José Reyes Rosales
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/06/2022
Partes del expediente
- José Reyes Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido que el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Juez Primero de lo Civil con carácter provisional, con residencia en esta ciudad y, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele vía oficio las copias certificadas de las constancias que indica. Asimismo, hágase de su conocimiento que el domicilio de la parte quejosa es el ubicado en boulevard Cuauhtémoc, número 1711, interior 204, Zona Río de esta ciudad; asimismo, el domicilio de la parte tercero interesada en el juicio de amparo en que se actúa se encuentra en calle Benito Juárez número 43, Zona Centro en la ciudad de Playas de Rosarito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días hábiles establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de siete de enero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que el dos de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, allegando copias certificadas de la partida 5227302, sección civil, de veinticuatro de octubre de dos mil, consistentes en un tomo de pruebas; por tanto, dado que éstas se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico del presente juicio, devuélvanse a la autoridad de mérito. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Tijuana, Baja California veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió pruebas documentales para apoyar sus manifestaciones, medios de prueba que se tienen por admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, del estado de autos se advierte que el quejoso José Reyes Rosales, en su escrito de demanda reclama la omisión de dar respuesta a sus escritos presentados dentro del cuaderno de ejecución 1046/2018, del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en las siguientes datas: 1. El tres de febrero de dos mil veintidós, en el que designó como defensor particular a Roberto Castro Jáuregui y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; así como solicitó se diera inicio al procedimiento ordinario de ejecución y se requiriera al Centro de Reinserción Social El Hongo I y II, con sede en Tecate, Baja California, a fin de que le remitiera la información necesaria para resolver las solicitudes de beneficio de libertad anticipada, descuento de quantum e prisión preventiva y beneficio de libertad condicionada; 2. El once de febrero de dos mil veintidós, en el que solicitó la concesión del beneficio de libertad condicionada; y, 3. El uno de abril de dos mil veintidós, en el que pidió que las probanzas consistentes en "carta de responsabilidad familiar (aval moral)"; así como el domicilio y datos generales de dicho responsable -aval moral- sean tomadas en consideración para resolver respecto del beneficio de libertad condicionada solicitada por José Reyes Rosales -aquí quejoso-. Luego, del oficio de cuenta, remitido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, se obtiene que dicha autoridad, dictó acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el cuaderno de ejecución 1046/2018, en el cual, en lo conducente determinó lo siguiente: "[.] ¨ Auto.- En la ciudad de Tecate, Baja California, dieciséis de mayo del años dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado por la Licenciada Dulce María Garibaldi López, en su carácter de Defensora Pública Estatal, del privado de la libertad JOSÉ REYES ROSALES, en donde solicita Beneficio de libertad condicionada, así como diversa información necesaria para dicho beneficio; asimismo escrito signado por el sentenciado en que se le tiene nombrando y autorizando al Licenciado Roberto Castro Jáuregui como su Defender (sic) particular, mismo que acepta y protesta cargo conferido, solicitando Beneficio de Libertad Anticipada, Descuento de Quantum de Prisión Preventiva y Beneficio de Libertad Condicionada; por otra parte se tiene al Licenciado Roberto Castro Jáuregui, en su carácter de defensor particular, solicitando Beneficio de Libertad Condicionada a favor del privado de la libertad, así como que se gire oficio a diversas autoridades a fin de que remitan información correspondiente al sentenciado y diversa remitiendo carta de responsabilidad familiar (aval moral); por último, se tiene diversa petición de la Licenciada Dulce María Garibaldi López, en su carácter de Defensora Pública Estatal solicitando se acuerde de conformidad la solicitud de Beneficio de libertad condicionada, [.] En lo relativo al nombramiento del Licenciado Roberto Castro Jáuregui, mismo que acepta y protesta cargo conferido, por lo que se le tiene por autorizado dicho nombramiento al profesionista antes mencionado. Ahora bien, dado no se cuenta con la documentación necesaria para saber cuál es la situación jurídica actual, como lo prevén los artículos 24, 25, 136, 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución, gírese oficio: A la Licenciada Sarahy Mendoza De la Vega, Director de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, Mexicali, Baja California, a efecto de que en un término de QUINCE días hábiles, contados a partir de que reciba el presente proveído, proporcione la siguiente información: Informe si existe riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima y ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Al Licenciado Víctor Manuel Rodríguez Peimbert, Encargado del Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en el Estado de Baja California, a efecto de que en un término de QUINCE días hábiles, contados a partir de que reciba el presente proveído, proporcione la siguiente información: Situación jurídica, si existe modificación al del oficio de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (sic). A los Directores del Centro de Reinserción Social El Hongo I y II, Tecate, Baja California, según corresponda al centro en donde se encuentre recluido el privado de la libertad, a efecto de que en término de QUINCE días hábiles, contados a partir de que reciba el presente proveído, proporcione la siguiente información: Plan de actividades en donde informen en relación a los programas que se encuentran en situación activo y programado. Partida de antecedentes. Copia de la ficha signalética y la identificación administrativa. Informe del centro penitenciario respecto a procedimientos disciplinarios desde su ingreso a la fecha. Debiendo de adjuntar la documentación que le de soporte a tal información, de acuerdo a lo que establece el artículo 103 y 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con el apercibimiento de acuerdo al ámbito de sus competencias que en caso de no dar cumplimiento en el plazo concedido, se les impondrá multa por el equivalente a VEINTE valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación en fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y fracción II, inciso b del numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos, de aplicación supletoria en la materia. En otro aspecto, en cuanto a la ejecución del pago de la multa y reparación del daño impuesta al sentenciado de mérito, con apoyo en lo señalado en los artículos 158 y 159 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, requiérasele para que en el plazo señalado por el Articulo 120 del Código penal del Estado vigente al momento de acontecer el hecho, cumpla con el pago de la multa y reparación del daño impuestos en sentencia firme, apercibiéndosele que de no cubrir el monto de la multa y reparación del daño en el plazo establecido, se dará inicio al procedimiento económico coactivo correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 160, de la ley antes mencionada. Por lo anterior, toda vez que el privado de la libertad solicita Beneficio de Libertad Anticipada, descuento de Quantum de Prisión Preventiva y Beneficio de Libertad Condicionada, es procedente requerir a las partes a efecto de que proporcionen en el término de CINCO días a partir de que reciban el presente oficio, el domicilio de la víctima u ofendido, para que este tribunal esté en posibilidad de realizar la notificación correspondiente, en caso de que no se informe, se proveerá lo conducente de acuerdo a lo establecido con el artículo 82 de Código Nacional de Procedimientos Penales. En lo relativo a su petición "Beneficio de Libertad Anticipada, Descuento de Quantum de Prisión Preventiva y Beneficio de Libertad Condicionada" se ordena dar VISTA A LAS PARTES por el termino de CINCO DÍAS hábiles a partir de que reciba la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que en derecho consideren procedente. Lo anterior con fundamento en los artículos 337 Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 8, 24, 25, y 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, es procedente señalar las DIEZ HORAS DEL DIA NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo una audiencia en la que se realicen los planteamientos que el sentenciado y s defensa estimen conducentes para resolver la petición en comento. [...]" Por tanto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Esto es así, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de abril de dos mil veintidós- la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, atendió las peticiones del quejoso y se pronunció sobre la designación de defensor particular y se dio inicio a la tramitación de los beneficios solicitados por la parte quejosa -beneficio de libertad anticipada, descuento de quantum e prisión preventiva y beneficio de libertad condicionada-; asimismo, requirió al Director de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad; Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en el Estado de Baja California y Directores del Centro de Reinserción Social El Hongo I y II, con sede Tecate, Baja California, la información necesaria para resolver los beneficios solicitados por el aquí quejoso y se pronunció sobre las probanzas anunciadas por su defensor; es claro que para los efectos del amparo la omisión reclamada ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. En este orden, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho fundamental alegada, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." No es obstáculo a lo antes señalado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, que recayó a sus escritos cuya omisión de acordar reclamaba, en el procedimiento de origen, toda vez que conjuntamente con este auto, se ordena notificar en forma personal dicho proveído a la parte quejosa para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro, es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra privado de su libertad, así como a su defensor. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm
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