José Reynaldo Arcos Barcena
Expediente 330/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Reynaldo Arcos Barcena
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archívese el presente juicio como definitivamente concluido, mismo que es susceptible de ser destruido, y no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al quejoso, el auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el que: "Vista la demanda de amparo promovida contra del acto de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 330/2017-II. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En cumplimiento a lo anterior, se procede a estudiar la demanda en cuestión, empero, previamente debe señalarse que en el numeral en comento dispone que para desechar una demanda de amparo no basta con que se encuentre un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable, es decir, que de la simple lectura de la demanda, y en su caso de los documentos que a la misma se acompañen, se advierta de manera clara, inobjetable, sin dejar dudas, que el amparo resulta improcedente, supuesto en el que no es lógico que el Juez Federal admita a trámite un asunto ocioso para su resolución. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama el acuerdo de diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se dio trámite al incidente de revisión de actos del Presidente ejecutor promovido por la parte demanda y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental correspondiente, en el expediente laboral 414/93. En este orden, este Juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca de acuerdo a su naturaleza efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Ahora bien, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, si el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio lo constituye la determinación que tomó la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral 414/93, en acuerdo de diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se dio trámite al incidente de revisión de actos del Presidente ejecutor promovido por la parte demanda y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental correspondiente, es claro que esa actuación, de acuerdo a su naturaleza no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Es decir, el acto reclamado solo produce consecuencias de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de emitirse la resolución correspondiente al incidente de revisión de actos del Presidente ejecutor planteado al obtener un fallo favorable, y en caso de no ser así y persistir la transgresión de que se duele, puede ser reclamable mediante el juicio de amparo indirecto que se interponga contra la resolución interlocutoria que resuelva el incidente de revisión de actos del Presidente ejecutor planteado, en caso de que este sea procedente. Por ende, dado que el acto reclamado en estudio constituye una violación procesal, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Además, porque es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, conforme al 107, fracción V, de la ley de la materia, que la afectación de esos derechos sea material y que debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica del quejoso, lo cual en la especie no acontece; de ahí que el juicio de amparo promovido es improcedente. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa. En atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Vigencia de las jurisprudencias invocadas. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias P./J. 40/2000 y I.6º.T. J/89, invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al caso, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente. Notifíquese personalmente al promovente.
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