José Reyes Ramos Martínez

Expediente 1886/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1886/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • José Reyes Ramos Martínez
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el dieciocho de febrero del presente año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaria, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, la citada determinación, se notificó a la parte quejosa el siete de abril del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del nueve al trece de abril siguientes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, tal como se desprende de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por otro lado, por proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se calificó cumplimiento y se hizo necesario requerir a la autoridad responsable por la cantidad faltante de $75.32 (setenta y cinco pesos 32/100, moneda nacional). Así, a través del oficio y anexo presentados el dieciocho de febrero del presente año en este Juzgado de Distrito, por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaria, comunicó que el doce de febrero del presente año, devolvió a la parte quejosa, por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $75.32 (setenta y cinco pesos 32/100, moneda nacional), situación que acreditó con el anexo antes indicado; por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el dieciocho de febrero del presente año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaria, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, la citada determinación, se notificó a la parte quejosa el siete de abril del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del nueve al trece de abril siguientes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, tal como se desprende de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por otro lado, por proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se calificó cumplimiento y se hizo necesario requerir a la autoridad responsable por la cantidad faltante de $75.32 (setenta y cinco pesos 32/100, moneda nacional). Así, a través del oficio y anexo presentados el dieciocho de febrero del presente año en este Juzgado de Distrito, por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaria, comunicó que el doce de febrero del presente año, devolvió a la parte quejosa, por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $75.32 (setenta y cinco pesos 32/100, moneda nacional), situación que acreditó con el anexo antes indicado; por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en informar los trámites realizados a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento total a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 203 a 208), la responsable comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticinco de octubre de este año (foja 209), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el referido oficio y anexos, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin en que en dicho lapso formularan alguna manifestación. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y este Órgano Jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 113 a 134), se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; no obstante, la parte agraviada interpuso recurso de revisión contra dicha resolución y por ejecutoria de veintinueve de agosto del presente año, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, determinó revocar la sentencia combatida y en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 172 a 186), para los efectos siguientes: Dejar insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente paraprocesal relativo al convenio fuera de juicio 5/2017; y, Dado que el trabajador adujo que tal convenio contiene renuncia de derechos, por lo que no lo ratificó y ello genera controversia entre las partes que lo suscribieron, se abstenga de sancionarlo y deje a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que estimen pertinentes. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta por Ministerio Ley de la Junta responsable el veinticuatro de septiembre de este año (fojas 193 a 194), dejó sin efectos la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete emitida en el expediente 5/2017; además, el veinticuatro de octubre de este año (fojas 203 a 208), presentó ante este juzgado, copias certificadas de la resolución incidental del convenio fuera de juicio 5/2017 de su índice, de la que se desprende que se dejó insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del expediente paraprocesal 005/2017 de su estadística, determinando además, no sancionar el convenio celebrado por las partes y se dejaron a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía y forma que estimen procedentes. Luego, por acuerdo de veinticinco de octubre del año en cita (foja 209), se ordenó notificar dicha determinación a la parte quejosa, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción y al tercero interesado por medio de oficio, lo que tuvo verificativo el veintiocho y treinta y uno del mes y año en comento (fojas 213 y 214); sin que se efectuaran manifestaciones. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales y derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asuntos concluidos, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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