José René Alcudia Alayon

Expediente 1609/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1609/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • José René Alcudia Alayon

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 10.-[...] SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    MESA 10.-En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Santiago Cornelio García, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 1609/2018-10, promovido por JOSÉ RENÉ ALCUDIA ALAYON. A continuación, el Secretario da cuenta con el oficio proveniente del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, registrado con el folio 21000. El Juez acuerda: Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede rinde su informe justificado, sin que resulte necesario dar vista a las partes con el mismo, pues este Juzgador considera que atendiendo a que el presente juicio es de carácter constitucional y por tanto sumarísimo y excepcional, no debe postergarse el dictado de la sentencia ante tales circunstancias. Seguidamente, el Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, a saber la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; así como con la documental que remitió la autoridad responsable en justificación de sus actos; al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas citadas con antelación teniéndose por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos el secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho; El Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1609/2018-10, promovido por JOSÉ RENÉ ALCUDIA ALAYON, por propio derecho, contra un acto del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, JOSÉ RENÉ ALCUDIA ALAYON, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO: ". Omitir certificar y hacer constar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, en virtud, que ha traspasado la autoridad por mucho el tiempo permitido para hacer dicha certificación, una vez que han sido presentados los alegato." (sic). AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 12 a 16), este Juzgado admitió a trámite la demanda de que se trata, la registró con el número de expediente 1609/2018-10, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindiera su informe justificado, dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este Juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa expuso como acto reclamado: Omisión de certificar y hacer constar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, en el expediente laboral 3/2012, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, para corroborar tal negativa adjuntó a su informe justificado copia certificada del acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del párrafo segundo, del numeral 2 del último ordenamiento invocado; así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; Ahora, de la citada documental se advierte que en el citado auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable certificó que en dicho proceso laboral no existen pruebas por desahogar y, en consecuencia, declaró cerrada la instrucción, lo que notificó a las partes por lista en la misma fecha. Así, que si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de octubre de dos mil dieciocho), el Tribunal responsable ya había impulsado el procedimiento laboral de origen, sin que la parte quejosa ofreciera medio probatorio idóneo para desvirtuar dicha negativa; por tanto, así se deberá tener para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia, si no se desvirtuó tal negativa, lo procedente es tener por inexistente el acto que se analiza, reclamado a la referida autoridad responsable y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ RENÉ ALCUDIA ALAYON, contra el acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la resolución.

  3. Principal

    MESA 10.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual José René Alcudia Alayon, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1609/2018-10. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,418 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a la autoridad responsable, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora, no puede reconocérsele la calidad de tercero interesado a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, que señaló el quejoso en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural, no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que éste es de carácter omisivo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente de mérito, ofreciendo como prueba en el presente asunto la presuncional legal y humana; así como la instrumental de actuaciones, probanza que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.

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