José Raúl Peña de la Sancha
Expediente 1494/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1494/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Raúl Peña de la Sancha
- El Pleno del Congreso del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita se remita copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1494/2018. Al respecto, como lo solicita la autoridad oficiante, remítase copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio para los efectos que precisa en su oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita se autorice el acceso electrónico al presente juicio de amparo. Al respecto, como lo solicita la autoridad oficiante, se concede el acceso al expediente electrónico del presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se ordena al Oficial Judicial "A" para que realice las gestiones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el fin de que el citado Juzgado acceda al aludido expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (foja 266), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por ninguna de las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa en los siguientes términos: ".En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, párrafos primero, fracción I y segundo y 78 de la Ley de Amparo, se concede a José Raúl Peña de la Sancha, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el entendido de que dicha norma no podrá ser aplicada, ni en el presente, ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado en párrafos precedentes. b) Además, deberá dejar insubsistente el decreto 3332, mediante el cual se otorga al quejoso una pensión por jubilación y emitir uno diverso donde, al analizar la solicitud de la pensión de jubilación del aquí quejoso, resuelva lo peticionado aplicando el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme al porcentaje que se establece para las trabajadoras. c) En caso de que se haya ejecutado el decreto 3332, mediante el cual se otorga al impetrante una pensión por jubilación y el quejoso haya dejado de laborar, la autoridad encargada de realizar el pago de la pensión jubilatoria deberá acreditar, además del pago conforme al porcentaje que en cumplimiento a esta resolución determine la autoridad legislativa, la liquidación de las diferencias que se actualicen con motivo al porcentaje en el salario que se precisa en el inciso a) de la fracción II del artículo 58 de la ley en comento." A fin de dar cumplimiento al fallo protector, el delegado del Congreso del Estado de Morelos a través de oficio LIV/SSLYP/DJ/1° 6040/2019 (foja 207), remitió copia certificada del decreto trescientos sesenta y siete, por el cual abroga el diverso tres mil trescientos treinta y dos, y concede al quejoso pensión por jubilación en razón del cien por ciento del último salario que percibió. Asimismo, por oficio CJ/DGACyA/PA/1582/2019-07-R, de quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 257 a 259), el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador del Estado de Morelos exhibió copia simple de la publicación del medio de difusión estatal de diez del mismo mes y año (fojas 260 a 262), en el cual aparece publicado el decreto trescientos sesenta y siete emitido en favor del justiciable, documental cuyo contenido que se corrobora con el publicado en la página electrónica http://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares.php, el cual además se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que hace prueba plena para este juzgado federal. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, que a la letra dice lo siguiente: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. Asimismo, sirve de apoyo a los argumentos de este juzgador, la jurisprudencia XX.2o. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, cuyo contenido literal es el siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Con las constancias anteriores se dio vista y corrió traslado a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues dejó sin efectos el decreto tres mil trescientos treinta y dos, y emitió uno nuevo en el que le otorgó al quejoso la pensión por jubilación por el equivalente al cien por ciento del último salario percibido por el quejoso, conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; dejara insubsistente el decreto tres mil trescientos treinta y dos, mediante el cual se otorga al quejoso una pensión por jubilación y emitiera uno diverso donde resolviera lo peticionado aplicando el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que emitió el dejó sin efectos el acuerdo tres mil trescientos treinta y dos, y emitió uno nuevo en el cual concedió la pensión por jubilación del quejoso, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído antes mencionado:"." Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (foja 266), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por ninguna de las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa en los siguientes términos: ".En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, párrafos primero, fracción I y segundo y 78 de la Ley de Amparo, se concede a José Raúl Peña de la Sancha, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el entendido de que dicha norma no podrá ser aplicada, ni en el presente, ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado en párrafos precedentes. b) Además, deberá dejar insubsistente el decreto 3332, mediante el cual se otorga al quejoso una pensión por jubilación y emitir uno diverso donde, al analizar la solicitud de la pensión de jubilación del aquí quejoso, resuelva lo peticionado aplicando el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme al porcentaje que se establece para las trabajadoras. c) En caso de que se haya ejecutado el decreto 3332, mediante el cual se otorga al impetrante una pensión por jubilación y el quejoso haya dejado de laborar, la autoridad encargada de realizar el pago de la pensión jubilatoria deberá acreditar, además del pago conforme al porcentaje que en cumplimiento a esta resolución determine la autoridad legislativa, la liquidación de las diferencias que se actualicen con motivo al porcentaje en el salario que se precisa en el inciso a) de la fracción II del artículo 58 de la ley en comento." A fin de dar cumplimiento al fallo protector, el delegado del Congreso del Estado de Morelos a través de oficio LIV/SSLYP/DJ/1° 6040/2019 (foja 207), remitió copia certificada del decreto trescientos sesenta y siete, por el cual abroga el diverso tres mil trescientos treinta y dos, y concede al quejoso pensión por jubilación en razón del cien por ciento del último salario que percibió. Asimismo, por oficio CJ/DGACyA/PA/1582/2019-07-R, de quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 257 a 259), el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador del Estado de Morelos exhibió copia simple de la publicación del medio de difusión estatal de diez del mismo mes y año (fojas 260 a 262), en el cual aparece publicado el decreto trescientos sesenta y siete emitido en favor del justiciable, documental cuyo contenido que se corrobora con el publicado en la página electrónica http://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares.php, el cual además se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que hace prueba plena para este juzgado federal. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, que a la letra dice lo siguiente: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. Asimismo, sirve de apoyo a los argumentos de este juzgador, la jurisprudencia XX.2o. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, cuyo contenido literal es el siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Con las constancias anteriores se dio vista y corrió traslado a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues dejó sin efectos el decreto tres mil trescientos treinta y dos, y emitió uno nuevo en el que le otorgó al quejoso la pensión por jubilación por el equivalente al cien por ciento del último salario percibido por el quejoso, conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; dejara insubsistente el decreto tres mil trescientos treinta y dos, mediante el cual se otorga al quejoso una pensión por jubilación y emitiera uno diverso donde resolviera lo peticionado aplicando el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que emitió el dejó sin efectos el acuerdo tres mil trescientos treinta y dos, y emitió uno nuevo en el cual concedió la pensión por jubilación del quejoso, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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