José Raymundo Mejía

Expediente 470/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
470/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • José Raymundo Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de enero de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-470/2020, promovido por Igor Ariel Raymundo Dávalos, en su carácter de apoderado de José Raymundo Mejía, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica y registrado el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, Igor Ariel Raymundo Dávalos, en su carácter de apoderado de José Raymundo Mejía, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite el libelo constitucional, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su correspondiente informe con justificación y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la representación social adscrita a este órgano federal; finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclaman actos de autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten: Del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo: La inconstitucionalidad del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, reformado el cuatro de mayo de dos mil veinte, concretamente los artículos 58, fracción XVIII, y 61. Del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, y del Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de sus atribuciones: La boleta de infracción con número de folio 1010, emitida el once de marzo de dos mil veinte, como acto de aplicación de los artículos que tilda inconstitucionales y la detención de su vehículo. Cabe destacar que aun cuando en la demanda de amparo se indicó que se combaten las normas reclamadas publicadas el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, lo cierto es que de la propia demanda, así como de las constancias de autos se advierte que en realidad se reclaman los preceptos publicados el cuatro de mayo de dos mil veinte, pues dicha reforma fue la realmente aplicada en la boleta de infracción reclamada, además de que, dado el contenido de la última reforma aludida, los argumentos de los conceptos de violación son atendibles para los dispositivos aplicados efectivamente. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA) y al Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, en el ámbito de sus respectivas competencias, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Ahora, el Gobernador del Estado de Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; empero, quedó desvirtuada dicha negativa, pues al tratarse de un cuerpo normativo, acorde al principio que reza "la ley no es objeto de prueba", es innecesario algún medio de convicción para corroborar su existencia. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil." QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito estima que es improcedente el presente juicio de garantías y debe sobreseerse en los términos que a continuación se especifican, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." De lo que se colige que, cuando el acto reclamado en un juicio haya sido materia de una ejecutoria en otro asunto promovido por el mismo quejoso, el juicio de amparo es improcedente. Ahora bien, en el presente juicio de garantías el quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 58, fracción XVIII y 61 del reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, así como la boleta de infracción 1010, de once de marzo de dos mil vente, como acto de aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales y la detención del vehículo Por otro lado, de las documentales que obran en el presente juicio de amparo, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que con antelación a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el aquí quejoso promovió el diverso 128/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, contra actos de las autoridades aquí señaladas como responsables, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los aludidos preceptos legales, ello con motivo de la diversa boleta de infracción número 0794 y la detención de su vehículo; asimismo, que el siete de julio de dos mil veinte, el quejoso amplió dicha demanda de garantías por lo que ve al acto reclamado consistente en la diversa boleta de infracción 1010, de once de marzo de dos mil veinte, pero ante la omisión del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, de proveer respecto de dicha ampliación, el promovente del amparo optó por presentar la demanda que dio origen al presente juicio de garantías, circunstancia que se corrobora de las propias manifestaciones hechas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte y que obra agregado en autos. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se advierte que mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió la ampliación de demanda en lo que respecta a la boleta de infracción 1010, de once de marzo de dos mil veinte; y, de la captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se evidencia que el catorce de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional al aquí quejoso para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, dejaran insubsistentes las infracciones reclamadas contenidas en las boletas 0794 y 1010; devolvieran al quejoso el vehículo automotor; y, en lo futuro, sustraer al quejoso de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales Determinación que causó ejecutoria el cuatro de noviembre de dos mil veinte, datos que se obtienen del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes atento a la tesis con registro 2009758 de rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.". En esas circunstancias, y tomando en consideración que los actos que se reclaman en este juicio, lo constituye la inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales y la boleta de infracción 1010, de once de marzo de dos mil veinte, como acto de aplicación, misma que como ya se vio, fue materia de pronunciamiento en el diverso juicio de amparo 128/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, promovido por el propio José Raymundo Mejía, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Raymundo Mejía, contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veinte. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con el que las autoridades que lo suscriben rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a las autoridades en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia a fin de dar margen a lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el referido numeral, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Finalmente, agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de septiembre de dos mil veinte. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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