Jose Raúl Gonzalez Silva

Expediente 139/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
139/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
28/02/2017

Partes del expediente

  • Jose Raúl Gonzalez Silva
  • XXI Legislatura del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que en una parte se sobreseyó y en otra parte se concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, se procede a analizar sí efectivamente las autoridades responsables 1. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 2. Gobernador del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, y 3. Tesorero Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, cumplieron con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 46 a 55), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Raúl González Silva, la cual causó ejecutoria mediante proveído de veintidós de agosto siguiente (fojas 76 a 78); en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables 1. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 2. Gobernador del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, y 3. Tesorero Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia será para que no se aplique a José Raúl González Silva, el contenido de los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y en consecuencia, la autoridad que recaudó los impuestos para el Fomento Deportivo y Educacional, deberá devolver las cantidades pagadas por esos conceptos, contenidas en el recibo de pago 3139719, relativo al inmueble con clave catastral PP-052-021, enterado el dos de marzo del año en curso. En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó el impuesto, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para los quejosos, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. [.]" En autos de dos y trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 89 y 104), se tuvieron por recibidos los oficios signados por la Delegada del 2. Gobernador del Estado de Baja California, y Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 1. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, por medio de los cuales informaron que no les resultaba de manera directa el acatamiento de la ejecutoria de amparo, pues no les correspondía realizar acto alguno tendiente a su cumplimiento. Posteriormente, por auto de doce del mes y año que transcurre (foja 151), se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado del 3. Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, al cual anexó copia certificada de la póliza número COA 64276 (foja 147), de la que se advierte que el quejoso José Raúl González Silva, recibió de conformidad el cheque número 91, de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $70.99 (setenta pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional que le fuera cobrado a la parte quejosa en el recibo de pago 3139719, relativo al inmueble con clave catastral PP-052-021. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, la norma general declarada inconstitucional, que ordenó el cobro del del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional y que le fuera devuelta la cantidad que se le había cobrado por ese concepto; lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable 3. Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del QUEJOSO, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación el auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO, publicada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de los autos, se procede a analizar sí efectivamente las autoridades responsables 1. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 2. Gobernador del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, y 3. Tesorero Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, cumplieron con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 46 a 55), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Raúl González Silva, la cual causó ejecutoria mediante proveído de veintidós de agosto siguiente (fojas 76 a 78); en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables 1. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 2. Gobernador del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, y 3. Tesorero Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia será para que no se aplique a José Raúl González Silva, el contenido de los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y en consecuencia, la autoridad que recaudó los impuestos para el Fomento Deportivo y Educacional, deberá devolver las cantidades pagadas por esos conceptos, contenidas en el recibo de pago 3139719, relativo al inmueble con clave catastral PP-052-021, enterado el dos de marzo del año en curso. En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó el impuesto, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para los quejosos, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. [.]" En autos de dos y trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 89 y 104), se tuvieron por recibidos los oficios signados por la Delegada del 2. Gobernador del Estado de Baja California, y Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 1. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, por medio de los cuales informaron que no les resultaba de manera directa el acatamiento de la ejecutoria de amparo, pues no les correspondía realizar acto alguno tendiente a su cumplimiento. Posteriormente, por auto de doce del mes y año que transcurre (foja 151), se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado del 3. Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, al cual anexó copia certificada de la póliza número COA 64276 (foja 147), de la que se advierte que el quejoso José Raúl González Silva, recibió de conformidad el cheque número 91, de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $70.99 (setenta pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional que le fuera cobrado a la parte quejosa en el recibo de pago 3139719, relativo al inmueble con clave catastral PP-052-021. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, la norma general declarada inconstitucional, que ordenó el cobro del del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional y que le fuera devuelta la cantidad que se le había cobrado por ese concepto; lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable 3. Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Delegado del Presidente Municipal, Síndico Procurador y Director de Planeación y Gestión Financiera, todos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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