Jose Refugio Gomez Diaz
Expediente 1283/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Refugio Gomez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1283/2015-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de octubre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil quince. Se recibe el oficio con anexo, del Presidente de Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite copia certificada de la documental que describe; la que se ordena agregar únicamente a sus autos para que obre como corresponda, en virtud de que mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil quince, se sobreseyó el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1283/2015-I-B, promovido por José Refugio Gómez Díaz, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de junio de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día a este juzgado, José Refugio Gómez Díaz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, se solicitó a la responsable su informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Después, se ordenó el emplazamiento de otros terceros interesados. Seguida la secuela procesal, por auto de veinticinco de septiembre se fijaron las diez horas con cincuenta y un minutos del veintiséis de octubre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la junta de resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia desahogada el veinte de abril de dos mil quince, en el conflicto laboral 541/14. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la junta al rendir su informe justificado (foja 24). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa [de improcedencia] prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Con su informe justificado, el presidente de la junta exhibió copia certificada de diversas constancias del conflicto laboral 541/14; la que amerita pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de las constancias tenemos que por acuerdo de quince de octubre de dos mil quince (foja 76), la junta se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de veinte de abril del año en curso. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. El principio de que la existencia del acto se analiza conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo, está contenido en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. El quejoso presentó su demanda el treinta de junio de dos mil quince y, a la luz del informe justificado, ciertamente a esa fecha existía la omisión reclamada (falta de acuerdo), pero ésta cesó cuando la autoridad responsable se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes. Es cierto que no hay constancia que acredite que la responsable notificó al quejoso su determinación de quince de octubre del año en curso; sin embargo, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil quince se recibió esa constancia y en él, expresamente se indicó que a través del auto de quince de octubre actual, la responsable proveyó las pruebas ofrecidas por las partes. El auto de diecinueve de octubre se notificó al quejoso por lista, de ahí que es válido afirmar que conoció el acuerdo de quince de octubre, dictado en el conflicto de origen en torno a las pruebas, a través del juicio de amparo. Sobre el conocimiento de la contestación mediante la notificación practicada con motivo de un auto dictado en el juicio de amparo, tiene aplicación por analogía, esta tesis: Tesis: 2a./J. 205/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168189 2 de 2 Segunda Sala Tomo XXIX, Enero de 2009 Pag. 605 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Luego, la emisión del acuerdo de quince de octubre de dos mil quince, hizo que cesaran los efectos de la omisión reclamada, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o si la irrumpió (durante el tiempo que subsistió), al cesar no dejó ninguna huella. Conviene precisar que la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos, no ocurre únicamente cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, antes, bien puede darse cuando sobreviene una causa que destruye los efectos del acto, en el particular, esa causa es la emisión del auto de quince de octubre de dos mil quince, máxime que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento del amparo. Sirven como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. No pasa desapercibido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe darse vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto y, en el juicio biinstancial no existen órganos inferiores. A mayor razón, el juzgador está facultado para pronunciarse sobre las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, pues así lo autoriza el artículo 62 de la ley de la materia, causales que permiten, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, desechar de plano la demanda. Luego, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.) ilustra el razonamiento que precede: Tesis: P./J. 51/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007920 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 24 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. Las tesis invocadas en este fallo que aluden a artículos de la abrogada Ley de Amparo, se citan en términos del artículo sexto transitorio de la actual ley (de Amparo). No es óbice para dictar sentencia la falta de emplazamiento de la tercera interesada Elvia Lozano Castillo en representación de Fernanda Mariel, Uriel Fernando y Dayan Jaziel, todos de apellidos Gómez Lozano, pues su sentido en modo alguno la perjudica. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Refugio Gómez Díaz, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil quince. Se recibe el oficio con anexo, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de las constancias solicitadas por auto de trece de octubre del año en curso; agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan y surtan los efectos jurídicos correspondientes. Ahora bien, a efecto de mejor resolver, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, resulta procedente requerir a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentre legalmente notificado del presente auto, remita copia certificada de la constancia de notificación practicada a la parte quejosa del auto quince de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral de origen, mediante el cual proveyó lo conducente a las pruebas ofrecidas por las partes; con el apercibimiento que en caso de no ser así, se le impondrá multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 , en relación con el 259 , de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por similitud jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 8/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 108. Cabe destacar que dicha jurisprudencia resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Finalmente, se agregan a sus autos para que obren como legalmente correspondan, las constancias de notificación que anteceden, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia médica del Titular, autorizada mediante oficio 7039/2015, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el quince de octubre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza da fe.
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