José Raúl Ríos Gernandez

Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1191/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • José Raúl Ríos Gernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Acuse de queja. Visto lo de cuenta, se tiene al actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, acusando recibo del recurso de queja interpuesto contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, el cual se registró con el número 329/2023; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el ocurso signado por Gerardo Hernández Espino, en su calidad de apoderado jurídico de José Raúl Ríos Gernández, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como los agravios y su copia, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda promovida por José Raúl Ríos Hernández por conducto de su apoderado legal Gerardo Hernández Espino -personalidad que se le reconoce con la copia cotejada del documento que para tal efecto exhibe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo-, contra actos del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1191/2023. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como actos reclamados: La omisión de acordar su escrito presentado ante la oficialía de partes, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el cual, solicitó la ejecución de la sentencia; así como la abstención de realizar oficiosamente las actuaciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de su sentencia definitiva de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio administrativo JA-0133/2022-I. En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido por el citado numeral se aprecia que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. Ahora bien, los artículos 285 y 287 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, establecen: "Artículo 285. En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue: I. Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada; II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la obligue a cumplir sin demora; III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I; y, IV. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Artículo 287. La queja se presentará ante la Sala y procederá en contra de los siguientes actos: I. Resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; II. Resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; III. Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; o, IV. Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la fracción III y IV, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia." De lo anterior se colige, entre otras cosas, que contra las omisiones realizadas por la autoridad respecto al cumplimiento de la sentencia, serán impugnadas a través del recurso de queja; de ahí válidamente se puede concluir que la quejosa está en aptitud de inconformarse en contra de ellas mediante el recurso aludido. En ese orden, debe decirse que, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Medio de defensa que no fue interpuesto por la quejosa. Bajo ese contexto, si las omisiones reclamadas pueden ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, a través del recurso de queja, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera modificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Se considera de esta manera porque en términos del artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa de la Entidad, la queja en contra de la omisiones de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia constituye un medio de defensa que es factible agotarlo en diversas ocasiones. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, Con Residencia En Cuernavaca, Morelos, visible en la página 2705, tomo III, libro 25, de la Undécima Época, con registro digital 2026510, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA DE NULIDAD, PORQUE NO SE SURTE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron la procedencia del juicio de amparo cuando se reclama la omisión de cumplir una sentencia dictada por un tribunal administrativo, asumiendo posturas divergentes, ya que un órgano jurisdiccional consideró que el juicio es improcedente por no haberse agotado previamente el recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, al no surtirse ninguna excepción al principio de definitividad, mientras que el otro órgano realizó tal ejercicio analítico con la conclusión relativa a que la legislación que prevé aquel recurso ordinario no establece la suspensión del acto reclamado con el mismo alcance que la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que ante la omisión de cumplir con una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo es improcedente el juicio de amparo al existir el recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y no surtirse ninguna hipótesis de excepción al principio de definitividad de las previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Justificación: El artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, establece la procedencia del recurso de queja ante la omisión de cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la aludida entidad federativa; medio de defensa que debe agotarse previamente a promover el juicio de amparo, porque no se surte excepción alguna al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte actora se encuentra obligada a agotar todas las instancias y medios de defensa inherentes al juicio administrativo al haber optado por la vía ordinaria; además, la legislación estatal mencionada prevé la suspensión del acto impugnado en dicho juicio y no puede considerarse que la omisión sea carente de fundamentación, ya que no se trata de un acto expreso, ni resulta una violación directa a la Constitución General, en virtud de que el perjuicio se resiente dentro de la etapa de cumplimiento del propio juicio. Consecuentemente, previo a la promoción del presente juicio, se debió agotar el recurso ordinario de defensa, previsto en el artículo 287, fracción III, el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. 7. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA REL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda promovida por José Raúl Ríos Hernández por conducto de su apoderado legal Gerardo Hernández Espino -personalidad que se le reconoce con la copia cotejada del documento que para tal efecto exhibe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo-, contra actos del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1191/2023. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como actos reclamados: La omisión de acordar su escrito presentado ante la oficialía de partes, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el cual, solicitó la ejecución de la sentencia; así como la abstención de realizar oficiosamente las actuaciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de su sentencia definitiva de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio administrativo JA-0133/2022-I. En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido por el citado numeral se aprecia que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. Ahora bien, los artículos 285 y 287 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, establecen: "Artículo 285. En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue: I. Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada; II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la obligue a cumplir sin demora; III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I; y, IV. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Artículo 287. La queja se presentará ante la Sala y procederá en contra de los siguientes actos: I. Resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; II. Resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; III. Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; o, IV. Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la fracción III y IV, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia." De lo anterior se colige, entre otras cosas, que contra las omisiones realizadas por la autoridad respecto al cumplimiento de la sentencia, serán impugnadas a través del recurso de queja; de ahí válidamente se puede concluir que la quejosa está en aptitud de inconformarse en contra de ellas mediante el recurso aludido. En ese orden, debe decirse que, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Medio de defensa que no fue interpuesto por la quejosa. Bajo ese contexto, si las omisiones reclamadas pueden ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, a través del recurso de queja, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera modificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Se considera de esta manera porque en términos del artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa de la Entidad, la queja en contra de la omisiones de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia constituye un medio de defensa que es factible agotarlo en diversas ocasiones. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, Con Residencia En Cuernavaca, Morelos, visible en la página 2705, tomo III, libro 25, de la Undécima Época, con registro digital 2026510, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA DE NULIDAD, PORQUE NO SE SURTE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron la procedencia del juicio de amparo cuando se reclama la omisión de cumplir una sentencia dictada por un tribunal administrativo, asumiendo posturas divergentes, ya que un órgano jurisdiccional consideró que el juicio es improcedente por no haberse agotado previamente el recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, al no surtirse ninguna excepción al principio de definitividad, mientras que el otro órgano realizó tal ejercicio analítico con la conclusión relativa a que la legislación que prevé aquel recurso ordinario no establece la suspensión del acto reclamado con el mismo alcance que la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que ante la omisión de cumplir con una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo es improcedente el juicio de amparo al existir el recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y no surtirse ninguna hipótesis de excepción al principio de definitividad de las previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Justificación: El artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, establece la procedencia del recurso de queja ante la omisión de cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la aludida entidad federativa; medio de defensa que debe agotarse previamente a promover el juicio de amparo, porque no se surte excepción alguna al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte actora se encuentra obligada a agotar todas las instancias y medios de defensa inherentes al juicio administrativo al haber optado por la vía ordinaria; además, la legislación estatal mencionada prevé la suspensión del acto impugnado en dicho juicio y no puede considerarse que la omisión sea carente de fundamentación, ya que no se trata de un acto expreso, ni resulta una violación directa a la Constitución General, en virtud de que el perjuicio se resiente dentro de la etapa de cumplimiento del propio juicio. Consecuentemente, previo a la promoción del presente juicio, se debió agotar el recurso ordinario de defensa, previsto en el artículo 287, fracción III, el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. 7. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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