Jose Refugio Rios Ocampo
Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Jose Refugio Rios Ocampo
- Fiscal General Adscrito Al Distrito Judicial de Alarcon O Agente del Ministerio Público Adscrito Al Distrito Judicial de Alarcon del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL Y DE LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, CONCEDE A LAS PARTES PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE ASUNTO, SIN QUE SE HAYA INTERPUESTO DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN; EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN LOS NUMERALES 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES2 , APLICADOS SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ORDINAL 2°, SE DECLARA FIRME LA SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214, DE LA LEY DE AMPARO, A CONTRARIO SENSU, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO Y HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.
- Principal
SENTENCIA.. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias de autos y con los informes justificados que obran en el presente asunto. El juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Acto seguido se declara abierta la etapa probatoria, la secretaria hace constar que las partes se abstuvieron de ofertar medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas, con ello se cierra esta etapa. Se abre la de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos; con lo que se cierra este periodo. Al no haber pruebas pendientes por desahogar, alegatos que reproducir, ni promociones que acordar, se da por concluida la audiencia firmando los que en ella intervinieron; en consecuencia, se procede al dictado de la sentencia correspondiente. Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo ********************. R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno (fojas 3 a 5), en el buzón judicial, remitido en esa fecha a la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta ciudad y, turnado en esa data a este juzgado federal, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. Admisión y trámite. Por proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 7 a 14 vuelta), este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número de expediente ********************; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, se encuentra facultado para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción IV de la Constitución General; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 28/2016, que reforma, adiciona y deroga el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Legitimación. La parte quejosa se encuentra legitimada para promover el juicio de garantías en que se actúa, en razón de que la demanda de garantías la promovió por propio derecho, con lo que dio cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Tercero. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, de la que se advierte que los actos reclamados quedan fijados de la siguiente manera: Del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón y agente titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Alarcón, con sede en Taxco de Alarcón, Guerrero, la orden de aprehensión girada en contra del quejoso. Del coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional de la Zona Centro, en Chilpancingo, Guerrero; encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Taxco de Alarcón, Guerrero; y, agente de la Policía Ministerial del Estado (encargado de la Coordinación de Zona) en Taxco de Alarcón, Guerrero, su ejecución. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades responsables informaron lo que a continuación se detalla: Número Autoridades responsables Informe justificado Fojas 1. Agente titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Alarcón, en Taxco de Alarcón, Guerrero. No son ciertos los actos reclamados. 30 2. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional de Zona Centro, en Chilpancingo, Guerrero. Es inexistente el acto reclamado. 37 3. Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en Taxco de Alarcón, Guerrero. No es cierto el acto reclamado. 45 4. Agente de la Policía Ministerial del Estado (encargado de la Coordinación de Zona) en Taxco de Alarcón, Guerrero. No son ciertos los actos reclamados. 55 5. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en Taxco de Alarcón, Guerrero. No es cierto el acto reclamado. 57 Ahora, debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que a las responsables se atribuye. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo [.]". "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. [.]". Es aplicable a lo anterior, respecto del segundo supuesto, prueba directa de la existencia del acto reclamado, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De modo que si la parte solicitante de amparo no ofreció medio de convicción alguno con el que demuestre la existencia de los actos que aduce realizaron las autoridades responsables en cita y, de las constancias de autos se advierte que no existe prueba que demuestre su certeza respecto de dichas autoridades, ni aun de manera presuntiva o indiciaria, esos actos son inexistentes. Bajo este contexto, al considerar la naturaleza de los actos reclamados de esas autoridades, y al no haber aportado la parte quejosa medio de convicción alguno con el que se acredite fehacientemente que las responsables referidas emitieron y ejecutaron los actos reclamados, como ya se mencionó, tiene sustento la negativa propuesta por ellas. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ella se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar sus afirmaciones. Por lo tanto, al no haberse desvirtuado la negativa de actos formulada por las autoridades responsables de referencia, con fundamento en lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia número VI.2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVII, página 528, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS. Si no existe constancia en el juicio que desvirtúe la negativa de las autoridades ordenadoras, no existe materia para el amparo y no existiendo los actos ordenados, tampoco los puede haber de ejecución". Quinto. Transparencia. Se hace saber a las partes que en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: Para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral y los que el juzgador ha considerado como aquello que pudieran poner en riesgo la seguridad de alguna persona. No obstante, las anteriores restricciones no operan respecto a quien en términos de la legislación procesal en la materia, tienen derecho a solicitar copia de esta sentencia, y que no se considera confidencial la información publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en el artículo 220 de la Ley de Amparo. Sexto. Incorporación de la sentencia al expediente electrónico. Se ordena a la secretaria con la que se actúa y da fe, que incorpore la presente sentencia al expediente electrónico y al módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a más tardar el día de su notificación en las listas de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se S E R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ******************** por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena publicar la presente sentencia en términos de los dos últimos considerandos de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los informes justificados que rinden las autoridades responsables agente de la policía del Estado (encargado de la Coordinación de Zona) y titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, ambos con sede en Taxco, Guerrero. Vista. En ese tenor, con sus contenidos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Se difiere audiencia constitucional En tal virtud, a fin de dar margen a que las partes se impongan de los informes justiciados antes citados, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas del cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO REMITIDO POR EL AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO (ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA), CON SEDE EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL RINDE SU INFORME PREVIO; EMPERO, NO SE REALIZA PRONUNCIAMIENTO ALGUNO, TODA VEZ QUE EL DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SE RESOLVIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR LO QUE HACE A LA CITADA AUTORIDAD. FINALMENTE, TÉNGASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE ACLARANDO SU DENOMINACIÓN CORRECTA. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
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