José Raúl González Silva

Expediente 293/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
293/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
27/09/2016

Partes del expediente

  • José Raúl González Silva
  • José Raúl González Silva y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, que remite el Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, quien en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiuno de septiembre del presente año, informa que el cheque número 0071485, valioso por la cantidad de $535.38 (quinientos treinta y cinco pesos moneda nacional 38/100) aún se encuentra a disposición del quejoso en las oficinas de pagaduría de la Dirección de Egresos del Estado, ubicadas en el primer piso del edificio del Poder Ejecutivo, en esta ciudad. Ahora, del estado de autos se advierte el oficio remitido por el Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, mismo que fue recibido el veinticuatro de agosto del año en curso, en el cual la referida responsable manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para acreditarlo anexó copia certificada del cheque número 0071485 expedido a favor del quejoso por la cantidad de $535.38 (quinientos treinta y cinco pesos moneda nacional 38/100). En proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, se ordenó la notificación personal al quejoso para que en el término de TRES DÍAS acudiera a la Dirección de Egresos del Estado a fin de recibir el cheque de mérito o bien para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó por medio de lista que se publica en el local de éste Juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación el treinta de agosto del presente año, sin que obre en autos constancia de la comparecencia del quejoso ante la responsable para efectos de recibir el cheque número 0071485, ni aparece manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de mil novecientos noventa y nueve página trescientos quince, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil quince, se Negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso, posteriormente, ésta fue revocada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa en apoyo del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Mexicali, Baja California, quien Concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a José Raúl González Silva para efecto de que no le fuera aplicado el artículo 12 fracción II, inciso a) numeral 1, subinciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil quince, aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que contiene la tarifa para el Cobro de Derechos Vehiculares, concretamente por la expedición de la calcomanía y tarjeta de circulación (revalidación), sino la mínima contemplada en esa ley por el inciso b) en lo que respecta al pago de los servicios de control vehicular, concretamente por la expedición de la calcomanía y tarjeta de circulación (revalidación) por lo que respecta a las motocicletas; y le fueran devueltas al impetrante las diferencias que resulten entre las cantidades enteradas como acto de aplicación y la suma mínima establecida para la revalidación de tarjeta de circulación de motocicletas. Ahora bien, los actos que debían realizar las autoridades responsables, era dejar de aplicar el artículo 12 fracción II, inciso a) numeral 1, subinciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil quince, precepto que prevé el cobro por concepto de revalidación de tarjeta de circulación de vehículos y, en su lugar hacer efectiva la tarifa mínima contemplada en el inciso b) del mismo artículo en lo que respecta a la revalidación de tarjeta de circulación de motocicletas; así como reintegrar al quejoso la diferencia que resulte de las cantidades que cubrió. Posteriormente, el quejoso intentó el que se diera inicio a un incidente innominado para efecto de que se precisara la cantidad que debía de devolverse; tal petición se resolvió en el sentido de que el incidente citado resultaba innecesario, dado que bastaba realizar una simple operación matemática para encontrar el resultado de la cantidad a devolver, esto es, únicamente debía de restarse a $ 531.67, la cantidad de 120.03, y el excedente reintegrarse al aquí quejoso. Entonces lo que debe entregarse al quejoso en cumplimiento a la sentencia, es la cantidad de cuatrocientos once pesos moneda nacional con sesenta y cuatro centavos (411.64). Del examen de las referidas documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que el Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, en Ensenada, el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, con una vigencia de noventa días, expidió el cheque número 0071485 por la cantidad de $535.38 (quinientos treinta y cinco pesos moneda nacional 38/100), a favor del aquí quejoso, mismo que se encuentra a su disposición en la Dirección de Egresos del Estado, y según se advierte de líneas precedentes por una cantidad superior a la que debe de devolverse. En tal virtud, se estima que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se conduce a DECLARAR QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Toda vez que en el presente asunto no se solicitó el incidente de suspensión, además de que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO, debiéndose conservar únicamente la demanda de garantías, la sentencia definitiva dictada en autos y la ejecutoria de amparo dictada por la Superioridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto; del estado de autos se advierte que la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado de Baja California en Ensenada, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que reciba la presente notificación, informe a este órgano jurisdiccional el estado que guarda el trámite administrativo de devolución de la cantidad enterada por el quejoso por el cobro de derechos vehiculares por concepto de expedición de tarjeta de circulación correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el presente proveído, se procederá en los términos establecidos en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, hecho lo anterior, acuérdese lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMAPARO NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... DEL AUTO DE VENTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS...

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ SILVA, por medio del cual indica que previo a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables, es necesario se inicie un incidente innominado a efecto de determinar la cantidad a devolvérsele con motivo del amparo concedido en el presente asunto. Ahora, si bien es cierto el arábigo 193 cuarto párrafo de la Ley de Amparo faculta a éste juzgador la apertura de un incidente a fin de determinar o precisar las formas de cumplimiento de las autoridades responsables, también lo es que dicho numeral establece el procedimiento a realizar en caso de incumplimiento de sentencia, lo que no se ha determinado en éste asunto; de igual manera, en el caso que nos ocupa, para determinar el monto que la autoridad responsable deberá devolverle al quejoso, basta con que se realice una operación aritmética para calcularlo. Caso contrario sería que para definirlo se tuviera que allegar de diversos medios de prueba, como documentales o periciales, por tratarse de casos en los que la suma fuera elevada, y que por ello debieran proceder con estudios técnicos específicos, lo que a juicio de éste juzgador, no acontece en el presente asunto; es por ello, que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado por el impetrante de garantías. Se advierte de autos, que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Quinta Región, el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, determinó revocar la sentencia y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Del análisis realizado por el Tribunal Federal en cita, se colige que éste fijó como efectos los siguientes: "No se le aplique ni en el presente ni en el futuro, la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil quince, aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que contiene la tarifa para el Cobro de Derechos Vehiculares, concretamente por la expedición de la calcomanía y tarjeta de circulación (revalidación), contenida en el artículo 12 fracción II, inciso A), numeral 1, subinciso a), de ese cuerpo de leyes, sino la mínima contemplada en esa ley por el inciso b) en lo que respecta al pago de los servicios de control vehicular, concretamente por la expedición de la calcomanía y tarjeta de circulación (revalidación) por lo que respecta a motocicletas." De lo indicado se deduce que el quejoso solo debió cubrir por la expedición de calcomanía y tarjeta de circulación que le fue expedido lo que respecta a motocicletas ciento veinte pesos 03/100 moneda nacional ($120.03). Con la documental ofrecida por el impetrante de garantías se prueba que éste pagó por la expedición de tarjeta de circulación quinientos treinta y un pesos 67/100 moneda nacional ($531.67), entonces, es obvio que la autoridad responsable correspondiente, únicamente deberá restar a la cantidad mencionada quinientos treinta y un pesos 67/100 moneda nacional ($531.67) los ciento veinte pesos 03/100 moneda nacional ($120.03), y el excedente de esa operación aritmética, entregarla al quejoso, por lo que se reitera, el incidente innominado propuesto resulta innecesario. NOTIFÍQUESE.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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