José Refugio Sánchez López
Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2021
Partes del expediente
- José Refugio Sánchez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes se inconformó en contra del proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto del acto reclamado de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Por lo que, al no ser recurrida por las partes, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, y en ese mismo proveído se ordenó poner a la vista de la vista de las partes el oficio 84/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de enero del año en curso, a través del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que las partes hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en lo que aquí interesa, en la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por José Refugio González López, para el efecto de que la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción radicara la demanda presentada el diez de septiembre de dos mil veinte. Así, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, se estima que se ha dado cumplimiento a la resolución de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, a través del oficio 84/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, informó que el pasado once de septiembre de dos mil veinte, radicó la demanda laboral, la cual registró como el expediente laboral 00698/E06/2020. Cabe destacar que mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se presumió cierto el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado; además, la parte quejosa allegó la documental concerniente a la demanda que presentó el diez de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el once de septiembre de dos mil veinte, en que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, radicó la demanda laboral, la cual registró como el expediente laboral 00698/E06/2020. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Así también, de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia constitucional emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Refugio González López; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 84/2021 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de mérito, justificando su dicho con las documentales que anexa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase dicho comunicado a la vista de las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, pudiendo alegar el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación de las partes, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vistos para resolver, los autos de juicio de amparo 673/2020-I, promovido por José Refugio González López, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, José Refugio González López, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridades que a continuación se indican: Autoridades responsables: a) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. b) Secretaria General de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "4.1.-La omisión de la radicación de la demanda planteada por mí, en contra de CORE COMPOSITES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., recibida en la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, con fecha 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, y en la cual se demanda la REINSTALACIÓN en mis labores a consecuencia del despido injustificado del que fui objeto, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya radicado la demanda en términos de lo que dispone el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal. 4.2.- La substanciación del procedimiento laboral en la forma y términos previsto por la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." (sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló los derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el diecinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 673/2020-I, se admitió a trámite la misma; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. En la inteligencia de que una vez analizado el escrito de demanda, se advirtió que las autoridades responsables que tenían injerencia en el acto reclamado tenían su residencia en esta ciudad, se giraron los oficios respectivos de forma correcta, esto es, a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y a la Secretaria adscrita a la misma, requiriéndoseles sus respectivos informes justificados, ello con el único propósito de no obstruir los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo por parte de la promovente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad y de su Secretaria adscrita, de radicar la demanda que presentó el diez de septiembre de dos mil veinte. No escapa para este Juzgado de Distrito que la parte quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del procedimiento laboral en la forma y términos previstos por la ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." Por lo que solicita se le conceda el amparo de forma extensiva para todas las actuaciones subsecuentes, pretensión que sustenta en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Sobreseimiento respecto de la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta, por no ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Con independencia de la certeza o no de los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se actualiza una causa de improcedencia en lo tocante a dicha funcionaria, en razón de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales, en su orden de cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la anterior transcripción se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos atribuidos a dependencias que no tengan la calidad de autoridad, entendida como tal, aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, la parte quejosa en su escrito de demanda, señala como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; sin embargo, ésta no tiene la calidad de autoridad responsable (en su denominación correcta) para los efectos del juicio de amparo, toda vez que está limitada a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, y sólo es una fedataria, sin imperio de facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar resoluciones, pues dicha función está reservada para el presidente de la misma. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 185, Tomo V, Abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, que en su rubro y texto dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." En ese tenor, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se le dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra en este expediente, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la de jurisprudencia 279 constituida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 232 del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Así como la jurisprudencia 313, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo". QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierte fundado el concepto de violación formulado por la parte agraviada, suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser la impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales con el propósito de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE NTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Ahora bien, la parte quejosa reclama a través de este medio de control constitucional la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de radicar su demanda promovida desde el diez de septiembre del año en curso, quebrantando con su estado de abstención las garantías que le otorga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, cabe destacar que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." De la interpretación del artículo transcrito, se infiere que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, la junta dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haca recibido; y que cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro del término de tres días. Luego, si en el caso se reclama la omisión de radicar la demanda promovida desde el diez de septiembre del año en curso y si hasta la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo, la autoridad responsable ha omitido acordarla, es inconcusa la denegación de administración de la justicia pronta y expedita, según lo consagra el precepto 17 constitucional, tal y como lo aduce la parte quejosa. En estas condiciones y después del tiempo transcurrido en que nada se ha acordado respecto de la promoción que les presentó la aquí parte agraviada, es evidente que la responsable con su estado de abstención transgreden los principios de inmediatez y celeridad que rigen el procedimiento jurisdiccional, retardando con ello la impartición de justicia laboral, omisión que no se justificaría aun con el argumento de tener carga de trabajo, pues con su indiferencia en la aplicación correcta de la ley quebranta en perjuicio de la parte quejosa el numeral en mención de la legislación laboral, violándose con ello el artículo 17 constitucional en perjuicio del peticionario de derechos fundamentales, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que al no cumplir con tal mandato las responsables conculcan la garantía constitucional señalada en perjuicio de la parte quejosa. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia III.3o.C. J/12, visible en la página 740, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Si han pasado más de cinco meses desde que el Juez responsable dictó el auto por el que ordenó traer los autos a la vista para pronunciar la interlocutoria respectiva en un incidente de costas, es obvio que, aparte de que han transcurrido con exceso los tres días que al efecto concede el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, se infringe la citada garantía de seguridad jurídica referente a que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que importe el hecho de que con posterioridad al dictado del acuerdo indicado el Juez haya advertido que no se había dado vista con los autos al Ministerio Público por el fallecimiento de la contraria del quejoso, ni que hubiera decretado la práctica de una pericial como diligencia para mejor proveer, porque dados los meses transcurridos, de todas suertes es obvio que se ha violado flagrantemente la mencionada garantía constitucional. Consiguientemente, debe otorgarse la protección constitucional para que la responsable agilice el desahogo de la pericial y ordene se verifique inmediatamente la vista indicada, pues de no proceder de esa manera sería muy sencillo que las autoridades infringieran la garantía de que se trata, dado que siempre aducirían su imposibilidad por causas que ellas mismas originaran." En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a José Refugio González López, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con plenitud de jurisdicción radique la demanda presentada el diez de septiembre de dos mil veinte. En relación al cumplimiento de esta resolución, no pasa desapercibido que la obligación de la autoridad responsable nace a partir de que causa ejecutoria; sin embargo, ello no impide que actúe de inmediato, máxime si se toma en cuenta la dilación excesiva en que han incurrido. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de la autoridad que se precisó en el considerando tercero de esta sentencia, por los razonamientos realizados en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Refugio González López, conforme a los lineamientos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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