José Reyes Villalobos y Otros.
Expediente 2213/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2021
Partes del expediente
- José Reyes Villalobos y Otros.
- José Reyes Villalobos
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco; nueve de diciembre de dos mil veintiuno.I. Se toma conocimiento de MINTER. Vista la comunicación oficial de cuenta, recibida vía MINTERSCJN, proveniente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual, en esencia, informa a este juzgado federal el contenido de la resolución dictada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, misma que determinó reasumir la competencia respecto del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, relacionada con el amparo en revisión *** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que a su vez, deriva del juicio de amparo indirecto 3402/2018, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ordenando turnar el expediente para su estudio, a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, integrante de la Primera Sala del Alto Tribunal; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, y se toma conocimiento de la comunicación oficial de cuenta. notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, se mandó llamar para aceptar el cargo como perito oficial a *, señalándose su cita para el treinta de noviembre del año en curso, por lo que dicho plazo se encuentra transcurriendo al día de hoy. Acuerdo de diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese física y electrónica. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Rogelio Guizar Manzo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1073/2021, promovido por ***, por propio derecho y en representación de la menor ***., contra el acto reclamado al Juez Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretario de acuerdos adscrito; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la autoridad responsable *** por propio derecho y en representación del menor ***. promovió demanda de amparo directo y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridad responsable: Juez Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco Secretario de acuerdos adscrito Acto reclamado: El auto de dieciséis de abril de dos mil veinte, emitido en el juicio civil ordinario ***, en el que se fija convivencia provisional entre el progenitor y el menor de edad. Oficio ***, dirigido al Centro de Convivencia del Municipio de Guadalajara, Jalisco, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalajara, Jalisco Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, la registró como juicio de amparo ***, determinó no ser competente legalmente para conocer del citado juicio; por tanto, ordenó la remisión de la demanda y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco Con fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la demanda fue recibida en la oficina en cita, la cual la turnó a este Juzgado Federal el día veintiocho y la recibió en auto del día siguiente veintinueve requiriendo las constancias del juicio de origen así como las formadas en razón al juicio de amparo directo y la registró como juicio de amparo indirecto ***. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, llegados los autos del juicio de origen, se admitió a trámite la demanda de mérito, se requirió a la autoridad responsable informe justificado y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y dar vista a la representante social de la adscripción; Finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción IV, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de dieciséis de abril de dos mil veinte, emitido en el juicio civil ordinario ***, en el que se fija convivencia provisional entre el progenitor y el menor de edad. Oficio ***, dirigido al Centro de Convivencia del Municipio de Guadalajara, Jalisco, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalajara, Jalisco TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y secretario de acuerdos adscrito, ya que así lo manifestaron al rendir informe justificado. Certeza que además se corrobora con la totalidad de las constancias que obran en autos, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2 CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. Oportunidad de presentación de la demanda. La parte quejosa fue notificada del auto que reclama el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, y considerando que la demanda fue presentada el treinta de abril de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna. Sin que en dicho plazo se cuenten los días veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles acorde a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por la autoridad responsable Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial. De oficio, este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y último párrafo, y 5°, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial, no puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por ende, susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra dichos actos. A fin de evidenciar la causal de improcedencia apuntada, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.""Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, el Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la intervención del Secretario responsable sólo resulta para autorizar las resoluciones dictadas por el Juez de su adscripción, de acuerdo con la función que le fue atribuida, lo cual no implica que resuelva conjuntamente con éste, quien es el único responsable de sus actuaciones. Es aplicable al caso, la siguiente jurisprudencia: SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En consecuencia, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones atribuidas al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial. III. No se actualiza causa de sobreseimiento. En virtud de que del estudio de las constancias del sumario, no se advierte que se actualice causa de sobreseimiento en el presente juicio de amparo y que las partes no invocaron diversa, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.I. Fijación de la litis. Se centra en determinar si fueron apegadas a derecho las convivencias decretadas respecto del menor con su progenitor. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto es menester destacar los antecedentes del acto reclamado siguientes: Por escrito presentado el quince de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, ***demandó, en la vía civil ordinaria, a ***, entre otras cosas, la disolución del vínculo matrimonial; asimismo, solicitó como medida precautoria se decretara la convivencia con su menor hijo. Por escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la demandada dio contestación y, en lo que aquí interesa realizó manifestaciones oponiéndose al convivio del menor con su progenitor. Finalmente, por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial se decretó la convivencia provisional entre el citado menor y su progenitor. III. Conceptos de violación. La parte quejosa, aduce medularmente en sus conceptos de violación, que: Que la responsable no consideró que se le hizo saber la existencia del diverso juicio ***, del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial, en el que se le otorgó a la quejosa la custodia del menor y medidas de protección y, por el contrario, establece que "no se acredita conducta alguna en perjuicio del menor de edad para prohibir las convivencias con su progenitor". Que en relación a la edad del menor, la autoridad responsable no ponderó la edad del menor y que existen casos de enfermedades de menores con el virus Covid-19. Que no se consideraron la carga que implica para la progenitora del menor de edad, el traslado de éste al lugar en el que habrán de llevarse a cabo las convivencias con el hoy tercero interesado IV. Decisión sobre la litis constitucional. Es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal el concepto de violación precisado en el numeral 1, en el que la quejosa aduce que no se consideró la existencia del diverso juicio ***, del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial, en el que existen medidas de protección al menor y que debieron de tomarse en deración al momento de decretar las convivencias en el juicio de origen, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja de conformidad con el numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Ilustra a lo dicho la jurisprudencia que señala: MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.". En principio, cabe señalar que la institución que el derecho familiar ha reconocido como régimen de convivencia o derecho de visitas, la cual busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, la autoridad judicial al momento de implementarla, debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de los contendientes en el juicio de origen. Por tanto, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas, deberá tener como eje rector el principio del interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. Orienta a lo anterior la tesis siguiente: RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados.En este sentido, se establece que el ejercicio del régimen de convivencia o derecho de visitas, no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los familiares, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional del menor involucrado. En consecuencia, en cada caso concreto, el juzgador deberá ponderar diversos elementos que le permitan discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Por tanto, cuando los parientes de los menores pretenden ejercer, a través de la vía judicial, el derecho de convivencia, el interés que en realidad debe privilegiarse es el de éstos (los menores), sobre la base de que se aseguren su desarrollo y dignidad, y esto último es lo que justifica el dictado de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión. Ello es así, porque los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son éstos, sino los menores, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud que les permita realizarse como sujetos. Así, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Por tanto, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. Efectivamente, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio -cumpleaños, día del padre, día de la madre, etcétera-; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por su parte, el artículo 575 del Código Civil del Estado de Jalisco establece que: "Artículo 575. El Juez podrá decretar en todo momento las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de convivencia de las personas menores de edad, para tal efecto establecerá las condiciones que permitan, de ser posible, la subsistencia de los vínculos afectivos de la relación paterno filial, para lo cual podrá decretar las siguientes medidas de protección: I. Someter al padre o la madre a tratamiento profesional; II. Conceder al padre o la madre visitas y convivencia asistida o supervisada por institución pública; III. Prohibir al padre o la madre salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez; IV. Restringir las visitas y convivencia y autorizar otras formas de comunicación que permitan preservar los lazos familiares; V. Suspender temporalmente los derechos de visita y convivencia; y VI. Las demás medidas de apremio y medidas de protección que establezca la legislación civil. En los casos en que se ordene la convivencia supervisada, asistida o la entrega recepción de niñas, niños o adolescentes, éstas se deberán realizar en donde la autoridad administrativa competente determine. Todo lugar destinado a esta convivencia, será sujeto de supervisión en los términos del artículo 25 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco." De dicho numeral, se desprende que, el juez podrá decretar en todo momento las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de convivencia de las personas menores de edad, estableciendo condiciones que permitan la subsistencia de los vínculos afectivos de la relación paterno filial, pudiendo decretar para ello diversas medidas de protección. En la especie, la impetrante de amparo señala que la autoridad responsable al determinar la convivencias del menor ***., no consideró el argumento hecho valer en su escrito de contestación de demanda de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de que existe el diverso juicio ***, del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial, en el que se dictó auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y se concedieron medidas de protección, y custodia provisional, entre otras, en relación al riesgo de las convivencias del menor con su progenitor. Bajo ese tenor, el juez responsable al momento de emitir la medida cautelar reclamada se encontraba obligado a hacerse llegar todos los medios probatorios a su alcance, sobre todos los ofrecidos o en su caso anunciados por las partes en el juicio de origen, como en el caso lo hizo la quejosa en el escrito de referencia. Máxime si de ellos pudiera advertirse un riesgo latente o inminente para el menor que incidiera en lo atinente a las convivencias provisionales, es decir, una circunstancia o diverso indicio razonable que demostrara un perjuicio para el menor, para que así el juez de la causa obrara, en su caso, en el sentido de no acordar favorable la medida cautelar de convivencia. Así, analizado en su integridad el auto combatido de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se inadvierte pronunciamiento alguno referente a la prueba documental ofrecida por la quejosa consistente en las actuaciones del diverso juicio ***, del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial, en el que se dictó auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y se concedieron medidas de protección, y custodia provisional, entre otras, que refiere la quejosa que tienen relación respecto al riesgo de las convivencias del menor con su progenitor. Lo que hace que el juez responsable al pronunciarse de dicho tópico en el auto reclamado no se encuentre con una posición adecuada para valorar del modo en que podrán o no llevarse a cabo las convivencias provisionales, sino que únicamente se limitó a señalar: "(.) que no ha acreditado ni manifestado conducta alguna en perjuicio de su hijo menor de edad, resultando improcedente prohibir la convivencia del menor con su progenitor.", sin haber tomado en cuenta la totalidad de las manifestaciones realizadas por el promovente de amparo en su escrito de contestación de demanda. Además de lo anterior, del acto reclamado se inadvierte pronunciamiento alguno en relación a las convivencias, si éstas serían exclusivas de la manera en que se determinaron o inclusive podrían considerarse periodos vacacionales, días de fiesta, cumpleaños, día del padre, día de la madre, entre otras, en caso de que se alargara el juicio, o bien, que las que se realizan de forma habitual fueran de forma paulatina y gradualmente, atendiendo en todo momento a las condiciones físicas del menor, así como cualquier otra modalidad que el juzgador considerara pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Ilustra a lo señalado, la tesis siguiente: RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial. Corolario de lo expuesto, en vía de una justicia completa debe concederse el amparo solicitado.V. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionalmente violados, el amparo y protección de la justicia federal se otorga para el efecto de que el Juez Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno , dictado en el juicio civil ordinario ***, únicamente en lo relativo a las convivencias provisionales decretadas respecto del menor ***., con su progenitor; así como sus consecuencias. En su lugar, recabe la prueba señalada por la quejosa en el escrito presentado ante el juez de instancia el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, consistente en las actuaciones del diverso juicio ***, del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial. Una vez cumplimentado lo anterior, con libertad de jurisdicción, emita otro en el que atienda lo considerado en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución consistente en el oficio ***, girado al Centro de Convivencia del Municipio de Guadalajara, Jalisco, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalajara, Jalisco, por no combatirse por vicios propios y como vía de consecuencia del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que fuera analizado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ***, por propio derecho y en representación del menor ***., contra el acto reclamado al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto, en su punto número dos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por propio derecho y en representación del menor ***., contra el acto reclamado al Juez Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Colegiado admite revisión y solicita. Téngase por recibido, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto dentro del presente asunto en que se actúa, el cual quedó registrado como revisión 453/2021; asimismo, remítasele a la brevedad posible el escrito de agravios con número de registro 19423, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
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