José Raúl Reyes Peña

Expediente 733/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
733/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • José Raúl Reyes Peña
  • Marco Antonio Hamamoto Ortiz
  • José Raúl Reyes Peña y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación 314/2022, exhorto 306/2022, girada dentro del presente juicio de amparo; en tal virtud, dese de baja del libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tómese nota de lo informado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en tres de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, determinación que mediante oficios 24430 y 24431, se hizo de conocimiento a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación y al Delegado de la Oficina de Representación ambos del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali; sin embargo, en veintiuno de octubre del año en curso, se devolvieron los oficios en comento y se ordenó su reexpedición. Asimismo, en diecisiete de noviembre del año en curso, se devolvieron nuevamente los oficios 24430 y 24431, con la leyenda "mal dirigidos", sin embargo, de autos se desprenden los diversos oficios recibidos bajo dicha denominación el pasado diez de septiembre de este año. En tal virtud, toda vez de que a la fecha no ha sido posible notificar el auto de tres de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación y al Delegado de la Oficina de Representación, ambos del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali, Baja California y en razón de que el domicilio de éstas se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 138, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, para que se constituya en los domicilios de las autoridades responsables y les haga entrega respectivamente de los oficios 24430 y 24431. Asimismo, de presentarse alguna imposibilidad para realizar la entrega por cuestión de cambio de denominación o cualquier otra que pueda ser subsanada por dicho Órgano Jurisdiccional, se faculta a la autoridad exhortada para que realice las gestiones que considere conducentes a fin de lograr la entrega de los oficios relativos. Por tanto, en atención al principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se autoriza para que de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Una vez hecho lo anterior, se solicita de la manera más atenta al Juez exhortado se sirva devolver la comunicación oficial de referencia con las constancias fehacientes de dicha notificación, mediante la misma vía, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en tres de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto y mediante oficios 24430 y 24431, se ordenó hacerlo del conocimiento al Titular de la Oficina de Representación y al Director de la Estación Migratoria ambos del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali, por lo que a fin de obtener el acuse respectivo y realizar la consulta en la página de Internet de la mensajería "Estafeta", arrojó como incidencia "Envío rechazado por destinatario o por política de recepción en Centros Comerciales Mal dirigido, favor de generar reporte." En tal virtud, en obvio de mayores dilaciones procesales reexpídanse los oficios 24430 y 24431, dirigidos al Titular de la Oficina de Representación y al Director de la Estación Migratoria ambos del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial de esta data, en la que se advierte que el actuario de la adscripción da fe de tener a la vista los originales de los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3973/2022; ORBC/EMTIJ/3878/2022; ORBC/EMTIJ/3874/2022; ORBC/EMTIJ/3875/2022; ORBC/EMTIJ/3876/2022; y, ORBC/EMTIJ/3877/2022; respectivamente de los quejosos Williams Antony Huaman Zuñiga, José Raúl Reyes Peña, Adrian Eduardo Chávez Tello, Marco Antonio Hamamoto Ortiz, Jonathan Mauricio Andre Torres Juárez y Sthepano Franchesco Torres Juárez. En otro orden, tomando en consideración de que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda los aquí quejosos señalaron como actos reclamados en el presente juicio lo siguiente: 4.- ACTOS RECLAMADOS: I.- LA PRIVACION DE LA LIBERTAD INJUSTIFICADA, al realizar, el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los hoy quejosos, por parte de la autoridad, en la Estación Migratoria de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA sobrepasando el límite de 36 horas, contraviniendo el artículo 21 constitucional, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la j. sin que a la fecha se les haya iniciado, comparecido, informado, respecto del motivo por el cual se encuentran en la estación migratoria. II.- La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Le de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la h. III.- La posible deportación y retorno asistido, de ahora quejoso. IV.- La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo, de lo que se infiere claramente que cualquier norma secundaria que se encuentre en contravención a la voluntad del constituyente, pasmada en el artículo 21 constitucional, deviene violatoria de dicha garantía y/o prerrogativa fundamental. V.- La Incomunicación, no permitiendo que el representante legal, tener contacto con el ahora quejoso a fin de llevar el procedimiento de manera legal, en términos del artículo 228 del reglamento de la Ley de migración. VI.- La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. VIl.- La exposición del extranjero en un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, .por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida. Resulta evidente que desde el catorce de septiembre de dos mil veintidós, los aquí quejosos quedaron en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: LA PRIVACION DE LA LIBERTAD INJUSTIFICADA, aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos en la estación migratoria. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de la constancia actuarial de esta data el actuario de la adscripción da fe de la existencia de los oficios de salida con números ORBC/EMTIJ/3973/2022; ORBC/EMTIJ/3878/2022; ORBC/EMTIJ/3874/2022; ORBC/EMTIJ/3875/2022; ORBC/EMTIJ/3876/2022; y, ORBC/EMTIJ/3877/2022; de fecha catorce de septiembre del año en curso; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (nueve de septiembre de dos mil veintidós), las autoridades señaladas como responsables les otorgó salida a los directos quejosos de la estación migratoria. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por lista a los quejosos.

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