José Raúl Rodríguez Espinoza
Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Raúl Rodríguez Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que mediante oficio 2151/2018, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, informó las gestiones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Comunicado que no le ha sido notificado a los terceros interesados ****. En consecuencia, déseles vista con el citado oficio para que en el término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con lo informado por la citada autoridad; en la inteligencia que una vez transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará la resolución a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto lo cuenta; agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa las gestiones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada.
- Principal
. Causa ejecutoria la sentencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, el veintidós de octubre del año en curso (fojas 51 a 60), en la que se resolvió lo siguiente: "...ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia constitucional". Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. II. Se requiere cumplimiento. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al amparo otorgado. En el entendido que la concesión del amparo, fue para los siguientes efectos: "... lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila: a) Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 73/2018; b) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, la cual podrá ser en el mismo sentido o uno diverso, pero subsanando los vicios de legalidad expuestos, es decir, deberá fundar y motivar su resolución como quedó establecido. Asimismo, en el caso de dictar nuevamente la orden de arresto, deberá dar contestación a la imposibilidad jurídica y material que expuso el quejoso, mediante escrito de trece de junio de este año (foja 126, del tomo de pruebas), a fin de respetar el derecho de réplica y no dejarlo en un estado de indefensión e inseguridad jurídica. Asimismo, se hace extensivo la protección de la Justicia de la Unión al acto reclamado a la diversa autoridad responsable ejecutora Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sabinas, Coahuila, al no atribuírsele actos por vicios propios (ejecución de la orden de arresto). III. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la Ley de Amparo. Asimismo, se le informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberá realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), visible en la página diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Registro 2007918, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Así como la jurisprudencia 2ª./J.9/2016(10ª), visible en la página ochocientos treinta y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, Registro 2010987, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dió cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la citada legislación. Sin que en el caso resulte aplicable, requerir a alguna autoridad como superior jerárquico del Juez responsable, para el debido cumplimiento del fallo protector que nos ocupa, toda vez que dicha autoridad al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, adquiere una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, respecto del cual pueda interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sobre el tema se emitió la jurisprudencia identificada con el número PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página mil trescientos setenta y ocho tres, Libro 9, Agosto de dos mil catorce, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2007295, del rubro y texto siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Así como la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página seis, Libro 13, Diciembre de dos mil catorce, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2008147, que dice: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector. IV. Devolución de documental. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, la documental con la cual se formó el tomo I relativo a pruebas que fue exhibido en este asunto con su informe justificado (fojas 30 y 31).
- Principal
Se dicta sentencia constitucional en la que se resuelve: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a --"
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