José Reinaldo González Chávez
Expediente 2142/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2142/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/10/2018
Partes del expediente
- José Reinaldo González Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24/10/2018, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los autos, se destaca que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 3022 a 3024), dictado dentro de los autos del juicio de amparo 1046/2014, este órgano jurisdiccional estimó en ese momento, viable y procedente acordar, dada la advertida identidad de los juicios de amparo indirectos 1045/2014, 1046/2014 y 1093/2014 del índice de este Juzgado, entre sus actos reclamados, pruebas periciales ofertadas y sus correlativos cuestionarios (por economía procesal y financiera, celeridad y prosecución en la integración de los tres juicios, se motivó), que al expediente 1046/2014 se le remitiera copia certificada de los dictámenes de impacto ambiental e impactos sociales y culturales; al juicio 1045/2014 se le allegara las opiniones técnicas de ingeniería civil y de impacto sociales y culturales rendidas en el diverso 1093/2014, para ser considerados y valorados al resolver, ordenándose asimismo, que en este último expediente referido se solicitara la aprobación de los honorarios del perito en geología, para que ahí se integrara, desahogara y, posteriormente, se remitiera copia certificada del dictamen correspondiente a los juicios 1045/2014 y 1046/2014. Atento a esto, revisadas que son las actuaciones del expediente en que se actúa, se aprecia que por lo que ve a las pruebas periciales en ingeniería civil e impacto ambiental, por autos de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (foja 3345) y ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 3514), se tuvieron por rendidos los dictámenes de los peritos José Arturo Saldaña Madrigal y Roberto Acosta Puentes. Y por auto de once de mayo de dos mil diecisiete (foja 3793), se anexaron copias certificadas del dictamen pericial emitida por el perito oficial designado tanto en el presente juicio de amparo, como en el diverso 1046/2014 José Quijano Guerrero, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de abril de dos mil diecisiete y ratificado en esa fecha, con lo que se ordenó dar vista a las partes para que en el término de diez días manifestaran lo que a su interés legal conviniera; y por lo que ve a la prueba pericial en impacto social y cultural, se encuentra pendiente que la perito Ma. Alejandra Aguilar Ross, emita su dictamen correspondiente. REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO. Ahora bien, una reflexión jurídica de lo así narrado, precisa a esta juzgadora federal a decretar la regularización del procedimiento en el juicio, sobre las consecuencias acaecidas a partir de esa particular decisión, atento a lo siguiente. El artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, indica: "Artículo 58. Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento". De tal numeral se infiere que los Jueces, Magistrados y Ministros, están facultados para ordenar que sean subsanadas las omisiones en que se haya incurrido durante la sustanciación del procedimiento del juicio de amparo, a fin de conservar su regularidad; ello obedece, se estima, a que la exacta observancia en las disposiciones que norman el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional, es lo que permite al juzgador emitir una resolución fundada y motivada, que dirima la litis sometida a su consideración. De ahí que los jueces federales tienen la ineludible obligación de velar por la regularidad del procedimiento constitucional que es de orden público, aunado a que, conforme al primer párrafo del numeral 2° de la Ley de Amparo, debe sustanciarse y decidirse con arreglo a las formas y procedimientos determinados en dicha legislación; de manera que lo actuado al margen de ello, carece de eficacia jurídica y, por ende, no puede beneficiar a alguno de los contendientes del juicio en detrimento de los demás. En el caso, se aprecia que con la intentada celeridad y economía procesal y financiera que orientó el dictado de la resolución detallada en el párrafo inicial de la presente resolución, involuntariamente se vulneraron los principios de autonomía e individualidad de las pruebas que rigen el juicio de amparo, que las singulariza y, a la vez, condiciona su idoneidad para acreditar el acto reclamado y su inconstitucionalidad, así como el diverso de correspondencia o pertenencia procesal, que implica que cada elemento de convicción sea apto y solvente solo para el enjuiciamiento en el que se ofrece, admite y desahoga, pues sin pretenderlo, al acordar que en copia certificada se allegarán los dictámenes periciales que se rindieran en cualquiera de los sumarios a los otros dos restantes, se propició su desnaturalización, al transformarlas de probanzas de expertos a documentales públicas, con concepción, previsión y un posible alcance probatorio distinto, lo que finalmente incide en el derecho procesal de las partes para ofertar y desahogar las pruebas que estime pertinentes para salvaguarda de su esfera jurídica. En efecto, bajo un ejercicio únicamente teórico, que de manera alguna condiciona o compromete el criterio de la suscrita tocante a la tasación probatoria que hasta en la sentencia debe realizarse, pero que justifica la indispensable regularización procesal que se dispone, se tiene que con las documentales públicas en que se constituyen las periciales insertas en copia certificada a cada sumario como indebidamente se ordenó, sólo podría acreditarse plenamente que lo que en ella se certifica, consta realmente en el diverso juicio de amparo de donde se deduce, pero no le imprime valor pleno al peritaje que contiene, el cual, por haberse rendido en un proceso distinto, vale únicamente como un indicio que, en todo evento, solo unido a otras pruebas, podría coadyuvar a la formación de una prueba plena. Al respecto se invocan, por identidad de razón, las tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que respectivamente, rezan: "PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE LA RECABADA EN UN JUICIO DIVERSO. Si en un procedimiento judicial distinto al de donde emana el acto reclamado se desahoga una prueba pericial y, luego, ésta a su vez se ofrece en el procedimiento cuya sentencia sea impugnada por vía de amparo directo, tal probanza no podrá surtir pleno valor probatorio en éste pues, aun cuando se hubiese recabado con todas las formalidades esenciales del procedimiento en aquel juicio, resulta evidente que como fue recibida en un proceso civil donde figuraron otras partes, no puede tener valor probatorio pleno, sin embargo, sí tiene el carácter de indicio y, como tal, si se encuentra adminiculada con algún otro medio de convicción, podría llegar a tener eficacia convictiva". "PRUEBAS OFRECIDAS Y DESAHOGADAS EN DIVERSO PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TENER VALOR PROBATORIO PLENO EN UN JUICIO POSTERIOR. El dictamen pericial y la confesional ofrecidas en diverso y previo juicio no pueden tener pleno valor convictivo para demostrar la acción de nulidad absoluta intentada en otro posterior, dado que sólo alcanzan el carácter de meros indicios para hacer presumir algún hecho no demostrado debidamente, pues son útiles únicamente para fortalecer o robustecer alguna prueba directa o idónea desahogada en el juicio relativo, pero sin que pueda otorgárseles valor demostrativo por sí, al no haberse aportado directamente en el proceso civil correlativo, sino en otro donde se allegaron para justificar distintos aspectos". Asimismo, es aplicable a lo antes expuesto la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBA PERICIAL, VALORACION INDEBIDA DE LA, CON APOYO EN LA RENDIDA EN OTRO JUICIO. Si la Sala responsable desecha el dictamen del perito tercero en discordia nombrado en el juicio, con base en el resultado de la prueba pericial rendida en otros juicios diversos y no acumulados al juicio de que se trata, debe decirse que viola las reglas de valoración de la prueba al fundarse en dictámenes rendidos en otros juicios, ya que la parte actora tiene derecho a que el juicio se resuelva con base en la prueba que en él se rinda, con su intervención, y en el que puede usar legalmente del derecho de designar un perito de su parte, y de recusar o de formular preguntas al perito tercero (artículos 145, 147, 148, 149, 156, 211 y demás relativas, del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por lo demás, como al actuar en la forma señalada la Sala responsable en realidad deja de valorar la prueba pericial rendida en el juicio en que se dicta la sentencia reclamada, este tribunal no podría, en el amparo directo, sustituirse a dicha Sala para efectuar la valoración omitida. En consecuencia, es procedente la concesión del amparo para el efecto de que la Sala dicte una nueva sentencia en la que haga la valoración omitida." Tal circunstancia, patentiza el supuesto previsto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, lo que amerita una sana recomposición de lo actuado bajo ese tenor, a través de la regularización del procedimiento que en dicha normativa se prevé, ya que si bien sólo es aplicable tratándose de actos negativos (generalmente, abstenciones u omisiones), atento al principio consistente en que los jueces no pueden revocar sus propias determinaciones, lo cierto es que ello se actualiza en la especie, toda vez que las consecuencias de la determinación que ahora se cuestiona, hacen claramente nugatorio el derecho de prueba de las partes, al variar su pretensión y elección conviccional, lo que se traduce en la omisión o negativa de recepción del medio probatorio anunciado, lesionando no solo al ofertante de la probanza, sino a la totalidad de interesados en el juicio, pues finalmente incide en la falta de debido proceso y, en ese sentido, puede ser motivo de idéntica reposición, pero en la instancia de revisión que llegue a resolver un Tribunal Colegiado de Circuito, lo que propiciaría un injustificado retraso en la impartición de justicia que se persigue. PRUEBA PERICIAL EN GEOLOGÍA. En consecuencia lo que procede es regularizar el procedimiento para el efecto de ordenar el desahogo de la prueba pericial en geología, empero, previo a designar perito oficial que intervenga en el desahogo de la prueba pericial en geología, a fin de agotar el trámite previsto en el Acuerdo General 16/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, requiérase al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifiesten si en dichas instituciones cuentan con expertos en materia de geología, que pueda fungir con el carácter de perito oficial dentro del presente juicio de garantías. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no cumplir con ello, o de no manifestar el impedimento que tengan para realizarlo, se impondrá al omiso la sanción prevista en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos moneda nacional), tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es igual al salario mínimo general vigente diario para todo el país, esto es, $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. PRUEBA PERICIAL EN IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL. Por otra parte, en relación a la prueba pericial en impacto social y cultural, por auto de trece de abril de dos mil dieciocho (foja 3851), este Juzgado Federal nombró como perito oficial en la materia aludida a Ma. Alejandra Aguilar Ross, quien según se advierte del proveído de trece de junio del año en cita (foja 3866 vuelta), se le requirió para que emitiera su dictamen respectivo y para que dentro del término de los tres días siguientes compareciera a ratificarlo, sin que lo hubiera realizado. En consecuencia, se requiere a la perito de mérito para que dentro del término de diez días, de conformidad con la fracción I, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, emita su dictamen pericial respectivo; asimismo, dentro de los tres días siguientes, previstos en la fracción II del numeral en cita, comparezca ante la presencia judicial a ratificar dicha opinión técnica; apercibida, de que de incumplir o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario, de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($80.60 ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; acorde con el artículo 237, fracción I, de la Ley que rige a la materia antes invocada. Luego, por lo que respecta a las pruebas periciales en ingeniería civil e impacto ambiental, se tuvieron por desahogadas, toda vez que los peritos oficiales José Arturo Saldaña Madrigal y Roberto Acosta Puentes, por autos de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (foja 3345) y ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 3514), rindieron sus dictámenes respectivos, con los que se dio vista las partes, para que en el término de diez días manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de trece de junio de dos mil dieciocho (foja 3864), se requirió a los peritos Juan Carlos Verónica Areola y Oscar Argaez Albarrán, designados por el Gobernador del Estado de Jalisco, en las materias de geología, impacto ambiental, así como social y cultural a e impacto ambiental, para que en el término de diez rindieran sus dictamen periciales, y que dentro de los tres días siguientes se constituyeran en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, el cual les fue notificado por conducto de la autoridad responsable que los designó, sin que lo hubieran realizado, en consecuencia, se les requiere de nueva cuenta, para que dentro del término de diez días, de conformidad con la fracción I, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, emita cada uno de ellos su dictamen pericial respectivo, asimismo, dentro de los tres días siguientes, previstos en la fracción II del numeral en cita, comparezca cada uno de ellos, ante la presencia judicial a ratificar su opinión técnica; apercibido, que de incumplir o de no manifestar el impedimento legal para ello, se tendrá por perdido el derecho a realizarlo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 288 del Enjuiciamiento Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la prueba se integrará con el dictamen del perito oficial y de los rendidos por las demás partes en el procedimiento. INSPECCIÓN JUDICIAL. Finalmente, por lo que ve a la prueba de inspección judicial, es pertinente indicar que en proveído de trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 3864 a 3868), se indicó que en acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil catorce (fojas 662-664) se estimó que en relación a la inspección judicial ofrecida por los quejosos, particularmente de la demanda de amparo y del escrito de ofrecimiento de pruebas se aprecia que en ambos libelos ofreció dicho medio de convicción, empero, inicialmente señaló que deberá desahogarse asociada de peritos en ingeniería, sin embargo, en el segundo ocurso, no mencionan participación de diestros; por tanto, se les requirió para que manifestaran si se trata de pruebas diferentes; y mediante escrito de tres de septiembre de dos mil catorce (foja 673) los quejosos manifestaron que la prueba de inspección judicial sería relacionada con los dictámenes que en su momento rindan los peritos en ingeniería Mireya Acosta Gurrola y Romina Martínez Velarde; también lo es que en proveído de cinco de septiembre de dos mil catorce (foja 674 a 675), se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal, informara respecto a los peritos en materias ambiental y de impactos sociales y culturales. Luego, quien ahora resuelve, estima que toda vez que ya fueron designados los diestros oficiales que tendrán intervención en el desahogo de la pruebas periciales en materias ambiental y de impactos sociales y culturales, es pertinente pronunciarse respecto a la admisión de la prueba de inspección judicial ofertada por la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de inspección judicial, que ofreció la parte quejosa, empero, toda vez que el predio materia de dicha prueba se encuentra fuera la de zona metropolitana de esta ciudad, se ordena girar atento despacho al Juez Menor de Villa Obregón, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, del Décimo Octavo Partido Judicial, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de este Juzgado Federal, desahogue la prueba de inspección judicial ofertada por la parte quejosa, para lo cual, deberá constituirse a las once horas del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la Presa El Zapotillo, en el ejido-poblado que tiene el mismo nombre en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, y el servidor público comisionado deberá levantar el acta debidamente circunstanciada en la que, dé fe de lo que sea susceptible de apreciación a través de sus sentidos y responda lo siguiente: Proceda a verificar el avance actual de la obra, si efectivamente se están concluyendo los trabajos para que la misma quede a la altura del proyecto original, esto es una cortina de 80 metros de altura, procediendo verificar la altura actual de la obra y en qué consisten las obras de cierre y conclusión de la obra, que los responsables de obra demuestren que no están construyendo una obra a 105 metros de altura. Asimismo, se constituyan en el poblado de Temacapulín y se pueda dar cuenta del paisaje del lugar, la arquitectura, los sitios sagrados, como son la "Basílica Lateranense de Nuestra Señora de los Remedios", y la formación natural conocida por los lugareños como "El Señor de la Peñita", lugares que forman parte de los elementos de cohesión social y de un pasado común. Se dé cuenta de la resistencia y oposición de que los pobladores tienen del proyecto, con mantas, pintas en la pared y mensajes a las autoridades para que se respeten sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Para que posteriormente se traslade a las tierras de cultivo, centro deportivo, escuela y balneario, que dan cuenta de un pueblo vivo que tiene una relación particular y especial con su territorio. Así como de todo lo susceptible de apreciarse a través de los sentidos. Para tal efecto, se le remiten copias del escrito inicial de demanda, así como del diverso registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el doce de junio de dos mil catorce (foja 259). Se faculta al Juez diligenciante, para que en caso de no poder desahogar la prueba de mérito en la fecha y hora señaladas, lo haga del conocimiento de este Juzgado de Distrito, con las constancias que acrediten de manera fehaciente tal imposibilidad, y señale una nueva fecha, circunstancia que, de igual forma, deberá hacer del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional, vía telegráfica, para dar tiempo a que las partes queden debidamente notificadas. Luego, se hace del conocimiento del Juez comisionado que los quejosos son Ana Martina, Miguel, Victoria, Marta, Ma. Socorro, J. Jesús, Eduarda y Amada todos de apellidos Jáuregui Martínez, Consuelo Martínez Ibarra, María Refugio García Guzmán y Ana María García Guzmán; y que se designó como representante común a J. Jesús Jáuregui Martínez. Las autoridades responsables, son: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de la República, conforme al Acuerdo General que establece las Reglas a que se sujeta la representación del Presidente de la República. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Director General de la Comisión Nacional Del Agua (Conagua). Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Integrantes del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) presidida del Director General de la Comisión Nacional Del Agua. Todos con residencia en la Ciudad de México. Así como: El Gobernador del Estado de Jalisco. Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico Dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Director Técnico del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico Dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Y como autoridades terceras interesadas: -El Congreso del Estado de Jalisco. - Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. - Municipio de Yahualica de González Gallo. - Municipio de Mexticacán, Jalisco. - Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. - Gobierno del Estado de Guanajuato. - Ayuntamiento Constitucional de León, Guanajuato. Además se tuvieron como terceros interesados a La Peninsular Compañía Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, FCC Construcción, Sociedad Anónima y Grupo Hermes, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, se hace de su conocimiento que como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo se tuvo a Guadalupe Espinoza Sauceda, Adolfo Alejandro López Aguayo y Rubén Edgardo Avila Tena, y a Irving Espinosa Betanzo y Francisco Javier López Bárcenas, con las limitaciones que alude dicho numeral. Se autoriza al oferente de la prueba para que se tomen fotografías durante su desahogo, siempre y cuando éstas sean entregadas al funcionario diligenciante al momento de terminarlo. Con lo antes expuesto, dése vista a las partes para su conocimiento, enterándoles del derecho que tienen a comparecer al desahogo del citado medio de convicción, para realizar las observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 161, 162 y 163 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por preverlo así expresamente su artículo 2º, párrafo segundo; así como del derecho que cuentan para ampliar por escrito, en un plazo de tres días, los puntos sobre los que deba versar la inspección, con sustento en lo que prevé el arábigo 119, último párrafo, de la Ley de Amparo. Se requiere al Juez Menor de Villa Obregón, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, del Décimo Octavo Partido Judicial, para que, una vez realizada la diligencia encomendada, remita a la brevedad posible las constancias respectivas; con el apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá la sanción prevista en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de dicha Unidad, que es por $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. Sin que pase desapercibido que la parte oferente haya indicado que la prueba de inspección judicial sería relacionada con los dictámenes que en su momento rindan los peritos en ingeniería ***, sin embargo, no se genera agravio alguno con lo aquí determinado, toda vez que el análisis y valoración de dichos medios de convicción se realizará al momento de dictar sentencia, lo que incluirá la opinión de los expertos y lo advertido en la inspección judicial; además de que la oferente no precisó los puntos o cuestiones que en materia de ingeniería habrían de considerarse o dilucidarse al momento del desahogo de la prueba de inspección judicial, lo que dificultaría insistir en llevarla a cabo en tales términos y deriva en que no resulte legamente posible admitir dicha probanza asociada de peritos. En esas condiciones, a fin de dar oportunidad a que lo anteriormente expuesto ocurra, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho para su celebración. QUEDANDO A SU DISPOCISIÓN COPIA DE L ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO EN LA ACTUARIA DE ESTE JUZGADO.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos, el escrito signado por ***, por medio del cual comparecen como ***, parte tercera interesada en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, así como los artículos 148 y 152 fracción l de la Ley Agraria y en relación con el artículo 22, fracción V, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se les reconoce el carácter, tal y como se advierte de la constancia allegada por el Registro Agrario Nacional (foja 1324). Asimismo, se les tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en su escrito de cuenta, así como sus autorizados a las personas que indican para el mismo efecto, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, atento a su contenido, expídanse copias simples de las constancias que indican, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previo recibo y razón que se deje en autos. Por último, se autoriza la utilización de medios electrónicos (escáner y cámaras fotográficas), previa solicitud que se realice, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.
- Principal
Téngase por recibido el escrito enviado electrónicamente por ***, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, visto su contenido y como lo solicita se le tiene designado nuevo domicilio procesal en que indica en su escrito de cuenta, para los efectos legales conducentes, y revocando el anterior señalado.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes
- José Refugio Esquivias García1114/2021
- José Refugio Jiménez Martínez1182/2023
- José Refugio Moreno García1273/2020
- José Refugio Raygoza García1379/2023
- José Refugio Sandoval Muñoz3597/2018
- José Regino Tapia2055/2018
- José Reinaldo González Chávez339/2021
- José Reyes Arenas Magallanes1066/2018
- Jose Reyes Hernandez Rodriguez1242/2017
- José Reyes Munguía Peredo1012/2023
- José Reyes Munguía Peredo1617/2022
- José Reyes Munguía Peredo1692/2019