José Refugio Hernández González
Expediente 493/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/08/2017
Partes del expediente
- Subprocutador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
- José Refugio Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad de México, a once de agosto de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que, en lo que interesa, sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a primero de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el comunicado de cuenta, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada, por tanto realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, como lo solicita remítase copia certificada del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 493/2017, promovido por José Refugio Hernández González, contra los actos reclamados del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el promovente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se citarán en las consideraciones primera y tercera de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El mismo día de su presentación, se registró la demanda con el orden 493/2017 y se previno al quejoso. IV. Una vez desahogada dicha prevención, por auto de veintiséis de junio pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo por los actos reclamados de las autoridades responsables que precisarán en el primer y tercer considerando de esta determinación; se solicitó a las responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio por las siguientes consideraciones: Respecto de los siguientes actos reclamados: La notificación y/o emplazamiento realizado al quejoso; y La falta de motivación y correcta fundamentación del apercibimiento. Ambos relativos al documento con folio IZP-01/QSS/TM/08/09-06-2017. La orden de presentación. Los últimos tres mencionados derivados del expediente IZP-01/QSS/TM/08/09-06-2017. Atribuidos a las siguientes autoridades: Consejero Jurídico y de Servicios Legales; Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica; y Juez Cívico Primero en Iztapalapa Uno IZP-1, turno matutino; Estos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima que no le corresponde el conocimiento del presente asunto, en virtud que los referidos, son de naturaleza administrativa, por lo que se considera que un juez de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, es quien tendría que conocer respecto de los mismos, por los motivos que enseguida se exponen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, de rubro siguiente: "COMPETENCIA". En principio, conviene citar el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito". Por su parte, el diverso numeral 52, fracción IV, de la ley en cita, dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (.)". De lo anterior se advierte que los citados actos reclamados no son resoluciones judiciales del orden penal o que afecten la libertad personal del quejoso derivado de ello, así como tampoco que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 constitucional, sino que se trata de actos eminentemente de naturaleza administrativa; de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que se surta la competencia en favor de este juzgado. Lo anterior, en virtud de que dichos actos son formal y materialmente administrativas, en razón de las autoridades a las que se atribuyen y a la naturaleza de los mismos, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Ahora, si bien es cierto uno de los actos reclamados que pudiera afectar la libertad personal del quejoso, mismo que estimó que el competente es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, se encuentra en las hipótesis de excepción que establece el citado artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también cierto es que este Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no es competente legalmente, por razón de la materia, para conocer de los citados actos reclamados. Sin que sea obstáculo para sostener lo anterior, que pudiera considerarse que corresponde a este Juzgado Federal en Materia de Amparo Penal el conocimiento del asunto, al afectarse la libertad personal del peticionario, dado que en el caso, la presentación constituye una detención, con carácter preventiva o correctiva, que puede ser decretado por la autoridad administrativa (como lo son las autoridades señaladas por la parte quejosa) dado que implica una corta privación de la libertad que se realiza en lugar distinto del destinado al cumplimiento de las penas; siendo este uno de los casos de excepción previstos en el artículo 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de las constancias relativas a este asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitándole el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. SEGUNDO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo respecto de los restantes actos reclamados, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. TERCERO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de detención, presentación, localización o aprehensión, así como su ejecución, que se atribuyen a las siguientes autoridades. En carácter de ordenadoras y ejecutoras: Jueces de Control de la Ciudad de México, Pablo Picazo Fosado; Martín Gerardo Ríos Castro y Nemecio Guevara Rodríguez; Jueces Primero a Tercero, Quinto a Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos respectivamente a los Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, con sede en el Reclusorio Sur, Oriente y Norte; Jueces Primero, Segundo, Quinto a Séptimo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Sexto a Décimo Noveno, Vigésimo Primero a Vigésimo Octavo, Trigésimo a Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Tercero a Sexagésimo Primero, Sexagésimo Tercero a Sexagésimo Séptimo y Sexagésimo Noveno Penales de la Ciudad de México; Jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscritos a las Unidades de Gestión Judicial Uno a Diez y Doce de esta ciudad; Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Ambos de la Procuraduría General de la República. Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales; Directora de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales; y Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas. Los últimos cinco de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. CUARTO. Las autoridades señaladas en el inciso a) no existen con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de treinta de junio pasado; por tanto, no pueden existir los actos que se les reclaman. Por otro lado, no son ciertos los actos que se atribuyen a las restantes responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que se advierta medio de convicción en contrario. Por tanto, debido a la inexistencia de las citadas autoridades y de los actos reclamados de las restantes responsables, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando primero de esta sentencia, este juzgado carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio promovido por José Refugio Hernández González: Respecto de los siguientes actos reclamados: La notificación y/o emplazamiento realizado al quejoso; y La falta de motivación y correcta fundamentación del apercibimiento. Ambos relativos al documento con folio IZP-01/QSS/TM/08/09-06-2017. La orden de presentación. Los últimos tres mencionados derivados del expediente IZP-01/QSS/TM/08/09-06-2017. Atribuidos a las siguientes autoridades: Consejero Jurídico y de Servicios Legales; Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica; y Juez Cívico Primero en Iztapalapa Uno IZP-1, turno matutino; Estos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio promovido por José Refugio Hernández González, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de detención, presentación, localización o aprehensión, así como su ejecución, atribuidos a los Jueces de Control de la Ciudad de México, Pablo Picazo Fosado; Martín Gerardo Ríos Castro y Nemecio Guevara Rodríguez; Jueces Primero a Tercero, Quinto a Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos respectivamente a los Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, con sede en el Reclusorio Sur, Oriente y Norte; Jueces Primero, Segundo, Quinto a Séptimo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Sexto a Décimo Noveno, Vigésimo Primero a Vigésimo Octavo, Trigésimo a Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Tercero a Sexagésimo Primero, Sexagésimo Tercero a Sexagésimo Séptimo y Sexagésimo Noveno Penales de la Ciudad de México; Jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscritos a las Unidades de Gestión Judicial Uno a Diez y Doce de esta ciudad; Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, ambos de la Procuraduría General de la República; Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales; Directora de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales; y Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas, los últimos cinco de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. En cuanto a la copia que solicita, una vez que este juzgado pronuncie la resolución correspondiente, expídase la misma con apoyo en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido de Leopoldo Arturo Esparza León, secretario que autoriza y da fe.
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