Jose Refugio Gonzalez Villafuerte
Expediente 478/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Refugio Gonzalez Villafuerte
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por el titular del juzgado segundo de distrito en materia de amparo y de juicios federales en el estado de Baja California, con sede en Tijuana, por medio del cual acusa recibo del oficio 5805/2017-II.1 de la numeración de este juzgado e informa que dicho órgano jurisdiccional, aceptó la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, el cual se ordena agregar para los fines legales conducentes. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atendiendo a punto vigésimo, fracción I del citado acuerdo, y toda vez que el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y de juicios federales en el estado de Baja California, con sede en Tijuana, aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Al no atender el citatorio la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el provéido de veintiocho de abril de este año, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo que promueve ***, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que reclama al Juez de Ejecución de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Los cuales estimó violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1° y 18 penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 478/2017-II.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. La parte quejosa cita como actos reclamados los siguientes: ACTOS RECLAMADOS. RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE NIEGA EL TRASLADO DEL QUEJOSO DEL CERESO denominado "EL HONGO" de la Ciudad de TECATE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL MÁS CERCANO A LA CIUDAD DE VILLAGRÁN, GTO. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las bases legales para la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan ante ellos. Numeral que a la letra dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, el suscrito juzgador estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente aquél en el cual el acto reclamado, se haya llevado a cabo el acto reclamado y además continúe ejecutándose el mismo. Lo cual acontece en la especie. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en la resolución pronunciada el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de número **/2012 del índice del Juzgado de Ejecución de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde se determinó negar la petición de traslado del ahora quejoso a otro que estuviere más cerca al domicilio del quejoso, es decir, a Villagrán, Guanajuato. Sin que dicha determinación derive de un diverso proceso, ni tampoco de la imposición de una nueva o diversa pena que conlleve una nueva ejecución, de ahí que el acto que reclama continuará ejecutándose en el centro reinserción social denominado "El Hongo", de la ciudad de Tecate, Baja California, lugar en el cual el quejoso ***, se encuentra compurgando las penas de prisión que le fueran impuestas. En esas condiciones, dado que tal como se desprende de la demanda de cuenta, el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social denominado "EL HONGO", de la ciudad de Tecate, Baja California, será competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en esa ciudad, y tomando en consideración que dicho municipio, se encuentra dentro de la jurisdicción territorial asignada a los Juzgados de Distrito del Estado de Baja California, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece el cual en relación a la jurisdicción en lo que aquí interesa establece: XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio del mismo nombre. Máxime cuando la interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, si bien pudiera estimarse declarativa, pues pudiera pensarse que no entraña o determina una nueva situación en relación con el solicitante del amparo, lo cierto es, que dicha sentencia tiene efectos en la esfera de garantías y derechos de ***, al obligarlo a continuar purgando las penas privativas de libertad que le fueron impuestas. Ello, al obligarlo a permanecer interno en el centro de reinserción en que actualmente se encuentra, es decir en el centro de reinserción social denominado "El Hongo", de la ciudad de Tecate, Baja California. Por tanto, se arriba a la conclusión de que corresponde conocer de la presente demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, publicada en la página: 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia(s): Penal, Novena Época, Registro: 178232, Instancia: Primera Sala, del contenido siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. También es aplicable al caso la tesis número III.2o.P.193 P, en materia penal, publicada en la página 1061 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Abril de 2006, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Novena Época, del contenido: ORDEN DE TRASLADO. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL RECLUSORIO DONDE SE INTERNA AL QUEJOSO CON MOTIVO DE AQUÉLLA. La ejecución de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro es instantánea, en virtud de que se consuma en el momento en que la autoridad interna al detenido sin necesidad de posteriores participaciones, pues resulta incorrecto considerar a dicho acto como de tracto sucesivo por el hecho de llevarse a cabo en dos sitios, uno en donde surge el mandato de traslado y otro el de su destino, ya que para su realización no se requiere de una intervención constante de la autoridad. Por tanto, la autoridad competente para conocer de la demanda de garantías promovida contra dicha orden, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, lo es el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se encuentra el reclusorio donde se internó al quejoso con motivo del traslado. De igual forma es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, página 2087, Tomo CIII, Materia(s): Penal, Común, Quinta Época, Registro: 319912, Instancia: Primera Sala, del contenido: TRASLADO DEL REO, COMPETENCIA EN AMPARO, TRATANDOSE DE. La orden de traslado del quejoso del lugar en que encuentra recluido a otro, debe ejecutarse en aquel lugar, y si la autoridad responsable que dio esta orden, reside en el mismo, es manifiesta la competencia del Juez de Distrito de esa jurisdicción, para conocer del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo en sus incisos 1) y 3). Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, Tesis I.1o.A.44 A, Tomo XIV, del mes de Agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencial II.2o. J/19, publicada en la página 45, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO. La circunstancia de que no se haya señalado como autoridad responsable ejecutora una residente en la circunscripción territorial en que ejerce su jurisdicción un juez de Distrito, no significa que éste sea incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra una orden de aprehensión y su cumplimentación cuando de los hechos narrados en la demanda de garantías se desprende que los Agentes de la Policía Judicial, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, ubicado precisamente en un lugar en que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que se dice incompetente, toda vez que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; segunda, cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención y, tercera, cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De esta manera se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis que alude a la competencia del juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto, aunque no se hayan señalado autoridades ejecutoras en el juicio de amparo. Por último, también resulta aplicable la Jurisprudencia Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.), publicada en la página: 2183, Décima Época, Registro: 160608, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, del contenido siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, de estimarlo procedente, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con copias certificadas de la demanda de amparo. Como lo indica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad ***. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos y fundamentos expresados en el presente proveído. SEGUNDO. Remítanse el presente Juicio de Amparo 478/2017-II.1 del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a efecto de que dentro del término legal manifieste si acepta o no el conocimiento del asunto, solicitándole que se no tener inconveniente remita el acuse de recibo condigno.
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