José Refugio Peña Salcido

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • José Refugio Peña Salcido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el once de mayo de dos mil veintiuno se ordenó reexpedir los oficios 4261, 4267, 4270, 4272, 4288, 4299, 4307, 4314, 4315, 4316, 4318, 4330, 4332 y 4372, relativos al auto de dieciocho de febrero del año en curso en el que se reanudó el trámite del presente juicio, sin que a la fecha en que se actúa obren en autos los acuses respectivos, dada la proximidad de la data. Así las cosas, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, misma que se establece en esa data, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del presente proveído, conforme a lo previsto en el artículo 2, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Se difiere audiencia constitucional. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a que la agenda de este juzgado se encuentra saturada, por la excesivas cargas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acuerdo General en comento, este Juzgado labora bajo el esquema de "Presencia Controlada", lo cual implica trabajar, de forma presencia, con una planilla sumamente reducida, por un lapso de seis horas diarias, lo que impide que se fije una fecha anterior a la precisada previamente. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada a través de los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa mediante el cual realiza diversas manifestaciones y exhibe documental consistente en constancia de atención médica, de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, así como el acta levantada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, ante el cual, quien se ostentó como médico, cirujano y partero, a saber, ***, ratificó el contenido de la constancia que adjunta la accionante constitucional, de la que se advierte que ésta dio resultado POSITIVO al virus Covid-19, en la prueba de SARSCOV2 (COVID-19). Así, en atención a lo manifestado y acreditado por la parte quejosa, así como de acuerdo a la evolución que es conocida tiene dicha enfermedad, a fin de proteger y velar por la salud de la accionante constitucional, así como de las diversas personas que intervendrán en el desahogo de la pericial admitida en autos, cítese al perito oficial, a la parte quejosa y a la tercera interesada "***", a las nueve horas con cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, para que, en esa hora y data, se presenten en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, a fin de que ante la presencia judicial se coordinen a efecto de que proporcionen todos los elementos que sean necesarios, al diestro oficial, para que pueda llevar a cabo el desahogo de la probanza de mérito, con el apercibimiento que de no presentarse, sin causa justificada, se le impondrá al omiso multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese y personalmente al perito oficial, a la parte quejosa y a la tercera interesada "***".

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual solicita diversas constancias. Al respecto, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena remitir lo referido. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se requirió por última ocasión al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de diez días, a partir de que se le comunicara el mencionado proveído, diera cabal cumplimiento al requerimiento realizado en dicho acuerdo, plazo que feneció el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, sin que a la data en que se actúa dicha autoridad hubiera acreditado haber cumplido con lo requerido, ni manifestado la imposibilidad legal para ello. Se hace efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y se impone al Presidente Municipal Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, una multa por la cantidad de SEISCIENTAS UNIDADES de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $53,772.00 (cincuenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual deberá hacerse efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "3", por lo que deberá enviarse oficio a esta autoridad a fin de que lleve a cabo la encomienda ordenada, precisándole que la persona que funge como Presidente Municipal de dicha entidad lleva por nombre ***. En el entendido de que son los únicos datos que obran en el expediente. En virtud de lo anterior, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, y el artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en el término de diez días siguientes al en que sea notificado del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, cumpla con la ejecutoria dictada en el presente procedimiento, esto es:  Realice el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso ****, con motivo de la separación de su cargo. Esto es, la presente resolución de amparo constriñe a las autoridades responsables a subsanar la violación correspondiente (garantía de legalidad y seguridad jurídica) para lo cual deberán resarcir integralmente el derecho del que se vio privado la parte quejosa, mediante el pago de: I. La indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a SETECIENTAS UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con las acciones tendentes al seguimiento de la sentencia de amparo, aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $62,734.00 (sesenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por setecientos el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). El monto de la medida de apremio con que se le apercibe, atiende precisamente al desinterés de cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que a fin de lograr el debido cumplimiento del mismo, se incrementa el monto de la multa que se determina como apercibimiento. Ahora bien, atendiendo a que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y que es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo dictada en el presente sumario se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en la dicha ejecutoria y precisar los deberes impuestos en ésta y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió a la parte quejosa la protección de la justicia Federal, para los siguientes efectos: "Realice el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso Edgar Venegas Peña, con motivo de la separación de su cargo. Esto es, la presente resolución de amparo constriñe a las autoridades responsables a subsanar la violación correspondiente (garantía de legalidad y seguridad jurídica) para lo cual deberán resarcir integralmente el derecho del que se vio privado la parte quejosa, mediante el pago de: I. La indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. II. Realizar anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en los Registros Estatal y Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. Cabe precisar, que en el caso no procede la reinstalación de la quejosa en el puesto que desempeñaba, a razón de que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, acorde a la función que desempeñaba en su encargo, es considerada elemento Operativo de Seguridad Pública, los cuales de conformidad con el diverso numeral 117 del referido ordenamiento y el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la propia Constitución, no procede su reinstalación. Se acatan, por obligatorias, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias emitidas la primera por contradicción, la segunda por reiteración, y la tercera también por contradicción, 2a./J. 103/2012 (10a.), 2a./J. 198/2016 (10a.), y 2a./J. 117/2016 (10a) , respectivamente, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, sea por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les concede la protección federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa que guardan con el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, no puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en aras de compensar esa imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011" . "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos." (la subraya es propia)" "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada". Concesión que se hace extensiva respecto de los actos derivados del acuerdo de inicio del procedimiento declarado inconstitucional, es decir de todos aquellos actos que se hayan emitido con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo a fin de lograr una restitución total de los derechos que indebidamente le fueron afectados al justiciable, pues es claro que los mismos son fruto de un acto viciado". Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se radicó bajo el toca de revisión principal 94/2018 y, con fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, el tribunal revisor resolvió confirmar la sentencia recurrida, lo que motivó que, por auto de treinta de noviembre dicha anualidad, este órgano de control constitucional requiriera a las autoridades responsables por el cumplimiento de la ejecutoria de marras. A fin de cumplir con el segundo de los efectos concedidos en la sentencia de amparo, mediante oficio DJ/11463/2020, el Director Jurídico de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, remitió copia certificada del asiento registral donde obraba la anotación en el registro del quejoso, en la base de datos del registro estatal y nacional de personal de seguridad pública, el cual se tuvo por recibido en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte y se ordenó dar vista a la parte quejosa con el mismo. Así, después de diversos informes remitidos por la autoridad responsable y al existir discrepancias entre la parte quejosa y la autoridad responsable respecto de las cantidades que referían se debería liquidar al accionante constitucional, mediante auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se dio trámite al incidente innominado para determinar el monto que debería pagarse a la parte quejosa en términos de la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, seguido en todas sus etapas el aludido incidente innominado, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia interlocutoria, en la cual se declaró procedente y fundado dicho incidente y se determinó lo siguiente: ".En consecuencia de lo anterior, la liquidación de las prestaciones a las que tiene derecho la parte quejosa, al momento en que se dicta esta interlocutoria, asciende a: Concepto Cantidad Indemnización constitucional $36,266.40 Remuneración diaria ordinaria. $276,833.52 Vacaciones. $15,167.40 Prima Vacacional. $3,791.04 Aguinaldo $37,918.52 Veinte días por año de servicio laborado. $134,157.47 Bono del policía $11,375.55 Total $515,509.90 Por las anteriores consideraciones, debe pagarse a la parte quejosa, por concepto de indemnización y demás prestaciones que se regulan y son materia de este incidente, la cantidad de $515,509.90 (quinientos quince mil quinientos nueve pesos 90/100 moneda nacional) Ahora bien, a la cantidad resultante, descontando el monto que corresponde al aguinaldo (debido a que está exento de deducciones, de conformidad con el artículo 43 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco), la autoridad responsable deberá calcular el monto que corresponda al Impuesto Sobre la Renta y lo relativo al fondo de pensiones, realizar la deducción correspondiente y el resto entregarlo al quejoso.". Inconforme con tal resolución, el Síndico del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, en representación de las autoridades responsables pertenecientes a tal municipio, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se radicó bajo el toca de queja 426/2019 y, con fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, el tribunal revisor declaró infundado el recurso de queja, lo que motivó que, por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, este órgano de control constitucional requiriera a las autoridades responsables por el cumplimiento de la ejecutoria de marras a fin de que realizaran el pago a la parte quejosa del monto establecido en la resolución interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y, con posterioridad a ello, este órgano de control constitucional ha emitido diversas resoluciones tendentes a lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las cuales se detallan a continuación:  El veinticuatro de enero de dos mil veinte se tuvieron por recibidos diversos oficios signados por el Encargado del Despacho y el Director Jurídico, ambos adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante los cuales informaron las gestiones realizadas para cumplir la sentencia de amparo y remitiendo las constancias para acreditar su dicho, en razón a ello se requirió al Director Jurídico de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, para que en el término de diez días cumpliera cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acreditara de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El veintisiete de enero de dos mil veinte se tuvo por recibido un oficio firmado por la delegada del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, mediante el cual manifestó la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, bajo el argumento de que aún se encontraba pendiente de resolver el recurso de reclamación hecho valer en contra de la resolución de doce de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de queja 426/2019, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por lo que, a fin de proveer lo que en derecho correspondiera, se solicitó al aludido Tribunal de Alzada informara el estado procesal en que se encontraba el recurso de queja en comento.  El treinta de enero de dos mil veinte se tuvo por recibido un oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informó que el veinte de enero de dos mil veinte se desechó el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad responsable Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, en contra de la resolución de doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de queja 426/2019, de su índice, por lo que este juzgado levantó la reserva decretada en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte y requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días cumpliera cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acreditara de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El doce de febrero de dos mil veinte se tuvieron por recibidos los oficios signados por la delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y el Director Jurídico adscrito a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante los cuales informaron las gestiones que se encontraban realizando para cumplir la sentencia de amparo, en razón de lo cual se requirió a la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental y al Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tonalá, para que en el término de tres días informaran el tratamiento dado a los oficios DGJ/JC/440/2020 y CGAIG/0073/2020, que les fueron remitidos, respectivamente, por la Encargada de la Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo, y la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, ambas del Municipio de Tonalá, Jalisco, relativos al cumplimiento del fallo protector del juicio de amparo que nos ocupa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El veinticinco de febrero de dos mil veinte se tuvo por recibido un oficio signado por la delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual informó las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia de amparo, mismo que se reservó proveer hasta en tanto el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, diera cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de febrero de dos mil veinte o precluyera el término concedido para ello.  El veintiocho de febrero de dos mil veinte, previo a hacer efectivo el apercibimiento formulado en proveído de doce de febrero de dos mil veinte, se requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días informara el tratamiento dado al oficio número CGAIG/0073/2020, que le fuera remitido por la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental del Municipio de Tonalá, Jalisco, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El cuatro de agosto de dos mil veinte se reanudó el procedimiento, acorde a lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020,13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de doce de febrero de dos mil veinte, imponiéndose al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, una multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, por ser omiso en dar cumplir con lo solicitado en proveídos de doce y veintiocho de febrero del mismo mes y año, la cual se ordenó hacer efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "1", además, y se requirió de nueva cuenta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días informara el tratamiento dado al oficio número CGAIG/0073/2020, que le fuera remitido por la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental del Municipio de Tonalá, Jalisco, en el que se le solicitó la expedición de un cheque nominativo a favor de *** (aquí quejoso), por la cantidad de $372,231.54 (trescientos setenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 54/100 moneda nacional), con motivo del pago de las prestaciones correspondientes al impetrante de amparo, derivado del cumplimiento del fallo protector dictado en el juicio de amparo que nos ocupa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de doscientas unidades de medida y actualización , y a su vez, se ordenó hacer del conocimiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, lo anterior, a fin de que, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, hiciera cumplir a su inferior la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en comento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El diecisiete de agosto de dos mil veinte se tuvo por recibido un oficio signado por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual exhibió el acuse de recibo del oficio PMT/0707/2020, de su índice, por el cual conminó al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, para que cumpliera de forma inmediata con la ejecutoria de amparo.  El diecinueve de agosto de dos mil veinte se tuvo por recibido un oficio signado por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual exhibió el acuse de recibo del oficio TM/715/2020, signado por el Tesorero Municipal, dirigido al Director General Jurídico, ambos del referido Ayuntamiento, por medio del cual el primero hizo del conocimiento del segundo una serie de manifestaciones tendentes a demostrar la insuficiencia presupuestal de dicho ente municipal, para dar cumplimiento al fallo protector en el juicio de amparo en estudio, en consecuencia, atendiendo a que desde el dieciséis de enero de dos mil veinte se había requerido a las autoridades responsables el cumplimiento a la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al incidente innominado para determinar con exactitud la cantidad a pagar a la parte quejosa con motivo del fallo protector, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, requiriéndolo para que en el término de diez días cumpliera con la resolución incidental de referencia y realizara las gestiones necesarias para reajustar las partidas presupuestales autorizadas para el dos mil veinte, a fin de acatar la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, atendiendo a que la autoridad Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, no había dado cumplimiento al requerimiento formulado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, previo a hacer efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído, se requirió por última ocasión al Tesorero Municipal en comento, para que dentro del término de tres días, en el ámbito de sus atribuciones, cumpliera con el auto de referencia, realizando las gestiones necesarias para reajustar las partidas presupuestales autorizadas para el dos mil veinte, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa.  El cinco de octubre de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, imponiéndose al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, una multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, por ser omiso en dar cumplimiento a lo solicitado en dicho proveído, la cual se ordenó hacer efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "1", además, se requirió de nueva cuenta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de diez días cumpliera con la ejecutoria dictada en el presente procedimiento y el oficio número CGAIG/0073/2020, que le fue remitido por la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental del Municipio de Tonalá, Jalisco, donde le solicitó la expedición de un cheque nominativo a favor de Edgar Venegas Peña (aquí quejoso), por la cantidad de $372,231.54 (trescientos setenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 54/100 moneda nacional), realizando las gestiones necesarias para reajustar las partidas presupuestales autorizadas para el dos mil veinte, para emitir dicho documento mercantil a fin de realizar el pago de las prestaciones que corresponden al impetrante de amparo, derivadas del juicio de amparo que nos ocupa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de doscientas unidades de medida y actualización, a su vez, se ordenó hacer del conocimiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, lo anterior, a fin de que, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, hiciera cumplir a su inferior la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en comento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El seis de octubre de dos mil veinte se tuvo por recibido un oficio signado por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual informó las gestiones realizadas a fin de cumplir con lo ordenado en autos de dos y veintidós de septiembre de dos mil veinte, además, remitió copia certificada del oficio DGJ/DC/2830/2020, con acuse de recibo de dos de octubre de dos mil veinte, girado al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el cual le solicitó diera cumplimiento a lo ordenado en los autos de dos y veintidós de septiembre de dos mil veinte, acompañándole el oficio 19742/2020, del índice de este juzgado, por lo tanto, se requirió a esta última autoridad para que, en el término de tres días, remitiera copia certificada de la respuesta dada a la Encargada de la Jefatura de lo Contencioso, Administrativo y Consultivo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  El cuatro de noviembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio remitido por la Encargada de la Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual, entre otros, exhibió el acuse de recibo del oficio TM/1089/2020, signado por el Tesorero Municipal, dirigido al Director General Jurídico, ambos del referido Ayuntamiento, por medio del cual, el primero hizo del conocimiento del segundo una serie de manifestaciones tendentes a demostrar la insuficiencia presupuestal que tiene dicho ente municipal para dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio de amparo, aunado a lo anterior, manifestó que mediante oficio TM/1088/2020, solicitó a la Jefatura de Programación y Presupuesto del referido ayuntamiento, informara sobre la existencia o no de recursos extraordinarios no etiquetados que pudieran ser utilizados para poder dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en consecuencia a lo anterior, se requirió al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que dentro del término de tres días hábiles remitiera copia certificada legible de la respuesta dada al Tesorero Municipal del Ayuntamiento en mención, del oficio TM/1088/2020, presentado ante el mismo el veintinueve de octubre de dos mil veinte, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El veintitrés de noviembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio remitido por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual, entre otros, exhibió el oficio PMT/1104/2020, signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con acuse de recibo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, girado al Tesorero del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el cual, en virtud del requerimiento realizado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, le solicita dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tanto, previo a hacer efectivo el apercibimiento realizado en acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días siguientes al en que fuera notificado de dicho proveído, en el ámbito de sus atribuciones, cumpliera con la ejecutoria dictada en el presente procedimiento, esto es, realizara el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho el quejoso Edgar Venegas Peña, con motivo de la separación de su cargo, en el entendido que subsistían los apercibimientos realizados en el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte.  Además, en el proveído señalado en el párrafo que antecede, atendiendo a que la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, también exhibió el oficio TM/3524/2020, con acuse de recibo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, girado al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el cual se le solicitó dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se requirió al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, remitiera fotocopia certificada legible de la respuesta dada a la Encargada de la Jefatura de lo Contencioso, Administrativo y Consultivo, del oficio TM/3524/2020, presentado ante el mismo el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, así como del diverso TM/1088/2020, presentado ante el mismo el veintinueve de octubre de dos mil veinte, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de doscientas unidades de medida y actualización.  El ocho de diciembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual remitió el oficio DGJ/JC/3713/2020, signado por la Encargada de la Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con acuse de recibo girado al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por lo que se requirió al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, remitiera fotocopia certificada legible de la respuesta dada a la Encargada de la Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto del oficio DGJ/JC/3713/2020, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa equivalente al valor de doscientas unidades de medida y actualización, con independencia de lo anterior, se requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días siguientes al en que fuera notificado de dicho acuerdo acreditara haber realizado el pago de la indemnización y demás prestaciones cuantificadas en el presente juicio a que tiene derecho el quejoso **, con motivo de la separación de su cargo, en el entendido de que de no hacerlo se le harían efectivos los apercibimientos realizados en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte.  El quince de diciembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual informó las gestiones que se encontraba realizando a fin de cumplir con lo ordenado en auto de uno de diciembre de dos mil veinte y remitió copia certificada del oficio DGJ/JC/3814/2020, con acuse de recibo de once de diciembre de dos mil veinte, con el que notificó el oficio 28425/2020 al Secretario General de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y le solicitó dar cumplimiento a lo ordenado en auto de uno de diciembre de dos mil veinte, comunicado que se ordenó agregar a los presentes autos para los efectos legales a que hubiera lugar.  El doce de enero de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual informó las gestiones que se encontraba realizando a fin de cumplir con las sentencia de amparo y remitió diversas constancias, entre ellas, del oficio PMT/1207/2020, signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con acuse de recibo de diecisiete de diciembre, girado al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en consecuencia, se requirió al Jefe de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, remitiera fotocopia certificada de la respuesta dada al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto del oficio PMT/1207/2020, asimismo, se requirió al Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de este acuerdo, remitiera fotocopia certificada de la sesión de cabildo programada para el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, o bien, manifestara el impedimento legal para hacerlo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondría en lo individual una multa equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización.  El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el oficio firmado por la Delegada de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual realizó diversas manifestaciones y remitió diversas constancias, entre ellas, los acuses correspondientes a los oficios DJ/JC/0186/2021 y DJ/JC/0187/2021, el primero de ellos dirigido a la Jefatura de Programación y Presupuestos, por el que se le requirió a fin de que emitiera la respuesta respecto del oficio PTM/1207/2020, en relación al diverso DGJ/JC/3713/2020, y el segundo dirigido al Secretario General del referido Ayuntamiento, por el que se le solicitó se informaran los resultados y remitiera el acta respectiva de la sesión de cabildo programada para el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, o bien, manifestara el impedimento legal para hacerlo, sin embargo, atendiendo a que del estado que guardaban los autos, se advertía que se requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que acreditara haber realizado el pago de la indemnización y demás prestaciones cuantificadas en el presente juicio a que tiene derecho el quejoso Edgar Venegas Peña, con motivo de la separación de su cargo, lo cual no se demostraba con las constancias remitidas en el oficio en comento, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte y se impuso al Presidente Municipal Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, una multa por la cantidad de QUINIENTAS UNIDADES de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $43,440.00 (cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), la que se ordenó hacer efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "1", además, previo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para el trámite de inejecución, se requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de diez días siguientes al en que fuera notificado de ese proveído, en el ámbito de sus atribuciones, cumpliera con la ejecutoria dictada en el presente procedimiento. Además de lo anterior, debe señalarse que el cinco de octubre de dos mil veinte, a petición de la parte quejosa y atendiendo a que hasta esa fecha las autoridades responsables no habían realizado el pago del numerario cuantificado con motivo de la sentencia de amparo, no obstante los múltiples requerimientos realizados por este juzgado en ese sentido a las autoridades responsables, se ordenó tramitar un incidente innominado para la actualización de la planilla de liquidación relativa a la cantidad a pagar a la parte quejosa y que fuera cuantificada en la resolución incidental dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, mismo que se declaró procedente y fundado en interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veinte, donde se determinó lo siguiente: ". En consecuencia de lo anterior, la actualización de las cantidades relativas a las prestaciones a las que tiene derecho la parte quejosa, al momento en que se dicta esta interlocutoria, asciende a: Concepto Cantidad Remuneración diaria ordinaria. $178,511.28 Vacaciones. $9,775.80 Prima Vacacional. $2,443.94 Aguinaldo $24,451.60 Veinte días por año de servicio laborado. $9,755.66 Bono del policía $7,329.83 Total $232,268.11 Por las anteriores consideraciones, debe pagarse a la parte quejosa, por concepto de indemnización y demás prestaciones que se regulan y son materia de este incidente, la cantidad de $232,268.11 (doscientos treinta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 11/100 moneda nacional)." Inconforme con tal resolución, el Síndico del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, en representación de las autoridades responsables pertenecientes a tal municipio, interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se radicó bajo el toca de queja 34/2021, mismo que hasta la fecha en que se dicta el presente auto se encuentra pendiente de resolver. En razón de lo antes expuesto, se advierte que, a la data en que se actúa, las autoridades responsables pertenecientes al municipio de Tonalá, Jalisco, no han dado cabal cumplimiento al fallo protector, no obstante que desde el dieciséis de enero de dos mil veinte (fecha en que se recibió la sentencia que confirmó la resolución incidental de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve), hasta el dictado del presente acuerdo, se ha requerido en múltiples ocasiones para tales efectos, en particular, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco (superior jerárquico de todas ellas), quienes han dado contestación a dichos requerimientos -con excepción del formulado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno-, señalando que se encuentran realizando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo con argumentos circulares, que constituyen una falacia argumentativa conocida como petición de principio. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, lo procedente es remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente; en consecuencia, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informe a este órgano jurisdiccional a qué Tribunal Colegiado corresponde conocer de la citada incidencia, a fin de que se esté en aptitud de remitir la misma al Tribunal de alzada pertinente. Acorde a lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, que una vez que se tenga conocimiento respecto del órgano jurisdiccional al que corresponda conocer del incidente de inejecución, se habilitará para aquél, la consulta del expediente electrónico, para la substanciación del citado incidente. Lo anterior, en atención a los acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020,13/2020, 15/2020, 18/2020, 21/2020, 25/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a las circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021, sin embargo, en caso de ser necesario, atendiendo a cada supuesto en particular, y previa solicitud del Tribunal de Alzada que corresponda, se podrá integrar constancias en soporte material, lo que en su caso se obtendrá del expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a las partes

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