José Raúl Torres Martínez
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Raúl Torres Martínez
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de que el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, este asunto es susceptible de destrucción. Finalmente agréguese a los autos, la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, por medio de la cual, devuelve el oficio 8132/2021, dirigido a la autoridad Secretario de Seguridad Púbica de Ecatepec de Morelos Estado de México, toda vez que resultó inexistente. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar, sin que se dicte mayor proveído, toda vez que como se advierte en párrafos precedentes el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia; por lo que ordena 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;??????????????? suspender todo tipo de comunicación con la autoridad antes señalada. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable; y por lista a las demás partes..
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado signado por el Coordinador de las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y Calificadoras, en representación del Oficial, Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Centro de Detención de Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de abril de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la documental en la que se especifica que la sanción administrativa que le fue impuesta al quejoso, quedó insubsistente desde el momento en el que fue puesto en libertad con motivo de la suspensión de plano otorgada; informando que en el caso ya no existe sanción pendiente de ejecutar, en razón de que el quejoso dejó de estar en estado etílico por el que fue detenido, y sería innecesario regresarlo a cumplir horas de arresto, cuando ya se encuentre en su estado normal. Ahora bien, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.)" Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, este resolutor advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, si bien es cierto el acto reclamado lo constituye el arresto administrativo ejecutado en contra del quejoso José Raúl Torres Martínez, lo cierto es que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que fue detenido por conducir un vehículo en estado de ebriedad y trasladado al Centro de Detención de Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Asimismo, la autoridad responsable al informa sobre la suspensión de plano, hizo del conocimiento a este juzgado que en acatamiento a dicha medida cautelar, el quejoso fue puesto en libertad a las diez horas con treinta minutos del once de abril de dos mil veintiuno. Lo que se corrobora con el original de las constancias que integran el expediente formado con motivo de la sanción administrativa que se impuso al quejoso José Raúl Torres Martínez, donde obra la boleta de libertad elaborada por el Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Centro de Detención de Etílicos en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la que se advierte que el quejoso manifestó: "me retiro de este centro de detención de etílicos en buen estado físico y de salud con todas mis pertenencias completas sin haber realizado pago alguno de multa habiéndose respetado en todo momento mis derechos humanos por lo que no me reservó acción legal alguna en contra del personal que aquí labora. --- Rubrica --- José Raúl Torres Martínez --- Aunado, a que el del oficio de cuenta, se especifica que la sanción administrativa que le fue impuesta al quejoso, quedó insubsistente desde el momento en que salió en libertad, y que no hay sanción pendiente que realizar, en razón de que el quejoso dejó de estar en estado etílico por el que fue detenido, y sería innecesario regresarlo a cumplir horas de arresto, cuando ya se encuentre en su estado normal. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. De ahí que si la autoridad responsable informó a este juzgado que al quejoso le correspondía cumplir como sanción administrativa dieciséis horas de arresto administrativo, pero que en acatamiento a la suspensión de plano lo dejó en libertad a las diez horas con treinta minutos del once de abril de dos mil veintiuno, y que no obstante a las horas de arresto impuestas, dejo insubsistente la sanción administrativa desde el momento en que el quejoso salió en libertad, en razón de que ya no está en la misma condición en que se encontraba al ser detenido, y sería innecesario regresarlo a cumplir horas de arresto, cuando ya se encuentre en su estado normal. En consecuencia, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Orienta sobre el particular la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por las razones antes expuestas. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales del caso. ORDEN DE PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de auto al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del auto, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Por otra parte, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. CAPTURA DE AUTO. De conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese: por lista a la parte quejosa por así haberlo señalado expresamente, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado del Tesorero Municipal de Huixquilucan, Estado de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. De conformidad con el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la mencionada autoridad, a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Por otra parte, agréguese únicamente a los autos para que obre como corresponda el oficio del Tesorero Municipal de Huixquilucan, Estado de México, en virtud que en proveído de ocho del mes y año en curso, se tuvo recibido dicho informe y se proveyó lo conducente. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que Elizabeth Piñón Loera, perito oficial en materia de contabilidad, no ha rendido de forma completa su dictamen pericial en materia de contabilidad solicitado en autos. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia relativa al incidente innominado a que se refiere el artículo 193, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, señalada para el día de hoy; y, en su lugar, se fijan las nueve horas con diecisiete minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Sin que se dicte mayor proveído, en virtud de que en auto de ocho de abril del año en curso se otorgó una prórroga a la perito oficial de mérito para rendir su dictamen correspondiente. Notifíquese: por lista a las partes.
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