José Raúl García Abando
Expediente 569/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/10/2019
Partes del expediente
- José Raúl García Abando
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el nueve de julio del año actual (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de diez de julio de la presente anualidad (foja 114), se dio vista a la parte quejosa con los oficios aludidos y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de julio del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 68 a 84), se determinó por una parte sobreseer y por otro lado, conceder a José Raúl García Abando, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Se desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. b) Para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que se pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Lo anterior, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de ***), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. c) De igual modo, considerara que las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. Resolución que causó ejecutoria por acuerdo de veinte de junio del año actual (fojas 96 a 97). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el nueve de julio del año actual (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se entregó al quejoso José Raúl García Abando, el cheque 1312, valioso por la cantidad de $****). En ese tenor, si tenemos que el quejoso por el pago de inscripción, más los impuestos adicionales de las escrituras públicas números ****** erogó $***) y ****), siendo un total de ******), a la cual se le resta dos veces la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), que es la cuantía mínima a pagar, por cada escritura, se obtiene el monto de *****(***numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veintiocho de febrero del año en curso; en tanto que, el veintiséis de junio del mismo año se expidió el cheque con el cual se hizo la devolución a la parte peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue***; y para el mes de mayo del año en curso*** De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: **. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa un cheque valioso por la cantidad de $**), que se pagaron por conceptos de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Sin que pase inadvertido que la responsable devolvió a la quejosa un excedente por la cantidad de **), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al solicitante de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el nueve de julio del año actual (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de diez de julio de la presente anualidad (foja 114), se dio vista a la parte quejosa con los oficios aludidos y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de julio del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 68 a 84), se determinó por una parte sobreseer y por otro lado, conceder a José Raúl García Abando, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Se desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. b) Para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que se pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Lo anterior, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de ***), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. c) De igual modo, considerara que las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. Resolución que causó ejecutoria por acuerdo de veinte de junio del año actual (fojas 96 a 97). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el nueve de julio del año actual (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se entregó al quejoso José Raúl García Abando, el cheque 1312, valioso por la cantidad de $****). En ese tenor, si tenemos que el quejoso por el pago de inscripción, más los impuestos adicionales de las escrituras públicas números ****** erogó $***) y ****), siendo un total de ******), a la cual se le resta dos veces la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), que es la cuantía mínima a pagar, por cada escritura, se obtiene el monto de *****(***numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veintiocho de febrero del año en curso; en tanto que, el veintiséis de junio del mismo año se expidió el cheque con el cual se hizo la devolución a la parte peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue***; y para el mes de mayo del año en curso*** De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: **. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa un cheque valioso por la cantidad de $**), que se pagaron por conceptos de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Sin que pase inadvertido que la responsable devolvió a la quejosa un excedente por la cantidad de **), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al solicitante de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio DJC/2552/2019 y anexos de cuenta presentados por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte solicitante del amparo, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio DJC/2530/2019 y anexos de cuenta presentados por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte solicitante del amparo, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Del mismo modo, del análisis de los documentos aludidos, no se aprecia que la parte promovente del amparo haya acudido ante las autoridades responsables a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma con motivo de la concesión de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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