Jose Raul Bojorquez Martin
Expediente 927/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Raul Bojorquez Martin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del juicio de amparo 927/2017.IV, del toca penal 19/2017 y cuatro discos versátiles, e informa que aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de mérito promovida por JOSÉ RAÚL BOJORQUEZ MARTÍN. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo siga en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, con relación al valor jurídico de los presentes autos, se estima que este expediente no lo tiene.
- Principal
IV. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo ********************-IV; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito,******************** por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, consistente en la ejecutoria de cuatro de julio de dos mil diecisiete, misma que confirmó el sobreseimiento decretado de la causa penal ********************, a favor de la inculpada ********************. El quejoso señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a los terceros interesados, lo que se realizó oportunamente, como consta de las constancias que integran el cuaderno de amparo, a fojas 21 a 23; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS ÚNICO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 34, 47 y 170, fracción I, todos de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo que nos ocupa y declina competencia en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa, se trata de una ejecutoria que pone fin al proceso penal. En efecto, este Juzgador Federal estima que, respecto al acto que reclama el quejoso, procede el juicio de amparo directo, en tanto que reclama la ejecutoria de cuatro de julio del año en curso, emitida por la Sala Penal responsable, la que confirmó el sobreseimiento decretado en la causa penal ********************, a favor de la inculpada ******************** o Yolanda Chan y León, por el delito de fraude, al haber operado a su favor, la excluyente de incriminación que contempla la fracción II del artículo 294 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán. Ahora bien, a fin de evidenciar lo anteriormente expuesto, es menester indicar, como antecedentes del acto reclamado, que mediante escrito presentado el tres de febrero del año en curso, el Fiscal adscrito a los Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial del Estado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, solicitó audiencia para la formulación de imputación contra ******************** alias Yolanda Chan y León, motivo por el cual se inició la causa penal ********************, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia de mérito. Por tanto, el dos de marzo del año en curso, se llevó a cabo la citada audiencia, en la que se le hicieron saber sus derechos a la imputada, aquí tercero interesada; seguidamente, el Fiscal procedió a formular imputación en su contra, por el delito de fraude, previsto y sancionado en los numerales 323, en relación con el 325, fracción IV, del Código Penal del Estado, como autora material y directa del ilícito. En esa propia data, a solicitud de la imputada, se resolvió respecto a la solicitud de vinculación a proceso instada por la Representación Social del Fuero Común, siendo que, en atención a ello, la Juez del proceso determinó la no vinculación a proceso en favor de la imputada, en tanto que estimó actualizada la figura de la prescripción de la acción penal, motivo por el que decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen. Inconforme con dicha determinación, el querellante, aquí quejoso, interpuso el recurso de apelación, tocando conocer del mismo a la Sala Penal responsable, misma que confirmó el sobreseimiento decretado en la causa penal de origen, pero por un motivo diverso al estimado por la Juez natural, al considerar que había operado a favor de la citada tercero interesada, la excluyente de incriminación que contempla la fracción II del artículo 294 del Código Procesal Penal del Estado de Yucatán vigente en la época de los hechos, en tanto que, a su parecer, no había delito que perseguir. Siendo esta última determinación, la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, en criterio de este Juzgador Federal, resulta evidente que al haberse decretado el sobreseimiento en la causa penal de origen, a favor de la tercero interesada, el cual fue confirmado por la Sala Penal de origen en la ejecutoria reclamada, deviene en que ésta constituya una determinación de las que ponen fin al juicio, en tanto que sus efectos necesariamente son los de una sentencia absolutoria. Ahora bien, al respecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por tanto, es claro que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; siendo que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Como se observa, si el acto reclamado lo constituye la ejecutoria emitida en el toca penal ********************, misma que confirma el sobreseimiento en decretado en la causa penal de origen, al operar en favor de la imputada, la excluyente de incriminación que contempla la fracción II del artículo 294 del Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos; es evidente que dicha determinación constituye una resolución con la que concluye con el procedimiento penal de origen, cuenta habida que tiene los efectos de una sentencia absolutoria. Por tanto, el ofendido, hoy quejoso, cuenta con legitimación para controvertir, vía amparo directo, la ejecutoria que confirmó el precitado sobreseimiento del proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 459, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la diversa tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 1798, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, EMITIDA UNA VEZ RECIBIDA LA DECLARACIÓN PREPARATORIA DEL INCULPADO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO). Los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El segundo de esos preceptos, acorde con el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, dispone que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; sin embargo, nada dice respecto al sistema procesal penal mixto. Ahora bien, tomando en cuenta que en la audiencia inicial, entre otras cuestiones, se informan al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de la legalidad de la detención -si correspondiere-, el Ministerio Público formula imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y se resuelve sobre las solicitudes de medidas cautelares y de vinculación a proceso, a fin de establecer la procedencia del juicio de amparo directo en asuntos tramitados aún bajo el sistema procesal penal mixto/escrito, debe considerarse que el juicio inicia a partir de la audiencia en que se recibe la declaración preparatoria del inculpado, por ser ésta la que en una analogía procesal cumple con los fines de la audiencia inicial. Por tanto, contra la resolución de segunda instancia -emitida una vez recibida dicha declaración-, que declara extinguida la acción penal por prescripción en el sistema anterior, procede el juicio de amparo directo, ya que conlleva al sobreseimiento en la causa, con lo que se da por concluido el juicio, sin resolverlo en el fondo." Por tal motivo, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Entonces, se reitera, si el acto que se impugna por la presente vía, consistente en una ejecutoria que confirma el sobreseimiento de una causa penal, no es susceptible de combatirse a través del amparo biinstancial, pues, como ya se dijo, se trata de una resolución que da por terminado el procedimiento penal de origen; por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, con su anexo, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible a página 55, del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos ********************, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo ********************, de acuerdo a los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando único de esta resolución. SEGUNDO. Remítanse los autos y anexo respectivos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que se sirva turnarlos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos del conocimiento del asunto; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
MESA IV. Visto lo informado en la cuenta, en el sentido que hasta la presente fecha ********************, parte tercero interesada en este juicio, no atendió a la prevención que se le hizo en proveído de cuatro del mes en curso, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y por tanto, hágase a la aludida tercera interesada, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que al Fiscal adscrito a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, le recae el carácter de tercero interesado de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, por tanto se ordena su emplazamiento al presente juicio, por ello, gírese atento oficio al citado Fiscal, con la entrega de copia simple de la demanda, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesado, si así le conviniere, en defensa de sus derechos, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de la Materia. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que le recae el carácter de tercera interesada **********; de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso d, de la Ley de Amparo, y atendiendo a que de las constancias referidas, se advierte que el último domicilio donde fue emplazada al procedimiento de origen, es en el predio número ***********************, Yucatán; en consecuencia, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio referido, y haga saber a dicha tercera interesada, el contenido de este acuerdo y la admisión de la demanda que nos ocupa, adjuntándole copia simple de ella, e indicándole que puede comparecer a este juicio con tal carácter, si a sus intereses conviniere, previniéndole para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la presente notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones que deban hacérsele de manera personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. Asimismo, dese vista a los terceros interesados con el informe justificado y anexo, rendido por la única autoridad señalada como responsable en el presente asunto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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