Jose Reynaldo Corvera Sanchez
Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Jose Reynaldo Corvera Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuenta. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, los discos compactos que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 4972. Conste.Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que en auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resguardo de objeto. Ahora, toda vez que el oficio contiene como anexo un disco compacto; a fin de evitar el daño del mismo, resguárdese en la secretaría de este juzgado y queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El catorce de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial, con el oficio registrado con el número 4919 y la constancia actuarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que en auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Imposibilidad actuarial. Por otra parte, vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso, el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por los motivos que en la misma se expone. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar a la parte quejosa por lista de acuerdos tanto el aludido proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, así como el presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso por lista y cúmplase.
- Principal
hago constar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación de los proveídos de catorce de marzo de dos mil veintitrés y el diverso de catorce de abril de este año al quejoso José Reynaldo Corvera Sánchez, en el juicio de amparo 966/2022-VII, por medio de lista de estrados, que en síntesis dicen:"Tijuana, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguense a los autos los oficios de cuenta que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que en autos de nueve y trece de marzo del año en curso, se acordó sobre su contenido. Admisión de medios probatorios. Por otro lado, con fundamento en la interpretación sistemática de los numerales 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental consistente en el disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el siete de marzo de dos mil veintitrés, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de objeto. Ahora, a fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado y queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del artículo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la actualización de la referida causa de improcedencia significa que la omisión de dar trámite a la solicitud sobre el beneficio de libertad anticipada, ha cesado. Es así, porque de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se desprende lo siguiente: a) Que el quejoso José Reynaldo Corvera Sánchez, presentó escritos dentro del cuaderno de ejecución 1110/2018, en los que solicitó la liberación anticipada.(fojas 7 a 17). b) El diez de enero de dos mil veintitrés, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, emitió acuerdo en el que, entre otras cosas, radicó la solicitud del quejoso dentro del cuaderno de ejecución 1110/2018 y señaló las diez horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para resolver sobre la petición en comento (foja 39). c) El nueve de febrero del año en curso, en los autos del cuaderno de ejecución 1110/2018, difirió la audiencia relativa a la petición de libertad anticipada para las nueve horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que se acordó que el sentenciado realizaría el pago de la multa impuesta dentro de la causa penal 1154/2008. (Foja 53). (10:29 a 10:36). d) Luego, del contenido del disco compacto de cuenta, se obtiene que mediante audiencia de siete de marzo del año en curso difirió la audiencia relativa a la petición de libertad anticipada para las doce horas del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. (2:50 a 2:57). De lo informado, se advierte que si bien a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio -catorce de diciembre de dos mil veintidós- el juez responsable había incurrido en la omisión de acordar lo conducente a las peticiones del quejoso, también es cierto que las solicitudes elevadas por el impetrante del amparo ya fueron acogidas por la responsable durante la instauración del presente procedimiento, pues dicha autoridad señaló fecha y hora para resolver la petición de libertad anticipada solicitada, es decir, ha dado el trámite conducente para emitir una resolución en el momento procesal oportuno. Y si bien la audiencia de siete de marzo de esta anualidad fue diferida, ellos se debió a que falta la notificación de la víctima. En tales condiciones; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues la omisión que motivó la presentación del amparo se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente e asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se deja sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, siendo esta las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa." "Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que en auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Imposibilidad actuarial. Por otra parte, vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso, el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por los motivos que en la misma se expone. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar a la parte quejosa por lista de acuerdos tanto el aludido proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, así como el presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso por lista y cúmplase."
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