Jose Refugio Alejandro León Flores

Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Refugio Alejandro León Flores

Actuaciones

  1. Principal

    -.... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dos de agosto del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV, porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, pues no los exhibió. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales..

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos de la JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, ********************; fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 797/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el quejoso reclama de ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, por la que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de mayo del año en curso, a través del cual se difirió la audiencia intermedia dentro del proceso ******************** y se le concedió al quejoso el término de quince días hábiles para realizar planeación formal relacionada con la suspensión condicional del proceso y no el de sesenta días hábiles que solicitó, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se señalaría audiencia intermedia. De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos" expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva" Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama de ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, por la que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de mayo del año en curso, a través del cual se difirió la audiencia intermedia dentro del proceso ******************** y únicamente se le concedió el término de quince días hábiles para realizar un planteamiento formal relacionada con la suspensión condicional del proceso, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se señalaría fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Acto reclamado que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales o convenciones que el Estado Mexicano haya suscrito o ratificado, ya que el hecho de que la juez de control determinará que no era procedente revocar el auto impugnado a que se ha hecho alusión en líneas que preceden, no afecta materialmente algún derecho sustantivo, pues en su caso, dicho determinación impugnada podrá generarle afectación al momento en que el juez de control dicte nuevamente el auto en el que señale día y hora para la audiencia intermedia o bien, cuando se dicte el auto de apertura a juicio, lo que en su caso, impactaría directamente en la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado al profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal y teléfono que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos de la JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, ********************; fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 797/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el quejoso reclama de ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, por la que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de mayo del año en curso, a través del cual se difirió la audiencia intermedia dentro del proceso ******************** y se le concedió al quejoso el término de quince días hábiles para realizar planeación formal relacionada con la suspensión condicional del proceso y no el de sesenta días hábiles que solicitó, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se señalaría audiencia intermedia. De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos" expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva" Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama de ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, por la que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de mayo del año en curso, a través del cual se difirió la audiencia intermedia dentro del proceso ******************** y únicamente se le concedió el término de quince días hábiles para realizar un planteamiento formal relacionada con la suspensión condicional del proceso, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se señalaría fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Acto reclamado que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales o convenciones que el Estado Mexicano haya suscrito o ratificado, ya que el hecho de que la juez de control determinará que no era procedente revocar el auto impugnado a que se ha hecho alusión en líneas que preceden, no afecta materialmente algún derecho sustantivo, pues en su caso, dicho determinación impugnada podrá generarle afectación al momento en que el juez de control dicte nuevamente el auto en el que señale día y hora para la audiencia intermedia o bien, cuando se dicte el auto de apertura a juicio, lo que en su caso, impactaría directamente en la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado al profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal y teléfono que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

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