José Raúl Bojórquez Vega
Expediente 1178/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Raúl Bojórquez Vega
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 4849 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de resolución constante de diecisiete fojas emitida en el recurso de queja 181/2021, interpuesto por el quejoso en contra del proveído de cinco de julio del año en curso, emitido por este Juzgado Federal; ejecutoria de la cual se advierte que la citada Superioridad en su resolutivo primero se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por José Raúl Bojórquez Vega y en el resolutivo segundo se confirmó el auto recurrido. Acúsese recibo. Asimismo, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 3793 remitido vía interconexión por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del oficio 23-VIII mediante el cual este Juzgado Federal remitió informe de la queja, original y copia del escrito de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa y copia digitalizada de diversas constancias del juicio de amparo 1178/2021 respecto del auto impugnado de cinco de julio del año en curso; asimismo, la Superioridad informa que admitió el recurso de queja y quedó registrado bajo el número de toca 181/2021. Notifíquese. (...)
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con quince minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, con quien actúa y da fe, se procedió a celebrar la audiencia incidental en los presentes autos, sin contar con la asistencia de las partes. La secretaría da lectura al escrito de demanda, a las constancias de autos y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables los cuales obran agregados a los presentes autos. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar y celébrese la presente audiencia incidental. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por Rodolfo Treviño Torres, apoderado legal de Harinera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte quejosa, con su escrito de demanda, de las cuales se ordena el cotejo y compulsa con las que obran en el juicio principal del que deriva este incidente y con las diversas probanzas ofrecidas por la referida parte quejosa mediante escritos remitidos a este juzgado federal el diecisiete de mazo de dos mil veinte y veintisiete de agosto de dos mil veinte, y uno de diciembre de dos mil veinte. A lo que el Juez acuerda: que con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas de referencia. Seguidamente, se apertura la etapa de alegatos, en la cual la secretaría da cuenta con las alegaciones formuladas por el nombrado Rodolfo Treviño Torres, apoderado legal de Harinera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escrito de diecisiete de marzo de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas dichas alegaciones para en su caso tomarlas en consideración, cerrándose dicho periodo. Finalmente, al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 369/2020-VII-III promovido por Rodolfo Treviño Torres, apoderado legal de Harinera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Único. En la correspondiente demanda de amparo Rodolfo Treviño Torres, apoderado legal de Harinera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, que esencialmente hizo consistir en: El proceso legislativo que dio origen al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, concretamente los artículos PRIMERO y TERCERO, en cuanto se refiere a los preceptos 1º, 1-A fracción IV, 5º, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con las fracciones V y VI del diverso numeral 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. C o n s i d e r a n d o: Primero. Las siguientes autoridades rindieron sus informes previos en estos términos: NÚMERO DE ORDEN AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME 1 Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México. CIERTO 2 Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México. CIERTO 3 Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. CIERTO 4 Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, por ausencia del Director General de Amparo contra Leyes y del Director General de Amparo contra Actos Administrativos, quien lo rinde en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México. CIERTO 5 Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. CIERTO Ahora bien, las autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir sus informes previos, admitieron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Segundo. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados que derivan del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que impugna, y por tanto para que no se le obligue a retener a los contribuyentes que le presten servicios el 6% del impuesto al valor agregado, sobre las cantidades efectivamente pagadas por dichos servicios. En ese sentido, este juzgado se pronunciará respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia P./J. 4/2019, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Es dable establecer que el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. Del mismo modo, debe decirse que el objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del precepto 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera definitiva y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Por su parte, el dispositivo 128 de la Ley de Amparo, estatuye que los requisitos para conceder la suspensión son i) que la parte quejosa lo solicite y ii) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, de acuerdo a los supuestos contenidos en el numeral 129 de ese ordenamiento legal. Además, es importante resaltar que cuando exista la titularidad jurídica de un bien jurídico o de un derecho a favor del quejoso, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida para conservar con materia la acción constitucional de amparo, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el ordinal 131 de la propia Ley de la materia. De ahí que se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso arábigo 138 de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. Por ello, el denominado interés suspensional es el vínculo resultante entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de ser afectado en su esfera jurídica individual, con una determinada relación sustancial que se pretende ejecutar, se ejecute, realice o se materialice por un órgano del Estado Mexicano. Aquí, cabe hacer mención que la parte quejosa, a fin de acreditar su interés suspensional, allegó los siguientes documentos: 1.- Escritura Pública ocho mil setecientos setenta y tres, de dieciocho de agosto de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público Número Treinta y Uno, Alberto J. Martínez González, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 2.- Constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria en Mérida, Yucatán. 3.- Declaración del ejercicio 2018. Documentales las cuales son valoradas de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), y con las cuales se acredita indiciariamente el interés suspensional. No obstante lo anterior, luego del análisis integral a la demanda y los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se considera improcedente el otorgamiento de la medida cautelar para los efectos solicitados por la parte quejosa; lo anterior, pues de concederse en los términos que peticionan, se contravendría el orden público y se afectaría el interés social. En efecto, en relación con el orden público y el interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyó en la contradicción de tesis número 266/2007-SS, que dichos conceptos son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el Tribunal Supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, definió que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Aún más, el numeral 129 del citado ordenamiento legal, dispone diversos supuestos en los que se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social; sin embargo, el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuando considera que se vulnera el orden público y el interés social, no quiere decir que haya sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe estipularse contravención a la citada porción normativa, sino que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley delinee cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito citado en el artículo 128, fracción II. En efecto, ha sido criterio reiterado que el orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al órgano jurisdiccional examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, se apoya en la tesis I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, y que ilustra: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Para entender el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se producirían con la suspensión del acto reclamado, esto es, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Asimismo, para determinar si existe tal afectación, no basta que la ley en que se funda el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución, son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, y en consecuencia, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, es necesario confrontar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tienen aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/56, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 986, Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa." Así, una vez analizadas las premisas atinentes al orden público e interés social, a la luz de los efectos para los cuales se peticiona la medida cautelar, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. A fin de justificar tal conclusión conviene recordar que la parte quejosa impugna el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, concretamente los artículos primero y tercero, en cuanto se refiere a los preceptos 1º, 1-A fracción IV, 5º, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con las fracciones V y VI del diverso numeral 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los artículos 1° y 3° del Código Fiscal de la Federación establecen lo siguiente: "Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes." "Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado." Los artículos 1º, 1-A fracción IV, 5º, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señalan: "Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: I.- Enajenen bienes. II.- Presten servicios independientes. III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. IV.- Importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido. El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales." "Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada" "Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos: IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1o.-A y 18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención;" Finalmente, el artículo 27, en sus fracciones V y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala lo siguiente: "Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado que, en su caso, se establezca en la Ley de la materia." Luego, la afectación al orden público y al interés social con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es palpable en el caso, pues de un análisis integral a la exposición de motivos del Decreto impugnado, se advierte que las reformas de mérito tienen como finalidad primordial combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, para que la autoridad fiscal se encuentre en posibilidad de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales en realidad se efectuaron y, de concluir en sentido negativo, en consecuencia se declare la inexistencia de tales operaciones, desconociendo valor alguno a los mencionados comprobantes. Por esas circunstancias, es claro que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que los que podrían resentir las quejosas con la aplicación de dichos numerales, pues como se analizó, con las reformas normativas de referencia, se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en relación al pago de impuestos y de la compraventa de facturas, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. En ese contexto, resulta improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa antes referida, en virtud de que el legislador ha considerado relevantes las medidas decretadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el país, la creciente evasión y elusión fiscal, además de que se respetan los instrumentos de verificación, los cuales evidentemente constituyen fines que contribuyen al interés de la sociedad, en tanto que es a través del sistema recaudatorio que el Estado se hace de los recursos esenciales para su sostenimiento; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente se pretenden erradicar. En este aspecto debe resaltarse también que la sociedad y el Estado en general están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los contribuyentes, pues conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todo mexicano contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, lo cual se cumple mediante el pago de impuestos (obligación tributaria). En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva a Harinera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable; pues se insiste, de otorgarse para el efecto solicitado, se produciría una afectación al orden público y un daño a la sociedad, la cual está interesada en que las medidas implementadas por el Estado para lograr una oportuna y debida recaudación sean eficaces, de modo tal, que garanticen los ingresos programados para hacer frente a las necesidades de la colectividad. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega a Harinera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión definitiva de los actos que reclama respecto de las autoridades precisadas en el considerando único de esta resolución por los motivos expuestos en el segundo considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, con quien actúa y da fe, se procedió a celebrar la audiencia incidental en los presentes autos, sin contar con la asistencia de las partes. La secretaría da lectura al escrito de demanda, a las constancias de autos y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables los cuales obran agregados a los presentes autos. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar y celébrese la presente audiencia incidental. Se abre el período de pruebas, en el que la secretaría le hace saber al Juez que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno; con lo anterior se concluye la referida fase. Seguidamente, se apertura la etapa de alegatos, en la cual la secretaría no da cuenta con promoción alguna, con lo que se cierra. Finalmente, al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 685/2020-VII-II, promovido por Tatiana Siqueff Wabi contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 13, 14 16, 17, 21, 29 y 133 Constitucionales; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, R e s u l t a n d o: Único. En la correspondiente demanda de amparo Tatiana Siqueff Wabi solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, que hizo consistir en: "De la autoridad ordenadora y ejecutora (Juez Primero Mercantil del Primer Departamento). Reclamo el auto de exequendo de fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte, dictado dentro de los autos que integran el expediente 294/2020, de su propio índice, por medio del cual dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra de la que suscribe, resolución que contiene el primer acto de aplicación dentro del juicio en mi perjuicio de los artículos 1392, 1393, 1394, 1396, 1399, 1403 del Código de Comercio, y el artículo 8 de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito. De las ordenadoras. (Presidente Constitucional y Cámaras de Diputados y Senadores) su participación en proceso legislativo por medio del cual se crearon los artículos 1392, 1393, 1394, 1396, 1399, 1403 del Código de Comercio, y el artículo 8 de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito, mismos que se consideren per se, contrarios al parámetro de regularidad constitucional. De la ejecutora (Actuario adscrito), la ejecución del auto de exequendo de fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado." Segundo. Por resolución interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se resolvió lo conducente respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, todas con sede en esta ciudad, precisadas en dicha resolución. C o n s i d e r a n d o: Primero. La 1) Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 2) Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, en suplencia por ausencia del Coordinador de lo Contencioso, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Economía, quien actúa en representación de Presidente de la República 3) Subdirector de Amparos, como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todos con residencia en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir sus informes previos, admitieron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Segundo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, toda vez que resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada contra la expedición de leyes, porque ciertamente la materia de la suspensión es la ejecución y aplicación del mismo, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis VI.2º.C. J/174, de la Novena Época, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Julio de 1999, página 775, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXII, página 1192, que es del tenor siguiente: "LEYES, SUSPENSION CONTRA LAS. Es de la naturaleza de la suspensión, que las leyes no pueden ser suspendidas sino en cuanto a sus efectos o actos de aplicación, pues no se concibe que pudiera decretarse el beneficio contra el acto legislativo de su expedición o del administrativo de su promulgación y publicación. En el caso de leyes que no afectan directamente derechos personales, sino que para ello se requieren actos concretos de aplicación, la suspensión cabe, en términos generales, cuando no se han realizado dichos actos, pues una vez llevados a cabo, debe negarse el beneficio, pues de otorgarse, no permanecerían las cosas en el estado que guardan que es el fin que persigue la institución, sino que se le darían efectos restitutorios, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de verificarse los actos reclamados." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega a Tatiana Siqueff Wabi la suspensión definitiva de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, todos con sede en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
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