Jose Rene Perez
Expediente 1296/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Rene Perez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. En atención a su contenido, se hace innecesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que auto de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, se acordó lo conducente. Notifíquese...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese al cuaderno de antecedentes del juicio de amparo número 1296/2022, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual acusa recibo del oficio por el que este juzgado le remitió el juicio de amparo antes indicado, promovido por José Gildardo Galdámez Peregrino, en favor del quejoso 1Rodolfo Antonio Padilla Zamora, 2José Rene Pérez, 3Justo Pastor Gutiérrez Baltodano, 4William Roberto Martínez Medina, 5Lester Moisés Blandon Lacayo, 6Gabriel de Jesús Sevilla Arguello, y 7Milton José Martínez Gutiérrez, y comunica que aceptó la competencia planteada, y se avocó al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En virtud de lo expuesto en párrafos precedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente: CUADERNO DE ANTECEDENTES DESTRUIBLE De conformidad con el artículo 201, fracción I, inciso a), del Acuerdo General referido, se hace la indicación que este expediente es susceptible de destrucción, por tratarse de un cuaderno de antecedentes relativo a la declinación de competencia a otro órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que se cumplan seis meses de su archivo, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. REMISIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, remítanse al juzgado oficiante, los comunicados marcados con los registros 14241 y 14294, glosado mediante proveído de once de octubre del año en curso, para que tenga a bien proveer lo conducente, dejando agregado copias de los mimos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, notificada con oficio 5393/2022 de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, asistido por Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintidós. SE AGREGA EXHORTO DILIGENCIADO Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 314/2022, orden 533/2022, del índice de este juzgado; sin que se ordene el acuse respectivo, pues el sistema lo genera automáticamente. Por lo tanto, hágase las anotaciones correspondientes, dese de baja dicha comunicación en el libro respectivo, para los efectos administrativos a que haya lugar. SE AGREGA INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Por otra parte, incorpórese a los autos para que obren como correspondan el informe de suspensión de plano rendido por el Subdirector de Área, encargado de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, como en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, este juzgado se declaró incompetente para conocer el libelo de demanda génesis del presente sumario; por lo tanto, se reserva enviar los comunicados de cuenta al Juzgado competente, hasta en tanto obre el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por José Gildardo Galdámez Peregrino, en favor de quejosos 1Rodolfo Antonio Padilla Zamora, 2José Rene Pérez, 3Justo Pastor Gutiérrez Baltodano, 4William Roberto Martínez Medina, 5Lester Moisés Blandon Lacayo, 6Gabriel De Jesús Sevilla Arguello, y 7Milton José Martínez Gutiérrez, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Subdirector del Área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1296/2022-III-A, y resérvese proveer sobre su admisión hasta en tanto la parte quejosa cumpla con las prevenciones apuntadas en los párrafos siguientes. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, a fin de proveer respecto a la suspensión de plano, se aduce que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: ? La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria. ? Aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas. ? Incomunicación. ? Orden de deportación verbal o escrita. ? Negativa de expedir oficio de salida de la estación migratoria de donde se encuentra privados de su libertad. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a la parte quejosa para ser deportada, asegurada, repatriada o expulsada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, o bien, trasladada a una diversa estación migratoria, así como de mantenerla incomunicada, propinar malos tratos, tortura o Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 privación ilegal de la libertad que equivalga a una desaparición forzada, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán ajustar su actuación a los términos de ley, particularmente por cuanto hace a los tiempos máximos para restringir la libertad personal, no soslayando que los preceptos 101 y 102 de la legislación de la materia, prevén una "custodia" o asignación de domicilios provisionales, mientras se dicte resolución dentro del procedimientos administrativo respecto de la situación migratoria de los extranjeros. De igual forma, se desprende que la parte directa agraviada se duele de la privación de su libertad personal dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXI, con sede en esta ciudad, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos a una protección especial. Ahora, si bien en la Ley General de Migración se establece, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 durará en tanto se determine su situación migratoria en territorio nacional. Resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De la interpretación correlacionada del articulado transcrito y el contenido de la Ley General de Migración, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 5 objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, y como en la especie, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la detención de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en libertad. En ese sentido, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión decretada no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Por lo tanto, las autoridades responsables dictaran las medidas previstas legalmente en Ley de Migración y su Reglamento (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2022, respecto del juicio de Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 6 amparo 349/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, relativo al tema. Apoya lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 183/2022, el cual se invoca como hecho notorio pues dicha ejecutoria se encuentra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 7 tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. CUMPLIMIENTO Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibidas que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se les impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: * Deberán informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 8 sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las ocho a las catorce horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Lo anterior obedece al hecho a que si bien el Consejo de la Judicatura Federal limitó el horario de las labores presenciales de todos los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el que aquí provee; lo cierto es que tal circunstancia no implica que la autoridad responsable omita dar cumplimiento a la suspensión de plano, ni mucho menos que deje de informar - oportunamente- lo conducente. También se les informa a las referidas potestades que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA RATIFICACIÓN DE DEMANDA Y ENTREGA DE OFICIOS Con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ese ordenamiento legal por disposición expresa en su precepto 2, envíese exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno¸ para que Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 9 notifique esta determinación a las autoridades responsables, a los quejosos quienes se encuentran alojados en la Estación Migratoria de esa ciudad, requiriendo a éstos últimos para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física de la parte quejosa y de las condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. De igual forma, se comisione al Actuario de su adscripción para que en caso de no encontrar a la parte quejosa recluida en la Estación Migratoria antes citada, indague entre las diferentes autoridades migratorias en esa ciudad, a fin de que, de encontrarse dentro de la jurisdicción de su juzgado, se constituya de forma inmediata para lograr la encomienda aquí realizada. En el caso de que en el centro de migración se niegue que la parte agraviada se encuentre recluida en ese lugar, se faculta al actuario para que se introduzca y cerciore al interior de dichas instalaciones. De igual manera, se solicita la notificación de los oficios 25348/2022, 25349/2022, 25350/2022 25351/2022 y 25352/2022, dirigidos a las autoridades responsables destinataria, a quien también deberá hacer entrega de una copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo, a Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 10 efecto de que se encuentren en condiciones de rendir el informe de suspensión de plano solicitado. Hecho que sea, devuelva a la brevedad posible la comunicación que se ordena enviar, con las constancias de notificación respectivas. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en párrafos que anteceden se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, no es necesaria la apertura del incidente de suspensión respectivo. ANALISIS DE COMPETENCIA En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan 1 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 364278, visible a página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, quinta época. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 11 posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Atento a lo anterior, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera 2 Tesis 1a. II/92, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, página 94, tomo IX, mayo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, octava época. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 12 que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 13 de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 14 circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; y que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 15 "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso esta regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia" En el caso, se advierte que el promovente José Gildardo Galdámez Peregrino, en favor de los directos quejosos 1Rodolfo Antonio Padilla Zamora, 2José Rene Pérez, 3Justo Pastor Gutiérrez Baltodano, 4William Roberto Martínez Medina, 5Lester Moisés Blandon Lacayo, 6Gabriel De Jesús Sevilla Arguello, y 7Milton José Martínez Gutiérrez, solicita la protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados precisados con antelación, siendo que bajo protesta de decir verdad señala que los directos quejosos se encuentran detenidos en la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por lo que, de dicha narrativa se advierte que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción que corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Por ende, conforme artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de mismo ordenamiento reglamentario, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, en cuya jurisdicción se están Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 16 ejecutando actualmente los actos reclamados, esto es, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 17 en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". De ahí que, como la ejecución de los actos que reclama la parte quejosa tienen ejecución en una jurisdicción diferente al de esta resolutora; se estima que es competente el JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, EN TURNO, para conocer de la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 18 pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito del Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, razón por la cual se ordena enviar los autos del presente expediente al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, EN TURNO, a fin de que se avoque al conocimiento correspondiente; y proceda a Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 19 determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que lo informe a este Juzgado. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO 3 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 20 EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 21 que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a los quejosos y por oficio a las autoridades. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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