José Rangel Reyes
Expediente 1365/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Rangel Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS. Visto el escrito de cuenta que suscribe el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita copias certificadas del juicio de amparo y del cuaderno de suspensión relativo; al respecto, dígasele que puede obtener las mismas del expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En caso de insistir en obtener copias del expediente físico que se lleva en este órgano jurisdiccional, la parte solicitante deberá considerar que debe tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. Además, deberá tomar en consideración que el trámite a realizar tendrá que ser efectuado dentro del tiempo estipulado en su cita agendada, por lo que pudiera ser el caso que dada la voluminosidad de las constancias y atendiendo a la carga de trabajo que se pueda presentar este órgano jurisdiccional, de ser necesario deberá agendar una diversa cita para la recepción de las copias solicitadas. En el entendido que la impresión de las fojas que solicita serán a su costa; en cambio por lo que ve a la certificación de las constancias que solicita no tiene costo alguno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, en la que por un lado SOBRESEYÓ y por otro NEGÓ el amparo promovido por José Rangel Reyes; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VII-1365/2019 promovido por José Rangel Reyes contra actos de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le resultó el carácter de tercero interesado a persona alguna. En este acto, se hace constar que el trece de marzo de dos mil veinte, se ordenó obtener copia certificada del resumen clínico y alta médica del quejoso, que obran dentro del cuaderno formado con motivo del incidente de violación a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso, mismas que se tuvieron por recibidas mediante auto de tres de marzo de dos mil veinte, a fin de anexarlas a este expediente y ser tomada en consideración al momento de dictar sentencia definitiva; prosígase con el desahogo de la presente audiencia. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Apoderado del Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán. Apoderado la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad. Directora Administrativa de los Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y a los diversos ocursos presentados el diez y trece ambos del mes de diciembre de dos mil diecinueve; de igual forma las documentales remitidas por el Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, a través del oficio de siete de diciembre de dos mil diecinueve; de igual forma las documentales que las autoridades señaladas como responsables Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva y Directora Administrativa de los Servicios de Salud de Michoacán, todos con sede en esta ciudad al rendir su informe justificado; asimismo, se hace constar que obra en autos copia certificada del resumen clínico y alta médica del quejoso, que en fecha trece de marzo de dos mil veinte, se ordenó glosar al sumario en que se actúa, finalmente obran las documentales que el delegado de las autoridades responsables remitió mediante oficio de diez de junio del año en curso, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que el quejoso José Rangel Reyes, el apoderado de las autoridades responsables Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva y Directora Administrativa de los Servicios de Salud de Michoacán, todos con sede en esta ciudad y la Agente del Ministerio Público Federal, adscrita a este órgano jurisdiccional, los formularon a través de los escritos, oficios y pedimento presentados en once y trece de diciembre, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y nueve de enero del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1365/2019-VII, promovido por José Rangel Reyes, contra actos que reclama de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, ante el secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito, por razón de turno; José Rangel Reyes, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, previa ratificación, se admitió la demanda y se proveyó sobre la suspensión de plano, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La omisión de proporcionar atención médica integral, proveer medicamento y estudios clínicos necesarios para la atención médica del quejoso; específicamente la dotación del material: Stent medicado, derecho a sala y tres medios de contraste. .La falta de pago del tratamiento integral, y financiamiento de atención médica e insumos necesarios. TERCERO. Inexistencia de las omisiones reclamadas en el incisos a). El director General del Organismo Público descentralizado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; así como el apoderado de la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, de la Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, y Director del Hospital Civil "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad de Morelia, Michoacán, todos en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron las omisiones reclamadas. Además, la inexistencia de esas omisiones se corrobora con las constancias que el Director del Hospital Civil "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad de Morelia, Michoacán, exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente clínico, del cual se desprende lo siguiente: El veintinueve de noviembre de dos mi diecinueve, se recibió al paciente José Rangel Reyes, masculino de cincuenta y cinco años de edad, quien fue diagnosticado con infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST en cara anterior trombolisado; paciente que fue iniciado con manejo con clopidogrel, ácido acetilsalicílico y enoxaprina a dosis de carga; además se le trombolisó con Tenectaplase, y se le ordenaron electrocardiogramas a los 30, 60 y 90 minutos posteriores a la trombolisis para valorar criterios de reperfusión, así como nuevo perfil cardiaco para valorar presencia de TIMI de 1 punto que le brinda mortalidad global a los 30 días de 1.6%, iniciando tratamiento a base de antiisquemico y antitrombotico óptimo. De igual forma, obra nota de evolución realizada el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se anotó que el paciente continua con tratamiento antiisquemio, antitrombótico óptimo, a quien se agregó diuretio de ASA, quien cuenta con estertores crepitatnes (sic) bibasales, y sel e agregaron dos puntas nasales a 3/L min para mantener una pulsioximetria mayor de 90%, informando a familiares sobre su estado actual de salud de estable pero grave, por ser paciente delicado con riesgo de mayor compromiso hemodinámico, arritmia letal, anginapost-infarto inclusive la muerte. Asimismo, se advierte que obran las notas de evolución y tratamiento proporcionados en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete de diciembre de dos mil diecinueve; así como diversos estudios practicados, entre ellos gasometría arterial, química sanguínea de cuatro elementos, biometría hemática, electrolito séricos de seis elementos, examen general de orina tiempos de coagulación y electrocardiograma; e indicaciones médicas. De igual forma, obra nota de egreso por parte de medicina interna, en la que se anotó que se le solicitó estudio de viabiidad miocardiaca con angiotomografía coronaria, y a la practica del estudio mostró FEVI de 30% con oclusión de arteria descendente anterior, con imagen de infarto con poca cantidad de tejido viable, por lo tanto, se decidió que el paciente no cuenta con tejido cardiaco viable suficiente para beneficiarse con intervención coronaria, porque el riesgo supera con creces los pocos o nulos beneficios, decidiendo su egreso con seguimiento por consulta externa. Por lo tanto, se determinó alta hospitalaria, con cita abierta, cita asignada para estudios de control, cita a cardiología y medicina interna, expidiendo receta médica y tratamiento. Además, también se cuenta con diversas constancias, en las que se asentó que el paciente acudió a consulta de medicina interna el uno de abril de dos mil veinte por presentar cuadro de malestar general, astenia, adinamia y diarrea, sin tolerancia a la vía oral, por lo que se le indicó tratamiento con soluciones intravenosas con cargas, solicitando estudios de laboratorio, siendo ingresado a piso; de igual forma obran diversos estudios practicados, entre ellos perfil cardiaco, química sanguínea de cuatro elementos, biometría hemática, tiempos de coagulación, gasometría arterial, química sanguínea de seis elementos; así como tratamiento y notas de evolución, siendo dado de alta el diez de abril de do mil veinte, con seguimiento de consulta externa. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". Las anteriores constancias, evidencian que se ha proporcionado al quejoso la atención médica, suministro de medicamentos necesarios; además de ordenar y practicar estudios de laboratorio. Que asimismo, se ha hecho saber a los familiares el estado crítico de salud del quejoso, destacando la desventaja de intervención coronaria. De ahí que, válidamente puede colegirse que no existen las omisiones reclamadas. Por lo tanto, si el quejoso cuenta con cita abierta a urgencias en caso necesario, sólo compete a dicho agraviado, acudir ante las autoridades de salud que corresponda, a efecto de que reciba la atención médica que requiere. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas a las anotadas autoridades responsables, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a las autoridades aquí precisadas. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de las omisiones reclamadas antes indicadas, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación a dichas omisiones, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". CUARTO. Certeza del acto reclamado precisado en el inciso b). En lo concerniente al segundo de los actos reclamados, a las responsables, es menester señalar que, al rendir sus respectivos informes justificados, el apoderado de la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, de la Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, y Director del Hospital Civil "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad de Morelia, Michoacán, no obstante que negaron el acto reclamado (lo que se despende del oficio presentado el diez de diciembre de dos mil diecinueve), de sus manifestaciones se advierten manifestaciones que evidencian su existencia. A su vez, el director General del Organismo Público descentralizado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, fue omiso en realizar pronunciamiento sobre la posibilidad de solventar la totalidad de los gastos generados con motivo de la enfermedad y tratamiento del quejoso. Aunado a ello, tampoco acompañaron constancia con la que se acredite que hayan fijado su postura respecto a ese tópico en particular; por ende, resulta factible considerar que existe el acto que el aquí amparista les atribuyó. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sin embargo, del análisis exhaustivo de las constancias que integran el expediente que se examina, no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia previstas por la Ley de Amparo, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables; por tanto, lo que se impone es emprender el análisis del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". Ahora, del análisis integral de la demanda que dio génesis al expediente que se resuelve, se obtiene que el peticionario del amparo aduce medularmente que las responsables han omitido el pago del tratamiento integral, financiamiento de atención médica e insumos necesarios que requiere para cubrir el costo de su enfermedad y tratamiento. Tal aserto es infundado. En principio, debe señalarse que los servicios de salud están a cargo del Estado, así como de los usuarios que necesiten de ellos (quienes, por regla general, deben cubrir parte del tratamiento o por lo menos solventar una cuota de recuperación que se funde en principios de solidaridad social); sin embargo, excepcionalmente, se puede eximir del cobro a los pacientes que carezcan de recursos para cubrirlas. Esto quiere decir que, en materia de salud, las autoridades competentes tienen la obligación de adoptar las medidas que les permitan otorgar los servicios y los medicamentos necesarios para tratar los padecimientos presentados por los usuarios; pero por lo general, no es obligatorio que tales prestaciones en su totalidad se otorguen de manera gratuita; sin embargo, existe la posibilidad de que dichas autoridades exenten discrecionalmente a determinadas personas que carezcan de medios o recursos para realizar los pagos correspondientes, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Lo anterior, implica la existencia de una política no necesariamente de servicios médicos gratuitos, sino de análisis casuísticos para determinar cuáles pacientes son candidatos a ser exentados del pago correspondiente; por tanto, la existencia válida de cuotas de recuperación hace que la constitución de una cuenta hospitalaria relativa a servicios médicos, hospitalización y medicamentos sea procedente en cada caso, para posteriormente estudiar si el paciente se encuentra en situación de ser eximido del cobro. Esto obedece a que si bien las responsables cuentan con las facultades para eximir los pagos correspondientes a los usuarios de servicios de salud, lo cierto es, que dicha facultad es una cuestión discrecional de las autoridades de salud, por ende, no en todos los casos puede realizarse pronunciamiento en forma oficiosa, sino que en algunos será necesario que el usuario realice la solicitud respectiva y además, que acredite el estado de necesidad y situación económica en la que se encuentre. Los argumentos expuestos con antelación se encuentran contenidos en la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 168549 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Página: 61 "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 136/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho.". Lo anterior, implica que si bien el Estado Mexicano se encuentra obligado a proporcionar los servicios de salud requeridos por la población del país; lo cierto es que dicha prestación no es irrestricta ni ilimitada; es decir, que en ocasiones los usuarios de los servicios de salud tienen que realizar algunas erogaciones generadas con motivo del tratamiento requerido, esto puede incluir la compra de medicamentos, los gastos de transporte, entre otros. Ahora, el hecho de que el peticionario del amparo eventualmente tenga que cubrir los gastos que impliquen la compra de alguno de los medicamentos o tratamiento prescritos, no implica necesariamente que se le haya negado la atención médica necesaria para mitigar su padecimiento, porque, el proporcionar apoyo económico, no es un acto atribuible directamente a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, y por lo tanto, no puede ser materia del juicio de amparo. Máxime, que en la especie, no existe constancia o prueba alguna que acredite que el aquí quejoso José Rangel Reyes, haya realizado la solicitud atinente a las autoridades señaladas como responsables; esto es, no existe ningún elemento de convicción que permita a quien esto resuelve obtener certeza respecto a que el amparista solicitara a las autoridades que analizaran la posibilidad de solventar (en todo o en parte) los gastos que eventualmente se generen con motivo de los medicamentos o tratamiento indicados al quejoso, lo cual resultaba indispensable para que las autoridades estuvieran en aptitud de realizar el análisis pertinente. Es así, porque si bien es una facultad discrecional de las autoridades en materia de salud exentar a determinadas personas del pago de los gastos y cuotas de recuperación (dependiendo de las circunstancias particulares), generados con motivo de los tratamientos requeridos; también lo es que no en todos los casos debe hacerse el análisis oficioso de ese aspecto, sino que por regla general, el paciente interesado deberá realizar la solicitud respectiva. Luego, si en el caso no existe evidencia de que el peticionario de la protección constitucional haya solicitado expresamente a las responsables que analizaran la posibilidad de cubrir total o parcialmente los gastos generados con motivo de la enfermedad y tratamiento indicado al quejoso; entonces, queda claro que el acto combatido no es atribuible a las autoridades señaladas como responsables; por ende, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO solicitado, únicamente respecto del acto reclamado en el inciso c). Los criterios que anteceden se invocan aun y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo interpuesto por José Rangel Reyes, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo, inciso a) y tercero, con base a las razones expuestas en dicho considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Rangel Reyes, contra el último de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón actuarial levantada por el Actuario0 de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 5253 dirigido al "Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen de Protección Social en Salud de Michoacán "; toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Secretaría de salud, fue informado que no era posible recibir dicho oficio, hasta en tanto fuera dirigido con la denominación correcta de la autoridad que es: "Secretaría de Salud de Michoacán en Cuanto Liquidador del Organismo Público Descentralizado Régimen de Protección Social en Salud de Michoacán". En consecuencia a lo anterior, gírese nuevamente el oficio a la autoridad en su denominación correcta, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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