José Raúl Jácome Armida

Expediente 906/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
906/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • José Raúl Jácome Armida

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse desechado la demanda de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, por medio del cual comunica que ese tribunal carece de competencia legal por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por José Raúl Jácome Armida, por propio derecho, contra actos del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 906/2022-B. Aceptación de competencia. Con fundamento en los artículos 37 primer párrafo, y 49 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Y acúsese recibo vía interconexión. Acto reclamado. Del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado consiste en: La resolución de once de agosto de este año, dictada en el juicio ordinario mercantil 53/2015 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que desechó el recurso de revocación promovido en contra del auto de dos de ese mes y anualidad, en el que se le asignó valor al inmueble ubicado en la avenida Veinte de Noviembre Oriente, número ciento cuarenta y cuatro (144), zona Centro, de esta ciudad (propiedad del quejoso, allá demandado), con base al valor que le asignó el perito tercero en discordia dentro de la sección de ejecución, en la etapa de ejecución de avalúos. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a su análisis, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En el caso particular, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el acto que combate la parte quejosa consiste en la resolución de once de agosto de este año, dictada en el juicio ordinario mercantil 53/2015 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que desechó el recurso de revocación promovido en contra del auto de dos de ese mes y anualidad, en el que se le asignó valor al inmueble ubicado en la avenida Veinte de Noviembre Oriente, número ciento cuarenta y cuatro (144), zona Centro, de esta ciudad (propiedad del quejoso), con base al valor que le asignó el perito tercero en discordia, se encuentra en la etapa de ejecución. Situación que así se concluye, pues de la lectura integra de la demanda se aprecia que el propio quejoso externó que la resolución reclamada fue dictada dentro de la sección de ejecución, específicamente en la etapa de ejecución de avalúos, así como de la narrativa del capítulo de antecedentes, así se advierte; máxime que en el punto once de dicho tópico señala: "Inconformándome en contra de dicho auto el suscrito mediante recurso de revocación de fecha 09 de agosto del año 2022, mismo que me fue desechado por auto de fecha 11 de agosto del año 2022, notificado de manera electrónica en fecha 12 del mismo mes y año, lo cual considero se hizo por una apreciación errónea del momento procesal de ejecución en que nos encontramos para efectos de determinar el medio de impugnación idóneo al auto combatido; debiendo haber prosperado el recurso de revocación por ser un acto intermedio dentro de la etapa de remate, y no el acto final con el que concluye la misma como lo sería el auto que determina de manera definitiva sobre la adjudicación definitiva del bien, momento procesal último para el que cabe la apelación y no antes" (lo resaltado es propio). Manifestaciones que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Ello es así, ya que trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución de un juicio donde el quejoso es parte formal y ha comparecido a hacer valer sus derechos, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida en los procedimientos de remate, como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por lo que pueden reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Por lo tanto, la resolución aquí reclamada fue dictada en la sección de ejecución de sentencia, relativa al juicio ordinario mercantil 53/2015 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable a algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella en los procedimientos de remate, como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en los procedimientos de remate, como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, con rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, por sus consideraciones al caso, se cita la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.)4, con rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido fue dictado dentro del procedimiento de ejecución, tendente, concretamente en este caso, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. Sin que en el caso, se esté en algún supuesto de excepción, toda vez que como quedó de manifiesto en líneas arriba, el aquí quejoso no tiene el carácter de tercero extraño en el juicio natural, pues fue oído y vencido en juicio. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario "TERESACAR", es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente, por lo que no ha lugar a tenerle señalando domicilio para éste efecto; asimismo, por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a María Teresa Carbajal Vázquez y Felipe de Jesús Fernández Basilio, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional; en tanto que Dionne de la Paz Islas Rodríguez, Víctor Hugo Carrillo Contreras, Liliana Berlín Bautista, Karla Abigail Márquez Antely y Claudia Isela Morales Loyo, únicamente quedan autorizados para recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...

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