José Reyes Ramírez

Expediente 555/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
555/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • José Reyes Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2° se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio.

  2. Principal

    Visto el informe justificado que rinde el encargado de despacho de la Oficialía Mayor del Municipio de Celaya, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo contemplado en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, las cuales se tienen por desahogadas dada su naturaleza. Asimismo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona. Ahora, del referido informe se desprende que la autoridad responsable, expuso que, dio respuesta a la solicitud ingresada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para lo cual emitió el oficio DPC/034/019, de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, que fue notificado el dieciocho siguiente; al efecto, anexa las constancias relativas. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la omisión de emitir la respuesta a la solicitud que presentó el quejoso respecto a una constancia de trabajo, presentada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, acto que reclama a la autoridad responsable, oficial mayor del Municipio de Celaya. Ahora, de las manifestaciones hechas valer por la autoridad responsable en su informe justificado, así como de las constancias que exhibió anexas a éste, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa presentó la solicitud respecto a una constancia de trabajo. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el encargado de despacho de la Oficialía Mayor del Municipio de Celaya, emitieron el oficio DPC/034/019, por el que da respuesta a la solicitud. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, ese documento fue notificado y entregado a la parte interesada. Lo que pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, y le fue notificado, con ello se restituyó su derecho de petición, y cesaron los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por**********. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda signada por ********************, en contra de actos atribuidos al oficial Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, fórmese el expediente físico y digital bajo el número 555/2019. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Intervención de fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, debe tomar en consideración el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida, que de no hacerlo dentro del plazo concedido se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, para llevar el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. Con relación a las pruebas documentales, presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Pronunciamiento de incidente de suspensión. Sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Domicilio y autorizados. El promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********************en esta ciudad y autorizadas en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, toda vez que de la certificación de cuanta se advierte que tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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