José Rey David Durand López

Expediente 1106/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1106/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • José Rey David Durand López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: ... Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Atento a lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire, devuélvanse a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, la totalidad de las constancias que integran las copias certificadas de los créditos fiscales *** de su índice, para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecinueve. Quejoso ratifica escrito: Vista la diligencia del once del mes y año en curso, se advierte que el quejoso ***, ratificó el escrito aclaratorio de demanda presentado el pasado cuatro de junio del año en curso; por tanto, es procedente proveer lo conducente a la demanda de amparo. Desechamiento de demanda: Del análisis integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes datos: *** Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . En el caso, como quedó precisado, la parte quejosa reclama el oficio por el cual se solicitó al Registro Público de la Propiedad, la anotación marginal de la parte alícuota del bien inmueble identificado como Edificio de Departamentos marcado con el número ***, con motivo de los créditos fiscales ***. Al respecto, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en la demanda y las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprenden los siguientes antecedentes de mayor relevancia: Crédito fiscal ***: 1. Mediante resolución del 31 de agosto del 2011, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] impuso al quejoso una sanción económica de ***, la cual le fue notificada personalmente el veinticinco de noviembre de esa anualidad (fojas 142 a 156 del anexo I). 2. Dado que el quejoso no cubrió oportunamente la multa impuesta, mediante oficio ***, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] solicitó a la entonces Secretaría de Finanzas se procediera a su cobro coactivo (foja 158 del anexo I). 3. En razón de ello, el seis de septiembre del dos mil doce se emitió el mandamiento de ejecución de créditos fiscales federales, el cual se registró bajo el número ***; en consecuencia, se requirió su pago al deudor, apercibido que de no hacerlo se podría proceder al embargo de bienes (fojas 126 y 127 del anexo I). 4. Enseguida, mediante resolución del diecinueve de junio del dos mil dieciocho, la Administración de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, determinó que dado que no existía registro de pago del citado crédito fiscal se tornaba exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que requirió su pago al quejoso, apercibido que en caso de no hacerlo se podrían embargar bienes suficientes para cubrir el importe total histórico del crédito fiscal junto con sus accesorios legales (fojas 10 y 11 del anexo I). 5. Finalmente, previa acta circunstanciada de asunto no diligenciado, el citado mandamiento de ejecución se notificó por estrados el nueve de julio del dos mil dieciocho (fojas 2 y 3 del anexo I). Crédito fiscal ***: 1. Mediante audiencia de conciliación del 08 de febrero del 2011, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] impuso al quejoso una sanción económica de ***, la cual fue de su conocimiento en ese mismo momento, dado que se encontraba presente durante su desahogo (fojas 114 a 117 del anexo II). 2. Dado que el quejoso no cubrió oportunamente la multa impuesta, mediante oficio ***, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] solicitó a la entonces Secretaría de Finanzas se procediera a su cobro coactivo (foja 112 del anexo II). 3. En razón de ello, el diez de junio del dos mil dieciséis se emitió el mandamiento de ejecución de créditos fiscales federales, el cual se registró bajo el número ***; en consecuencia, se requirió su pago al deudor, apercibido que de no hacerlo se podría proceder al embargo de bienes (foja 106 del anexo II). 4. Enseguida, mediante resolución del diecinueve de junio del dos mil dieciocho, la Administración de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, determinó que dado que no existía registro de pago del citado crédito fiscal se tornaba exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que requirió su pago al quejoso, apercibido que en caso de no hacerlo se podrían embargar bienes suficientes para cubrir el importe total histórico del crédito fiscal junto con sus accesorios legales (fojas 18 y 19 del anexo II). 5. Finalmente, previa acta circunstanciada de asunto no diligenciado, el citado mandamiento de ejecución se notificó por estrados el nueve de julio del dos mil dieciocho (foja 2 del anexo II). Crédito fiscal ***: 1. Que mediante audiencia de conciliación del 08 de febrero del 2011, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] impuso al quejoso una sanción económica de ***, la cual fue de su conocimiento en ese mismo momento, dado que se encontraba presente durante su desahogo (fojas 90 a 93 del anexo II). 2. Dado que el quejoso no cubrió oportunamente la multa impuesta, mediante oficio ***, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] solicitó a la entonces Secretaría de Finanzas se procediera a su cobro coactivo (foja 88 del anexo III). 3. En razón de ello, el diez de junio del dos mil dieciséis se emitió el mandamiento de ejecución de créditos fiscales federales, el cual se registró bajo el número ***; en consecuencia, se requirió su pago al deudor, apercibido que de no hacerlo se podría proceder al embargo de bienes (foja 82 del anexo III). En ese contexto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la misma Ley, dado que se reclama un acto emitido del procedimiento administrativo de ejecución que no constituye la última resolución ni la que le ponga fin. Para demostrar lo anterior, es necesario definir algunas cuestiones que caracterizan la impugnación de los actos suscitados dentro del procedimiento administrativo de ejecución. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, cuando el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo se promoverá sólo contra la resolución definitiva, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento, a menos que sea promovido por un extraño a la controversia, en cuyo caso será procedente el juicio en cualquier momento. Esta regla de procedencia se encuentra reflejada en el siguiente criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. *** Ahora, al resolver el amparo en revisión *** la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que tales directrices de procedencia son aplicables al procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación, por las razones siguientes: "(.) Es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución en comento es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. De lo dispuesto por los mencionados artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación se desprende que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 145 del Código Fiscal Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. En los mencionados artículos se comprende también que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecución es administrativo porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretación relacionada de este párrafo con el último de la fracción III del mismo ordenamiento, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, se infiere que operan las mismas razones para la procedencia del juicio hasta que se da la última resolución. En efecto, aun cuando en la hipótesis de los preceptos reclamados no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio -como ya se indicó-, sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, y como tal, dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. Como ilustración, conviene tener presente que sobre el particular, el tratadista Gabino Fraga dice: 'Esta posibilidad de acción directa constituye lo que en la doctrina se conoce con el nombre de carácter ejecutorio de las resoluciones administrativas.', y sigue diciendo: 'Esta solución está fundada en la necesidad de que las atribuciones del Estado que la legislación positiva ordena se realicen en forma administrativa no estén sujetas a las trabas y dilaciones (sic) significarían la intervención de los tribunales y el procedimiento judicial.'. En otro orden señala que está convencido de la absoluta necesidad de que el poder administrativo sea el que tenga en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos, de otra manera se vería en apuros para poder realizar las atribuciones que le están encomendadas. De acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución en comento, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en él la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que tratándose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecución fiscal, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa óptica, debe aceptarse la interpretación relacionada de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese orden de ideas, como lo expuso el Juez de Distrito, en el caso debe observarse, por analogía, la tesis número V/96 sustentada por esta Segunda Sala, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 263, que dice: 'AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El en artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe.'. Asimismo, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, página 81, que dice: 'EJECUCIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE. Si en el juicio de garantías se reclaman actos administrativos emanados de un procedimiento de ejecución, ello hace improcedente el juicio constitucional, ya que tratándose de estos actos, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso (artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo). Si en la transcripción del acto reclamado aparece que éste se hace consistir en mandamiento de ejecución, jurídicamente dicho acto sólo podrá reclamarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de ejecución, todo lo cual conduce a estimar que el juicio de garantías es improcedente atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 73 (sic) del mismo ordenamiento.'. En las condiciones relatadas, debe estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones II y III del artículo 114 de la misma legislación, interpretadas éstas en sentido contrario; lo que conduce a sobreseer en el juicio con apoyo en lo establecido por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.-En conclusión, los agravios aducidos resultan infundados y, por tanto, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión..." Del precedente en cuestión y sus reiteraciones derivó la jurisprudencia 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187, tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. *** A partir de ello, se concluye que el juicio de amparo promovido contra actos suscitados durante el procedimiento administrativo de ejecución sólo será procedente contra la resolución definitiva que en él se dicte, pues si bien no es propiamente un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio, lo cierto es que comparte las características de los procedimientos de ejecución de aquéllos; esto es, está integrado por una serie de actos coherentes y concordantes tendentes a obtener el cumplimiento de una obligación firme, situación ante la cual no podría justificarse la procedencia del juicio de amparo contra cada acto, pues se obstaculizarían injustificadamente los señalados procedimientos de ejecución de sentencias o resoluciones firmes. Es fundamental señalar, además, que dicha improcedencia se surtirá aun cuando se reclame mediante el juicio de amparo una norma de carácter general, pues adoptar un criterio contrario implicaría que la procedencia del juicio quedara al arbitrio del quejoso, ya que bastaría con que impugnara una norma para que procediera, con lo cual no se cumpliría con la finalidad de evitar la paralización u obstaculización indiscriminada del procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, el mandamiento de ejecución constituye la actuación que apertura el procedimiento administrativo de ejecución, por ser el acto que ordena los actos tendientes a obtener el pago de algún crédito fiscal. Luego, previa existencia de un mandamiento de requerimiento de pago y embargo, el procedimiento administrativo de ejecución como tal inicia al requerir al contribuyente el pago de los créditos fiscales. Asimismo, el procedimiento administrativo de ejecución previsto para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley se integra por cinco etapas: 1. Requerimiento de pago de los créditos fiscales; 2. Embargo de bienes; 3. En su caso, la intervención de la negociación embargada; 4. Remate de los bienes embargados; y, 5. Adjudicación. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el oficio por el cual la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado solicitó al Registro Público de la Propiedad, la anotación marginal de la parte alícuota del bien inmueble identificado como Edificio de Departamentos marcado con el número ***, con motivo de los créditos fiscales ***, es decir, un acto emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los actos emitidos en dicho procedimiento administrativo y que no constituyan la resolución final, no podrán ser cuestionados en sede constitucional por su sola emisión, pues será factible su estudio como violaciones al procedimiento cuando se reclame la resolución definitiva. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 17/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. *** Regla general reiterada en la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. *** En la jurisprudencia antes invocada si bien se reitera la regla general relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos intermedios del procedimiento administrativo de ejecución, se incorpora una excepción atinente a que el contribuyente desconozca el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, pues en ese supuesto debe equipararse a un tercero extraño. Así, de la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia destaca lo siguiente: "QUINTO. Deben prevalecer con el carácter de jurisprudencia los criterios de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para resolver el primer punto de contradicción, conviene destacar que esta Segunda Sala, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, ha establecido que, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 17/98, de rubro: 'EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES'. En ese sentido, debe concluirse que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, la citada regla general admite excepciones. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos. Es importante destacar que si bien esta disposición se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos de ejecución, pues como se ha visto, éstos se asemejan, por sus características, a los actos dictados fuera de juicio tendientes a la ejecución de una sentencia; aunado a que tienen la misma finalidad, esto es, obtener el cumplimiento de una resolución que ha quedado firme, en el caso de un procedimiento administrativo de ejecución, de un crédito fiscal. Asimismo, es necesario mencionar que aun cuando el precepto que se analiza establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, este Alto Tribunal ha sostenido que el tercero no está obligado a agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, la persona extraña al procedimiento a que se refriere el citado precepto -identificada también con el concepto de 'tercero extraño'-, es aquélla que no figura parte formal y material en la controversia, pero que resiente el perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten; asimismo, este Alto Tribunal ha establecido que se equipara a un tercero extraño aquélla persona que habiendo figurado como parte formal y material en la contienda, no fue llamada o se le llamó de manera incorrecta. En ese sentido, es posible concluir que cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia; aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. Dicho en otras palabras, aun cuando por regla general no son susceptibles de impugnarse los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución en dicho procedimiento, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Debe precisarse que esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo, pues en tal supuesto, el juicio será improcedente. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY'.". De la ejecutoria antes transcrita destaca lo siguiente: a) Por regla general, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. b) La citada regla general admite como excepción que el quejoso reclame un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, en cuyo caso no estaría obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado. Esto es, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Sin embargo, esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo, pues en tal supuesto, el juicio será improcedente, en cuyo caso, operaría la regla general de improcedencia, que en la ejecutoria antes transcrita reiteró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aludiendo a lo sostenido en la jurisprudencia P./J. 39/2001 emitida por el Pleno del mismo Alto Tribunal, que establece lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. *** En ese sentido, el quejoso no puede ser considerado como persona extraña al procedimiento administrativo de ejecución. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que obran en autos (anexo I), se desprende que tuvo conocimiento de las multas administrativas federales que se le impusieron. Esto es así, dado que la resolución del 31 de agosto del 2011, a través de la cual el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] le impuso al quejoso una sanción económica de *** le fue notificada personalmente el veinticinco de noviembre de esa anualidad (fojas 142 a 156 del anexo I). Por su parte, durante el desahogo de las audiencias de conciliación del 08 de febrero del 2011, el Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor [Delegación Puebla] impuso al quejoso una sanción económica de ***, la cual fue de su conocimiento en ese mismo momento, dado que se encontraba presente (fojas 114 a 117 del anexo II y 90 a 93 del anexo II). Por ende, el quejoso no justificó encontrarse en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que permitiera la procedencia del juicio. Es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha matizado el criterio comentado, en el sentido de que el juicio de amparo promovido contra actos suscitados durante el procedimiento administrativo de ejecución sólo será procedente contra la resolución definitiva que en él se dicte, pues ha sostenido que el juicio de amparo indirecto puede llegar a ser procedente contra actos suscitados durante el procedimiento administrativo de ejecución, que aun cuando no constituyan la resolución definitiva se relacionen con: 1) el embargo de cuentas bancarias y 2) la designación del interventor con cargo a la caja. Lo anterior, en términos de los siguientes criterios: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. *** "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. *** Estas hipótesis de excepción obedecen al impacto severo que producen dichos actos en el particular que se ve afectado, lo que permite hacer una excepción a la regla de improcedencia que se formuló en términos generales, pues debe entenderse que cuando el acto reclamado es de una naturaleza tal que incida en forma determinante e irreparable en la esfera jurídica del quejoso está justificado obstaculizar el procedimiento administrativo a fin de asegurar la legalidad de la actuación. Sin embargo, en el caso concreto, tampoco se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción que haga procedente el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, ya que no existió embargo de cuentas bancarias, ni la designación del interventor con cargo a la caja. En consecuencia, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se solicitan copias certificadas: Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de las personas autorizadas para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de revisión número R-247/2019, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, a través del cual comunica las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a lo requerido en proveído del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, esto es, designar un perito en materia de agrimensura en el presente juicio de amparo, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.

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