Jose Raul Gonzalez Ramirez

Expediente 1656/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1656/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Jose Raul Gonzalez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en el expediente para constancia legal. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1656/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de octubre de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1656/2018-I, promovido por JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ RAMÍREZ, por propio derecho y en su carácter de aspirante a notario público; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ RAMÍREZ, por propio derecho y en su carácter de aspirante a notario público, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. La demanda se radicó bajo el expediente número 1656/2018-I y por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho se previno al quejoso para que aclarara la demanda; por lo que una vez que desahogó la prevención, por acuerdo de veinticinco de octubre de ese mismo año se admitió a trámite; se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila -en apoyo de este tribunal- dictó sentencia en el presente asunto. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito donde se radicó bajo el amparo en revisión 250/2019 y, en ejecutoria emitida en sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento por las consideraciones ahí expuestas. TERCERO. Reposición del procedimiento. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; se repuso el procedimiento para los efectos precisados por el Tribunal de alzada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdos de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve y cinco de marzo de dos mil veinte, se tuvo al quejoso ampliando la demanda por cuanto al señalamiento como responsables de las autoridades Segunda Sala y Tercera Sala, ambas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respectivamente; se les requirió su informe justificado y se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye los actos reclamados, que además es donde se dice que se ejecutan. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables y por los que se admitió la demanda de amparo y las ampliaciones son: Del Congreso del Estado de Morelos y Gobernador Constitucional del Estado, la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto 3449 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de treinta de agosto de dos mil dieciocho mediante el cual se expide la Ley del Notariado del Estado de Morelos y se abroga la Ley del Notariado del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial el tres de agosto de mil novecientos ochenta y tres, en cuanto a los artículos 4, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 45, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 189, 198, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219 y 220, así como los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios. Decreto 3448 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en cuanto a los artículos 18, fracción II, inciso i, y fracción IV; 25, fracción XVIII así como el artículo noveno transitorio. La discusión, aprobación y expedición de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de tres de enero de mil novecientos sesenta y nueve, sus modificaciones hechas mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis y en el diverso decreto 2019 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, en cuanto al artículo 43, inciso a). Del Gobernador Constitucional del Estado, además de lo anterior, el reconocimiento del Colegio de Notarios del Estado de Morelos a que refiere el artículo 217, párrafo segundo y disposición transitoria quinta de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. La orden de publicar en el Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad" el arancel remitido por el Colegio de Notarios del Estado de Morelos Asociación Civil al que se refiere el artículo 12, párrafo segundo; 217, párrafo segundo y disposición transitoria quinta de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" la aplicación, materialización o ejecución de los artículos 12, párrafo segundo, 217, párrafo segundo y disposición transitoria quinta de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. Del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos la aplicación, materialización o ejecución de los artículos 18, fracción II, inciso i y fracción IV; disposición transitoria novena de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos; artículos 198, 202, 203, 204, 205, 206 y 204, así como la disposición transitoria séptima de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. Del Pleno Especializado en Materia de Responsabilidad Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos la aplicación, materialización o ejecución de los artículos 25, fracción XVIII y disposición transitoria novena de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos; artículos 198, 202, 203, 204, 205, 206 y 204, así como la disposición transitoria séptima de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. De la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos la aplicación, materialización o ejecución de los artículos 198, 202, 203, 204, 205, 206 y 204, así como la disposición transitoria séptima de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. Del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, Asociación Civil, la aplicación, materialización o ejecución de los artículos 4, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 45, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 189, 198, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219 y 220, así como los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. De la Dirección General de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, la omisión de ejecutar y hacer respetar al Colegio de Notarios del Estado de Morelos Asociación Civil, el contenido del artículo 43 de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos. De la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se reclama la aplicación, materialización o ejecución de los artículos 198, 202, 203, 204, 205, 206 y 204, así como la disposición transitoria séptima de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se reclama aplicación, materialización o ejecución de los artículos 198, 202, 203, 204, 205, 206 y 204, así como la disposición transitoria séptima de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados del 1. Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa. 2. Pleno Especializado del Tribunal de Justicia Administrativa. 3. Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. 4. Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación. 5. Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, y 6. Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Ello es así ya que así lo manifestaron al rendir los informes justificados sin que el quejoso haya desvirtuado dicha negativa, por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de estas autoridades y actos. Debe destacarse que en el particular se combate la aplicación de los preceptos señalados a las referidas autoridades, pese a que el reclamo inicial se efectuó atacando el texto normativo desde la base de un agravio existente a partir de la entrada en vigor y no así con motivo de un acto concreto, es decir, al constituir un sistema legal autoaplicativo que como tal refiere la jurisprudencia de la Corte no exige la existencia de acto de aplicación para instar el juicio de amparo. Sin embargo, en el particular se destaca lo manifestado por el Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en cuanto a que negó la aplicación, materialización o ejecución de precepto alguno de la Ley del Notariado en perjuicio del quejoso, quien en cambio, no desvirtuó dicha negativa. Igual consideración expuso la Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada de la Segunda Sala así como el Magistrado de la Tercera Sala, ambas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos al referir que no se ha aplicado, materializado ni ejecutado precepto alguno de la Ley del Notariado del Estado de Morelos ni de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos en perjuicio del quejoso. Las referidas Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado negaron la aplicación de las normas combatidas a pesar de tener radicados diversos juicios promovidos por el aquí quejoso en su carácter de aspirante a notario público lo que -como se dijo- acontece a la luz de la impugnación constitucional argumentando que el sistema normativo ostenta las características de autoaplicativo, lo que refuerza al no existir prueba en contrario que no existía acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Congreso y del Gobernador del Estado de Morelos, así como del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de los Decretos por los que se expide la Ley del Notariado para el Estado, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y de su Ley Orgánica; y la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos, ya que así lo manifestaron en sus informes justificados. Además, atendiendo al principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, bandos o decretos que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2ª./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, correspondiente a la Novena Época, registro 191452, del rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Por su parte, el Colegio de Notarios del Estado de Morelos Asociación Civil, fue omiso en rendir el informe justificado que se le requirió, no obstante de haber sido notificado (foja 83); por lo que en términos de la segunda parte del cuarto párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo se presumen ciertos los actos que se le reclaman. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, lo aleguen o no las partes, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de registro 394770, consultable en la página 553, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Por principio cabe precisar que el quejoso comparece con el carácter de aspirante a notario público, lo cual acredita con la copia certificada de la "Constancia de registro a Aspirante a Notario Público" expedida a su nombre por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos el treinta de agosto de dos mil diez; documento público que amerita valor probatorio pleno en términos de lo señalado por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Asimismo, refiere que promovió diversos juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a saber: Expediente TJA/2ªS/044/2015) en el que demandó la nulidad de diversos actos y resoluciones surgidos dentro del procedimiento de asignación de patente de notario público por vacancia (números 6, 8 y10). Expediente TJA/2ªS/445/16) en el que demandó la nulidad de la expedición de las patentes de notario público números 6, 8 y 10 en favor de diversas personas. Expediente TJA/2ªS/04/2017) en el que demandó la determinación de existencia de conflicto de intereses así como la sanción de responsabilidad administrativa y hechos de corrupción de quienes participaron en el proceso de examen de oposición para la designación de la notaría pública 13. Expediente TJA/2ªS/44/17) en el que demandó la nulidad de la constancia de residencia e identificación folio 43800 de quien participó en el proceso para obtener la designación de la notaría pública 11. Sentado lo anterior, se precisa que JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ RAMIREZ, reclama la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Notariado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones todas del Estado de Morelos, como leyes autoaplicativas, al referir que por su sola vigencia actualizan un perjuicio en su contra, ya que le imponen diversas obligaciones. En el caso, el quejoso en su calidad de Aspirante a Notario Público en el Estado de Morelos, reclama de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, los artículos 4, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 45, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 189, 198, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219, 220, disposiciones transitorias quinta y octava; también reclama de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa los artículos 18, fracción II, inciso I, y fracción IV; y 25, fracción XVIII; y de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones el artículo 43, inciso a), todas del Estado de Morelos, que se reclama por su entrada en vigor. Ahora bien, tratándose del amparo contra leyes, por regla general, existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley: primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Luego, para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas, es útil atender al concepto de individualización incondicionada, que consiste en determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, sin que se actualice condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma inmediata (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro electrónico 198200, publicada en la página 5 de la obra y fuente citadas, novena época, tomo VI, julio de 1997, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Sin embargo -como se expondrá más adelante- contrario a lo alegado por el quejoso, los preceptos de las normas combatidas (a excepción del séptimo transitorio de la Ley del Notariado del Estado de Morelos) son heteroaplicativas ya que sí requieren de un acto de aplicación, el cual no se encuentra demostrado en autos. Para comprender el carácter heteroaplicable de las normas combatidas se estima oportuno hacer una breve reseña de ellas. Los artículos 45, 46, 48 y 53 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos regulan los exámenes de los aspirantes a notario y de su preparación; el 55 establece los requisitos para obtener la calidad de aspirante a notario; el 57 refiere los requisitos para ser notario titular; los artículos 61, 62, 63, 66 y 67, regulan lo relativo a los exámenes de aspirante y de oposición para ser notario titular Por su parte, el 175 refiere al supuesto de cuándo se dejará sin efectos la patente; 176 las sanciones que se impondrán al Notario que incurra en las causales que se precisan (178); la declaración de cesación definitiva del cargo de notario, revocación de la patente o las sanciones impuestas (179); de la promoción judicial de la interdicción del notario (181); de la cancelación de la garantía constituida (184); de las inspecciones especiales a las notarías (189); del turno del expediente al Tribunal al calificar las probables infracciones cometidas por el notario (198); y, del trámite del procedimiento, y las sanciones a los notarios (203, 204, 205, y 206). Los artículos 4 y 8 de la Ley del Notariado se refieren a las medidas y obligaciones de las autoridades competentes para la prestación del servicio público del notariado; el artículo 12 hace alusión al arancel, es decir, se refiere a los honorarios del notario; del capítulo de las garantías sociales de la función notarial, el artículo 13 refiere el derecho de las personas al servicio profesional de los notarios y la obligación del notario de prestar sus servicios profesionales; el 16 del derecho de los notarios a obtener el pago de honorarios de acuerdo al arancel; el 19 a la posibilidad de los notarios de participar con tarifas reducidas en distintos programas; el ordinal 20 establece la garantía que sólo se requerirá de notarios de la entidad para el otorgamiento de escrituras, cuando se trate de actividades relacionadas con la regularización de la propiedad de inmuebles, así como de la propiedad territorial y el fomento a la vivienda; el 22 a la formación de los expedientes individuales de los notarios; el 23 de la participación del Colegio en la conformación de los expedientes personales; el 24 de la orientación del Colegio a los prestatarios del servicio notarial sobre deficiencias en el mismo y, el 38, sobre el ejercicio la función notarial en cualquier día y hora, y la posibilidad de cerrar la notaría en días inhábiles y fuera del horario establecido. Los artículos 68, 70, 72 y 74 establecen la actuación del notario cuando haya obtenido la patente. Así, los ordinales 104 y 106 se refieren a la clausura del protocolo mientras que del 216 al 220 señalan que los notarios deberán estar agrupados en una asociación civil denominada Colegio de Notarios. Con relación al artículo quinto transitorio se dispone que la asociación civil a la que refiere la Ley del Notariado deberá adecuar sus estatutos a lo establecido en el propio decreto. El octavo transitorio dispone el término dado al Ejecutivo del Estado para la emisión de un nuevo reglamento de Ley del Notariado. Respecto a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los numerales 18 y 25 prevén la competencia del Pleno y del Pleno especializado, a propósito de las facultades para conocer de los hechos de responsabilidad relacionados con las conductas atribuidas a los Notarios. El artículo 43 de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, establece los requisitos para constituir un Colegio de profesionales. Como se advierte, de la descripción efectuada de la normas impugnadas (a excepción del séptimo transitorio de la Ley del Notariado del Estado de Morelos cómo se verá a continuación) se puede concluir que se trata de normas heteroaplicativas que requieren de algún acto de aplicación para la materialización de sus efectos puesto que son normas dirigidas a la actuación de los notarios públicos en el Estado de Morelos. Así, no obstante que el quejoso haya reclamado las normas descritas como autoaplicativas, al sostener que le imponen obligaciones desde su entrada en vigor, como se advierte de su contenido, en el caso tienen el carácter de normas heteroaplicativas o de individualización condicionada. En la medida que como se observa, contienen hipótesis que, por cuanto hace al aspirante requiere que se encuentre ante un examen para acceder a tal carácter y por el restante cuerpo normativo, se requiere de manera indubitable ostentar el carácter de Notario y desempeñar sus funciones con tal carácter para ser sujeto de las diversas hipótesis legales contenidas en los artículos impugnados; en la medida que se observa además, contienen o disponen actuación expresa del Estado o la mencionada asociación, para concluir que se materializan los efectos o consecuencias jurídicas a que se refieren tales preceptos. En tanto que en relación a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos y la Ley de Ejercicio de Profesiones del Estado de Morelos, indudablemente se requiere que dichas normas se concreticen en algún procedimiento ante dicho tribunal y por la restante, constituye el aludido Colegio de Notarios; respectivamente A continuación se describirá la disposición séptima transitoria del Decreto 3449 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de treinta de agosto de dos mil dieciocho mediante el cual se expide la Ley del Notariado del Estado de Morelos y se abroga la Ley del Notariado del Estado de Morelos, la cual sí se estima autoaplicativa o de individualización incondicionada. Se afirma lo anterior ya que en dicho transitorio el Congreso del Estado como órgano que dio existencia a las leyes que estaban vigentes desde que inició la regulación del notariado en el Estado de Morelos -motivado por razones de seguridad jurídica- reconoció y confirmó la legitimidad de los procedimientos administrativos que culminaron con la designación de los notarios titulares, declarando consolidadas los nombramientos fíat o patentes para que continúen surtiendo plenos efectos jurídicos y, por consecuencia, declarados como depurados de cualquier vicio. Como se advierte, la disposición transitoria Séptima del Decreto por el que se publicó la Ley de Notariado con su sola entrada en vigor confirmó la legitimidad de los procedimientos por los que se designaron los Notarios Públicos en el Estado de Morelos, de ahí su carácter de autoaplicativa, ya que no requiere acto alguno que materialice sus efectos (declaración de depurado de vicios), pues con su sola entrada en vigor se asume que produce sus efectos jurídicos. EXPOSICIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CUANTO A: La Ley del Notariado del Estado de Morelos por cuanto a los artículos 4, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 45, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 189, 198, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219 y 220, así como los artículos quinto y octavo transitorios; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en cuanto a los artículos 18, fracción II, inciso i, y fracción IV; 25, fracción XVIII así como el artículo noveno transitorio. Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, en cuanto al artículo 43, inciso a). El suscrito juzgador advierte -de oficio- la actualización de la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la última fracción con relación al artículo 107, fracción I, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". De la lectura de los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando se interponga contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, al ser éste el que causa perjuicio o agravio en la esfera jurídica del quejoso y no la norma en abstracto aún de encontrarse vigente. En el caso, el quejoso en su calidad de Aspirante a Notario Público en el Estado de Morelos, reclama diversos artículos de la Ley del Notariado del Estado de Morelos; de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; y de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, ya precisados, excepción hecha del séptimo transitorio identificado. ::: En el caso, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la última fracción con relación al artículo 107, fracción I, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario, ya que el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genere perjuicio, ya que si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos (lo cual no acontece en el particular), si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley ya que dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que se hayan aplicado en agravio del quejoso, lo que en el particular no acontece. Ahora bien, el quejoso no probó la aplicación en su esfera jurídica de las porciones normativas que en esta vía combate; esto es no se demostró que se hayan aplicado los artículos 4, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 45, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 189, 198, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219 y 220 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos así como los artículos quinto y octavo transitorios; ni los diversos numerales 18, fracción II, inciso i, y fracción IV; 25, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos así como el artículo noveno transitorio y la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos. En la medida que no se acreditó que existiera un acto concreto de aplicación de los preceptos invocados, pues como se señaló, en el particular dichos preceptos, contrariamente a lo pretendido, constituyen normas generales cuyos efectos están condicionados a un acto de aplicación pues su sola vigencia no impone obligación alguna de manera inmediata. Por ello, al no demostrarse acto alguno de aplicación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la última de ellas con relación a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario, por tanto, impone decretar el sobreseimiento en el juicio al tenor de lo establecido en la fracción V del diverso 63 de ese cuerpo jurídico. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 4/99, de la Primera Sala del máximo Tribunal del país, Novena Época, que se ve en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, página 103, materia común del rubro: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO." Se afirma lo anterior ya que la parte quejosa acude a la promoción del amparo por derecho propio y con el carácter de aspirante a Notario Público; sin embargo, contrario a su aserto, no obstante que acredite dicho carácter con la exhibición de copia certificada de la constancia respectiva, de conformidad con el artículo 174, fracción IV de la Ley del Notariado del Estado de Morelos quien ya obtuvo la patente de aspirante al ejercicio del notariado, tiene las mismas facultades del Notario, siempre que lo esté supliendo. Cierto, como se indicó, los preceptos de la Ley del Notariado requiere que el sujeto esté en calidad de examinado para aspirante a notario o en su caso como notario en funciones para verificar que se materialicen en su esfera jurídica dichos preceptos, en tanto que los restantes ordinales combatidos también requieren la actualización de actos de las autoridades que se refirieron para calificarlos como inmersos en la esfera jurídica del quejoso. Empero, de las constancias que integran el presente expediente no se advierte que el quejoso -con el carácter de Aspirante a Notario- a la fecha de presentación de la demanda se haya encontrado supliendo a algún fedatario titular de una Notaría Pública en el Estado de Morelos. Por lo incluso que carece de interés jurídico para reclamar en amparo las normas dirigidas a los Notarios Públicos en el Estado de Morelos, cuenta habida que la constancia de aspirante a notario no le da la titularidad de los derechos que un Notario Público tiene, ya que sólo el sujeto titular de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Por tanto, al no encontrarse acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, debe sobreseerse respecto a las disposiciones legal en estudio, ya que resulta necesario que se compruebe fehacientemente que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del quejoso la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, de su plena demostración. Orienta a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación 199-204 Primera Parte, del rubro siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACION, ESTE DEBE PROBARSE. " De igual forma tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2ª./J.12/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 323, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CUANTO A LA DISPOSICIÓN SÉPTIMA TRANSITORIA DEL DECRETO 3449 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS Y SE ABROGA LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE Morelos. Por cuanto a dicha porción normativa el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, adminicula con el diverso 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Desde esta perspectiva, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." De igual manera es aplicable al caso, la tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así el interés legítimo es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10ª.), del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, para efectos de acudir al juicio de amparo a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto de autoridad, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. Bajo esa línea de pensamiento, determinó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; de ahí que el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que se traduce en que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En consecuencia, tratándose de supuestos de interés legítimo sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, a partir de una situación calificada, actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, que esté tutelada por el derecho objetivo para que, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso (entendido en lo individual o colectivo). Al respecto es orientadora la tesis aislada 1ª. CLXXXII/2015 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA.". En el caso, se considera que el quejoso carece de interés frente al acto reclamado que se analiza en el presente apartado, ya que su sola entrada en vigor no implica que necesariamente exista una violación a un derecho humano transgredido en perjuicio del quejoso, ya que compareció a la promoción del juicio con el carácter de aspirante a notario público en el Estado de Morelos. En ese esquema el quejoso alegó haber ejercido el derecho a la tutela jurisdiccional ante el tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos donde cuestionó la legalidad de diversos actos administrativos encaminados a la selección y designación de Notarios Públicos en el Estado de Morelos (los juicios administrativos fueron relacionados al inicio del considerando quinto) y, en su calidad de aspirante a Notario tiene la expectativa de obtener algún beneficio en caso de resultar procedentes las acciones que intentó ante los tribunales de legalidad en Morelos. Así -al rendir los informes justificados- las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que conocen de los juicios incoados por el aquí quejoso refirieron categóricamente no haber aplicado la norma combatida en perjuicio del quejoso. De lo anterior se tiene que el quejoso pretende -mediante el presente juicio de amparo- beneficiarse de la eventual nulidad de los procesos de la selección y designación de Notarios Públicos en el Estado de Morelos que al presentar la demanda de amparo se encontraban en trámite y que dicho beneficio lo hace depender de su carácter de aspirante a notario. Sin embargo, contrario a lo alegado, no se demuestra cómo la concesión del amparo lo restituiría en el goce de algún derecho humano violado, habida cuenta que el interés que refiere -derivado del carácter de aspirante a Notario- no puede considerarse afectado de manera real y actual, en razón de que dicho interés constituye una expectativa de derechos y no uno adquirido, lo que sin duda sitúa al quejoso frente al acto que reclama de las autoridades responsables como detentador de un mero interés simple, pues su reclamo no demuestra un daño actual y real, toda vez que lo hace depender de las resultas de los juicios administrativos. De ahí que dicha circunstancia no es impugnable en el amparo, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda no se advierte afectación real y directa a la esfera jurídica del quejoso, de ahí que no le asista interés alguno para promover el amparo contra la multicitada porción normativa. Motivo por el cual, con relación al precepto normativo en análisis, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, adminicula con el diverso 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por cuanto hace al restante acto reclamado en análisis Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por JOSÈ RAÙL GONZÀLEZ RAMÌREZ por derecho propio y en su carácter de aspirante a notario, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy nueve de octubre de dos mil veinte que lo permitieron las labores del juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por el quejoso José Raúl González Ramírez, por medio del cual, en relación a la vista otorgada por auto de veintisiete de noviembre del año en curso, manifiesta que si es su deseo ampliar su demanda de amparo contra los actos reclamados combatidos en la demanda inicial atribuidos a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la ley de la materia, téngase a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a la autoridad responsable citada con antelación contra los actos combatidos en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ya que la misma está fijada para su verificativo a las nueve horas del tres de enero del año dos mil veinte. DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como lo solicita la parte quejosa provéase lo conducente en el incidente de suspensión. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, su informe justificado (con excepción de las autoridades que con anterioridad se señalaron en el escrito inicial de demanda a quienes no se les atribuye acto combatido alguno en el ocurso de ampliación), que para tal efecto se le corre traslado con el escrito de cuenta, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contado desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo; en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio; con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoye. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia; por tanto, córrasele traslado con el escrito de ampliación de la demanda. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que menciona, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. Sin que pase inadvertido, que en el presente escrito de ampliación de demanda no haya remitido las documentales que refiere, sin embargo, de autos se advierte que con antelación fueron exhibidas. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Se precisa que la parte quejosa y autoridad responsable, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Respecto al domicilio procesal, indíquesele que se esté a lo acordado el diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho. AUTORIDADES DE VACACIONES Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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