José Raymundo Sandoval Bautista
Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Raymundo Sandoval Bautista
Actuaciones
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de doce de abril de dos mil veintiuno que en resumen dice: "De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN..."
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 172/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda de amparo se advierten que los actos reclamados consistes en: Convocatoria pública para designar al titular del Organismo Estatal de Protección de los Derechos humanos en el estado de Guanajuato; Dictamen emitido el catorce de diciembre de dos mil veinte, el cual contiene la descalificación de cinco de los ochos aspirantes aceptados y la propuesta de terna para la designación del titular de la Procuraduría de los Derechos humanos del estado de Guanajuato; y, Aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y atención a Grupos Vulnerables; votación por cédula en términos del artículo 193, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y, la toma de protesta de Vicente de Jesús Esqueda Méndez, como procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por el término de cuatro años, computado a partir del momento en que rinda su protesta. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Raymundo Sandoval Bautista, contra actos del Congreso del Estado de Guanajuato y otras autoridades. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se verifica de manera manifieta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. [.]" De dicho precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclame resoluciones de las legislaturas federal o estatal, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación o remoción (temporal o definitiva) de un funcionario, pues la impugnabilidad de dichos actos deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido; lo que hace improcedente el juicio de amparo en contra de éstos. Para demostrar lo anterior, es conveniente transcribir lo que para tal efecto disponen los artículos 63, fracción XXI párrafo sexto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 11, 12, 13 y 14 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Constitución Política para el Estado de Guanajuato ¨Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado: [.] XXI. [.] Designar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, al titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, de conformidad con el procedimiento de consulta pública contemplado en esta Constitución y en los términos de la Ley de la materia. Así como a los integrantes del Consejo Consultivo, con la mayoría calificada antes señalada¨. Ley para la protección de los derechos humanos en el Estado de Guanajuato ¨Artículo 11. Para ocupar el cargo de Procurador se requiere: I. Tener la ciudadanía mexicana, con residencia en el Estado no menor de cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; III. Ser preferentemente Licenciado en Derecho; IV. Gozar de reconocido prestigio profesional y personal, así como en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos; V. No haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, o su equivalente dentro de la administración pública, Procurador General de Justicia o Subprocurador de Justicia, en el año anterior a su designación; VI. No ser o haber sido dirigente de partido político o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su designación; VII. No desempeñar cargo o empleo público al momento de asumir el cargo; ni actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción hecha de los de carácter docente; y VIII. No haber sido condenado por delito doloso. Artículo 12. El Procurador será designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes. Para tales efectos, el Congreso del Estado, previa convocatoria pública y a través de su órgano de gobierno, establecerá las bases para realizar una amplia consulta entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, entre los organismos públicos y privados, asociaciones y colegios promotores, defensores o vinculados al tema de los derechos humanos y, en general, entre las entidades o personalidades que estime conveniente, a fin de que propongan candidaturas para hacerse cargo de la Procuraduría. La comisión legislativa que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentará al Pleno del Congreso el dictamen que contendrá hasta tres propuestas para elegir al Procurador. Artículo 13. Quien sea designado como Procurador rendirá la protesta de Ley al cargo ante el Congreso del Estado. El nombramiento deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Artículo 14. El Procurador durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser ratificado por el Congreso del Estado exclusivamente para un segundo periodo, previa solicitud de su órgano de gobierno y dictamen de la comisión legislativa que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La ratificación deberá ser aprobada por el Congreso del Estado, con la misma mayoría calificada necesaria para su designación. El acuerdo del Congreso del Estado por el que se ratifique en su caso al Procurador será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. En el supuesto de que no se ratifique para un segundo periodo al Procurador, se aplicarán las reglas contempladas en esta ley para la designación de un nuevo titular. Mientras tanto, en lo que se desarrolla el mecanismo para la designación, el Secretario General ejercerá las funciones que le corresponden al Procurador¨. De los preceptos transcritos se advierte que el Congreso del estado de Guanajuato tiene facultades para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, al titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos. Lo anterior será realizado previa convocatoria pública y a través del órgano de gobierno respectivo, el cual establecerá las bases para realizar una amplia consulta entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, entre los organismos públicos y privados, asociaciones y colegios promotores, defensores o vinculados al tema de los derechos humanos y, en general, entre las entidades o personalidades que estime conveniente, a fin de que propongan candidaturas para hacerse cargo de la Procuraduría. La comisión legislativa que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo presentará al Pleno del Congreso el dictamen que contendrá hasta tres propuestas para elegir al Procurador. Lo que nos permite inferir que, si la parte quejosa reclama actos relacionados con el proceso de selección o designación del titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, cuya facultad, como lo establece la Constitución de la entidad y la Ley para la protección de los derechos humanos en el Estado de Guanajuato, corresponde al Congreso del Estado a través de una Comisión de Selección designada por la Legislatura; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el promovente se duele de resoluciones o declaraciones del Congreso del Estado, realizadas en su facultad de elección de funcionarios públicos. Sin que pase inadvertido el hecho de que no haya sido el Congreso del Estado quien de manera directa llevara a cabo el procedimiento de designación del titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, ya que esa actividad la realizó por medio de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, designada por dicho órgano legislativo, pues tales actos derivan directamente del Congreso del Estado de Guanajuato. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona". Por tanto, al verificarse el motivo de improcedencia analizado, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DEL QUEJOSO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DEL QUEJOSO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Roberto Saucedo Pimentel ya que acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogados al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en términos restringidos a Diego Israel Contreras Mena y Alicia Lizbeth Mireles Berdeja, por así haberlo solicitado. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional).
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexos que remite la autoridad responsable, con el que pretende acreditar la observancia al fallo protector. Bien, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierten las gestiones que ha realizado a fin de cumplir la ejecutoria de amparo, pues al efecto: giró el oficio DGOP/SGEOM/255/202, a efecto de dar respuesta a la solicitud de los quejosos presentada el diez de mayo de dos mil diecinueve Sin embargo, es omisa en remitir las constancias que demuestren que fue notificada a los peticionarios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al director General de Obra Pública, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguiente a la notificación de este acuerdo, remita las constancias con las que acredite el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos.
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