestación alguna en torno a la propuesta del imputado para reparar el daño; asimismo, del acto reclamado tampoco se advierte que la responsable haya referido la razón concreta por la cual consideró que la reparación del daño no se encontraba garantizada con la cantidad propuesta, independientemente de los argumentos propuestos en el sentido de que la reparación del daño debe ser integral (circunstancia que se comparte); lo cierto es que no señaló porqué en el caso concreto no se lograba dicho cometido. Bajo esta línea argumentativa, también se considera incorrecta la apreciación en torno a que la juez de origen soslayó el contenido del numeral 109, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se deprende que en los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deben observar todos los derechos que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables; así como de que los artículos 52, fracción IX, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 56, fracción III, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, proscriben la aplicación de la suspensión condicional del proceso en el presente asunto, por tratarse de un delito que implica violencia contra las mujeres (argumento 3). Ello en virtud que, como ya fue estudiado, la suspensión condicional del proceso no consiste en una conciliación o mediación, sino en una solución alterna diversa a éstas, por lo cual se considera que no se encuentra proscrita su aplicación de conformidad con los numerales citados; aunado a ello, el suscrito considera que los numerales relativos a las leyes general y estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tienen como finalidad evitar re victimizar a los pasivos del delito en que se hubiese ejercido violencia y que por la naturaleza traumática del evento, el obligarle a participar en una conciliación podría resultar en un daño psicológico mayor. Circunstancia, esta última, que en el caso no se actualiza, pues en primer lugar la madre del menor no es la víctima directa del delito, sino la ofendida y, en segundo lugar, ésta compareció a las audiencias en donde también estuvo presente el imputado, sin que se hubiese hecho valer alguna circunstancia de violencia o de resguardo de la ofendida. Asimismo, la responsable no estableció bajo qué elementos consideró que se actualizaba el abuso del quejoso en su género, pues únicamente declaró fundado el agravio refiriendo argumentos sobre perspectiva de género, sin embargo, no se advierte que refiera algún elemento objetivo del que se advierta que efectivamente existió dicho abuso en contra de la ofendida. En diverso contexto, es correcto y se comparte el argumento de la responsable en el sentido de que debe atenderse al interés superior de las niñas, niños y adolescentes en el presente caso, pues efectivamente así lo dispone el numeral 109, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que la víctima del delito de sustracción de hijo, lo es un niño. El aludido principio, principalmente encuentra su asidero en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 3°, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado tiene la ineludible obligación de atender a su interés superior, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Página: 334, registro digital 159897 de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia. De igual manera, se encuentra la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 49 establece que cuando en un proceso penal surgen indicios que un niño, niña o adolescente puede tener el carácter de víctima del delito, las autoridades tienen el deber de verificar oficiosamente tal situación a fin de determinar dicha circunstancia e incluso para establecer si puede ser acreedor o no a la reparación integral del daño. Cobra aplicación la tesis 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN. La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor y deriven de sus necesidades concretas." Así como la tesis 1a. CCCLXXXI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. RECONOCIMIENTO DE SU DIGNIDAD HUMANA DENTRO DEL PROCESO PENAL. A partir del reconocimiento de las víctimas como partes en el proceso penal y de la especial protección que se demanda de todas las autoridades en favor de los menores, deriva que en los procesos de justicia penal en los que participen, debe enfatizarse el esfuerzo por reconocer, entre otras cuestiones, su dignidad humana, el cual conlleva el deber de respetar y considerar al menor víctima como una persona con necesidades, deseos e intereses propios, de no ser humillado o degradado y, paralelamente, de alejarse de la concepción que se tiene de él como un simple receptor pasivo de protección y cuidado, o bien, como un medio para determinar la responsabilidad del inculpado en el proceso penal. Así, para respetar la dignidad del menor en el orden penal, debe brindársele una asistencia eficaz que incluya un tratamiento profesional con sensibilidad y tacto a lo largo del proceso de justicia, que considere sus necesidades inmediatas y la evolución de sus facultades (en función del sexo, impedimentos físicos y nivel de madurez) y, además, debe tratársele con pleno respeto a su intimidad e integridad física, mental y moral." Sin embargo, en el caso concreto tampoco se advierte que la autorización de la suspensión condicional del proceso, afecte en medida alguna el interés superior del niño involucrado, ello en virtud que el hecho de que se siga el proceso en contra de su progenitor, no le aportaría beneficio alguno, sino al contrario; aunado a lo anterior, no se advierte que su integridad se encuentre en riesgo con motivo de la suspensión condicional, pues las condiciones a que su padre se sometió, garantizan que se aporten los alimentos necesarios para su subsistencia y que, al menos durante el lapso en que deban cumplirse las condiciones, su padre no se acercará a él, para después, si así se estima pertinente para la autoridad que corresponda, reiniciar un régimen de visitas y convivencias, en estricto cumplimiento al derecho fundamental del menor a convivir con ambos padres. Incluso, se considera que la continuación del procedimiento, podría causar un mayor impacto en el interés superior del menor víctima, ello atendiendo a que antes de cualquier toma de decisiones, tratándose de un menor de edad, la autoridad jurisdiccional o administrativa, deberá evaluar el impacto en el interés superior del infante. Por consiguiente, si en el caso en estudio el procedimiento penal se sigue en contra del quejoso por haber conservado a su hijo y haberle privado de convivir con su madre con el argumento de que ésta lo maltrataba; entonces, también procede evaluar el posible impacto que provoca en el menor la adopción de esa medida. Esto es, qué le causa un impacto negativo y cuál decisión resulta en mayor beneficio, el que a su progenitor se le siga un procedimiento hasta la culminación de una posible sanción privativa de libertad y, con ello, la imposibilidad de obtener recursos con los que pueda aportarle los alimentos necesarios para su subsistencia e incluso la imposibilidad de convivir con él, por lo menos, durante el tiempo que dure en prisión; o bien, que aun cuando la madre del menor haya expresado oposición, se pueda evaluar si el plan de reparación del daño realmente garantiza la salvaguarda del derecho alimentario del menor, así como su derecho de convivencia con su progenitor. Además, porque si bien es el imputado quien somete a consideración el plan de reparación del daño; lo cierto es que la juez de control puede modificarlo en caso de que observe que con la propuesta inicial no se garantizaría la reparación del daño y, a su vez, puede imponerle al imputado ciertas condiciones a cumplir con la finalidad de lograr concientizarlo del daño causado y del compromiso que adquiere. Aunado a ello, siempre existe la posibilidad de que, ante el incumplimiento con el plan de reparación del daño o con las condiciones a las que se comprometió, tal medida de suspensión puede ser revocada para continuarse el procedimiento hasta el dictado del fallo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis (IV Región) 1o.6 P (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, registro 2023579, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 3185, que dice: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. CUANDO SE SOLICITA RESPECTO DEL DELITO QUE ATENTE CONTRA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA COMETIDO CONTRA UN MENOR DE EDAD Y EXISTA OPOSICIÓN DE SU REPRESENTANTE PARA QUE SE OTORGUE, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA VÍCTIMA, EN RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN QUE SE DIO EL INCUMPLIMIENTO, LAS CONDICIONES Y PLAZOS EN QUE EL IMPUTADO PROPONE EL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA POSIBILIDAD DE MODIFICARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). El artículo 221 del Código Penal del Estado de Campeche sanciona el delito que atente contra la obligación alimentaria, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado que es el derecho alimentario. Por otra parte, para que pueda otorgarse la suspensión condicional del proceso, el artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisitos, entre otros, que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Ahora bien, en casos en donde el antijurídico haya sido cometido contra un menor de edad, no basta con la simple oposición de quien representa sus derechos para que, de facto, se tenga por no reunido ese requisito de procedencia del citado beneficio. Esto es así, porque al ponerse en riesgo el interés superior del menor de edad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo noveno, faculta a todas las autoridades, como representantes del Estado, para que garanticen de manera plena los derechos de la niñez en la satisfacción de sus necesidades alimentarias, de salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo que guarda relación con la protección de las niñas, niños o adolescentes, establecida por el Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, apartado B, inciso h), párrafo 99. Por consiguiente, si el procedimiento penal se sigue contra el deudor alimentario por su incumplimiento, procede evaluar el posible impacto que provoca en el menor de edad la adopción de dicha medida, esto es, qué le causa impacto negativo y cuál decisión resulta en mayor beneficio: el que a su progenitor se le siga un procedimiento hasta la culminación de una posible sanción privativa de la libertad y, con ello, la imposibilidad de obtener recursos con los que pueda subsanar la conducta omisiva que seguirá prolongándose, o bien, que aun cuando la madre del menor, en representación del derecho alimentario de su hijo, haya expresado oposición, se pueda evaluar si el plan de reparación del daño realmente garantiza la salvaguarda del derecho alimentario y, con ello, su subsistencia. Último aspecto que cobra relevancia, pues si bien es el imputado quien somete a consideración el plan de reparación del daño, lo cierto es que el Juez de Control puede modificarlo en caso de que observe que con la propuesta inicial no se garantizaría y, a su vez, puede imponerle ciertas condiciones a cumplir con la finalidad de lograr concientizarlo del daño causado y del compromiso que adquiere. Aunado a ello, existe la posibilidad de que, ante el incumplimiento con el plan de reparación del daño o con las condiciones a las que se comprometió, la medida de suspensión puede ser revocada para continuarse el procedimiento hasta el dictado del fallo. Por consiguiente, cuando la concesión de la suspensión condicional del proceso se solicita respecto del delito que atente contra la obligación alimentaria cometido contra un menor de edad y exista oposición de quien representa sus derechos para que se otorgue, el juzgador debe ponderar qué depara mayor beneficio al interés superior de la víctima, en relación con las circunstancias especiales en que se dio el incumplimiento, el plan de reparación del daño causado por el delito, los plazos para cumplirlo, las condiciones en que se propone, así como si existe la posibilidad de modificarlo y, en esa medida, concientizar al procesado; esto, a fin de evitar un mayor impacto en el infante. OCTAVO. Determinación. Asentado lo anterior, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y otorgar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación ********************, para el efecto de que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México: Deje insubsistente el acto reclamado. 2. Dicte uno nuevo en el que, siguiendo las directrices destacadas en esta ejecutoria, de manera fundada y motivada analice nuevamente el acto combatido y resuelva con libertad de jurisdicción lo que sea procedente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra el acto reclamado y autoridad precisados en los considerandos SEGUNDO y TERCERO, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando SÉPTIMO de esta resolución y para los efectos expresados en el diverso OCTAVO. Notifíquese; personalmente al quejoso en el domicilio que señala en su demanda y a la representación social de la adscripción; por lista a la parte tercero interesada y mediante oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se ordena formar cuaderno de antecedentes, con motivo del escrito signado por la tercera interesada Wendy Marisol Aza Plasencia, por medio del cual pretende apersonarse al presente juicio, señalar domicilio, consultar el expediente electrónico, autorizar a diversa persona, además de realizar manifestaciones a manera de alegatos. En ese sentido, respecto a los correos electrónicos que señala, toda vez que la citada ley no los contempla como un medio para oír y recibir notificaciones, únicamente se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Sin embargo, toda vez que señala usuarios para consulta del expediente electrónico, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, y 31, fracciones II y III, de la ley de la materia, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal, se le practicarán vía electrónica por conducto del primer usuario (WENDY2903) que refiere; en el entendido que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días, a partir de que 02/02/24 18:15:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.01.52 AMALIA BORJA TORIBIO este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías a los usuarios "WENDY2903" y "OML_300T"; y, dígasele que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. También se tiene por autorizada a la persona que menciona siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En atención a sus manifestaciones que vierte en forma de alegatos, infórmese que el diez de julio del año en curso, se levantó el acta de audiencia constitucional y el asunto se encuentra en estudio para emitir la sentencia correspondiente, por lo que las manifestaciones que realiza resultan extemporáneas para ser tomadas en consideración, al emitirse el fallo respectivo. Por todo lo anterior, una vez que se dicte la sentencia respectiva, agréguese el presente cuadernillo al expediente principal sin ulterior acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 315/2023, del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar y emplazar a la tercera interesada ********************. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Por lo anterior, con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene por emplazada a este juicio de amparo. Por lo tanto, dese vista a dicha tercera interesada con las constancias que integran el presente juicio, para el efecto de que manifieste lo que a su interés convenga y esté en aptitud de imponerse de los autos. Finalmente, agréguese el oficio del apoderado legal de Teléfonos de México, mediante el cual, en atención al requerimiento de dieciséis de mayo actual, informa que no encontró registro en su base de datos de la tercera interesada ********************, de lo que se toma conocimiento; y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho proveído, respecto de la autoridad oficiante. Notifíquese.
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