José Reyes Azcorra Martín
Expediente 457/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Reyes Azcorra Martín
- Integrantes del Ejido Villa Cozumel
- Tribunal Unitario Agrario Distrito 44
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en la que se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
CITATORIO. Toda vez que la parte quejosa no acudio a este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente dentro del término de ley de la sentencia dictada el veinte de los corrientes, no obstante del citatorio de veinticuatro de octubre de esta anualidad, en conseucencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio de mérito y se le notifica mediante lista de estrados la sentencia aludida, la cual en lo conducente se determina lo siguiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 457/2017, promovido por el Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respectivamente, contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado la misma data, el Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respectivamente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo DÉCIMO PRIMERO en el que se otorga MEDIDA PRECAUTORIA, en el auto de admisión de fecha 5 de junio de dos mil diecisiete por lo que determina lo siguiente: "Con relación a la medida precautoria solicitada, conforme la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, es procedente solo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva este litigio; esto es, la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstengan de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martin, José Audencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, apercibidos que de ser omisos, les será aplicada una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el país (antes Distrito Federal - hoy Ciudad de México), a cada uno, conforme al artículo 59 fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. La medida que aquí se concede no impone fijar garantía a los actores, debido a que solamente se pretende mantener las cosas en el estado que actualmente guardan. Proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado. Sumado a esto, de los autos no se advierten elementos cuantitativos o cualitativos que permitan fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieren causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieren sentencia favorable. Empero no procede otorgar la citada medida en cuanto a lo ordenar al Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo se abstenga de inscribir alguna acta de asamblea de ejidatarios en que se vulneren los derechos de los accionistas, porque no se señala la fecha de la reunión ejidal en que se hubieren lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes; asimismo, porque de la narrativa del último párrafo del hecho 3 que los propios inconformes admiten que no existe acta de esa naturaleza; aunado a que sería innegablemente parte del fondo del controvertido." SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de diez de julio de esta anualidad (fojas 33 a 35) este juzgado admitió a trámite la demanda y lo registró con el expediente 457/2017, se solicitó informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y día para verificar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la Litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Al respecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclamó lo siguiente: El auto de admisión de cinco de junio de dos mil diecisiete, en autos del juicio agrario 240/2017 del índice de la responsable, mediante el cual, entre otras cosas, se decretó una medida precautoria consistente en que "la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audencia Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, en contra del Ejido aquí quejoso. Por lo que bajo ese tenor, el acto reclamado precisado en este considerando es el que constituirá la Litis en el presente asunto. Al caso se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sirve de apoyo también a lo anterior, la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, abril de dos mil cuatro, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del carpeta de apelación del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez establecido el acto sobre el que versará la Litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir informe justificado (foja 50 a 52). Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Quinta Época, apéndice 2000, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiera la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en sustento a su informe justificado, consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran el juicio agrario número 240/2017, de su índice. Documental que, dada su naturaleza de pública, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 153, tomo VI, Materia Común, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Lo anterior, en atención a que en la constancia a que se ha hecho referencia, se advierte que obra el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 54 a 56 del tomo I de pruebas), por medio del cual la referida autoridad responsable admitió a trámite el juicio agrario promovido por Fredi Dzay tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, en el que, entre otras cosas, impuso una medida precautoria en contra del Ejido quejoso consistente en que "la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audencia Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, lo cual constituye el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia que se invoca en términos del artículo Transitorio de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese tenor, toda vez que ninguna de las partes hizo valer causas de improcedencia, ni este Juzgado advierte de oficio su actualización, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tiene por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Para tal efecto, es importante advertir que de las constancias del juicio agrario 240/2017, que remitió la autoridad responsable al juicio de amparo motivo de análisis (457/2017), las cuales fueron valoradas en el considerando cuarto de la presente resolución, en lo que aquí interesa se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el uno de junio del año en curso, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en Chetumal, Quintana Roo, Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, demandaron a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido denominado Cozumel, municipio del mismo nombre, a través de su comisariado ejidal, a fin de que se les reconozca su calidad agraria como ejidatario con derechos inherentes en el citado ejido y se les permita ejercer los mismos, de igual forma, solicitaron que se decretara una medida precautoria en contra del ejido demandando (fojas 1 a 5 del tomo I de pruebas). 2. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 admitió la demanda, la registró con el número 240/2017, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, ordenó emplazar a la parte demandada, decretó procedente imponer la medida precautoria solicitada por la parte demandante en el juicio agrario, y ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan, hasta en tanto sea resuelto en definitiva el juicio de origen, medida consistente en que la Asamblea de Ejidatarios del poblado de Cozumel, se abstuviera de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener los ahí demandantes (fojas 54 y 55 del tomo I de pruebas). Auto que a manera de una mayor claridad en la presente resolución se transcribe en su parte de interés. ".AUTO DE ADMISIÓN El Secretario de Acuerdos, con fundamento en el artículo 22, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, da cuenta al Magistrado con escrito y anexos que exhibieron FREDI DZAY TEC y otros, recibido con folio 2725.---------------------------CONSTE. En Chetumal, Quintana Roo; a cinco de junio de dos mil diecisiete. PRIMERO. Conforme los artículos 17 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 96, 163, 164, 185 y demás aplicables de la Ley Agraria, 1, 2, fracción II, 5, y 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los artículos 1, 70, 276, 288, 305, 306, 309, fracción 1, 322, 323, 324, 327, 328 del supletorio Código federal de Procedimientos Civiles; se tiene recibida la demanda de cuenta y anexos, regístrese en el Libro de Gobierno e intégrese el expediente con el número que corresponda.---------------------------------------------------------------------- [.] SEGUNDO. SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de cuenta y anexos en vía de controversia agraria por el respecto de los derechos de ejidatarios.----------------------------------------------------- [.] DECIMOPRIMERO. Con relación a la medida precautoria solicitada, conforme la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, es procedente sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva este litigio; esto es, la Asamblea de Ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstengan de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener FREDI DZAY TEC, JOSÉ REYES AZCORRA, JOSÉ AUDIENCIO ANGULO GARCÍA y DAVID ALBERTO DE JESÚS PINTO SILVA; apercibidos que de ser omisos, les será aplicada una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el País (antes Distrito Federal-hoy Ciudad de México), a cada uno, conforme el artículo 59, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.--------- La medida que aquí se concede no impone fijar garantía a los actores, debido a que solamente se pretende mantener las cosas en el estado que actualmente guarden, proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado. Sumado a esto, de los autos no se advierten elementos cuantitativos o cualitativos que permiten fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieran sentencia favorable.-- Empero, no procede otorgar la citada medida en cuanto a ordenarle al delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, se abstenga de inscribir alguna acta de asamblea de ejidatarios en los que se vulneren los derechos de los accionantes, porque no se señala la fecha de la reunión ejidal en que se hubieran lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes; asimismo, porque de la narrativa del último párrafo del hecho 3 que los propios inconformes admiten que no existe acta de esa naturaleza; aunado a que sería innegablemente parte del fondo del fondo del controvertido. [.]" Proveído, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, la parte quejosa aduce en su concepto de violación que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales respecto a la legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 de la Constitución, pues alegan que al dictar la responsable la medida precautoria sobrepasa sus facultades, ello en virtud de que si el objeto de dicha medida es proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, cae en contradicción toda vez que ordena al Ejido aquí quejoso se abstenga de realizar hechos futuros e inciertos que impliquen una molestia para los accionantes en el juicio de origen. Sin embargo, manifiestan que si fuere el caso de que la asamblea tomara acuerdos referentes a los actores en el juicio de origen, estos tienen el derecho de impugnarlos en la vía que corresponda, pero lo que al momento está haciendo el tribunal responsable es vulnerar su autonomía establecida Constitucionalmente, así como en su ley reglamentaria al ordenarles no hacer cosas futuras, negándoles su derecho a la libre determinación al interior del ejido que representan, mismo que se encuentra regulada por su propio reglamento interno. Es decir, se duelen que la responsable priva al ejido de ejercer sus derechos establecidos en los artículos 9, 10, 22, 23 de la Ley Agraria, así como en el diverso 27, fracción VII de nuestra Constitución. El concepto de violación hecho valer por los quejosos es infundado, sin que este órgano de control constitucional advierta algún motivo de queja deficiente qué suplir en términos del artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: En primer término, antes de resolver el concepto de violación que propone el quejoso conviene dilucidar la naturaleza de las medidas cautelares o precautorias como también se les conoce, las cuales son aquellas determinaciones adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, bien sea de oficio o a solicitud de parte interesada, que resultan necesarias para asegurar las responsabilidades de tipo civil y penal y los derechos de las partes, con aplicabilidad sobre derechos, personas o bienes; es decir, son aquéllas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el que pueda, de inmediato, obtener la ejecución judicial del mismo. Así, se puede establecer que las medidas cautelares conocidas como providencias precautorias, son las determinaciones decretadas por la autoridad, ya sea de oficio o a instancia de parte; antes del juicio, al inicio o durante la secuela procesal; son provisionales y su finalidad es la de conservar la materia del juicio; de forma que una vez que se dicte sentencia en el sentido que sea, exista aún materia sobre la que ejecutar el fallo, ante el peligro en la demora, por lo que es evidente que su finalidad es la de prevenir un daño irreparable, entonces, toda medida procesal precautoria lleva inserta la intención de mantener vivo el objeto del juicio para asegurar el buen éxito de la contienda. En lo que aquí interesa, sobre ese tema -medidas precautorias en los juicios agrarios- nuestro Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 53/2005-SS, sostuvo que cuando los ejidatarios demandan al Ejido y solicitan el embargo precautorio de bienes, el Tribunal Unitario Agrario tiene facultades para ordenar dicha medida cautelar para proteger a los ejidatarios demandantes y, en su caso, puede fijar la garantía que aquellos deban exhibir para indemnizar al demandado por los daños y perjuicios que con la medida puedan causársele, siempre considerando las condiciones económicas de los actores. Por su parte, el artículo 166 de la Ley Agraria, dispone lo siguiente: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el libro primero, título segundo, capítulo III de la Ley de Amparo. (.)." Como se aprecia el artículo en estudio prevé dos supuestos jurídicos diferentes: por una aparte, la posibilidad de practicar diligencias precautorias solicitadas por los interesados para proteger sus intereses (cuando se demande a particulares); y por otro lado, la posibilidad de suspender el acto de autoridad y la forma de garantizar la posible reparación del daño en caso de que la sentencia sea desfavorable. Asimismo, es de destacar que la Ley Agraria no regula ampliamente las medidas precautorias; sin embargo, sus artículos 2º y 167 disponen expresamente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando lo ahí previsto no se oponga directa o indirectamente a dicha ley; por tanto, debe atenderse a esta última disposición para resolver sobre el particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 449, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, novena época, cuyo rubro y texto señalan: "MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles.". Para un mejor entendimiento de las diligencias precautorias, debe acudirse al Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria en términos de su artículo 167, por lo que para mayor ilustración, se transcriben los preceptos que lo conforman: "Artículo 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. [.] Artículo 387. En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete. Artículo 388. La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita. Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito. Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y, II. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito." De los artículos transcritos se observa el establecimiento y regulación de las medidas precautorias, las cuales son una especie de medidas cautelares, de cuyo análisis deriva lo siguiente: Pueden decretarse dentro del juicio o antes de su inicio; Para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del proceso; La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita; y, Los tipos de medidas precautorias que se pueden dictar, son: 1.- El embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio: El embargo se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio; no obstante, la resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. La parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen; a su vez, la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía. 2.- El depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito. El depósito o aseguramiento, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse. El promovente de la medida señalada deberá otorgar previamente, garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Con base en los lineamientos anteriores, se obtiene que las medidas precautorias contempladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles constituyen una especie de las medidas cautelares que, en forma genérica, son aquellas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial en caso de ser favorable la sentencia definitiva, mediante el ejercicio de una medida o diligencia provisional que se lleva a cabo para evitar que el deudor o demandado oculte o dilapide sus bienes. Por su parte, la suspensión del acto de autoridad que prevé el citado numeral 166 de la Ley Agraria, a diferencia de las diligencias precautorias, se encuentra regulada por la Ley de Amparo, en su Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, sin embargo dicha suspensión únicamente puede solicitarse respecto de actos de autoridades. En términos del citado capítulo, tal suspensión puede decretarse en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados -o la contestación de demanda en este caso-, la suspensión definitiva, debiendo resolver el Magistrado Agrario en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado suspenda sus consecuencias y no causar daños irreparables a quienes intervienen en la contienda. En resumen, la diferencia medular entre las diligencias precautorias y la suspensión del acto reclamado, es que la primera tiene por objeto garantizar el resultado del juicio cuando se reclamen prestaciones económicas mediante el embargo, o asegurar las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito, es decir, que sean necesarios tener a la vista para que el juzgador esté en aptitud de resolver la litis; y la segunda, evitar que se continúe ejecutando el acto de autoridad (demandado dentro del juicio agrario) a fin de que no se causen daños y perjuicios de imposible reparación. Bajo tales premisas, y de una simple revisión hecha al acuerdo en estudio de cinco de junio de dos mil diecisiete, se advierte que el Tribunal Agrario responsable, para justificar su determinación de decretar la medida precautoria expresó que con la facultad que le confiere el artículo 166 de la Ley Agraria decretó la solicitud para el efecto de las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva el juicio agrario, específicamente para que la asamblea de Ejidatarios del poblado de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva. Por otro lado, consideró innecesaria la imposición de una garantía a los actores del juicio de origen, debido a que solamente se pretendía mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de la instauración del juicio agrario, así como la de proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado y no advirtió elementos cuantitativos o cualitativos que permitieran fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieran sentencia favorable. De igual forma, no otorgó la citada medida con la finalidad de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, no inscribiera alguna acta de asamblea de ejidatarios en los que se vulnerarán los derechos de los accionantes, porque los demandantes no señalaban la fecha de la reunión ejidal en que se hubieran lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes. De ahí que se demuestre lo infundado de los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, dado que la autoridad responsable determinó lo que la Ley le otorga en cuestión de medidas precautorias, tal y como lo solicitaron los demandantes. En efecto contrario a lo sostenido por el quejoso, el Tribunal responsable con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Agraria, 384, 387, 388 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria, decretó las diligencias precautorias necesarias para mantener la situación de hecho existente con el fin de asegurar los intereses de las partes en los juicios agrarios, otorgando una medida cautelar para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban al momento de que se instó el juicio agrario, únicamente por lo que hacía a los derechos ejidatarios de los demandantes, hasta en tanto se concluyera dicho juicio, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad de la situación que se mantiene ni sobre los derechos o responsabilidades de quien la solicita, como incorrectamente lo quiere hacer valer la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis XII.2º.10 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 749, del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DILIGENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA AGRARIA. LAS QUE PROVEAN LOS TRIBUNALES AGRARIOS DEBEN DIRIGIRSE A PROTEGER A LOS INTERESADOS EN LOS DERECHOS AGRARIOS CONTROVERTIDOS EN EL JUICIO. Del análisis sistemático de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 181, 185, fracción II y 163 de la Ley Agraria y 18, fracción XI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que el régimen jurídico de propiedad ejidal o comunal tiende a proteger ese tipo de propiedad, en cuanto a su integridad, aprovechamiento y acciones de fomento, no de manera exclusiva por el carácter de las partes en el juicio, sino por la naturaleza del derecho controvertido y, esencialmente, por su incidencia sobre los derechos de propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios. Partiendo de lo anterior la interpretación correcta del artículo 166, primer párrafo, de la Ley Agraria, en la parte donde expresamente dice que: "Los Tribunales Agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados.", debe ser en el sentido de que la protección aludida en los juicios agrarios, se refiere a los derechos de los interesados cuya naturaleza sea de la materia agraria, y que correspondan a los que hicieron valer las partes ante el órgano jurisdiccional competente, y no cualquier otro derecho que, aun cuando corresponda a las partes contendientes en el juicio, no derive del derecho sustantivo agrario controvertido en éste." En ese orden de ideas, como ya se dijo en párrafos anteriores, las medidas precautorias contempladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles constituyen una especie de las medidas cautelares que, en forma genérica, son aquellas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial en caso de ser favorable la sentencia definitiva, mediante el ejercicio de una medida o diligencia provisional que se lleva a cabo para evitar que el deudor o demandado oculte o dilapide sus bienes, lo cual correctamente realizó la autoridad responsable. Por lo que se concluye que, contrario a lo que alega la parte quejosa, la autoridad responsable actuó en forma legal, pues la medida precautoria que impuso se encuentra contemplada tanto en la Ley Agraria, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, como se expone a continuación: a) El Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 no invadió la autonomía del Comisariado Ejidal que representan y, pues como ya se dijo, la medida precautoria se encuentra prevista tanto en la Ley Agraria, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; b) Dicha medida no vulneró la autonomía del Ejido aquí quejoso, en virtud de que no impidió las actividades propias de su Asamblea, si no únicamente los limitó a que no realizaran algún acto de molestia por lo que hace a los ejidatarios Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva; y, c) La medida precautoria reclamada no es de manera definitiva, pues tal como lo determinó el Tribunal responsable, surtiría efectos hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio agrario de origen, ello, a fin de conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad como motivo de la tramitación del proceso. Máxime que si la ley de la materia prevé la imposición de las medidas cautelares es con el fin de dirigirse a proteger a los interesados en los derechos agrarios controvertidos en el juicio, es decir, únicamente por lo que hace a los derechos de los interesados cuya naturaleza sea de la materia agraria, y que correspondan a los que hicieron valer las partes ante el órgano jurisdiccional competente. Consecuentemente, ante infundado del concepto de violación, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respecto de los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hasta hoy veinte de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que las labores de este juzgado permitieron el engrose, asistido del licenciado Marco Vinicio Alvarado Sanz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 457/2017, promovido por el Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respectivamente, contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado la misma data, el Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respectivamente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo DÉCIMO PRIMERO en el que se otorga MEDIDA PRECAUTORIA, en el auto de admisión de fecha 5 de junio de dos mil diecisiete por lo que determina lo siguiente: "Con relación a la medida precautoria solicitada, conforme la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, es procedente solo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva este litigio; esto es, la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstengan de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martin, José Audencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, apercibidos que de ser omisos, les será aplicada una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el país (antes Distrito Federal - hoy Ciudad de México), a cada uno, conforme al artículo 59 fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. La medida que aquí se concede no impone fijar garantía a los actores, debido a que solamente se pretende mantener las cosas en el estado que actualmente guardan. Proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado. Sumado a esto, de los autos no se advierten elementos cuantitativos o cualitativos que permitan fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieren causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieren sentencia favorable. Empero no procede otorgar la citada medida en cuanto a lo ordenar al Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo se abstenga de inscribir alguna acta de asamblea de ejidatarios en que se vulneren los derechos de los accionistas, porque no se señala la fecha de la reunión ejidal en que se hubieren lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes; asimismo, porque de la narrativa del último párrafo del hecho 3 que los propios inconformes admiten que no existe acta de esa naturaleza; aunado a que sería innegablemente parte del fondo del controvertido." SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de diez de julio de esta anualidad (fojas 33 a 35) este juzgado admitió a trámite la demanda y lo registró con el expediente 457/2017, se solicitó informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y día para verificar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la Litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Al respecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclamó lo siguiente: El auto de admisión de cinco de junio de dos mil diecisiete, en autos del juicio agrario 240/2017 del índice de la responsable, mediante el cual, entre otras cosas, se decretó una medida precautoria consistente en que "la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audencia Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, en contra del Ejido aquí quejoso. Por lo que bajo ese tenor, el acto reclamado precisado en este considerando es el que constituirá la Litis en el presente asunto. Al caso se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sirve de apoyo también a lo anterior, la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, abril de dos mil cuatro, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del carpeta de apelación del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez establecido el acto sobre el que versará la Litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir informe justificado (foja 50 a 52). Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Quinta Época, apéndice 2000, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiera la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en sustento a su informe justificado, consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran el juicio agrario número 240/2017, de su índice. Documental que, dada su naturaleza de pública, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 153, tomo VI, Materia Común, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Lo anterior, en atención a que en la constancia a que se ha hecho referencia, se advierte que obra el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 54 a 56 del tomo I de pruebas), por medio del cual la referida autoridad responsable admitió a trámite el juicio agrario promovido por Fredi Dzay tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, en el que, entre otras cosas, impuso una medida precautoria en contra del Ejido quejoso consistente en que "la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audencia Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, lo cual constituye el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia que se invoca en términos del artículo Transitorio de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese tenor, toda vez que ninguna de las partes hizo valer causas de improcedencia, ni este Juzgado advierte de oficio su actualización, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tiene por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Para tal efecto, es importante advertir que de las constancias del juicio agrario 240/2017, que remitió la autoridad responsable al juicio de amparo motivo de análisis (457/2017), las cuales fueron valoradas en el considerando cuarto de la presente resolución, en lo que aquí interesa se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el uno de junio del año en curso, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en Chetumal, Quintana Roo, Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, demandaron a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido denominado Cozumel, municipio del mismo nombre, a través de su comisariado ejidal, a fin de que se les reconozca su calidad agraria como ejidatario con derechos inherentes en el citado ejido y se les permita ejercer los mismos, de igual forma, solicitaron que se decretara una medida precautoria en contra del ejido demandando (fojas 1 a 5 del tomo I de pruebas). 2. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 admitió la demanda, la registró con el número 240/2017, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, ordenó emplazar a la parte demandada, decretó procedente imponer la medida precautoria solicitada por la parte demandante en el juicio agrario, y ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan, hasta en tanto sea resuelto en definitiva el juicio de origen, medida consistente en que la Asamblea de Ejidatarios del poblado de Cozumel, se abstuviera de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener los ahí demandantes (fojas 54 y 55 del tomo I de pruebas). Auto que a manera de una mayor claridad en la presente resolución se transcribe en su parte de interés. ".AUTO DE ADMISIÓN El Secretario de Acuerdos, con fundamento en el artículo 22, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, da cuenta al Magistrado con escrito y anexos que exhibieron FREDI DZAY TEC y otros, recibido con folio 2725.---------------------------CONSTE. En Chetumal, Quintana Roo; a cinco de junio de dos mil diecisiete. PRIMERO. Conforme los artículos 17 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 96, 163, 164, 185 y demás aplicables de la Ley Agraria, 1, 2, fracción II, 5, y 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los artículos 1, 70, 276, 288, 305, 306, 309, fracción 1, 322, 323, 324, 327, 328 del supletorio Código federal de Procedimientos Civiles; se tiene recibida la demanda de cuenta y anexos, regístrese en el Libro de Gobierno e intégrese el expediente con el número que corresponda.---------------------------------------------------------------------- [.] SEGUNDO. SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de cuenta y anexos en vía de controversia agraria por el respecto de los derechos de ejidatarios.----------------------------------------------------- [.] DECIMOPRIMERO. Con relación a la medida precautoria solicitada, conforme la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, es procedente sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva este litigio; esto es, la Asamblea de Ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstengan de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener FREDI DZAY TEC, JOSÉ REYES AZCORRA, JOSÉ AUDIENCIO ANGULO GARCÍA y DAVID ALBERTO DE JESÚS PINTO SILVA; apercibidos que de ser omisos, les será aplicada una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el País (antes Distrito Federal-hoy Ciudad de México), a cada uno, conforme el artículo 59, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.--------- La medida que aquí se concede no impone fijar garantía a los actores, debido a que solamente se pretende mantener las cosas en el estado que actualmente guarden, proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado. Sumado a esto, de los autos no se advierten elementos cuantitativos o cualitativos que permiten fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieran sentencia favorable.-- Empero, no procede otorgar la citada medida en cuanto a ordenarle al delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, se abstenga de inscribir alguna acta de asamblea de ejidatarios en los que se vulneren los derechos de los accionantes, porque no se señala la fecha de la reunión ejidal en que se hubieran lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes; asimismo, porque de la narrativa del último párrafo del hecho 3 que los propios inconformes admiten que no existe acta de esa naturaleza; aunado a que sería innegablemente parte del fondo del fondo del controvertido. [.]" Proveído, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, la parte quejosa aduce en su concepto de violación que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales respecto a la legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 de la Constitución, pues alegan que al dictar la responsable la medida precautoria sobrepasa sus facultades, ello en virtud de que si el objeto de dicha medida es proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, cae en contradicción toda vez que ordena al Ejido aquí quejoso se abstenga de realizar hechos futuros e inciertos que impliquen una molestia para los accionantes en el juicio de origen. Sin embargo, manifiestan que si fuere el caso de que la asamblea tomara acuerdos referentes a los actores en el juicio de origen, estos tienen el derecho de impugnarlos en la vía que corresponda, pero lo que al momento está haciendo el tribunal responsable es vulnerar su autonomía establecida Constitucionalmente, así como en su ley reglamentaria al ordenarles no hacer cosas futuras, negándoles su derecho a la libre determinación al interior del ejido que representan, mismo que se encuentra regulada por su propio reglamento interno. Es decir, se duelen que la responsable priva al ejido de ejercer sus derechos establecidos en los artículos 9, 10, 22, 23 de la Ley Agraria, así como en el diverso 27, fracción VII de nuestra Constitución. El concepto de violación hecho valer por los quejosos es infundado, sin que este órgano de control constitucional advierta algún motivo de queja deficiente qué suplir en términos del artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: En primer término, antes de resolver el concepto de violación que propone el quejoso conviene dilucidar la naturaleza de las medidas cautelares o precautorias como también se les conoce, las cuales son aquellas determinaciones adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, bien sea de oficio o a solicitud de parte interesada, que resultan necesarias para asegurar las responsabilidades de tipo civil y penal y los derechos de las partes, con aplicabilidad sobre derechos, personas o bienes; es decir, son aquéllas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el que pueda, de inmediato, obtener la ejecución judicial del mismo. Así, se puede establecer que las medidas cautelares conocidas como providencias precautorias, son las determinaciones decretadas por la autoridad, ya sea de oficio o a instancia de parte; antes del juicio, al inicio o durante la secuela procesal; son provisionales y su finalidad es la de conservar la materia del juicio; de forma que una vez que se dicte sentencia en el sentido que sea, exista aún materia sobre la que ejecutar el fallo, ante el peligro en la demora, por lo que es evidente que su finalidad es la de prevenir un daño irreparable, entonces, toda medida procesal precautoria lleva inserta la intención de mantener vivo el objeto del juicio para asegurar el buen éxito de la contienda. En lo que aquí interesa, sobre ese tema -medidas precautorias en los juicios agrarios- nuestro Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 53/2005-SS, sostuvo que cuando los ejidatarios demandan al Ejido y solicitan el embargo precautorio de bienes, el Tribunal Unitario Agrario tiene facultades para ordenar dicha medida cautelar para proteger a los ejidatarios demandantes y, en su caso, puede fijar la garantía que aquellos deban exhibir para indemnizar al demandado por los daños y perjuicios que con la medida puedan causársele, siempre considerando las condiciones económicas de los actores. Por su parte, el artículo 166 de la Ley Agraria, dispone lo siguiente: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el libro primero, título segundo, capítulo III de la Ley de Amparo. (.)." Como se aprecia el artículo en estudio prevé dos supuestos jurídicos diferentes: por una aparte, la posibilidad de practicar diligencias precautorias solicitadas por los interesados para proteger sus intereses (cuando se demande a particulares); y por otro lado, la posibilidad de suspender el acto de autoridad y la forma de garantizar la posible reparación del daño en caso de que la sentencia sea desfavorable. Asimismo, es de destacar que la Ley Agraria no regula ampliamente las medidas precautorias; sin embargo, sus artículos 2º y 167 disponen expresamente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando lo ahí previsto no se oponga directa o indirectamente a dicha ley; por tanto, debe atenderse a esta última disposición para resolver sobre el particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 449, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, novena época, cuyo rubro y texto señalan: "MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles.". Para un mejor entendimiento de las diligencias precautorias, debe acudirse al Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria en términos de su artículo 167, por lo que para mayor ilustración, se transcriben los preceptos que lo conforman: "Artículo 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. [.] Artículo 387. En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete. Artículo 388. La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita. Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito. Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y, II. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito." De los artículos transcritos se observa el establecimiento y regulación de las medidas precautorias, las cuales son una especie de medidas cautelares, de cuyo análisis deriva lo siguiente: Pueden decretarse dentro del juicio o antes de su inicio; Para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del proceso; La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita; y, Los tipos de medidas precautorias que se pueden dictar, son: 1.- El embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio: El embargo se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio; no obstante, la resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. La parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen; a su vez, la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía. 2.- El depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito. El depósito o aseguramiento, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse. El promovente de la medida señalada deberá otorgar previamente, garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Con base en los lineamientos anteriores, se obtiene que las medidas precautorias contempladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles constituyen una especie de las medidas cautelares que, en forma genérica, son aquellas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial en caso de ser favorable la sentencia definitiva, mediante el ejercicio de una medida o diligencia provisional que se lleva a cabo para evitar que el deudor o demandado oculte o dilapide sus bienes. Por su parte, la suspensión del acto de autoridad que prevé el citado numeral 166 de la Ley Agraria, a diferencia de las diligencias precautorias, se encuentra regulada por la Ley de Amparo, en su Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, sin embargo dicha suspensión únicamente puede solicitarse respecto de actos de autoridades. En términos del citado capítulo, tal suspensión puede decretarse en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados -o la contestación de demanda en este caso-, la suspensión definitiva, debiendo resolver el Magistrado Agrario en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado suspenda sus consecuencias y no causar daños irreparables a quienes intervienen en la contienda. En resumen, la diferencia medular entre las diligencias precautorias y la suspensión del acto reclamado, es que la primera tiene por objeto garantizar el resultado del juicio cuando se reclamen prestaciones económicas mediante el embargo, o asegurar las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito, es decir, que sean necesarios tener a la vista para que el juzgador esté en aptitud de resolver la litis; y la segunda, evitar que se continúe ejecutando el acto de autoridad (demandado dentro del juicio agrario) a fin de que no se causen daños y perjuicios de imposible reparación. Bajo tales premisas, y de una simple revisión hecha al acuerdo en estudio de cinco de junio de dos mil diecisiete, se advierte que el Tribunal Agrario responsable, para justificar su determinación de decretar la medida precautoria expresó que con la facultad que le confiere el artículo 166 de la Ley Agraria decretó la solicitud para el efecto de las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva el juicio agrario, específicamente para que la asamblea de Ejidatarios del poblado de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva. Por otro lado, consideró innecesaria la imposición de una garantía a los actores del juicio de origen, debido a que solamente se pretendía mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de la instauración del juicio agrario, así como la de proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado y no advirtió elementos cuantitativos o cualitativos que permitieran fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieran sentencia favorable. De igual forma, no otorgó la citada medida con la finalidad de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, no inscribiera alguna acta de asamblea de ejidatarios en los que se vulnerarán los derechos de los accionantes, porque los demandantes no señalaban la fecha de la reunión ejidal en que se hubieran lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes. De ahí que se demuestre lo infundado de los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, dado que la autoridad responsable determinó lo que la Ley le otorga en cuestión de medidas precautorias, tal y como lo solicitaron los demandantes. En efecto contrario a lo sostenido por el quejoso, el Tribunal responsable con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Agraria, 384, 387, 388 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria, decretó las diligencias precautorias necesarias para mantener la situación de hecho existente con el fin de asegurar los intereses de las partes en los juicios agrarios, otorgando una medida cautelar para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban al momento de que se instó el juicio agrario, únicamente por lo que hacía a los derechos ejidatarios de los demandantes, hasta en tanto se concluyera dicho juicio, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad de la situación que se mantiene ni sobre los derechos o responsabilidades de quien la solicita, como incorrectamente lo quiere hacer valer la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis XII.2º.10 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 749, del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DILIGENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA AGRARIA. LAS QUE PROVEAN LOS TRIBUNALES AGRARIOS DEBEN DIRIGIRSE A PROTEGER A LOS INTERESADOS EN LOS DERECHOS AGRARIOS CONTROVERTIDOS EN EL JUICIO. Del análisis sistemático de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 181, 185, fracción II y 163 de la Ley Agraria y 18, fracción XI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que el régimen jurídico de propiedad ejidal o comunal tiende a proteger ese tipo de propiedad, en cuanto a su integridad, aprovechamiento y acciones de fomento, no de manera exclusiva por el carácter de las partes en el juicio, sino por la naturaleza del derecho controvertido y, esencialmente, por su incidencia sobre los derechos de propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios. Partiendo de lo anterior la interpretación correcta del artículo 166, primer párrafo, de la Ley Agraria, en la parte donde expresamente dice que: "Los Tribunales Agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados.", debe ser en el sentido de que la protección aludida en los juicios agrarios, se refiere a los derechos de los interesados cuya naturaleza sea de la materia agraria, y que correspondan a los que hicieron valer las partes ante el órgano jurisdiccional competente, y no cualquier otro derecho que, aun cuando corresponda a las partes contendientes en el juicio, no derive del derecho sustantivo agrario controvertido en éste." En ese orden de ideas, como ya se dijo en párrafos anteriores, las medidas precautorias contempladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles constituyen una especie de las medidas cautelares que, en forma genérica, son aquellas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial en caso de ser favorable la sentencia definitiva, mediante el ejercicio de una medida o diligencia provisional que se lleva a cabo para evitar que el deudor o demandado oculte o dilapide sus bienes, lo cual correctamente realizó la autoridad responsable. Por lo que se concluye que, contrario a lo que alega la parte quejosa, la autoridad responsable actuó en forma legal, pues la medida precautoria que impuso se encuentra contemplada tanto en la Ley Agraria, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, como se expone a continuación: a) El Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 no invadió la autonomía del Comisariado Ejidal que representan y, pues como ya se dijo, la medida precautoria se encuentra prevista tanto en la Ley Agraria, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; b) Dicha medida no vulneró la autonomía del Ejido aquí quejoso, en virtud de que no impidió las actividades propias de su Asamblea, si no únicamente los limitó a que no realizaran algún acto de molestia por lo que hace a los ejidatarios Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva; y, c) La medida precautoria reclamada no es de manera definitiva, pues tal como lo determinó el Tribunal responsable, surtiría efectos hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio agrario de origen, ello, a fin de conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad como motivo de la tramitación del proceso. Máxime que si la ley de la materia prevé la imposición de las medidas cautelares es con el fin de dirigirse a proteger a los interesados en los derechos agrarios controvertidos en el juicio, es decir, únicamente por lo que hace a los derechos de los interesados cuya naturaleza sea de la materia agraria, y que correspondan a los que hicieron valer las partes ante el órgano jurisdiccional competente. Consecuentemente, ante infundado del concepto de violación, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respecto de los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese y personalmente
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CITATORIO. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 457/2017, promovido por el Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respectivamente, contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado la misma data, el Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respectivamente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo DÉCIMO PRIMERO en el que se otorga MEDIDA PRECAUTORIA, en el auto de admisión de fecha 5 de junio de dos mil diecisiete por lo que determina lo siguiente: "Con relación a la medida precautoria solicitada, conforme la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, es procedente solo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva este litigio; esto es, la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstengan de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martin, José Audencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, apercibidos que de ser omisos, les será aplicada una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el país (antes Distrito Federal - hoy Ciudad de México), a cada uno, conforme al artículo 59 fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. La medida que aquí se concede no impone fijar garantía a los actores, debido a que solamente se pretende mantener las cosas en el estado que actualmente guardan. Proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado. Sumado a esto, de los autos no se advierten elementos cuantitativos o cualitativos que permitan fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieren causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieren sentencia favorable. Empero no procede otorgar la citada medida en cuanto a lo ordenar al Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo se abstenga de inscribir alguna acta de asamblea de ejidatarios en que se vulneren los derechos de los accionistas, porque no se señala la fecha de la reunión ejidal en que se hubieren lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes; asimismo, porque de la narrativa del último párrafo del hecho 3 que los propios inconformes admiten que no existe acta de esa naturaleza; aunado a que sería innegablemente parte del fondo del controvertido." SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de diez de julio de esta anualidad (fojas 33 a 35) este juzgado admitió a trámite la demanda y lo registró con el expediente 457/2017, se solicitó informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y día para verificar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la Litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Al respecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclamó lo siguiente: El auto de admisión de cinco de junio de dos mil diecisiete, en autos del juicio agrario 240/2017 del índice de la responsable, mediante el cual, entre otras cosas, se decretó una medida precautoria consistente en que "la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audencia Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, en contra del Ejido aquí quejoso. Por lo que bajo ese tenor, el acto reclamado precisado en este considerando es el que constituirá la Litis en el presente asunto. Al caso se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sirve de apoyo también a lo anterior, la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, abril de dos mil cuatro, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del carpeta de apelación del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez establecido el acto sobre el que versará la Litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir informe justificado (foja 50 a 52). Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Quinta Época, apéndice 2000, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiera la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en sustento a su informe justificado, consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran el juicio agrario número 240/2017, de su índice. Documental que, dada su naturaleza de pública, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 153, tomo VI, Materia Común, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Lo anterior, en atención a que en la constancia a que se ha hecho referencia, se advierte que obra el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 54 a 56 del tomo I de pruebas), por medio del cual la referida autoridad responsable admitió a trámite el juicio agrario promovido por Fredi Dzay tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, en el que, entre otras cosas, impuso una medida precautoria en contra del Ejido quejoso consistente en que "la asamblea de ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su comisariado ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que pudiere tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audencia Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, lo cual constituye el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia que se invoca en términos del artículo Transitorio de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese tenor, toda vez que ninguna de las partes hizo valer causas de improcedencia, ni este Juzgado advierte de oficio su actualización, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tiene por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Para tal efecto, es importante advertir que de las constancias del juicio agrario 240/2017, que remitió la autoridad responsable al juicio de amparo motivo de análisis (457/2017), las cuales fueron valoradas en el considerando cuarto de la presente resolución, en lo que aquí interesa se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el uno de junio del año en curso, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en Chetumal, Quintana Roo, Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva, demandaron a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido denominado Cozumel, municipio del mismo nombre, a través de su comisariado ejidal, a fin de que se les reconozca su calidad agraria como ejidatario con derechos inherentes en el citado ejido y se les permita ejercer los mismos, de igual forma, solicitaron que se decretara una medida precautoria en contra del ejido demandando (fojas 1 a 5 del tomo I de pruebas). 2. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 admitió la demanda, la registró con el número 240/2017, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, ordenó emplazar a la parte demandada, decretó procedente imponer la medida precautoria solicitada por la parte demandante en el juicio agrario, y ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan, hasta en tanto sea resuelto en definitiva el juicio de origen, medida consistente en que la Asamblea de Ejidatarios del poblado de Cozumel, se abstuviera de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener los ahí demandantes (fojas 54 y 55 del tomo I de pruebas). Auto que a manera de una mayor claridad en la presente resolución se transcribe en su parte de interés. ".AUTO DE ADMISIÓN El Secretario de Acuerdos, con fundamento en el artículo 22, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, da cuenta al Magistrado con escrito y anexos que exhibieron FREDI DZAY TEC y otros, recibido con folio 2725.---------------------------CONSTE. En Chetumal, Quintana Roo; a cinco de junio de dos mil diecisiete. PRIMERO. Conforme los artículos 17 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 96, 163, 164, 185 y demás aplicables de la Ley Agraria, 1, 2, fracción II, 5, y 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los artículos 1, 70, 276, 288, 305, 306, 309, fracción 1, 322, 323, 324, 327, 328 del supletorio Código federal de Procedimientos Civiles; se tiene recibida la demanda de cuenta y anexos, regístrese en el Libro de Gobierno e intégrese el expediente con el número que corresponda.---------------------------------------------------------------------- [.] SEGUNDO. SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de cuenta y anexos en vía de controversia agraria por el respecto de los derechos de ejidatarios.----------------------------------------------------- [.] DECIMOPRIMERO. Con relación a la medida precautoria solicitada, conforme la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, es procedente sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva este litigio; esto es, la Asamblea de Ejidatarios del poblado "COZUMEL", Municipio de igual nombre, Quintana Roo, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstengan de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener FREDI DZAY TEC, JOSÉ REYES AZCORRA, JOSÉ AUDIENCIO ANGULO GARCÍA y DAVID ALBERTO DE JESÚS PINTO SILVA; apercibidos que de ser omisos, les será aplicada una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el País (antes Distrito Federal-hoy Ciudad de México), a cada uno, conforme el artículo 59, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.--------- La medida que aquí se concede no impone fijar garantía a los actores, debido a que solamente se pretende mantener las cosas en el estado que actualmente guarden, proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado. Sumado a esto, de los autos no se advierten elementos cuantitativos o cualitativos que permiten fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieran sentencia favorable.-- Empero, no procede otorgar la citada medida en cuanto a ordenarle al delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, se abstenga de inscribir alguna acta de asamblea de ejidatarios en los que se vulneren los derechos de los accionantes, porque no se señala la fecha de la reunión ejidal en que se hubieran lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes; asimismo, porque de la narrativa del último párrafo del hecho 3 que los propios inconformes admiten que no existe acta de esa naturaleza; aunado a que sería innegablemente parte del fondo del fondo del controvertido. [.]" Proveído, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, la parte quejosa aduce en su concepto de violación que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales respecto a la legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 de la Constitución, pues alegan que al dictar la responsable la medida precautoria sobrepasa sus facultades, ello en virtud de que si el objeto de dicha medida es proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, cae en contradicción toda vez que ordena al Ejido aquí quejoso se abstenga de realizar hechos futuros e inciertos que impliquen una molestia para los accionantes en el juicio de origen. Sin embargo, manifiestan que si fuere el caso de que la asamblea tomara acuerdos referentes a los actores en el juicio de origen, estos tienen el derecho de impugnarlos en la vía que corresponda, pero lo que al momento está haciendo el tribunal responsable es vulnerar su autonomía establecida Constitucionalmente, así como en su ley reglamentaria al ordenarles no hacer cosas futuras, negándoles su derecho a la libre determinación al interior del ejido que representan, mismo que se encuentra regulada por su propio reglamento interno. Es decir, se duelen que la responsable priva al ejido de ejercer sus derechos establecidos en los artículos 9, 10, 22, 23 de la Ley Agraria, así como en el diverso 27, fracción VII de nuestra Constitución. El concepto de violación hecho valer por los quejosos es infundado, sin que este órgano de control constitucional advierta algún motivo de queja deficiente qué suplir en términos del artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: En primer término, antes de resolver el concepto de violación que propone el quejoso conviene dilucidar la naturaleza de las medidas cautelares o precautorias como también se les conoce, las cuales son aquellas determinaciones adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, bien sea de oficio o a solicitud de parte interesada, que resultan necesarias para asegurar las responsabilidades de tipo civil y penal y los derechos de las partes, con aplicabilidad sobre derechos, personas o bienes; es decir, son aquéllas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el que pueda, de inmediato, obtener la ejecución judicial del mismo. Así, se puede establecer que las medidas cautelares conocidas como providencias precautorias, son las determinaciones decretadas por la autoridad, ya sea de oficio o a instancia de parte; antes del juicio, al inicio o durante la secuela procesal; son provisionales y su finalidad es la de conservar la materia del juicio; de forma que una vez que se dicte sentencia en el sentido que sea, exista aún materia sobre la que ejecutar el fallo, ante el peligro en la demora, por lo que es evidente que su finalidad es la de prevenir un daño irreparable, entonces, toda medida procesal precautoria lleva inserta la intención de mantener vivo el objeto del juicio para asegurar el buen éxito de la contienda. En lo que aquí interesa, sobre ese tema -medidas precautorias en los juicios agrarios- nuestro Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 53/2005-SS, sostuvo que cuando los ejidatarios demandan al Ejido y solicitan el embargo precautorio de bienes, el Tribunal Unitario Agrario tiene facultades para ordenar dicha medida cautelar para proteger a los ejidatarios demandantes y, en su caso, puede fijar la garantía que aquellos deban exhibir para indemnizar al demandado por los daños y perjuicios que con la medida puedan causársele, siempre considerando las condiciones económicas de los actores. Por su parte, el artículo 166 de la Ley Agraria, dispone lo siguiente: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el libro primero, título segundo, capítulo III de la Ley de Amparo. (.)." Como se aprecia el artículo en estudio prevé dos supuestos jurídicos diferentes: por una aparte, la posibilidad de practicar diligencias precautorias solicitadas por los interesados para proteger sus intereses (cuando se demande a particulares); y por otro lado, la posibilidad de suspender el acto de autoridad y la forma de garantizar la posible reparación del daño en caso de que la sentencia sea desfavorable. Asimismo, es de destacar que la Ley Agraria no regula ampliamente las medidas precautorias; sin embargo, sus artículos 2º y 167 disponen expresamente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando lo ahí previsto no se oponga directa o indirectamente a dicha ley; por tanto, debe atenderse a esta última disposición para resolver sobre el particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 449, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, novena época, cuyo rubro y texto señalan: "MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles.". Para un mejor entendimiento de las diligencias precautorias, debe acudirse al Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria en términos de su artículo 167, por lo que para mayor ilustración, se transcriben los preceptos que lo conforman: "Artículo 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. [.] Artículo 387. En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete. Artículo 388. La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita. Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito. Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y, II. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito." De los artículos transcritos se observa el establecimiento y regulación de las medidas precautorias, las cuales son una especie de medidas cautelares, de cuyo análisis deriva lo siguiente: Pueden decretarse dentro del juicio o antes de su inicio; Para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del proceso; La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita; y, Los tipos de medidas precautorias que se pueden dictar, son: 1.- El embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio: El embargo se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio; no obstante, la resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. La parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen; a su vez, la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía. 2.- El depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito. El depósito o aseguramiento, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse. El promovente de la medida señalada deberá otorgar previamente, garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Con base en los lineamientos anteriores, se obtiene que las medidas precautorias contempladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles constituyen una especie de las medidas cautelares que, en forma genérica, son aquellas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial en caso de ser favorable la sentencia definitiva, mediante el ejercicio de una medida o diligencia provisional que se lleva a cabo para evitar que el deudor o demandado oculte o dilapide sus bienes. Por su parte, la suspensión del acto de autoridad que prevé el citado numeral 166 de la Ley Agraria, a diferencia de las diligencias precautorias, se encuentra regulada por la Ley de Amparo, en su Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, sin embargo dicha suspensión únicamente puede solicitarse respecto de actos de autoridades. En términos del citado capítulo, tal suspensión puede decretarse en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados -o la contestación de demanda en este caso-, la suspensión definitiva, debiendo resolver el Magistrado Agrario en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado suspenda sus consecuencias y no causar daños irreparables a quienes intervienen en la contienda. En resumen, la diferencia medular entre las diligencias precautorias y la suspensión del acto reclamado, es que la primera tiene por objeto garantizar el resultado del juicio cuando se reclamen prestaciones económicas mediante el embargo, o asegurar las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito, es decir, que sean necesarios tener a la vista para que el juzgador esté en aptitud de resolver la litis; y la segunda, evitar que se continúe ejecutando el acto de autoridad (demandado dentro del juicio agrario) a fin de que no se causen daños y perjuicios de imposible reparación. Bajo tales premisas, y de una simple revisión hecha al acuerdo en estudio de cinco de junio de dos mil diecisiete, se advierte que el Tribunal Agrario responsable, para justificar su determinación de decretar la medida precautoria expresó que con la facultad que le confiere el artículo 166 de la Ley Agraria decretó la solicitud para el efecto de las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que sea resuelto en definitiva el juicio agrario, específicamente para que la asamblea de Ejidatarios del poblado de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstenga de realizar nuevos actos de molestia o afectación a los derechos que aducen tener Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva. Por otro lado, consideró innecesaria la imposición de una garantía a los actores del juicio de origen, debido a que solamente se pretendía mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de la instauración del juicio agrario, así como la de proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, máxime que son ejidatarios del núcleo agrario demandado y no advirtió elementos cuantitativos o cualitativos que permitieran fijar una garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran causarle a la asamblea ejidal demandada, en caso de que no obtuvieran sentencia favorable. De igual forma, no otorgó la citada medida con la finalidad de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, no inscribiera alguna acta de asamblea de ejidatarios en los que se vulnerarán los derechos de los accionantes, porque los demandantes no señalaban la fecha de la reunión ejidal en que se hubieran lesionado supuestamente la calidad y privilegios inherentes. De ahí que se demuestre lo infundado de los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, dado que la autoridad responsable determinó lo que la Ley le otorga en cuestión de medidas precautorias, tal y como lo solicitaron los demandantes. En efecto contrario a lo sostenido por el quejoso, el Tribunal responsable con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Agraria, 384, 387, 388 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria, decretó las diligencias precautorias necesarias para mantener la situación de hecho existente con el fin de asegurar los intereses de las partes en los juicios agrarios, otorgando una medida cautelar para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban al momento de que se instó el juicio agrario, únicamente por lo que hacía a los derechos ejidatarios de los demandantes, hasta en tanto se concluyera dicho juicio, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad de la situación que se mantiene ni sobre los derechos o responsabilidades de quien la solicita, como incorrectamente lo quiere hacer valer la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis XII.2º.10 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 749, del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DILIGENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA AGRARIA. LAS QUE PROVEAN LOS TRIBUNALES AGRARIOS DEBEN DIRIGIRSE A PROTEGER A LOS INTERESADOS EN LOS DERECHOS AGRARIOS CONTROVERTIDOS EN EL JUICIO. Del análisis sistemático de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 181, 185, fracción II y 163 de la Ley Agraria y 18, fracción XI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que el régimen jurídico de propiedad ejidal o comunal tiende a proteger ese tipo de propiedad, en cuanto a su integridad, aprovechamiento y acciones de fomento, no de manera exclusiva por el carácter de las partes en el juicio, sino por la naturaleza del derecho controvertido y, esencialmente, por su incidencia sobre los derechos de propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios. Partiendo de lo anterior la interpretación correcta del artículo 166, primer párrafo, de la Ley Agraria, en la parte donde expresamente dice que: "Los Tribunales Agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados.", debe ser en el sentido de que la protección aludida en los juicios agrarios, se refiere a los derechos de los interesados cuya naturaleza sea de la materia agraria, y que correspondan a los que hicieron valer las partes ante el órgano jurisdiccional competente, y no cualquier otro derecho que, aun cuando corresponda a las partes contendientes en el juicio, no derive del derecho sustantivo agrario controvertido en éste." En ese orden de ideas, como ya se dijo en párrafos anteriores, las medidas precautorias contempladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles constituyen una especie de las medidas cautelares que, en forma genérica, son aquellas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial en caso de ser favorable la sentencia definitiva, mediante el ejercicio de una medida o diligencia provisional que se lleva a cabo para evitar que el deudor o demandado oculte o dilapide sus bienes, lo cual correctamente realizó la autoridad responsable. Por lo que se concluye que, contrario a lo que alega la parte quejosa, la autoridad responsable actuó en forma legal, pues la medida precautoria que impuso se encuentra contemplada tanto en la Ley Agraria, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, como se expone a continuación: a) El Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 no invadió la autonomía del Comisariado Ejidal que representan y, pues como ya se dijo, la medida precautoria se encuentra prevista tanto en la Ley Agraria, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; b) Dicha medida no vulneró la autonomía del Ejido aquí quejoso, en virtud de que no impidió las actividades propias de su Asamblea, si no únicamente los limitó a que no realizaran algún acto de molestia por lo que hace a los ejidatarios Fredi Dzay Tec, José Reyes Azcorra Martín, José Audiencio Angulo García y David Alberto de Jesús Pinto Silva; y, c) La medida precautoria reclamada no es de manera definitiva, pues tal como lo determinó el Tribunal responsable, surtiría efectos hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio agrario de origen, ello, a fin de conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad como motivo de la tramitación del proceso. Máxime que si la ley de la materia prevé la imposición de las medidas cautelares es con el fin de dirigirse a proteger a los interesados en los derechos agrarios controvertidos en el juicio, es decir, únicamente por lo que hace a los derechos de los interesados cuya naturaleza sea de la materia agraria, y que correspondan a los que hicieron valer las partes ante el órgano jurisdiccional competente. Consecuentemente, ante infundado del concepto de violación, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Comisariado Ejidal del Ejido Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de Gabriel Hernán Yam Chan, María Leticia Ceballos Cámara y Adriana Ariane Montero, con el carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado Ejidal, respecto de los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese y personalmente
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