José Rentería Cortez

Expediente 830/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
830/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • José Rentería Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le permita el acceso al expediente el electrónico del juicio de amparo que nos ocupa; al respecto, se instruye al oficial judicial "A", realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se permita la consulta correspondiente. Notifíquese; con instrucción al Oficial Judicial "A". Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la razón de cuenta, signada por la Actuaria de la adscripción de ocho de septiembre del año en curso, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a los terceros interesados Enrique Fernández Ledesma y "Sistemas Constructivos Profesionales", sociedad anónima de capital variable, las determinaciones de veintiocho de junio y treinta y uno de agosto, ambos del año en curso, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución y proveído de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS ENRIQUE FERNÁNDEZ LEMESMA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE POR MEDIO DE LISTA LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: (RESOLUCIÓN DE 28-JUNIO-2022) R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Arturo Lisandro Hernández Román solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Resolución de 10 de septiembre de 2019, dictado por la autoridad responsable, en el que declara improcedente el incidente de sustitución patronal presentado por la parte actora el 12 de abril de 2018, así como los efectos y consecuencias que derivan de éste.". SEGUNDO. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad radicó el asunto con el número 1343/2019, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución interlocutoria dictada el diez de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del expediente laboral 905/11, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, la parte quejosa aduce esencialmente que se violan en su perjuicio los dispositivos 14 y 16 Constitucionales. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, aunque para hacerlo haya que suplir la queja deficiente al tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, asiste la razón a la parte quejosa, porque la determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer, pues dichos dispositivos establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de fundamentación y motivación; entre ellas, se encuentra la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57, registro digital 238924, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.". Así, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que por motivación, el señalamiento en forma precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa citada. Además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 264, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Séptima Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, registro digital 1011558, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Luego, la transgresión al artículo 16 constitucional, derivada de que las autoridades omitan fundar y motivar sus actos, constituye una violación de derechos fundamentales en alguna de las siguientes vertientes: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. El supuesto previsto en el inciso a) se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley. Mientras, la violación precisada en el inciso b) acontece cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. Como se adelantó, es fundado el concepto de violación donde se aduce que la resolución interlocutoria reclamada resulta ser ilegal, al decretar improcedente la acción incidental de sustitución patronal, por no haberse demostrado lo pretendido, cuando la quejosa asegura que la carga de la prueba de demostrar que no se está en la hipótesis de ser el patrón sustituto correspondía a la persona moral sustituta, tal y como de forma incongruente lo dicta en la resolución reclamada, pues si bien da la razón en ese sentido, declara improcedente la incidencia. En efecto, la Junta laboral viola en perjuicio de la hoy parte quejosa los principios de legalidad y congruencia, que marca la Constitución, toda vez que hace una incongruente interpretación de la incidencia planteada al imponer una carga probatoria a la persona moral sustituta por un lado y concluir que no existen elementos de identidad entre las personas moral sustituta y la sustituida, y que por lo tanto resultó ser improcedente. Para evidenciar dicho aserto, conviene destacar los artículos 41, 784, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores". "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley; VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de despido; VII. El contrato de trabajo; VIII. Jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales; IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; X. Disfrute y pago de las vacaciones; XI. Pago de las primeas dominical, vacacional y de antigüedad; XII. Monto y pago de salario; XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios". Del primer precepto transcrito se advierte que para que exista la figura de patrón sustituto deben actualizarse diversos factores, a saber: Cuando una persona adquiere la totalidad o casi la totalidad de los elementos funcionales propios de la sustituida, como unidad económico-jurídica. Ante la transmisión de los bienes esenciales afectos a la explotación con el ánimo de continuarla ininterrumpidamente, esto es, que las funciones sean inherentes al negocio y exista una íntima relación entre el área de trabajo y el patrón, sin interrupción de las labores de producción o servicios y el patrón sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de labores, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo igual giro comercial, sosteniendo exacta productividad y siempre que no exista paralización de labores. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.T.19 L. que aparece publicada en la página 786 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, registro 198603, de rubro y texto siguientes: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. CUÁNDO OPERA. Existe sustitución de patrón en relación con una unidad económica de producción, siempre y cuando haya íntima relación entre dicho fundo de trabajo y el patrono, sin interrupción de las actividades laborales de producción o servicios, esto es, cuando el patrono sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de trabajo, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo el mismo giro comercial, sosteniendo la misma productividad y siempre que no exista paralización de labores. En otros términos, debe entenderse que hay sustitución de patrono, no sólo cuando el que lo ha sido traspasa directa o indirectamente, mediata o inmediatamente su negocio a un tercero, sino que se requiere, como elemento esencial, la continuación de la empresa sin paralización de labores, y teniendo como fin la misma productividad y giro; de lo contrario, de existir previamente paralización de labores con motivo de haberse declarado rotas las relaciones de trabajo, como puede suceder después del estallamiento de un movimiento de huelga, en que los bienes de la empresa que se dice sustituida pasan mediante un remate a otra empresa, es claro que no se presenta la sustitución patronal contemplada legalmente.". Ahora bien, al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la que solamente participan el patrón sustituto y sustituido, partiendo de la hipotética situación que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrón, esto es, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa el trabajador; por tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 784 de la legislación laboral en consulta, debe considerarse obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desvirtuar tal circunstancia. Por tanto, corresponde al patrón a quien se atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales, demostrar que no se dan los elementos de la figura en comento, pues aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma, por las particularidades que presenta la figura jurídica en examen y porque la negación efectuada en torno a la actualización de la sustitución envuelve una afirmación, corresponde al demandado acreditar los hechos en que apoya sus excepciones; máxime que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, requerirá al patrón que exhiba los documentos que de acuerdo con la ley tiene la obligación legal de conservar en la empresa y, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto de los elementos esenciales de la relación de trabajo. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de obtener una resolución favorable, esto es, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al que lo soporta. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 261 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, correspondiente a la Novena Época, registro 170002 del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.". En consecuencia, de acuerdo con el numeral 41 de la legislación laboral, la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el que los trabajadores no tienen intervención legal alguna, pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad, entonces, cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral, en su calidad de patrón sustituto niega tal situación, a esta última corresponderá la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en indefensión. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, se exija que la parte patronal que hubiere negado la sustitución solicitada para que se revierta la carga de la prueba mencionada; empero, de la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se advierte que también dicha carga corresponde a la parte patronal y no al trabajador, al carecer de intervención legal el personal obrero en la citada sustitución, por lo que se colige que no cuentan con los medios para demostrar lo pretendido y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Además, de dicha ejecutoria se advierte que se eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. Además de la ejecutoria de mérito, se desprende la obligación procesal de probar -en caso de actualizarse- la existencia o no de esa figura jurídica, sobre todo cuando haya controversia al respecto. Y precisa que al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, y partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, debe considerarse como obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de poder obtener una resolución favorable, es decir, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al litigante que lo soporta. En torno al tema, es pertinente establecer que en los juicios en materia laboral, conforme a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos, por tanto, es menester analizar a quién corresponde probarlos. Atento a lo anterior, se atribuye a cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones, normalmente de conformidad con las siguientes reglas: a) La carga de probar incumbe al que afirma; b) Corresponde al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones; y, c) Quien hace una negación que envuelve una afirmación tiene la carga de la prueba. Estos principios no operan de manera automática en materia laboral, pues en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador." Como se puede advertir, en dicho precepto se prevé la remisión a reglas específicas dado que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el numeral 41 de la Ley Federal del Trabajo, la sustitución patronal es la trasmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el cual los trabajadores no tienen intervención legal alguna, en razón de que únicamente se realiza entre transmisor y el adquirente de dicha entidad, de lo que se concluye que cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral niega esa calidad, entonces le corresponde la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla, y, por tanto considerar lo contrario rompería con las reglas de la carga probatoria y se dejaría a la parte trabajadora en estado de indefensión. Sin embargo, en el caso a estudio la autoridad del conocimiento no aplicó en ese sentido los criterios existentes tanto en la ley laboral como en la jurisprudencia y que fueron descritos en líneas precedentes, ya que en la interlocutoria de sustitución patronal de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en lo conducente, determinó lo siguiente: ".Respecto de la carga probatoria, corresponde a la persona moral denominada BAXTER MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., acreditar que el carácter de patrón sustituto no le corresponde. .Respecto del acta de embargo de fecha 20 de febrero de 2017, el cual obra glosado a fojas 407, de autos y del mismo no se advierte que: a).- Que el domicilio ubicado en avenida de los 50 metros, número 02, Civac, en Jiutepec, Morelos se encuentra instalada y en funcionamiento la moral Baxter México s. de r.l. de c.v.; b).- Que las actividades inherentes a la moral Baxter Holding México s. de r.l. de c.v., continua realizando la moral Baxter México s. de r.l. de c.v.; luego entonces dicha instrumental es inútil para acreditar lo que se trata de la misma negociación demandada y que continúa operando con el mismo giro comercial; y que incluso el nombre que actualmente tiene la negociación es Baxter México s. de r.l. de c.v., o que continúe con la actividad económica del negocio demandado y que por tal motivo se haya dado la sustitución patronal a que alude el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. .no obstante que la persona moral BAXTER MÉXICO D. DE R.L. DE C.V., no cumplió con su carga probatoria de acreditar que no ostenta el carácter de patrón sustituto en términos de la jurisprudencia a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, aunado a ello, no existen elementos de identidad entre Baxter México s. de r.l. de c.v., el domicilio, socios y actividades desarrolladas por las personas morales Baxter holding México s. de r.l.,.". De lo anterior se advierte que la Junta responsable incorrectamente estableció en esencia que por deficiencia probatoria de la actora incidentista para acreditar su incidencia se decretó improcedente. Determinando de manera errónea e incongruente que la parte actora incidentista no comprobó la sustitución patronal planteada, y por otro lado señaló que no obstante que en la parte patronal recaía la carga probatoria respecto de la sustitución patronal, no había elementos suficientes para que se actualizara la figura de mérito y que por ende era menester declarar improcedente el incidente de mérito; no obstante que su estudio debió constreñirse a establecer si la parte patronal acreditó que en el caso no se actualizaban los elementos de la sustitución patronal que se le atribuye; y no como lo hizo, esto es, determinar la improcedencia de la aludida sustitución con base en que la actora no comprobó dicha sustitución laboral, imponiendo a ésta, por tanto, la carga de la prueba para demostrar la procedencia del incidente planteado. Se afirma lo anterior, toda vez que así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia precisada con antelación, de la que se desprende que la junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece. Sin que pase desapercibido que la autoridad responsable realizó una valoración respecto del acta de embargo llevada a cabo el veinte de febrero de dos mil diecisiete, refiriendo en esencia que no se advertía de la misma las hipótesis de la sustitución patronal y que dicha instrumental no resultaba suficiente para acreditarlo, sin embargo, no expuso las razones y fundamentos que sustentaran su actuar en el sentido que lo hizo y del porqué con la prueba instrumental de referencia no se colmaban los elementos para llegar a la conclusión de la figura de la sustitución patronal. Por lo que, en todo caso, la junta responsable debió haber precisado los motivos y razones por los que consideró que dicho documento no le causaba beneficio ni perjuicio a la resolución del incidente de sustitución patronal planteado, lo que no realizó. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Arturo Lisandro Hernández Román, para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 905/11, y, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que la carga probatoria corresponde a las presuntas sustitutas patronales, debiendo fundar y motivar en todo caso, la valoración de pruebas que realice; y, hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda. Tiene aplicación a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 67/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, visible en la página 358, tomo VIII, septiembre de 1998, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.- Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO: La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Arturo Lisandro Hernández Román, contra el acto que reclama de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos y efecto precisado en la parte final considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. (ACUERDO DE 31-AGOSTO-2022) Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que la parte quejosa y tercero interesada se encuentren notificadas de la sentencia definitiva dictada en el juicio citado al rubro. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que a la brevedad remita las constancias de notificación personal a la parte quejosa y tercero interesada, en el que se aprecie haber notificado la sentencia correspondiente, asimismo, las registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cabe precisar que la sentencia fue dictada el veintiocho de junio del año en curso. Notifíquese; y se comisiona a la Actuaria para que remita las constancias de notificación personal a la parte quejosa y tercero interesada, relativas a la sentencia. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós; sin que la parte quejosa hubiera hecho manifestación alguna. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Cabe precisar que dada la carga excesiva de trabajo de este juzgado de distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós; sin que la parte quejosa hubiera hecho manifestación alguna. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Cabe precisar que dada la carga excesiva de trabajo de este juzgado de distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.

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